October 7, 2021
De parte de SAS Madrid
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Hace unos d铆as salt贸 a los medios de comunicaci贸n lo sucedido a una ciudadana, que adem谩s es m茅dico, cuando solicit贸 al Servicio de Ginecolog铆a del Hospital Cl铆nico de San Carlos de Madrid una interrupci贸n voluntaria del embarazo ante el catastr贸fico diagn贸stico que le esperaba al feto, expuesto, si llegaba a t茅rmino, a respirar pero no a vivir en condiciones aceptables para la dignidad de la persona humana. La respuesta negativa que recibi贸 procede de un servicio m茅dico de un Hospital integrado en el Servicio P煤blico de Salud. Todos los  profesionales del Servicio se hab铆an acogido, en bloque, a su derecho a la objeci贸n de conciencia que les concede la Ley Reguladora de la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo. La ley de 2010 no es, como predican algunos, una ley de aborto sino de reconocimiento del derecho inalienable de la mujer a decidir algo tan personal y con tantas vertientes emocionales, ps铆quicas y morales, como es poner fin a un embarazo, si se cumplen los requisitos y concurren las circunstancias que exige la ley.

La objeci贸n de conciencia es un derecho individual de cada uno de los m茅dicos, pero en ning煤n caso puede paralizar el funcionamiento de un servicio de un Hospital P煤blico. En este punto la ley reguladora es tajante. La Sanidad p煤blica no puede permitir, y as铆 lo dice textualmente, que la calidad asistencial de la prestaci贸n de la interrupci贸n voluntaria del embarazo pueda resultar menoscabada. Los profesionales del servicio que recibieron esta petici贸n conoc铆an perfectamente el diagn贸stico sobre la viabilidad del feto debido a la concurrencia de circunstancias adversas.

Dispon铆an de un diagn贸stico prenatal en el que de una manera imposible de rebatir, describ铆a las patolog铆as y las calificaba como un “pron贸stico infausto”  si no se pon铆a fin al embarazo. Me cuesta trabajo admitir que un profesional de la medicina, por muy profundas que sean sus convicciones religiosas, permanezca insensible ante la descripci贸n pormenorizada de todas las secuelas que en ese momento y en el futuro podr铆a padecer el feto si llegaba a t茅rmino. O sus convicciones no son tan profundas o la religi贸n que practican predica la crueldad y el castigo. Los m茅dicos, en ning煤n caso, como les recuerda una f贸rmula anglosajona del juramento Hipocr谩tico, deben jugar a ser Dios.

Desde tiempos remotos los m茅dicos han asumido, como compromiso 茅tico, el denominado Juramento Hipocr谩tico. Su contenido original se ha ido adaptando al avance de las ciencias m茅dicas y a los textos que proclaman los derechos humanos reconocidos en todas las Constituciones democr谩ticas. La Organizaci贸n Mundial de la Salud y las Convenciones internacionales como la Convenci贸n de Ginebra de 1948,  reformulada en Chicago en el mes  octubre de 2017, establecen como obligaciones deontol贸gicas: respetar la autonom铆a y la dignidad de los pacientes, dedicar su vida al servicio de la humanidad, velar por su salud y no permitir que sus creencias religiosas se interpongan entre sus deberes y los pacientes.

Ley Org谩nica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupci贸n voluntaria del embarazo, explica para quien quiera entenderlo que: “el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreaci贸n est谩n directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protecci贸n a trav茅s de distintos derechos fundamentales. La decisi贸n de tener hijos y cu谩ndo tenerlos constituye uno de los asuntos m谩s 铆ntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un 谩mbito esencial de la autodeterminaci贸n individual. Los poderes p煤blicos est谩n obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, tambi茅n, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atenci贸n sanitaria, asesoramiento o informaci贸n”.

El legislador introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organizaci贸n Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prev茅 la adopci贸n de un conjunto de acciones y medidas tanto en el 谩mbito sanitario como en el educativo. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resoluci贸n 1607/2008, de 16 abril, reafirm贸 el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad f铆sica y a la libre disposici贸n de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisi贸n 煤ltima de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestaci贸n razonables. La interrupci贸n voluntaria del embarazo se llevar谩 a cabo en un centro sanitario p煤blico y, en su caso, en un centro privado acreditado y autorizado.

El art铆culo 43 de nuestra Constituci贸n proclama, como un principio rector de la pol铆tica social, la protecci贸n del derecho a la salud e impone a  los poderes p煤blicos la obligaci贸n de organizar y tutelar la salud p煤blica por medio de las prestaciones y servicios necesarios. A帽ade que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizaran en condiciones de igualdad efectiva, entre mujeres y hombres, evitando que, por sus diferencias f铆sicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias. Las administraciones p煤blicas competentes organizar谩n y desarrollar谩n todas las acciones sanitarias a las que se refiere este t铆tulo, dentro de una concepci贸n integral del sistema sanitario.

Nuestra Constituci贸n solo reconoce expresamente la objeci贸n de conciencia a la prestaci贸n del servicio militar. Derecho ya inoperante al haberse suprimido su obligatoriedad. El Tribunal Constitucional, antes de la promulgaci贸n de la Ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo, admiti贸 la existencia de un derecho a la objeci贸n de conciencia del personal sanitario, bas谩ndose en que forma parte del derecho fundamental a la libertad ideol贸gica y religiosa reconocido en el art铆culo 16.1 de la Constituci贸n. Sin perjuicio de un necesario debate sobre esta decisi贸n, lo cierto es que la ley reguladora de la interrupci贸n voluntaria reconoce la objeci贸n de conciencia individual, en ning煤n caso colectiva, siempre que se expresen las motivaciones y se anote en los registros correspondientes.

Los Hospitales del servicio p煤blico de salud no pueden, metaf贸ricamente, ejercer indirectamente la  objeci贸n de conciencia, dejando de ofrecer esta prestaci贸n sanitaria. No es admisible la pasividad de los poderes p煤blicos ante el incumplimiento flagrante de las obligaciones constitucionales, legales, morales, 茅ticas y deontol贸gicas que deben asumir los profesionales de un servicio m茅dico hospitalario y, lo que es m谩s grave, el cierre de la prestaci贸n sanitaria a la interrupci贸n voluntaria del embarazo. Esta pasividad y tolerancia es inconstitucional y pone en peligro la vida y la salud de muchas mujeres.

No parece que el cumplimiento estricto de las obligaciones que debe asumir el Servicio P煤blico de Salud sea una tarea complicada. Se puede reforzar el servicio con profesionales no objetores o con traslados como los que hemos visto 煤ltimamente con motivo de la pandemia. Existen variantes que pueden evitar el intolerable abandono, por parte de las autoridades p煤blicas y sanitarias, de sus obligaciones constitucionales.

Enlace relacionado Publico.es (06/10/2021).




Fuente: Sasmadrid.org