January 17, 2021
De parte de ANRed
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B’Tselem define el sistema israelí como supremacista y Netanyahu y Trump atacan fuerzas pro-sirias mientras un tribunal iraquí emite una orden de detención contra el presidente de los Estados Unidos. Mientras, Túnez sigue navegando una transición democrática que trae urnas sin progreso económico. Por Joan Cabasés Vega (El Salto)


Por primera vez, una organización local en Israel utilizó el concepto apartheid, tabú en algunos sectores de la sociedad israelí, para definir el sistema bajo el que viven 14 millones de personas entre el río Jordán y el Mediterráneo. En la última semana de Donald Trump en la Casa Blanca, las autoridades israelíes y estadounidenses se coordinaron para perpetrar ataques en el este de Siria, asesinando a 57 combatientes defensores del régimen de Bashar al-Asad.

A su vez, una investigación vincula empresarios cercanos al presidente al-Asad con la compañía que importó 2750 toneladas de nitrato de amonio en Beirut, las mismas que hicieron volar por los aires el puerto de la ciudad y que mataron a más de 200 personas. En Iraq, un tribunal emitió una orden de detención contra el presidente Trump como parte de su investigación por los asesinatos tanto del dirigente iraní Qasem Soleimani como del líder militar iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, ambos ocurridos el 3 de enero de 2020 en los alrededores del aeropuerto de Bagdad. En Túnez, el noveno gobierno desde la revolución de 2011 se abre paso en una joven democracia que trae urnas y aumenta la libertad de expresión, pero que no erradica la corrupción ni la desesperación económica.

B’Tselem acusa Israel de supremacismo“No se puede vivir ni un solo día en Israel ni en Palestina sin darse cuenta de que en este territorio existe un esfuerzo contínuo en privilegiar por encima de los demás a un único grupo de personas: la comunidad judía”. Esta es la frase inicial con la que el martes, por primera vez, una entidad israelí, defensora de los derechos humanos en los territorios palestinos, acusó abiertamente al estado de Israel de ser un “régimen de apartheid”. El artículo —publicado en The Guardian y firmado por Hagai el-Ad, jefe de la destacada organización B’Tselem—, denuncia que “No ho hay un solo palmo de territorio controlado por Israel en el que un palestino y un judío sean iguales”. La pieza cita, entre otros, al primer ministro Benjamin Netanyahu cuando en 2019 afirmó que “Israel no es un estado de todos sus ciudadanos”.

Este comunicado supone un precedente en la sociedad israelí en la que, para muchos sectores, el concepto apartheid es prácticamente tabú. Amjad Iraqi, palestino residente en Israel y editor de la revista +972, formada por periodistas palestinos e israelíes, ha recordado que “Israel no es un apartheid porque de repente lo haya reconocido una entidad israelí. Grupos palestinos lo denuncian desde hace tiempo”.

Las críticas internas hacia el rumbo político de Israel se suman a las que la Comisión Europea expresó el martes sobre la construcción de 800 nuevas viviendas destinadas a colonos en la ocupada Cisjordania

Estas críticas internas hacia el rumbo político de Israel se suman a las que la Comisión Europea expresó el martes sobre la construcción de 800 nuevas viviendas destinadas a colonos en la ocupada Cisjordania, anunciada el lunes por Netanyahu. El portavoz comunitario, Peter Stefano, denunció la actividad de Israel en los territorios ocupados en unos términos inusualmente punzantes: “La UE está fundamentalmente en contra de los asentamientos, tanto de construirlos como de ampliarlos”.

Stefano llamó a “reiniciar las conversaciones entre las partes” y pidió explícitamente detener la construcción de asentamientos: “Son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y constituyen un obstáculo para el proceso de paz y para la solución de los dos estados”. Las instituciones europeas, sin embargo, no han acompañado estas declaraciones de acciones concretas que puedan forzar un cambio de actitud por parte de los dirigentes israelíes.

La OLP ha declarado que el proyecto de las 800 viviendas “intenta beneficiarse de los últimos días del actual gobierno estadounidense” de Donald Trump. Yair Lapid, miembro de la oposición israelí, criticó que el movimiento “lleva a Israel a una confrontación innecesaria con Biden”, presidente de los Estados Unidos a partir del próximo día 20 de enero y de quien se espera una mínima oposición a la política de asentamientos.

La iniciativa de Netanyahu podría aumentar el apoyo electoral hacia su candidatura durante las próximas elecciones del 23 de marzo, las segundas en plena pandemia y las cuartas en dos años. Se cree que Netanyahu querría demostrar que él es el único candidato capaz de evitar que Washington lidere las políticas israelíes en los territorios palestinos.

Trump y Netanyahu bombardean Siria conjuntamente

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos —con base en Londres— informó ayer de que ataques lanzados por aviones militares israelíes en Siria asesinaron a 57 personas en el este del país. La ofensiva, la mayor hecha por Israel en mucho tiempo, tenía como objetivo milicias pro-íraníes, que en el conflicto sirio apoyan al presidente Bashar al-Asad. Supuestamente todas las víctimas del ataque fueron combatientes partidarios del régimen.

Un alto cargo de Washington en condición de anonimato reconoció a The Associated Press que el lanzamiento de misiles se ha producido con inteligencia proveída por los Estados Unidos, lo que supone una demostración de coordinación militar que las autoridades estadounidenses e israelíes no suelen ejercer en la guerra de Siria. La fuente añadió que los ataques perseguían espacios cerrados usados para almacenar armamento iraní y materiales que contribuyen en el programa nuclear de Teherán.

De hecho, el mismo alto cargo declaró que el secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, planificó el ataque junto con el jefe de la Mossad, la inteligencia israelí, en una reunión en el Café Milano de Washington. El posible contenido de esa reunión levanta rumorologías y temores a falta de una semana para que, en teoría, Donald Trump abandone la presidencia de los Estados Unidos.

En los últimos días, residentes en Beirut acuden a las redes sociales para denunciar el vuelo bajo de aviones militares israelíes, una violación habitual de su espacio aéreo por parte de Tel Aviv que provoca malestar en una población que ya ha sufrido bombardeos y explosiones en su propia ciudad.

Vinculan empresarios cercanos a al-Asad con los explosivos del puerto de Beirut

Informaciones publicadas ayer por el periódico libanés Al Jadeed y posteriormente desarrolladas por Al Jazeera vinculan a tres empresarios sirios con la compañía que en 2013, transportó al puerto de Beirut las 2750 toneladas de nitrato de amonio que provocaron la tremenda explosión del pasado 4 de agosto.

Los tres hombres citados en la investigación reciben sanciones desde hace años por parte de los Estados Unidos, quienes les acusan de ofrecer servicios al gobierno sirio de Bashar al-Asad. Un comunicado del Tesoro Estadounidense anunciaba en noviembre de 2015 las sanciones contra uno de ellos, Mudalal Khuri, por supuestamente “intentar proporcionar nitrato de amonio [al gobierno sirio] en 2013”, el mismo año en el que dicha sustancia explosiva llegó al puerto de Beirut.

Informaciones vinculan a tres empresarios sirios con la compañía que en 2013, transportó al puerto de Beirut las 2750 toneladas de nitrato de amonio que provocaron la tremenda explosión del pasado agosto.

Anteriormente, la Red Internacional de Armas Explosivas había acusado al ejecutivo de al-Asad de usar nitrato de amonio para la producción de armas letales e ilegales, como las bombas de barril. A día de hoy no está claro si el total de las 2750 toneladas de nitrato de amonio importadas a Beirut explotaron el pasado 4 de agosto, provocando más de 200 muertes y la destrucción de barrios enteros de la ciudad, o si parte del cargamento fue previamente extraído y trasladado a algún otro sitio.

Iraq ordena la detención de Trump

Un tribunal en Bagdad emitió el pasado jueves una orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su investigación por el asesinato del comandante militar iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, el 3 de enero de 2020, en una ubicación cercana al aeropuerto de la capital iraquí. Al-Muhandis, líder de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes, murió durante la misma ofensiva que mató al dirigente iraní Qasem Soleimani, el que fuera el segundo hombre más poderoso de Irán, solo por detrás del Líder Supremo, Ali Khamenei.

Las Fuerzas de Movilización Populares de Iraq son una organización paraguas que comprende varias milicias, algunas de mayoría chií y vinculadas a las autoridades de Teherán, que fue clave en la lucha contra Estado Islámico en territorio iraquí. La orden de detención contra Trump, que después del ataque se vanaglorió públicamente de haber apartado “a dos por el precio de uno”, fue emitida bajo un artículo del código penal iraquí que habilita la pena de muerte, según indicó el tribunal.

El pasado domingo 3 de enero, cuando se cumplía un año del asesinato de Soleimani y de al-Muhandis, miles de personas se concentraron en la autopista que lleva al aeropuerto de Bagdad

Parte de las autoridades en Iraq vieron el ataque perpetrado en suelo iraquí como una violación a su propia soberanía y pidieron la retirada de las tropas estadounidenses del país. El pasado domingo 3 de enero, cuando se cumplía un año del asesinato de Soleimani y de al-Muhandis, miles de personas se concentraron en la autopista que lleva al aeropuerto de Bagdad, donde un año antes un mísil disparado desde un dron atacó el convoy que los trasladaba.

10 años después, Túnez vota pero no avanza

Ayer jueves se cumplían 10 años desde que las revueltas tunecinas que exigían trabajo y dignidad forzaron el exilio del dictador del país, Zine el Abidine Ben Alí. Túnez abrió entonces un proceso de transición democrática que el mundo árabe-musulmán sigue de reojo y en el que muchos en el país aún creen a pesar de los objetivos incumplidos.

Desde el 2011, Túnez vive en democracia y sus ciudadanos acuden a las urnas y gozan de una mayor libertad de expresión. El régimen de 23 años de duración de Ben Alí encarceló disidentes y reprimió los pocos márgenes de libertad que había dejado Habib Burguiba, el anterior líder totalitario casi desde la independencia de Túnez. La débil sociedad civil —con periódicos independientes como el Errai o el Democratie— perdía fuerza, mientras que Ben Alí era visto como un mafioso que se movía únicamente por enriquecimiento personal.

Pero la nueva democracia tunecina, en la que se han celebrado seis elecciones, ha sido incapaz de aportar soluciones a los problemas que en 2011 arrastraban a tantos ciudadanos a la desesperación económica. El desempleo continúa siendo elevado, con unas cifras que despuntan entre los jóvenes del interior, la deuda pública es de un 80% y la corrupción continúa llevándose por delante las aspiraciones del país. Transparencia Internacional calcula que en el mundo hay 73 países más limpios de corrupción que Túnez, mientras que el 18% de los tunecinos admiten haber pagado propinas a funcionarios durante el último año.

La falta de soluciones planteadas por los líderes tradicionales ha llevado a muchos ciudadanos a confiar en tecnócratas. El académico Kais Said consiguió una sorprendente victoria en las elecciones presidenciales del otoño de 2019, siendo alguien sin experiencia ni afiliación política y crítico con la clase política salida de la revolución de 2011. El 90% de los jóvenes que participaron en los comicios votaron por él, lo que representa la desconfianza hacia los dirigentes en un país exportador de frustración juvenil.

El actual gobierno tunecino es el noveno desde 2011 a consecuencia de los obstáculos que la transición democrática afronta dentro y fuera del país

El actual gobierno tunecino es el noveno desde 2011 a consecuencia de los obstáculos que la transición democrática afronta dentro y fuera del país. Internamente, la disputa entre los partidarios de un estado secular y los que defienden un estado islamista acentúa la parálisis política. También existe la latente amenaza yihadista, que mantiene Túnez —país de donde han salido más combatientes radicalizados— en estado de emergencia desde 2015 y que pretende dinamitar el asentamiento del sistema democrático.

Abir Moussi, antigua secretaria general del partido de Ben Alí y actual líder del PDL, partido que representa a los nostálgicos del régimen, lidera las encuestas en medio de la desafección hacia un sistema que no proporciona mejoras materiales. Externamente, el tablero regional supone otro impedimento: ciudadanos partidarios de la revolución en Túnez creen que países como Arabia Saudí querrían que la transición fracasara y que el territorio se mantuviera inestable, ante la amenaza que supondría para sus intereses la existencia de una democracia islamista como la que podría ser la tunecina.

Varias voces desde Túnez han criticado la mirada con la que algunos medios occidentales explican la lucha de los ciudadanos del territorio por tener un país mejor. Algunas publicaciones se han centrado en el testimonio de tunecinos que lamentaban la aparición de las revueltas en el país, alegando que no han valido la pena, en un tono culpabilizador hacia Mohamed Bouazizi, el hombre que involuntariamente propició el inicio de las protestas al prenderse fuego. Otro caso habitual ha sido entrevistar a la hermana del propio Mohamed, exiliada en Canadá, evidentemente dolorida por la muerte de su hermano y declaradamente desesperanzada con la transición tunecina.

Túnez pasa por un mal momento que se alarga desde 2011 hasta hoy: entre enero y septiembre de 2020, casi 10.000 tunecinos saltaron al mar en un intento de llegar a Europa. Pero muchos ciudadanos del país piden respeto y tiempo, ya que, según dicen, una democracia de éxito no se instaura de la noche al día.





Fuente: Anred.org