December 10, 2022
De parte de Libre Pensamiento
107 puntos de vista

Juan Carrique Calder贸n, integrante de la Red Apoyo al encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en 2002 y afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la Zona Sur de Madrid de CGT.

En el oto帽o de 2001, en el campo de Huelva se viv铆a una extra帽a situaci贸n. Ese mismo a帽o, los inmigrantes sin papeles hab铆an organizado encierros y movilizaciones hasta lograr 220.000 permisos de trabajo y de residencia, doblegando al orgulloso y autoritario Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar y su mayor铆a absoluta en el Parlamento y demostrando el error de los dirigentes sindicales que llamaban a la pasividad excus谩ndose en la mayor铆a absoluta del Partido Popular.

Un a帽o antes, en el municipio almeriense de El Ejido, el alcalde del Partido Popular hab铆a encabezado los ataques racistas contra los inmigrantes magreb铆es de la localidad, que provocaron decenas de heridos y la destrucci贸n de sus viviendas y locales ante la pasividad de la Polic铆a, que evit贸 linchamientos, pero no detuvo a nadie.

Un a帽o despu茅s, tras el acuerdo logrado con los encierros y las movilizaciones de solidaridad en todo el pa铆s, los inmigrantes, varones procedentes del Magreb y del 脕frica subsahariana, estaban euf贸ricos pero esta victoria no terminaba de concretarse en papeles y derechos.

Por el lado de los trabajadores inmigrantes, el acuerdo hab铆a sido firmado por la Plataforma contra la Ley de Extranjer铆a de Huelva, formada por la Organizaci贸n Democr谩tica de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (ODITE), CGT y Sindicato Unitario de Huelva y por el lado de la patronal por Freshuelva. Los empresarios se compromet铆an a proporcionar los precontratos necesarios para que los inmigrantes se acogieran al proceso de regularizaci贸n, a cambio de no presentar denuncias a la Inspecci贸n de Trabajo por la explotaci贸n laboral sufrida en las fincas freseras.

El defensor del Pueblo Andaluz, Jos茅 Chamizo, se compromet铆a a garantizar el cumplimiento del acuerdo, que tambi茅n hab铆a sido aceptado por un Ministro de Administraci贸n P煤blica entonces oscuro y desconocido, Mariano Rajoy.

La patronal fresera no actuaba movida por la bondad y la solidaridad, sino por el c谩lculo estrat茅gico, considerando que cuando los inmigrantes presentaran sus solicitudes individuales de regularizaci贸n, quedar铆an a la espera del final del proceso administrativo y abandonar铆an la movilizaci贸n colectiva, que era su verdadera preocupaci贸n.

Con este acuerdo, se acogieron al proceso de regularizaci贸n en Huelva 3.800 inmigrantes, una cifra superior a la media de otras provincias espa帽olas, pero Freshuelva comenz贸 a retrasarse en la entrega de los precontratos comprometidos y a partir del 21 de noviembre dej贸 de proporcionar estos documentos. La patronal incumpl铆a as铆 su parte del acuerdo, sin que la Junta de Andaluc铆a o el Defensor del Pueblo hicieran nada para obligar a los empresarios a cumplir lo firmado.

Mientras tanto, el Gobierno central, sensible a las preocupaciones y miedos de las patronales agrarias, hab铆a dise帽ado una pol铆tica para acabar con la incipiente movilizaci贸n de los inmigrantes, sustituy茅ndolos por otras personas contratadas en origen, en pa铆ses europeos no comunitarios, como eran en esos momentos Polonia y Ruman铆a. Se buscar铆an inmigrantes de 谩mbitos urbanos, sin tradici贸n de resistencia a la explotaci贸n agraria y preferentemente mujeres con responsabilidades familiares en sus pa铆ses de origen para que no tuvieran la tentaci贸n de quedarse en Espa帽a tras la finalizaci贸n de la campa帽a.

Las 7.000 trabajadoras rumanas y polacas sustituir铆an a una parte de los inmigrantes regularizados trabajando especialmente los fines de semana y los festivos, que eran las jornadas que cubr铆an b谩sicamente los inmigrantes sin papeles, mientras que los 60.000 temporeros cubr铆an las jornadas ordinarias de la campa帽a de recolecci贸n.

Como parte de la misma estrategia, el Gobierno reform贸 el Reglamento de Extranjer铆a, que recortaba los derechos de manifestaci贸n y organizaci贸n de los inmigrantes sin papeles, preparando los instrumentos jur铆dicos para aplastar un posible resurgir de la movilizaci贸n de los inmigrantes. Y se intensific贸 la represi贸n. La Polic铆a detuvo y expuls贸 de Espa帽a a los inmigrantes que intentaron encerrarse en la Catedral de Lleida, a quienes dorm铆an en la Plaza de Catalu帽a en Barcelona, tras cargar contra una manifestaci贸n pac铆fica en la plaza de Andr茅 Malraux, a los participantes en una marcha desde Las Pedro帽eras a Cuenca, y los manifestantes ante la Subdelegaci贸n del Gobierno en Almer铆a a inicios del 2002.

Los inmigrantes de Huelva, en movimiento

En 2002, la situaci贸n del colectivo de inmigrantes en Huelva, incluso los que hab铆an obtenido la regularizaci贸n era calamitosa. Sus permisos de trabajo solo les autorizaba a trabajar en el sector agrario de la provincia de Huelva, donde ya s贸lo se contrataban temporeros espa帽oles e inmigrantes polacas y rumanas contratadas en origen. El colectivo de trabajadores inmigrantes era condenado al hambre y a la miseria, tratando de sobrevivir en chabolas levantadas en las afueras de los pueblos. 

Ante esta situaci贸n, los inmigrantes excluidos organizaron la 鈥淢archa de la Dignidad鈥. A pesar de que la legislaci贸n de extranjer铆a les prohib铆a el derecho de manifestaci贸n, en la movilizaci贸n participaron m谩s de un millar de trabajadores, que caminaron desde Moguer hasta Huelva. A pesar del hostigamiento de la marcha por agentes de la Guardia Civil, los inmigrantes llegaron hasta la capital y se concentraron ante el Ayuntamiento de Huelva. La movilizaci贸n consigui贸 hacer visible una situaci贸n de misera y hambre insostenible en el campo de Huelva.

La Junta de Andaluc铆a prepar贸 un plan de choque lavarse la cara ante la opini贸n p煤blica y de desmarcarse de la pol铆tica migratoria impulsada por el PP desde el Gobierno central, que consist铆a en entregar bolsas individuales de comida y la instalaci贸n de m贸dulos de duchas y sanitarios. Pero las m铆seras medidas en el plan de choque no sirvieron para mejorar las condiciones y se inici贸 un proceso de asambleas entre los inmigrantes en los asentamientos de Lepe, Cartaya, Lucena del Puerto, Huelva capital, Moguer y Palos de la Frontera.

Los inmigrantes deciden organizar un nuevo encierro para obtener los papeles, y las organizaciones y personas solidarias, agrupadas en la Red de Apoyo a los Inmigrantes de Huelva le aconsejan aprovechar la Cumbre de Jefes de Estado de la Uni贸n Europea, en Sevilla, donde se iba a debatir precisamente la pol铆tica de inmigraci贸n de la UE.

En el mes de junio de 2002, 475 inmigrantes sortearon los controles que la polic铆a hab铆a establecido para blindar la Cumbre de protestas, y accedieron a las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), anunciando p煤blicamente el inicio del encierro y su principal reivindicaci贸n: 隆隆papeles para todos!!. Los encerrados comenzaron a organizarse en tres estructuras. En primer lugar, la asamblea general, donde se decid铆an las reivindicaciones y la continuidad del encierro; en segundo lugar, la coordinadora de los 鈥渏efes de grupo鈥, elegidos por los trabajadores de cada uno de los 19 asentamientos de los distintos pueblos, y encargados de las decisiones cotidianas del encierro; en tercer lugar, la Red de Apoyo, encargada de la solidaridad, la difusi贸n de la lucha, la recogida de comida, la ayuda econ贸mica y el asesoramiento en la negociaci贸n con las instituciones.

El encierro en la universidad destap贸 la impostura del progresismo sevillano

El inicio del encierro de inmigrantes recibi贸 una amplia cobertura de los medios de comunicaci贸n acreditados para la Cumbre y la rectora de la UPO manifest贸 su apoyo al encierro y su compromiso de no autorizar el desalojo policial.

Una vez finalizada la cumbre europea, la rectora de la UPO, el defensor de Pueblo Andaluz y el Colegio de Abogados de Sevilla presentaron una propuesta para lograr la salida voluntaria de los encerrados a cambio de que una Comisi贸n Jur铆dica organizada por esas instituciones estudiar铆a individualmente las solicitudes de papeles.

La propuesta se debate en la asamblea del encierro y es rechazada por aplastante mayor铆a, que defiende que 鈥juntos entramos en el encierro y juntos saldremos cuando todos hayamos conseguido la regularizaci贸n鈥. Ante el rechazo a su propuesta, la rectora, el Defensor del pueblo y el Colegio de Abogados comenzaron una campa帽a de comunicaci贸n para desacreditar a la Red de Apoyo, acus谩ndola de manipular a los encerrados -considerados como incapaces de tomar sus propias decisiones y decidir la estrategia de su lucha-, de beneficiarse econ贸micamente del encierro o de hacer el juego al gobierno del PP.

La Polic铆a rode贸 la Universidad, impidiendo el suministro de comida a los inmigrantes y la entrada de los miembros de la Red de Apoyo. Las reuniones ya solo se pod铆an realizar en las puertas del recinto, separados por una verja, bajo el control directo de los agentes policiales. El desalojo pod铆a llegar en cualquier momento.

El final de los encierros de inmigrantes

El 8 de agosto de 2002 a las 5:00 horas la Polic铆a entr贸 en el recinto universitario, cuando la mayor铆a de los encerrados estaban durmiendo, y detuvo a 275 personas que fueron trasladadas primero a la Jefatura Provincial de Sevilla y posteriormente a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ejecutar sus expulsiones. Los procedimientos de expulsi贸n fueron irregulares, negando el derecho a contactar son sus abogados y negando la atenci贸n m茅dica y de ellos s贸lo se salvaron 65 personas, cuya nacionalidad no pudo ser determinada por la Polic铆a, y que quedaron en libertad.

El balance del encierro de la UPO arrojaba un resultado desfavorable para los inmigrantes, que no hab铆an obtenido su regularizaci贸n. La resoluci贸n de la protesta enviaba un claro mensaje de que el Gobierno no negociar铆a con personas encerradas y que resolver铆a la situaci贸n mediante la represi贸n.

Dos d茅cadas despu茅s, no han vuelto a darse movimientos de protesta de estas caracter铆sticas y amplitud, a pesar de que sistem谩ticamente vuelven a darse situaciones parecidas de colectivos que llevan un cierto tiempo en el pa铆s pero que no pueden regularizar su situaci贸n y que ello deteriora sus condiciones de vida y salud por esa causa.

Era previsible que el Gobierno del Partido Popular aplicar铆a la represi贸n contra el encierro, como ya hab铆a hecho en otras movilizaciones inmediatamente anteriores, pero esta decisi贸n fue facilitada por dos factores: la criminalizaci贸n a los sectores solidarios con la lucha y la divisi贸n entre los inmigrantes encerrados

 Tras los encierros, los problemas de las personas sin papeles a煤n est谩n por resolver

                En los 煤ltimos 20 a帽os la poblaci贸n inmigrante residente en Espa帽a ha aumentado y se ha consolidado un sector que se naturalizado como espa帽ol, otro ha conseguido regularizar su situaci贸n en Espa帽a, e incluso ha nacido en este pa铆s una generaci贸n de hijos de antiguos inmigrantes; pero el problema de los sin papeles se mantiene. Las estimaciones actuales lo cuantifican en 500.000, y todo ello es causa de la sustituci贸n de la forma de acceder a la residencia legal. Se ha pasado de los procesos de regularizaci贸n extraordinarios, que en la mayor铆a de los casos eran el resultado de movilizaciones y que en cierta medida favorec铆an la organizaci贸n colectiva de los inmigrantes, a los procesos de arraigo social y laboral regulados en el Reglamento de la Ley de Extranjer铆a que requieren unos requisitos y condiciones pr谩cticamente imposibles de reunir y que en todo caso favorecen una presentaci贸n individualizada y dificultan organizaci贸n y acci贸n colectiva de los inmigrantes.

Esta debilidad estructural de los inmigrantes, que afecta a su capacidad de luchar para mejorar sus condiciones ha provocado un cierto distanciamiento de las organizaciones sindicales respecto de sus problem谩ticas, no s贸lo de las mayoritarias, sino tambi茅n de los sectores de la izquierda sindical.

Como los inmigrantes sin papeles no logran desarrollar sus propias movilizaciones, el sindicalismo de clase no se siente obligado a integrarlos en la actividad sindical. Con esta din谩mica, quien se debilita es toda la clase trabajadora, porque se excluye de la misma al sector de personas trabajadoras inmigrantes.

Adem谩s, la mayor铆a de las asociaciones de inmigrantes que exist铆an a principios de la d茅cada del 2000 han ido desapareciendo, y los colectivos de inmigrantes de distintas nacionalidades se han ido integrado en la sociedad espa帽ola, de forma que han ido desapareciendo estos referentes que tuvieron su importancia a la hora de comenzar a organizar la respuesta colectiva a la pol铆tica migratoria gubernamental.

A pesar de todo, el problema de la regularizaci贸n de los inmigrantes sigue existiendo, junto a nuevos problemas como el racismo laboral y social mucho m谩s difundido en la sociedad espa帽ola, as铆 como el fen贸meno del reforzamiento de la extrema derecha; ante ello s贸lo cabe volver a la defensa de la unidad de la clase obrera, de todos sus sectores y en pie de igualdad, y entre ellos las personas trabajadoras extranjeras.

Para este camino, es muy importante aprender de las luchas pasadas y retomar el hilo de las movilizaciones que hace veinte a帽os reclamaron papeles para todos.

Dedicamos este texto a los inmigrantes encerrados en la Universidad cuya capacidad de sacrificio y dignidad nunca pudo ser extirpada por la polic铆a espa帽ola.




Fuente: Librepensamiento.org