July 10, 2022
De parte de Avispa Midia
92 puntos de vista

El decreto que blinda las obras p煤blicas del gobierno de la cuarta transformaci贸n, carece de fundamento legal, no transparenta procesos, busca evitar amparos y va contra los derechos humanos, coincidieron activistas y defensores en el conversatorio “Pueblos y medio ambiente frente al acuerdo presidencial”.

El 22 noviembre de 2021, el Ejecutivo federal, public贸 en el Diario Oficial de la Federaci贸n (DOF) el acuerdo que 鈥渄eclara de inter茅s p煤blico y seguridad nacional la realizaci贸n de proyectos y obras a cargo del Gobierno de M茅xico鈥 en el que instruye a las dependencias y entidades de la Administraci贸n P煤blica Federal, realizar las acciones en relaci贸n con las obras de gobierno, consideradas por el mismo, de inter茅s p煤blico y seguridad nacional. Todo esto, en el t茅rmino de cinco d铆as.

El Instituto de Investigaciones Jur铆dicas (IIJ) de la UNAM propici贸 el di谩logo de los principales actores en una reuni贸n virtual, en la que opinaron sobre el impacto de este acuerdo asociado a proyectos y megaproyectos de infraestructura de las telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidr谩ulico, h铆drico, medio ambiente, entre otros que por su objeto, caracter铆stica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideran prioritarios o estrat茅gicos para el desarrollo nacional.

Para 脕ngel Sulub del Centro Comunitario Maya U K煤uchil K Ch鈥檌鈥檌balo’on, se trata de un atropello total al Estado de Derecho, pues cada vez hay m谩s pr谩cticas de saqueo y despojo, violando, principalmente, el derecho a la consulta.

鈥淓l acuerdo para los pueblos constituy贸 una prueba m谩s que este gobierno, en general de los Estados nacionales, contin煤an estas pol铆ticas y estas pr谩cticas para el beneficio del gran capital y son quienes establecen las reglas para continuar con las imposiciones鈥, dijo Sulub.

Sulub agreg贸 que “es evidente el desprecio del Estado hacia los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los pueblos ind铆genas por donde avanzan los megaproyectos”.

Mientras, Lourdes Medina Carrillo de Indignaci贸n Promoci贸n y Defensa de los Derechos Humanos, A.C, explic贸 que la justificaci贸n de este acuerdo se basa en el Art铆culo 26 de la Constituci贸n Federal, pero pasan inadvertidos los derechos humanos fundamentales, como el apartado II fracci贸n novena, que habla sobre el derecho a la consulta.

Esto constituye violaciones constitucionales, ilegales y convencionales. Da el poder de manera ilegal de autorizaciones y licencias para ejecutar los proyectos pero sin una previsi贸n de los impactos que van a generar.

鈥淪e habla del derecho a la libre determinaci贸n y este acuerdo cambia el estado en el cual se encuentran los pueblos ind铆genas, pues se les quita la figura. Es una vulneraci贸n de los derechos que ya tienen los pueblos originarios y que ya est谩n reconocidos en la Constituci贸n鈥,explica Media.

Medina se帽al贸 que en el momento de otorgar estas autorizaciones provisionales no se da la oportunidad de generar la informaci贸n que tienen que tener la ciudadan铆a y los pueblos ind铆genas para conocer las afectaciones o incluso ventajas de este tipo de proyectos.

鈥淎l no haber esta posibilidad de acceso a la informaci贸n tambi茅n hay una afectaci贸n a la posibilidad de realizar un control social de la gesti贸n p煤blica, que es lo que est谩 pasando pues no se tienen los mecanismos鈥 y, en este tenor, tampoco se toma en cuenta la Manifestaci贸n de Impacto Ambiental (MIA), destac谩 Medina.

No se pueden suplantar las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado mexicano con este acuerdo, “ya que los amparos interpuestos contra el Tren Maya, por ejemplo siguen un proceso lleno de irregularidades, puntualiza Medina.

Para Marcelina Barranco del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, con este decreto se blinda la informaci贸n: ahora ser谩 de reserva y confidencial permitir los permisos y las licencias en menos de cinco d铆as para dar inicio a las construcciones de los proyectos.

Barranco pone de ejemplo al Aeropuerto Internacional Felipe 脕ngeles, el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya, la refiner铆a Olmeca, el Corredor Interoce谩nico, gasoductos, mineras, hidroel茅ctricas, entre otros en todo el pa铆s. 鈥淪i como pueblos nos negamos, el ej茅rcito y la marina van a tener el derecho de encarcelarnos, asesinarnos y vender nuestro territorio. En lugar de defendernos, ellos van a avalar la entrega de los recursos鈥, agrega Barranco.

Violaciones
Juan Carlos Flores Sol铆s del Consejo Nacional Ind铆gena coincide en cuanto a la ilegalidad de los permisos arbitrarios de estos proyectos y megaproyectos, asumiendo que “tambi茅n implican la restricci贸n y la extinci贸n de los pueblos ind铆genas. Con faltas, incluso a la Ley de Servidores P煤blicos en Materia Administrativa”.

En los amparos interpuestos por el Consejo Nacional Ind铆gena se establecieron al menos 10 art铆culos constitucionales que se violan con este acuerdo, adem谩s de cuatro convenios internacionales y alrededor de 120 art铆culos de cinco leyes generales que se interpusieron en 17 amparos en 10 estados.

鈥淓n el art铆culo 126 de la Ley de Amparo dice que cuando afectan los derechos agrarios o los sujetos ya sea ejidales o bienes comunales, la suspensi贸n se dar谩 de oficio y de plano y nosotros sostenemos que los pueblos ind铆genas con derecho a su territorio y a su libre determinaci贸n son derechos equiparables y se deben proteger de oficio al igual que los derechos agrarios鈥, pues las comunidades se quedan en una situaci贸n de desigualdad frente a las empresas, explica Flores.

En la propuesta de reflexi贸n, Xavier Martinez Esponda del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dijo que el acuerdo es un arma que puede ser utilizada en cualquier momento por el gobierno federal, 鈥渘ulifica y discrimina; esto tiene que ser revertido鈥.

Martinez hizo un llamado al Poder Judicial de la Federaci贸n a que juegue un papel de acuerdo a su funciones. Adem谩s, desde Cemda reconocen que este acuerdo 鈥渆s un esfuerzo del Ejecutivo federal de sustraerse de sus obligaciones constitucionales y convencionales, de la ley misma鈥.




Fuente: Avispa.org