● Análisis y declaración del FAI sobre las elecciones legislativas en VENEZUELA ●

December 6, 2020 –
De parte de Arrezafe

1,718 puntos de vista

Frente
Antiimperialista Internacionalista – 04/12/2020

Las elecciones
legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela tienen una
especial transcendencia, no sólo porque pueden cambiar el signo
político de la Asamblea Nacional (AN), sino porque serán
utilizadas como un instrumento de injerencia por EE.UU. y sus
aliados.

Para comprender su
significado no es suficiente interpretar sus resultados; es necesario
entender el papel que juegan los procesos electorales en la
estrategia imperialista.

La oposición al chavismo
logró una clara victoria electoral en las legislativas de diciembre
de 2015, y desde la constitución de la Asamblea de mayoría
opositora, su trabajo no fue legislar en beneficio del país y
colaborar con el ejecutivo, tal y como establece la constitución,
sino colaborar con potencias extranjeras para derribar al gobierno.
En palabras de su presidente Ramos Allup, tenían seis meses para
el “cambio de régimen”, consigna central de la administración
norteamericana.

Para ese parlamento,
alinearse con la estrategia de EEUU, suponía un éxito a corto plazo
y desde el primer momento optó por desconocer al gobierno y a las
demás instituciones del Estado, consideradas pro-chavistas.

En la primera ocasión
que se le presentó, la Asamblea incurrió en desacato; fue en el
mismo momento de su constitución: Existían denuncias por fraude
electoral de varios representantes del estado de Amazonas por la
compra de votos. Una vez realizada la investigación, el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), dictó sentencia el 30 de diciembre de
2015 en la que se recogía: “incuestionable vulneración del
derecho al sufragio de los ciudadanos”. Este tribunal solicitó
la entrega de las actas de los imputados y la AN desafío la legítima
autoridad del tribunal y se negó a hacerlo. Como la mayoría de los
asambleístas no quedaba afectada por la entrega de esas actas, la
cuestión se centró en deslegitimar a este tribunal.

Las reglas del juego
quedaron establecidas: la denominada oposición no reconocería
ninguna actuación del Estado y utilizaría la AN como un instrumento
para desestabilizar y deslegitimar, por cualquier vía, al presidente
Nicolás Maduro, a su gobierno y a las instituciones del Estado;
una actitud golpista que se intentó camuflar haciendo constantes
declaraciones sobre el carácter democrático de la AN, su apego a la
Constitución y mostrándose siempre como víctima de la “dictadura
chavista”.

De ahí en adelante la
AN ha impulsado la guerra económica, las medidas punitivas, ha
impedido la refinanciación del país, ha acordado con EEUU “una
solución rápida” para derrocar al gobierno legítimo, ha
desconocido el triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro y ha
respaldado la autoproclamación de Juan Guaidó.

Nada de esto es
comprensible sin situarlo en un contexto más amplio: el de la Guerra
Mundo, la guerra por cualquier medio contra todo el que impida o
dificulte la expansión imperial de Estados Unidos por el dominio del
planeta; y hoy día, en esa guerra, los procesos electorales son
una pieza esencial.

Desde la II guerra
mundial hasta la década de los 80, el modelo de dominación
imperialista contemplaba todo tipo de agresiones y todo tipo de
desenlaces siempre que fueran favorables a los intereses
estadounidenses; eso dio lugar a guerras, invasiones y golpes de
estado que en la mayoría de los casos desembocaron en dictaduras,
esencialmente militares. Eso se producía en cualquier lugar del
mundo: Grecia, Indonesia, Irán, Turquía, Corea del Sur, entre
otros; y con especial intensidad en América Latina (Guatemala, Cuba,
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Nicaragua). Al mismo
tiempo, se toleraba y se colaboraba con las dictaduras existentes,
como en España o Portugal, y se alimentaba a regímenes teocráticos
y dictatoriales como el de Arabia Saudí, o las monarquías del
golfo. En especial se financiaba y garantizaba la existencia del ente
sionista de Israel, un régimen constitucionalmente confesional y
racista que practica el apartheid, pero que siempre ha sido
considerado por Occidente como modelo de “democracia”. En la
mayor parte de los casos la justificación que se ofrecía era la de
frenar al comunismo.

En la década de los
80 cambió el modelo. Las dictaduras darán paso a democracias
formales y serán la nueva justificación para derribar gobiernos
que no se sometan de buen grado a renunciar a su soberanía. El
imperio se convirtió en el gran defensor de la democracia y en su
nombre continuará con la misma tarea de dominación y expolio, se
seguirán invadiendo países, declarando guerras, impulsando golpes
de estado… todo ello en nombre de la democracia.

La democracia es el
dogma del que se apropia el imperio y de paso se hace propietario de
la voluntad popular. Estados Unidos decidirá, como buen
inquisidor, quien es dictador y quien es demócrata, los métodos
para reconvertir al ateo, o como eliminarlo y quien es el indicado
para ocupar su puesto. Será tolerante con quienes le siguen aunque
no sean demócratas, y se sentirá legitimado para condenar, dictar
sentencia y ejecutarla; será una cuestión de poder, al margen del
derecho y de las instituciones internacionales, al margen de
cualquier criterio ético o moral y al margen de cualquier rasgo de
Humanidad.

En esta forma de
opresión, los procesos electorales son un momento clave: es el
momento en el que se renuevan las instituciones y es posible
intervenir con mayor facilidad. El proceso de injerencia se
inicia siempre con antelación, tratando de manipular al electorado
con todos los recursos disponibles, esencialmente la propaganda, pero
no sólo; la amenaza y la coacción son también instrumentos básicos
de la manipulación. Los asedios, a los que se llama
eufemísticamente sanciones, se han multiplicado en los últimos años
y tienen aquí uno de sus principales objetivos: crear angustia y
desesperación, degradando las condiciones de vida para que la gente
acepte o busque un “cambio”.

Las amenazas de guerra,
los atentados, las acciones de extrema violencia, generarán miedo;
la falta de suministros básicos, déficits de todo tipo,
incertidumbre y merma de la confianza en las autoridades. La
propaganda, como síntesis de la acción del complejo comunicacional,
confundirá y tratará de debilitar las conciencias de los y las
venezolanas. Todo ello con el objetivo de deslegitimar a quienes
dirigen el país, a su ideología y a las instituciones del estado.

Todos estos
condicionamientos básicos son perfectamente reconocibles en
el caso de Venezuela: La declaración de amenaza inusual y
extraordinaria decretada por Obama en 2015; la amenaza de
intervención militar en la declaración en 2019 del jefe del
pentágono Patrick Shanahan (“no se descarta ninguna opción”);
las acciones terroristas, como las de Oscar Pérez asaltando
cuarteles, ametrallando y lanzando granadas en edificios públicos;
las guarimbas con decenas de muertos, algunos
quemados vivos por “parecer chavistas”; la guerra económica,
impidiendo el acceso a suministros básicos de energía, alimentos y
medicinas.

Sobrevolando todo esto,
el mayor despliegue de manipulación comunicacional conocido hasta
la fecha, mediante la coordinación de diferentes emisores que
confluyen en un mismo punto que, según el dirigente nazi Goebbels,
es la forma más eficaz de construir una imagen que, aunque sea
falsa, irracional y absurda, termine siendo creíble.

La imagen de Venezuela
como una dictadura y lo que conlleva de criminalidad, está
firmemente asentada en el mundo occidental. Se ha construido con un
complejo comunicacional en el que intervienen, la clase política,
las instituciones, la academia, las industrias culturales y la
práctica totalidad de los sistemas y medios de comunicación. Todos
ellos comparten un mismo discurso: Venezuela es una dictadura, su
presidente Nicolás Maduro un tirano. Apuntalarán esta idea, sin
fundamentarla, con todo tipo de comentarios y declaraciones
interesadas cada uno en su ámbito y serán los medios quienes se
encargarán de difundirla.

Esa imagen construida
para criminalizar a un supuesto enemigo, es la pieza clave para
producir una inversión: Deslegitimar a la víctima y legitimar
al criminal. Mientras nadie puede decir racionalmente que Venezuela o
su Presidente estén atacando o amenazando a EEUU o a sus aliados, si
podemos afirmar que EEUU amenaza, acosa y agrede a Venezuela y a su
presidente Nicolás Maduro; pero la imagen construida es la
contraria.

Para que las víctimas
sean consideradas merecedoras de un cruel castigo y el agresor
legitimado, es necesario criminalizar a la víctima,
despojarle de cualquier virtud y atribuirle todo tipo de crímenes,
lo que para simplificar se resuelve llamándole dictador y tirano. Al
tiempo, el agresor tiene que estar dotado de valores
incuestionables que le sitúen por encima del bien y del mal; se
nos presenta como defensor de la democracia y la libertad.

Este proceso es el
habitual cuando se decide acabar con un líder, un gobierno, un
Estado; eso se hizo con Milosevic en Yugoeslavia, con Sadam Husein en
Irak, con Gadafi en Libia y tantos otros, y en otra medida con Lula,
Dilma, Evo y sobre todo con Nicolás Maduro, sin dejar de mencionar a
Fidel Castro que la mayor parte de su vida fue demonizado y
aun hoy en día continua siendo la encarnación de la maldad. Del
mismo modo se actúa con los gobiernos que se quieren derrocar,
acusándolos habitualmente de corrupción, de nepotismo, de
vinculación al mundo del crimen; tampoco se libran las
instituciones, especialmente las vinculadas a la justicia y a los
procesos electorales.

La legitimación de
los agresores sigue el mismo proceso, pero en dirección opuesta:
Leopoldo López es un criminal, juzgado y condenado por delitos
tipificados como terrorismo con pruebas contundentes y las imágenes
de su participación en el intento de golpe de estado del 30 de abril
de 2019 dieron la vuelta al mundo. Pero su perfil de víctima y
héroe ya estaba construido por los medios y avalado por las
instituciones españolas y europeas: relatos de su sufrimiento en
la cárcel, su acogida en la embajada española, su heroica huida y
sus fotos de familia, configuran la imagen necesaria de víctima y
luchador por la libertad y la democracia para ser legitimado.

Otro tanto sucede con
Juan Guaido, un golpista autoproclamado presidente, que se ha
apropiado de bienes públicos arrebatándolos a su país, que pide la
intervención de fuerzas extranjeras y que firma contratos con
organizaciones mercenarias de EEUU para secuestrar y probablemente
asesinar al legítimo presidente de Venezuela, todo ello difundido
universalmente. Sin embargo, este criminal ha sido reconocido por más
de 50 países, todos ellos alineados con EEUU y sus socios europeos,
creando así una imagen de legitimidad al aceptarlo como si de un
presidente electo se tratara.

Todo esto vuelve a
vulnerar el derecho internacional y la carta de las NNUU y, de hecho,
Naciones Unidas no reconoce a este autoproclamado presidente. Sin
embargo, para falsear este descrédito de Guaidó, la propaganda
mediática repite como un mantra la consigna “reconocido por más
de 50 países”, sin mencionar que eso supone menos del 27 % del
total de países acreditados en NNUU. Es más que probable, que el
supremacismo blanco desarrollado considere, que ellos son los que de
verdad importan en el mundo y de lo que se trate en realidad es una
vez más: cuestión de poder.

La criminalización del
chavismo y de su gestión del país la expresa así el exalcalde de
Caracas Antonio Ledezma; “Venezuela está invadida”…”agredida
por efectivos castristas, rusos, iraníes, ejércitos paralelos,
grupos parapoliciales”. Ledezma utiliza un lenguaje brutal para
describir una imagen del infierno que ya hemos conocido en otros
casos en los que se había decidido devastar y saquear un país. La
oposición golpista prepara el terreno para la invasión.

Pero la
criminalización y el doble juego (deslegitimar al gobierno
venezolano y legitimar a la oposición golpista) es sólo el
primer paso; hay que continuar el procedimiento y desarrollar los
mecanismos que implementen un dominio efectivo, derrocando el
gobierno; eso es lo que está en juego, una vez más, el próximo 6
de diciembre en Venezuela.

El plan para
deslegitimar las elecciones legislativas comienza en el verano de
2019; en ese año, la ofensiva para derrocar al gobierno de
Nicolás Maduro fue especialmente intensa, intentando minimizar el
éxito de la Asamblea Constituyente y la debilidad y quebranto de la
“oposición”.

2019 despierta con la
autoproclamación de Juan Guaido el 23 de enero; el 23 de febrero se
produce el intento de invasión desde Colombia bajo una burda excusa
de entrega de ayuda humanitaria; el 30 de Abril se intenta una
sublevación militar en la base militar de La Carlota y el huido de
la justicia Leopoldo López es acogido como invitado en la embajada
del Reino de España; en mayo de ese mismo año, la Asamblea Nacional
en desacato promueve el ingreso en el Tratado Interamericano de
Asistencia recíproca (TIAR) lo que sin ninguna duda facilitaría una
intervención militar externa.

Los derechos humanos
son el eje fundamental de la estrategia de injerencia y la
diplomacia venezolana se prepara para hacerle frente. El gobierno
venezolano inicia las gestiones para que sea la autoridad
internacional competente quien determine la situación de los
derechos humanos en Venezuela. Así, los días 19, 20 y 21 de
junio de ese año, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
la ONU, Michelle Bachelet, visita oficialmente Venezuela, dando
inicio a un trabajo de verificación sobre el terreno. El 8 de
agosto se producen las primeras declaraciones de este organismo:
“preocupan por el impacto potencialmente severo en los Derechos
Humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por EEUU”. Este
señalamiento de la Alta comisionada, que vinculaba directamente
los DDHH en Venezuela y la política de agresiones de EEUU, hace
reaccionar a los agentes injerencistas, que perciben que pierden
terreno en la estrategia de deslegitimación. Pondrán entonces en
marcha un mecanismo que oculte y desvirtúe la investigación
iniciada por la Comisionada para los Derechos Humanos y crearán una
pseudo comisión llamada “Misión de verificación de hechos”.

El 20 de septiembre se
había firmado el protocolo de entendimiento entre Venezuela y la
Alta Comisionada, en el que se acordaba, entre otras cosas, la
presencia permanente de oficiales de NNUU en Venezuela y el libre
acceso a todos los territorios y a lugares sensibles como son los
centros penitenciarios. El 26 de ese mismo mes, el Consejo de
Derechos Humanos, adoptó una resolución, con el apoyo de Venezuela,
para un trabajo de cooperación en esta materia.

Al día siguiente
de este acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, el autodenominado Grupo de
Lima, con el respaldo de EEUU y la Unión Europea, promovió la
creación de una “misión de verificación de hechos”.

Esta pseudo comisión
aparecerá en todos los medios de comunicación como si fuera la
misión oficial encargada por el Consejo de Derechos humanos. Se
presentará como “misión independiente Internacional” y tendrá
todos los elementos de una farsa: los supuestos investigadores no
fueron seleccionados mediante el proceso habitual de postulaciones
publicas ni evaluados por el Grupo Consultivo, ni contaron con el
aval de 47 miembros del consejo; estos investigadores nunca
estuvieron en Venezuela y más del 50% de las “pruebas” tienen
como fuente las redes sociales, mientras los testimonios de las
víctimas no alcanzan al 4% y los documentos de expertos no llegan al
3%. Los errores metodológicos y de procedimiento están en
consonancia con lo expuesto.

En 2020 continúan las
agresiones de la guerra multiforme: el 26 de marzo, EEUU pone precio
a la captura o asesinato de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello; el
3 de mayo se lleva a cabo la operación Gedeón para secuestrar y
asesinar al Presidente, operación en la que intervienen la CIA, el
gobierno colombiano y mercenarios de EEUU y en la que está
involucrado directamente Juan Guaidó; el 5 de mayo se prorroga el
decreto presidencial de EEUU que declara a Venezuela como amenaza
inusual y extraordinaria.

Nada de esto va a
impedir que se cumpla el mandato constitucional de celebrar las
elecciones legislativas en el plazo establecido de 5 años, con fecha
el 6 de diciembre de 2020.

EEUU y sus aliados
consideran que los resultados no les serán favorables; ya han
tratado de deslegitimar al Presidente venezolano y a su gobierno,
ahora tratan de deslegitimar a la próxima Asamblea Nacional,
que previsiblemente dejaran de controlar tras estas elecciones, bajo
ese principio elemental de “si no me sirven, no las reconozco”.

El 3 de septiembre, el
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela invitó a
diferentes países a que enviaran observadores a las elecciones del 6
de diciembre, expresamente a la UE. Ese mismo día, Henrique
Capriles, dirigente del partido de la oposición Primero Justicia,
confirmó que participaría en las elecciones y declaró,
refiriéndose a Guaidó que ”se agotó lo que había, la agenda no
dio resultados, hay que abrir camino”, aunque añadió “y esto no
es legitimar”. Capriles se enfrentaba abiertamente a la agenda de
EEUU, en dos puntos clave: Guaidó y la Asamblea Nacional.

El 10 de septiembre, la
UE pide que se retrasen las elecciones, argumentando que no dispone
de tiempo suficiente para organizar la visita; trataba así de ganar
tiempo, convencer a Capriles y fabricar argumentos más contundentes.

En 18 de septiembre
comenzó el ataque frontal para deslegitimar las elecciones; el eje
será, una vez más, los DDHH. Ese día se publica la noticia de
una masacre en la localidad de Macuto en la que han asesinado a
varios policías, atribuyéndole la autoría al gobierno. Una vez
más, nada sostiene esa noticia. Ese mismo día, la UE condiciona el
envió de observadores a que las elecciones se retrasen seis meses.

El 24 de septiembre la UE
envió una misión a Caracas para negociar un posible retraso
electoral. El 26, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
presentó un informe sobre Venezuela y el plan de trabajo para los
dos próximos años. Al día siguiente la pseudo “comisión
Independiente Internacional” presentó el informe que ya hemos
comentado, plagado de infamias contra Venezuela.

La participación de
España en este proceso es sobresaliente por su reaccionaria
radicalidad, su amplio consenso y su obediencia a los intereses de
EEUU. El 24 de septiembre se aprobó una proposición no de ley
que seguía al pie de la letra el informe de la mencionada pseudo
“comisión internacional”; por supuesto, para nada se mencionaba
al grupo de trabajo Venezuela-Comisión de DDHH de NNUU.

Lo importante de esa
proposición española no son las consabidas descalificaciones,
insultos e infamias al dictado de EEUU, sino la eficacia de los
instrumentos de manipulación, como lo es la “comisión
independiente internacional”, la aceptación expresa de que el
papel de España en la UE es servir a los intereses de los EEUU y de
que todo esto alcance el mayor consenso parlamentario y que una al
PSOE y a VOX. No hay nada como la disciplina y la obediencia. Hay que
mencionar que, el 13 de julio, el PP presentó una propuesta
semejante que solo contó con el apoyo de VOX; quizás aún no habían
llegado las instrucciones pertinentes.

Algo semejante le ha
ocurrido a Henrique Capriles, que el 3 de octubre ya se había
olvidado de sus contundentes declaraciones en pro de las elecciones
de un mes antes y anunciaba que no participaría porque no habría
observadores europeos.

Este relato de cómo
funciona la guerra contra Venezuela y su democracia nos ayuda a
entender cuáles son los mecanismos de injerencia, cómo operan
sirviéndose de todas las armas a su alcance, pero especialmente, el
papel que cumplen los momentos electorales elegidos por el imperio
para desestabilizar y derrocar gobiernos. Pero el pueblo
venezolano y su gobierno bolivariano han aceptado el reto de defender
su país y su revolución en todos los campos en los que se ha
desatado la guerra contra ellos. Por eso, el pueblo venezolano se ha
declarado en pie de paz y defiende su derecho a elegir
libremente a sus representantes cumpliendo el mandato constitucional.

Desde el Frente
Antiimperialista Internacionalista consideramos que es nuestra
responsabilidad apoyar y defender la voluntad del pueblo venezolano.

Es nuestra obligación
señalar y denunciar a los agresores.

Es nuestro compromiso
trasmitir a los venezolanos y venezolanas nuestro más profundo
respeto y solidaridad.

Frente
Antiimperialista Internacionalista, 4 de diciembre de 2020