July 26, 2021
De parte de SAS Madrid
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Durante el primer trimestre del 2021 se han efectuado 10.961 desahucios en Espa帽a, a pesar de la pandemia.

Cuando Ainhoa ten铆a 11 a帽os decidi贸 recoger firmas en su colegio para que ella no perdiera su casa. Su madre, Luz Mary Ballesteros, de 41, acababa de recibir una notificaci贸n de un juzgado en donde le informaban que iban a ser desahuciadas. Corr铆a el a帽o 2015. Su caso supuso tan solo uno de los 83.990 lanzamientos que se han producido en Madrid desde 2013 hasta septiembre de 2019, seg煤n el Consejo General del Poder Judicial.

Dicho y hecho. Ainhoa fue a su colegio en Usera y pidi贸 a sus compa帽eros y profesores firmar una petici贸n contra su desahucio. Aquello no sali贸 como esperaba. En vez de recibir ayuda, su d铆a a d铆a en el centro se convirti贸 en un infierno. “Me empezaron a llamar pobre y okupa”, recuerda la joven, que en ese momento no sab铆a lo que esas palabras significaban. Al terminar el a帽o escolar, sus padres decidieron sacarla de ah铆 por el acoso escolar que sufr铆a, que hizo que tuviera que repetir quinto de Primaria.

Ainhoa no era la 煤nica que lo pasaba mal en su familia: “Yo nunca les cont茅 a mis hijas lo que estaba pasando, pero ellas se daban cuenta porque me ve铆an llorar y hablar por tel茅fono”, dice Ballesteros. La familia gan贸 el primer juicio y pudo quedarse en la casa un tiempo m谩s. “Cuando me qued茅 sin trabajo, decid铆 empezar a ir a la iglesia. All铆 conoc铆 a una monja que me dijo que me alquilaba dos habitaciones en su piso”, recuerda. Cuando llegaron a la casa, despu茅s de un tiempo la monja desapareci贸 y nunca volvieron a saber de ella. No fue sino dos a帽os despu茅s cuando lleg贸 la polic铆a y les dijo que el due帽o de la casa nunca termin贸 de pagar la hipoteca y que a ella la iban a demandar por usurpaci贸n de vivienda. Ballesteros decidi贸 empezar a acudir a reuniones de las plataformas anti desahucios para buscar quien le orientara en la b煤squeda de un alquiler social.

Fue all铆, un viernes por la tarde, en Usera, mientras transcurr铆a la asamblea del barrio, donde Ainhoa empez贸 a entender lo que significaba un desahucio. No fue la 煤nica. Mientras los adultos discut铆an sus problemas de vivienda en un sal贸n, un grupo heterog茅neo de ni帽os de entre dos y 15 a帽os se acostumbr贸 a esperar en el pasillo a que aquello terminara.

En su af谩n por matar el tiempo y alejar el tedio, pronto empezaron a hablar entre s铆, a preguntarse unos a otros qu茅 hac铆an all铆, a escuchar y contar sus historias, tan diferentes y tan parecidas a la vez. Una cosa los un铆a: eran los ni帽os desahuciados de Madrid.

La falta de coordinaci贸n en problemas de vivienda ha llevado a que organizaciones internacionales como Amnist铆a Internacional y Save The Children exijan a las autoridades locales que pongan en marcha protocolos para evitar que ning煤n menor sea desahuciado sin una alternativa habitacional. Durante el primer trimestre del 2021 se han efectuado 10.961 desahucios en Espa帽a, a pesar de la pandemia.

Save The Children trabaja en este momento con 443 familias en situaci贸n de pobreza extrema en la Comunidad de Madrid. “El 80% de estas familias est谩n en riesgo de desahucio”, afirma Gabriela Jorquera, portavoz de la oeneg茅. Jorquera destaca lo traum谩tico que es para los menores la fase previa de un desahucio. “A los ni帽os vivir el estr茅s y la ansiedad a trav茅s de sus padres les afecta enormemente, y puede dejar traumas a largo plazo”, afirma.

El proceso que vive un menor al ser desahuciado es similar a un duelo. “La p茅rdida del hogar puede resultar una experiencia muy dolorosa si los padres no pueden acompa帽arles emocionalmente”, explica la psic贸loga, Rosa Luna.

“Pueden producirse distintos trastornos de ansiedad y de 谩nimo como la depresi贸n. En ni帽os esto se refleja en forma de tristeza y aislamiento. Tambi茅n lo pueden llegar a expresar con rabia hac铆a los culpables de esta situaci贸n dando lugar a conflictos. Esto puede afectar su concentraci贸n y sus resultados acad茅micos”, afirma Luna.

“La legislaci贸n espa帽ola se ha comprometido en tratados internacionales a respetar el derecho a la vivienda de los menores, pero no se est谩 cumpliendo”, denuncia Marta Mendiola Gonzalo, responsable de derechos sociales en Amnist铆a Internacional.

Espa帽a ya ha sido sancionada por el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de la ONU en cinco ocasiones en Madrid. El abogado especialista en vivienda, Javier Rubio, llev贸 a Naciones Unidas el caso de Viviana L贸pez y sus seis hijos que fueron desahuciados en junio de 2018 de la casa que okupaban en el distrito de Carabanchel.

Alejandro, el mayor de los seis, recuerda el d铆a en que le toco madurar a la fuerza. “Una ma帽ana llegaron a mi casa m谩s de 20 tanquetas de antidisturbios, mis hermanos y mi mam谩 ten铆an mucho miedo. Mi pap谩 nos hab铆a abandonado y yo tuve que asumir su papel. No nos dejaron sacar todas nuestras cosas”, recuerda. “Yo trat茅 de coger la mayor cantidad de ropa que pude, pero tuve que dejarle a mi gata Natasha a mi novia porque no sab铆amos a donde nos iba a llevar el Samur”.

Los d铆as siguientes los pasaron en un albergue en el barrio La Fortuna. “Yo la pas茅 muy mal, tuve ansiedad y depresi贸n, pero yo trataba de ser fuerte por mi familia”, dice Alejandro. “A mis hermanos les daba verg眉enza todo lo que nos estaba pasando y prefer铆an no salir con sus amigos por miedo a que quisieran ir a la casa, y pues no ten铆amos casa”.

El asunto ha sido incluso objeto de estudio. Thomas Ubricht, investigador de la Asociaci贸n Provivienda, redact贸 en 2019 un informe con el elocuente t铆tulo de Cuando la casa nos enferma. En 茅l, afirma: “Es una obligaci贸n de las autoridades garantizar por ley la protecci贸n de las familias con menores para impedir los desalojos sin alternativa habitacional debido a la experiencia traum谩tica y a las secuelas principalmente psicol贸gicas que estas situaciones dejan en las familias y sus hijos”.

“El sistema judicial es el que desahucia, y debe poner en conocimiento del Ayuntamiento que se va a proceder al desahucio. El problema es que el procedimiento judicial suele ser muy complejo y, de todos los desahucios que se producen, al Ayuntamiento a menudo no le llega la notificaci贸n porque no hay un sistema de coordinaci贸n”, afirma un portavoz del Ayuntamiento.

Cuando al Consistorio llega la notificaci贸n de un desahucio, explica este portavoz, incluido el de familias con ni帽os menores, el Samur Social siempre va y pregunta si tienen una alternativa ocupacional. “Si le dicen que no, se procede a garantizar una”, afirman desde el 脕rea de Pol铆ticas Sociales.

Alejandro ahora est谩 viviendo en el sal贸n de su t铆o con sus seis hermanos y su madre. Tuvo que dejar el colegio para ponerse a trabajar. Pasan los d铆as y siguen esperando a que la Comunidad de Madrid los repare y les entregue una casa en donde se puedan volver a sentir seguros.

Enlace relacionado P煤blico.es 24/07/2021.




Fuente: Sasmadrid.org