July 7, 2021
De parte de La Haine
112 puntos de vista


Tras el rapapolvo recibido desde los tribunales y desde Bruselas por abuso de la temporalidad en la Administraci贸n P煤blica, CCOO y UGT han cerrado este martes un acuerdo con el Gobierno que traiciona las demandas esenciales de este colectivo de trabajadores y que implica que muchos de ellos vayan a la calle.

El acuerdo se ha pretendido vender como la f贸rmula perfecta para reducir la temporalidad en la Administraci贸n P煤blica a cifras homologables a las existentes en el entorno europeo (la media europea es un 8%), partiendo del 30% existente en la actualidad. Sin embargo, muchos de los puestos no ser谩n cubiertos por personal p煤blico, sino que, por el contrario, para muchos sectores de la Administraci贸n servir谩 de plataforma para subcontratar m谩s servicios p煤blicos para el sector privado y, de ese modo, precarizar a煤n m谩s la situaci贸n actual de las plantillas.

Como denuncian los sindicatos Co.Bas, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederaci贸n Intersindical, que el pasado d铆a 18 de junio convocaron un paro general en todo el sector p煤blico, 鈥渃on esta reforma se asientan las bases del desmantelamiento de unos Servicios P煤blicos muy deteriorados tras a帽os de destrucci贸n de empleo p煤blico y de privatizaciones鈥.

La precarizaci贸n y la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos es moneda de cambio habitual en la Administraci贸n desde hace m谩s de una d茅cada, sobre todo tras la crisis de 2008 y las pol铆ticas de amortizaci贸n de puestos y la baja tasa de reposici贸n del personal p煤blico. Estas se han cebado sobre todo en sectores esenciales de la administraci贸n, tales como Sanidad, Educaci贸n o los Servicios Sociales. Algo que el Gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia鈥, no ha dejado de implementar, como demuestran las pol铆ticas precarizadoras que contin煤an, siendo claro ejemplo el aumento de la ratio en la ense帽anza, con la ley Cela谩 o la continuidad en el deterioro y desmantelamiento de la Sanidad o los Servicios Sociales.

Ante esta situaci贸n las burocracias sindicales de CCOO, UGT y CSIF, m谩s all谩 de denuncias generalizadas y de cara a la galer铆a, han firmado acuerdo tras acuerdo con gobiernos del PP, el PSOE y ahora con el Gobierno PSOE – Unidas Podemos.

Estabilizar plazas, pero no personas

El acuerdo afecta a un n煤mero indeterminado de trabajadores de la Administraci贸n, 800.000 para los sindicatos y 300.000 para la Administraci贸n. Algo muy inquietante si pensamos en c贸mo est谩n funcionando los mecanismos de control sindical sobre este aspecto tan esencial, para saber qu茅 pasa con esos puestos y evitar que se pierdan en favor del sector privado y garantizar sus derechos.

Con el acuerdo alcanzado lo que se pretende es convocar de manera masiva ofertas p煤blicas de empleo (OPEs), que son presuntamente ilegales dado que superan con creces el per铆odo m谩ximo establecido en la propia ley vigente recogida en el Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico del tiempo m谩ximo para convocar OPEs. Algo que como han venido denunciado las y los trabajadores afectados posibilitaba, ante el flagrante incumplimiento y fraude de la ley por el abuso de la temporalidad para puestos estructurales, el acceso de los afectados a sus puestos de manera directa a sus puestos de trabajo. Las y los trabajadores interinos de la Administraci贸n P煤blica no tienen por qu茅 pagar en sus carnes el abuso de la precarizaci贸n de una gesti贸n que los ha condenado y sometido a peores condiciones, adem谩s que al resto de las y los trabajadores. Adem谩s, no ser铆a la primera vez que se hace una regularizaci贸n directa y, de hecho, hace pocos meses el Gobierno Canario anunci贸 que iba a estabilizar a 3.000 trabajadores interinos de su administraci贸n sin pasar por una oposici贸n.

Sin embargo, en este caso se ha optado por estabilizar las plazas, pero no a las personas que las estaban ocupando produci茅ndose un gigantesco ERE encubierto en el seno de la Administraci贸n P煤blica de un volumen infinitamente mayor que el que se ha producido en todo el sector financiero, que se cifra en unos 35.000 puestos. En este caso estamos hablando en cifras por encima de 800.000.

La reforma aprobada va a poner contra las cuerdas a este colectivo dado que despu茅s de muchos a帽os de servicios se ver谩n sometidos a pruebas, sobre todo de una memorizaci贸n absurda, y sobre cuestiones que en muchos casos no son utilizadas en los trabajos concretos que hay que desarrollar en el seno de la Administraci贸n. Adem谩s, se trata de un personal que ha venido demostrando su val铆a en su quehacer diario en su puesto de trabajo. Personas que se van a ver en la calle, en muchos casos con cargas familiares y que, por edad, situaci贸n personal y familiar, van a tener enormes dificultades para poder prepararse un sistema de oposici贸n basado en criterios de principios del siglo pasado.

Un pacto para lavarle la cara al Gobierno 鈥減rogresista鈥

El pacto incide en que a partir de ahora los contratos temporales tendr谩n una duraci贸n m谩xima de tres a帽os, de modo que esas plazas tendr谩n que incluirse en las OPE futuras que tienen que salir en ese plazo m谩ximo establecido. Algo que no deja de ser ir贸nico, dado que el propio acuerdo comienza incumpliendo esa directriz temporal al establecer que el proceso de estabilizaci贸n deber谩 estar resuelto para el 31 de diciembre de 2024 y que afectar谩 a las plazas ocupadas temporalmente anteriores al 31 de diciembre de 2020, pero sobre todo para aquellas que no se hayan incluido en los procesos de 2017 y 2018. Por lo tanto, es claro que esos plazos se van a superar holgadamente, al menos en esta etapa transitoria, pudiendo llegar algunos a resolverse en pr谩cticamente siete a帽os. Y una regulaci贸n que establece algo que ya era as铆 previamente, como si de un gran logo se tratara.

Por otra parte, la Administraci贸n y como forma de penalizaci贸n y compensaci贸n al trabajador por el despido, si supera ese plazo de tres a帽os, deber谩 indemnizar al personal afectado con 20 d铆as por a帽o de trabajo y con un tope de hasta 12 mensualidades. Es decir, que la compensaci贸n a los trabajadores se sit煤a en los niveles de los costes por despido que establece el Estatuto de los Trabajadores para despidos procedentes por cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. O sea, en el m铆nimo legal posible. Teniendo en cuenta que, adem谩s, como ese coste no sale del bolsillo del empleador, el cargo pol铆tico o directamente el pol铆tico de turno, esto no va a suponer ning煤n freno real a que se vuelvan a producir actuaciones de abusos de la temporalidad sin mayores consecuencias.

Se plantea en este sentido por parte de los sindicatos, algo que formar铆a parte del acuerdo tambi茅n y que servir铆a para evitar abusos, el hecho de que a partir de ahora todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de los plazos establecidos ser谩 nulo de pleno derecho y supondr谩 una exigencia de responsabilidades a los gestores, incluso se帽alan en materia penal. Sin embargo, ya sabemos de lo farragoso y complicado que puede suponer esos procesos judiciales para demostrar un comportamiento conscientemente en fraude de ley a este respecto, solo basta ver los casos recientes ante la justicia y con casos tan claros sobre corrupci贸n u otras presuntas ilegalidades como los de Cifuentes del PP o Monasterio de Vox. En el mejor de los casos pagar谩 el 鈥減ringado鈥 t茅cnico al que siempre se les echan las culpas de todo, pero no el cargo pol铆tico o directamente el responsable pol铆tico de turno.

Con enorme cinismo, para el ministro Iceta este acuerdo se ha producido porque se buscaba 鈥渦na soluci贸n pr谩ctica, justa y que cumpliera con la legalidad para los cientos de miles de personas que ocupan puestos estructurales y que han llegado a ellos ocupando diversos contratos de interinidad鈥, a帽adiendo que no van a 鈥渃ometer ninguna injusticia con ning煤n interino鈥 y van a 鈥渓lamar a las Administraciones para que no se pierda ni un 谩tomo de capacidad de los servicios p煤blicos鈥.

Por la parte sindical el cinismo no es menor. CCOO, en boca de Paco Garc铆a, coordinador del 谩rea p煤blica, ha se帽alado que 鈥渆s un acuerdo que apuesta por dignificar a los eventuales reconociendo que sus derechos son iguales que los fijos y funcionarios de carrera鈥. Cabe preguntarse si en m谩s de 40 a帽os de actuaci贸n sindical en la Administraci贸n han sido incapaces de garantizar derechos tan elementales a las y los eventuales, c贸mo podemos confiar en que de que ahora en adelante con su nueva actuaci贸n capituladora y sin lucha, la cosa va a cambiar radicalmente.

En el caso de UGT, su dirigente Julio Lacuerda, Secretario General de Servicios P煤blicos, no queda en mucho mejor lugar al se帽alar que 鈥渆ste compromiso adopta medidas preventivas y sancionadoras que evitan las anomal铆as que se han venido produciendo c铆clicamente鈥. Primero hay que observar el eufemismo de denominar a una absoluta ilegalidad que se ha producido todo este tiempo, reconocido ya desde los tribunales con los indefinidos no fijos y por Bruselas, como mera anomal铆a. Pero es que, adem谩s, las medidas preventivas y sancionadoras no garantizan la estabilizaci贸n de las y los trabajadores de los que se ha venido abusando, y se seguir谩n haciendo con los que en muchos casos los sustituyan, impunemente conden谩ndolos al desempleo y la exclusi贸n social si no obtienen sus puestos. Ni solucionar谩 la precariedad ni la temporalidad actuales y futuras.

Basta de temporalidad 隆Fijeza YA!

La soluci贸n al drama de los interinos solo puede pasar por la defensa de un sector p煤blico mucho m谩s potente, empezando por que se hagan fijos de forma autom谩tica y sin mediar ning煤n tipo de prueba absolutamente todos los puestos interinos. Esto tiene que ser el inicio de un plan de creaci贸n de cientos de miles de puestos de trabajo de calidad, que den salida al desempleo y a la poblaci贸n m谩s precarizada y con menos recursos. Sobre la base de un plan de emergencia social que debe aumentar los recursos en sanidad, educaci贸n, desempleo, servicios sociales, etc. para atender las necesidades sociales y econ贸micas de la mayor铆a social, incluyendo el reparto de las horas de trabajo sin disminuci贸n salarial en las Administraciones P煤blicas en la perspectiva de extenderlo a todo el sector privado para atacar las bases estructurales del desempleo.

http://www.izquierdadiario.es/Acuerdo-Gobierno-y-sindicatos-una-traicion-a-la-lucha-de-los-trabajadores-interinos-del-sector




Fuente: Lahaine.org