88 organizaciones apoyan la querella de las cinco activistas contra el policía infiltrado en Barcelona y piden responsabilidades al Estado

February 18, 2023 –
De parte de Nodo50

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88 organizaciones internacionales muestran su apoyo a las cinco activistas que han denunciado la infiltración durante varios años en movimientos sociales y sindicales libertarios de Barcelona por parte de un agente de la Policía Nacional española. El agente utilizó las relaciones sexoafectivas como forma de iniciar y/o consolidar el vínculo de confianza con los movimientos, con el aval y cobertura del resto de la estructura policial. La actividad del policía se ha podido documentar entre mayo de 2020 y octubre de 2022, gracias a una investigación realizada por el medio de comunicación La Directa.

El 31 de enero de 2023 cinco de las activistas defensoras de derechos humanos y derechos sindicales afectadas iniciaron un procedimiento penal contra el agente de la policía por delitos de abusos sexuales continuados, de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, entre el que destaca la vulneración de la libertad de asociación. La querella interpuesta, que también se dirige contra el superior jerárquico del agente, cuenta con el apoyo jurídico de Irídia–Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo).

Ante la gravedad de los hechos expuestos, las entidades y colectivos firmantes quieren manifestar que, en este caso, dicha operación policial se centra en una clara discriminación de género y responde a un doble objetivo.

En primer lugar, conseguir información e incidir en la sociedad civil y el tejido asociativo de diferentes movimientos sociales y sindicales de Barcelona. En segundo lugar, castigar y señalar el hecho de ser una mujer vinculada en unos colectivos y luchas determinadas.

Utilizar las relaciones sexoafectivas con finalidad de espionaje estatal es resultado de la violencia policial e institucional sexualizada existente en el Estado español. En este caso, la violencia sexual se vincula con la violencia institucional porque las conductas y los hechos ocurridos fueron perpetrados por parte de un agente de la policía en ejercicio de sus funciones, con indicios de estar autorizados, avalados y permitidos por la estructura institucional a la que pertenece.

“Este tipo de operaciones policiales son innecesarias e injustificables en cualquier Estado de derecho y democracia, ya que promueven la instauración de herramientas destinadas a la persecución de la disidencia política, las defensoras y defensores de derechos humanos, así como la reducción del espacio de la sociedad civil y su capacidad para organizarse”, también recuerda Irídia.

Si bien sabemos que el espionaje estatal es una realidad en el Estado español (con el uso de programas como Pegasus y el conocimiento de otros dos policías infiltrados en Barcelona y València, también destapado por La Directa), este caso supone un salto cualitativo en la implementación de estrategias policiales y represivas, por la afectación de los derechos individuales y colectivos y el impacto que genera en las personas directamente afectadas y en los propios movimientos.

Antecedentes en Inglaterra

Estos hechos no son un caso aislado. A pesar de que deberían ser un recurso excepcional y sometido a condiciones muy estrictas y determinadas, la infiltración de agentes de policía en los movimientos sociales y políticos es una práctica que también se ha utilizado en otros países. Es especialmente destacable el precedente en Inglaterra, en el que en 2021 el Investigatory Powers Tribunal concluyó que en el caso de Mark Kennedy, un agente encubierto que mantuvo relaciones con varias mujeres, una de ellas durante dos años, se habían vulnerado hasta cinco derechos fundamentales: la prohibición de la tortura y/o los tratos inhumanos y degradantes, la vida privada y familiar, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión y la prohibición de la discriminación, por tratarse de una discriminación sexista.

Los hechos ocurridos ponen en evidencia que toda la ciudadanía y el tejido asociativo es susceptible de convertirse en víctima de este tipo de vulneraciones, tan arbitrarias como abusivas. De esta manera, el empleo de este tipo de operaciones produce un efecto intimidatorio en la ciudadanía y restringen, así como reducen, el espacio cívico. Tal como en Inglaterra, este caso debería promover el debate público sobre cuáles deberían ser los límites y el control de la policía en un estado de derecho y democrático.

Las organizaciones firmantes constatan que el Estado español “ha traspasado todas las líneas rojas” por lo que respecta a la vulneración de derechos fundamentales, llegando al extremo de utilizar la explotación de relaciones sexoafectivas con la finalidad de monitorear a la disidencia política.

Por ello, se considera que es esencial exponer, nombrar, reconocer y señalar el empleo de este tipo de estrategias policiales, integradas en una política de Estado, así como esta forma específica de violencia de género, a fin de exigir verdad, justicia, reparación y, por encima de todo, que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Es importante recordar que el derecho internacional establece el deber de investigar de forma efectiva y exhaustiva como una doble exigencia para los Estados: para cumplir con las obligaciones de investigar y rendir cuentas en el caso individual de la víctima y, por otro lado, cumplir con sus obligaciones de diligencia para prevenir futuras violaciones, a la vez que actuar ante las agresiones más graves de los derechos humanos.
Asimismo, el Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, en su misión de seguimiento en Inglaterra en 2017, destacó que este tipo de operaciones pueden causar un daño profundo e irreparable “para las personas sobrevivientes y el bienestar de la población general con respecto al libre ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, dados el incremento de los niveles de desconfianza” derivados de la publicación del caso. El mismo apuntó que en estos casos “el daño solo se puede remediar de manera parcial a través de un proceso de rendición de cuentas real y transparente para las personas afectadas, a la vez que reparador”.

Por todo lo mencionado, las 88 organizaciones firmantes reclaman al Estado español que, por un lado, asuma responsabilidades ante la seriedad de los hechos y responda a ellos con consecuencias para sus autores, sancionando estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. Asimismo, que cumpla con su deber a dar explicaciones públicas sobre los hechos.

También, que cumpla con su obligación de realizar una investigación independiente, exhaustiva y efectiva, con el objetivo de dar a conocer el alcance de la operación y tomar las medidas necesarias para garantizar un proceso reparador y efectivo para las personas y movimientos afectados.

Por último, exigen el cese inmediatamente cualquier otra operación policial de carácter similar y establezca las garantías necesarias para que no se vuelva a repetir.

Las entidades adheridas se pueden consultar en la página de Irídia.

Fuente: Arainfo.org