March 23, 2021
De parte de ANRed
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El proceso de juzgamiento a los genocidas de la 煤ltima dictadura en Argentina lleva 15 a帽os de demoras y desprolijidades. Con o sin pandemia no puede durar otra d茅cada y media porque ya no habr谩 a quien juzgar. La represi贸n sigue siendo pol铆tica de Estado y muchos organismos de Derechos Humanos cambian la marcha del 24 de marzo por una forestaci贸n selectiva en momentos en que los grandes empresarios locales y extranjeros, con aval de los aliados pol铆ticos del gobierno en las provincias, avanzan sobre los territorios con desmonte o incendios intencionales. Son los mismos sectores que ocultan intencionalmente la represi贸n de Estado como 鈥淰iolencia Institucional鈥. Por HIJOS La Plata


15 A脩OS DE ESPERAS Y DESPROLIJIDADES

El proceso de juzgamiento a los genocidas de la 煤ltima dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoam茅rica y el mundo. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los d铆as en esa lucha, que es pol铆tica antes que jur铆dica, la situaci贸n es menos auspiciosa.

Desde la anulaci贸n de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2021 el Estado argentino efectiviz贸 246 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.459 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.639 v铆ctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represi贸n y los 600 Centros Clandestinos de Detenci贸n que funcionaron en todo el pa铆s durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisi贸n domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados est谩n en total y completa libertad.

Los juicios a los genocidas llevan 15 a帽os de debates orales. Y no pueden durar otra d茅cada y media porque ya no habr谩 a quien juzgar. El cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se ve con claridad este a帽o en La Plata, donde est谩 en curso el debate por los CCD de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y la Brigada de Lan煤s con sede en Avellaneda, conocido como 鈥淓l Infierno鈥. Este debate, que no durar谩 menos de 4 a帽os, se inici贸 con una elevaci贸n a juicio en marzo de 2012 y fue acumulando otros tramos elevados hasta llegar a una megacausa que trab贸 los otros procesos orales. Porque en abril de 2020 deb铆a comenzar el debate por el CCD 鈥1 y 60鈥 sede central del Cuerpo de Infanter铆a de la Polic铆a de la Provincia de Buenos aires, que inclu铆a a 23 genocidas, entre militares del Regimiento 7 y del Destacamento 101, polic铆as bonaerenses y de la Federal, por 194 v铆ctimas. Pero el inicio lleva casi un a帽o de retraso y varios represores fueron apartados por razones de salud o murieron impunes. El inicio de estos dos procesos lleva en verdad entre 6 y 9 a帽os de demora. Y el impasse planteado por la pandemia de la Covid-19 s贸lo sum贸 nuevas demoras a las preexistentes.

Pero hay detalles que no dejan de sorprender. En el proceso 鈥淏anfield, Quilmes Infierno鈥 el Ministerio P煤blico Fiscal plante贸 la iniciativa de realizar una 鈥渋nstrucci贸n express鈥 por aquellos casos de v铆ctimas que pasaron por esos CCD y que, por la propia desidia investigativa del requerimiento fiscal de elevaci贸n a juicio, no fueron parte del proceso. Ello complica la posibilidad de realizar ampliaci贸n en debate por esos casos para el resto de las querellas, es claramente un planteo sesgado porque no agrega todos los casos de las v铆ctimas dejadas de lado ni suma nuevos imputados ya identificados, pero adem谩s si el Tribunal Oral aprueba esa modalidad estar铆a convalidando una selectividad procesal acomodaticia en la que nadie responde a una sencilla pregunta: 驴Por qu茅 no se aplica el mismo criterio al resto de las causas que ya est谩n elevadas a juicio, o por qu茅 no se realiza el procedimiento en aquellos expedientes residuales de los que ya se juzgaron parcialmente o en varios que nunca se completaron debidamente?

La propuesta fiscal, acusaci贸n formal de parte del Estado, evidencia una urgencia y un proceder desprolijo que pretende hacer a las apuradas lo que no se hizo en tiempo y forma en su momento por no atender los planteos de las querellas de algunos organismos de Derechos humanos que marcaron que el desguace y la fragmentaci贸n de estas causas s贸lo genera m谩s impunidad.

Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que s贸lo el 11% de los represores condenados recibieron penas por este tipo espec铆fico de cr铆menes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron pr谩cticas sistem谩ticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos aut贸nomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acci贸n privada, es decir que requieran el consentimiento de la v铆ctima para instar la acci贸n penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.

A 45 a帽os del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biol贸gica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucci贸n de las causas y los debates orales, y las medidas ileg铆timas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisi贸n efectiva.

Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en pr谩cticamente la totalidad de los juzgados del pa铆s- resulta funcional a los intereses pol铆ticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigm谩ticos.

Desde la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS La Plata, conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del pa铆s que reconoce la comisi贸n del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los cr铆menes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra regi贸n. Sucede que esa sentencia a煤n no est谩 confirmada en segunda instancia, hecho que comportar铆a un importante cambio simb贸lico y pol铆tico en el reconocimiento de la magnitud de los cr铆menes de Estado cometidos durante la 煤ltima dictadura. Desde Justicia Ya venimos planteando condenas por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio L贸pez. En aquel entonces lo hac铆amos en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio P煤blico Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilaci贸n de una parte espec铆fica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio.

Nos preguntamos qu茅 sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que a煤n no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gesti贸n del Secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n Horacio Pietragalla, utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la 煤ltima dictadura. Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios cr铆menes, otros genocidios silenciados, como la persecuci贸n y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberan铆a, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo f谩cil, las torturas en c谩rceles y comisar铆as, la trata, los femicidios, o bien el atropello a los Derechos Humanos de nueva generaci贸n referidos por ejemplo a la protecci贸n del medio ambiente.

LA REPRESI脫N COMO POL脥TICA DE ESTADO

En materia represiva actual el panorama destila continuidades. El kirchenrismo, que se autoproclam贸 鈥渆l gobierno de los derechos humanos鈥 asesin贸 en sus 3 gestiones nacionales a m谩s de 3600 personas, lo que equivale al 51% de los casos. Esto lo ubica como el gobierno que m谩s personas asesin贸 en los 煤ltimos 35 a帽os.

La gesti贸n de Daniel Scioli en la provincia caus贸 m谩s de 600 muertes a manos de su Polic铆a y su Servicio Penitenciario gracias a las pol铆ticas de mano dura de sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados. Casal llen贸 las c谩rceles de pibes pobres, superando los 40 mil internos en el SPB, y uno de cada 2 internos recibi贸 distinto tipo de torturas en ese per铆odo. Granados llev贸 a La Bonaerense a tener m谩s de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, cre贸 las polic铆as locales improvisadas, inici贸 la llegada de fuerzas federales al conurbano con los operativos en los trenes, y despleg贸 cientos de operativos de saturaci贸n en los barrios. A nivel nacional la gesti贸n Cambiemos se llev贸 la vida de m谩s de 2.000 personas, m谩s de 1.500 en c谩rceles y comisar铆as y m谩s de 500 en casos de gatillo f谩cil. El macrismo baj贸 la tasa de asesinatos a manos de las fuerzas represivas de 1 cada 28 horas a 1 cada 21 horas. Pero la gesti贸n de Alberto Fern谩ndez llev贸 el promedio a 1 cada 20 horas y sum贸 otro 5% de los casos, las vidas de m谩s de 400 personas en un a帽o de gesti贸n. Entre esos casos de 2020 se cuentan las desapariciones forzadas de Facundo Astudillo Castro en Villarino en abril, Luis Espinoza en Tucum谩n en mayo y Ariel Valeri谩n en Jujuy en junio. Las tres con cometidas con la excusa de violar la cuarentena obligatoria. Tres nuevas v铆ctimas a la larga lista de desaparecidos en democracia, que lleva m谩s de 215 casos de cr铆menes de Estado que unen y le da continuidad a aquellos perpetrados en la 煤ltima dictadura genocida. El 鈥渃rimen de cr铆menes鈥 como dice Norita Corti帽as se sigue cometiendo en el pa铆s de los 30 mil desaparecidos.

Con ello la tregua esperanzada sobre la represi贸n que prometi贸 el Frente de Todos en Naci贸n y Provincia no incluy贸 a nuestros pibes. Porque m谩s all谩 de las promesas de derogar la 鈥淒octrina Chocobar鈥 nuestros pibes siguen sufriendo el hambre y la marginaci贸n y son blanco de la discrecionalidad en el accionar policial. En provincia de Buenos Aires el ex militar carapintada Sergio Berni, esp铆a de los mineros huelguistas de R铆o Turbio en los 鈥90, defensor de la mano dura y especialista en la represi贸n a los trabajadores organizados, se encarg贸 de encubrir sistem谩ticamente a los polic铆as desaparecedores de Facundo, los agentes Siomara Flores, Alberto Gonz谩lez, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca.

Sabemos que las torturas en c谩rceles y comisar铆as siguen siendo la principal causa de muerte como parte de la pol铆tica represiva del Estado. As铆 lo muestra el Archivo de casos 2020 de la Correpi, que detalla que casi el 50% de los m谩s de 7.500 homicidios cometidos por la polic铆a o los servicios penitenciarios de 1983 a la fecha corresponden a personas que estaban detenidas o bajo custodia. Son las vidas de m谩s de 3.700 personas. Y as铆 lo confirman datos de la mism铆sima Procuraci贸n bonaerense que dicen que su polic铆a comete 1.700 hechos de tortura por a帽o en comisar铆as y c谩rceles. Ello si hablamos s贸lo de los hechos que se llegan a investigar en una causa penal, y en su mayor铆a escondidos con el eufemismo de 鈥渟everidades, vejaciones y/o apremios ilegales鈥. Entre enero y julio de 2020 fueron m谩s de 570 hechos ocurridos en unidades penitenciarias o dependencias policiales y 43 personas asesinadas.

En el a帽o de la pandemia las muertes en lugares de encierro se incrementaron y se cortaron las visitas y los beneficios a lxs presxs por causas sociales. La tortura sigue siendo una pr谩ctica sistem谩tica y moneda corriente en nuestro pa铆s. Sabemos tambi茅n que la aplicaci贸n de tormentos es escondida por los fiscales y los jueces que instruyen esos hechos criminales: se cierran los procesos sin determinar culpable o se la investiga bajo figuras penales m谩s leves, como en el caso de 鈥淣oa鈥 Su谩rez, asesinado en 2014 en la Comisar铆a 2da de Quequ茅n en Necochea y que se est谩 juzgando este a帽o bajo la irrisoria car谩tula del homicidio culposo, como si se tratara de un hecho producido por negligencia o 鈥渆xceso鈥 en el uso de la fuerza.

Son momentos en que muchas de las violencias que atraviesan a nuestra sociedad son debidamente visibilizadas y denunciadas. M谩s si se trata de que 1 de cada 5 femicidios son cometidos por agentes de las fuerzas de inseguridad, o que La Bonaerense SA tiene en su filas a 6 mil agentes denunciados por violencia de g茅nero. Pero no casualmente muchos organismos de Derechos Humanos cambian la marcha del 24 de marzo por una forestaci贸n selectiva en momentos en que los grandes empresarios locales y extranjeros, con aval de los aliados pol铆ticos del gobierno en las provincias, avanzan sobre los territorios con desmonte o incendios intencionales. Son los mismos sectores que ocultan intencionalmente la represi贸n de Estado como 鈥淰iolencia Institucional鈥. Por eso a 45 a帽os del golpe genocida seguimos en las calles para gritar que la represi贸n contin煤a siendo pol铆tica de Estado, y que la verdadera justicia son la condena social a los asesinos de uniforme y la denuncia de los responsables pol铆ticos de las muertes impunes de miles de pibxs en la provincia de Buenos Aires y en todo el pa铆s.

Seguir谩n presentes en nuestro reclamo contra la represi贸n estatal los nombres de Andr茅s Nu帽ez, Miguel Bru, Dari谩n Barz谩bal, Ezequiel Heredia, Cristian 鈥淩usito鈥 Perez, Omar Cigar谩n, V铆ctor Gonz谩lez, Dami谩n Corval谩n, Mauricio Andrada, Ismael Perusatto, Daniel Migone, Miguel Bru, Andr茅s Nu帽ez, Soledad Bowers, Nicol谩s Vargas, Sebasti谩n Nicora, Braian Mogica, N茅stor Canizzo, Rodrigo Simonetti, Maximiliano Campos, Mat铆as Marincovich, Germ谩n Ram贸n Gomez, Johana Ramallo y tantxs otrxs que nos arrebataron en nuestra ciudad.

A 45 a帽os del golpe genocida desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho m谩s mientras haya v铆ctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas pol铆ticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la c谩rcel com煤n, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus c贸mplices, sin ning煤n beneficio.

SEGUIMOS DICIENDO:SON 30 MIL, FUE GENOCIDIOJUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPA脩EROS Y COMPA脩ERAS.CARCEL COM脷N, PERPETUA Y EFECTIVA.APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA.BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.BASTA DE GATILLO F脕CIL Y MUERTES POR TORTURAS EN C脕RCELES Y COMISAR脥AS.SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESI脫N ESTATAL.





Fuente: Anred.org