November 24, 2021
De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno
190 puntos de vista


Ciudad de M茅xico, a 24 de noviembre de 2021.- El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci贸n el 鈥淎CUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administraci贸n P煤blica Federal a realizar las acciones que se indican, en relaci贸n con los proyectos y obras del Gobierno de M茅xico considerados de inter茅s p煤blico y seguridad nacional, as铆 como prioritarios y estrat茅gicos para el desarrollo nacional鈥, en el que el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador atribuye el car谩cter de inter茅s p煤blico y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

Hacemos un llamado a la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Uni贸n para que, conforme a sus competencias y facultades, activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales, tal como lo ha decidido el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Informaci贸n y Protecci贸n de Datos Personales (INAI).

Es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, se genere una calificaci贸n anticipada sobre el car谩cter de seguridad nacional y con ello se abra la posibilidad de reservar informaci贸n relacionada con dichos proyectos. Adem谩s, el Acuerdo resulta problem谩tico y de grave preocupaci贸n, ya que da espacio a la opacidad y a la discrecionalidad en la gesti贸n de obras y proyectos p煤blicos, y genera un r茅gimen de excepci贸n en la regulaci贸n de los proyectos de desarrollo en M茅xico.

El Acuerdo instruye a las dependencias de la Administraci贸n P煤blica Federal a otorgar su 鈥渁utorizaci贸n provisional鈥 para dar inicio a las obras necesarias, sin tener que esperar a que las licencias o permisos correspondientes sean otorgados bajo los procedimientos debidos. El Acuerdo fija un mal precedente al declarar como de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura que se consideren prioritarios y estrat茅gicos, pues abre la posibilidad de que reserve informaci贸n relacionada con 茅stos, sin reconocer que estas acciones deben llevarse a cabo s贸lo bajo un an谩lisis casu铆stico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificaci贸n proceder铆a.

Con ello, el Acuerdo pretende eliminar obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorizaci贸n para megaproyectos, tales como la realizaci贸n de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realizaci贸n de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos ind铆genas y equiparables puedan tomar una decisi贸n informada con relaci贸n a dichos proyectos.

Adem谩s, al establecer como de inter茅s p煤blico y prioritarias esas actividades, el Poder Ejecutivo contraviene tambi茅n de manera directa el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos y el derecho a la propiedad de los n煤cleos agrarios, pues dicha propiedad, posesi贸n, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido.

Este Acuerdo se suma a un marco normativo neoliberal vigente en M茅xico desde d茅cadas atr谩s, como la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria El茅ctrica, que prev茅n estas actividades como de utilidad p煤blica y preferentes frente a cualquier otro uso del territorio a costa de los derechos colectivos de pueblos y comunidades ind铆genas y equiparables, lo que se agrava a煤n m谩s con este nuevo acto administrativo del Ejecutivo.

El Art铆culo 6 Constitucional establece que toda la informaci贸n generada y en posesi贸n de cualquier entidad es en principio p煤blica y s贸lo por excepci贸n en los casos expresamente previstos en la legislaci贸n secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podr铆a limitar. Reiteramos que, las restricciones al derecho de acceso a la informaci贸n no pueden ser absolutas ni categ贸ricas, sino que depende de un an谩lisis exhaustivo, a partir de cada caso en concreto, y una prueba de da帽o que demuestre que la divulgaci贸n de informaci贸n genera un da帽o espec铆fico al inter茅s p煤blico o la seguridad nacional.

Por ello, declarar que todos los proyectos y obras p煤blicas a cargo del Estado son de seguridad nacional, genera una aplicaci贸n restrictiva del derecho de acceso a informaci贸n y la m谩xima publicidad, pues posibilita que cualquier informaci贸n pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional, y en consecuencia, clasificar a priori, toda la informaci贸n relacionada con los mismos. Lo que rompe con el principio de regularidad constitucional y contraviene los principios y disposiciones de la legislaci贸n de la transparencia y los tratados internacionales en la materia.

S贸lo las autoridades p煤blicas, cuyas responsabilidades espec铆ficas incluyen la protecci贸n de la seguridad nacional, podr谩n aseverar la seguridad nacional como fundamento para retener informaci贸n siempre que cumplan con los est谩ndares relativos al marco legal de excepciones de informaci贸n. Y el decreto presidencial posibilita que cualquier entidad p煤blica que conozca, intervenga, genere o posea informaci贸n sobre proyectos y obras p煤blicas, pueda invocar este supuesto como reserva, dando paso a actuaciones discrecionales y arbitrarias por parte del Estado.

Por otra parte, es de suma preocupaci贸n que el Acuerdo establezca una excepci贸n tan amplia a requisitos para autorizar la ejecuci贸n de proyectos que tienen asignada una gran cantidad de recursos, permitiendo una autorizaci贸n provisional de proyectos, hasta por 12 meses, lo que limita el despliegue de mecanismos de control y de rendici贸n de cuentas que deben de seguir los proyectos u obras p煤blicas, como los procesos de planeaci贸n, licitaci贸n y ejecuci贸n de los mismos.

La ejecuci贸n de obras y proyectos p煤blicos no s贸lo tiene impacto en el patrimonio p煤blico, sino tambi茅n en la garant铆a de derechos y el acceso a servicios por lo que deben de ejecutarse de manera abierta, p煤blica y respetando los procedimientos, reglas y requisitos previstos en los distintos marcos jur铆dicos, para lograr su utilidad, eficiencia y calidad, que respondan a los problemas p煤blicos, en condiciones de igualdad.

Generar un sistema de excepciones que elimina los mecanismos de evaluaci贸n y control, pone en riesgo el cumplimiento de objetivos de los proyectos y obras p煤blicas conforme a las necesidades sociales y la garant铆a de derechos humanos, pero tambi茅n transgrede la rendici贸n de cuentas y genera un campo f茅rtil para la opacidad y la corrupci贸n. La transparencia y la rendici贸n de cuentas son esenciales en un sistema democr谩tico aut茅ntico. Por ello, limitar controles y mecanismos de prevenci贸n de la corrupci贸n implica un manejo discrecional que impacta frontalmente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

ORGANIZACIONES FIRMANTES
Art铆culo 19 M茅xico y Centroam茅rica, Alianza Mexicana vs Fracking, Alianza por la Libre Determinaci贸n y la Autonom铆a (ALDEA), Asamblea de Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Campa帽a global 鈥淓l Istmo es nuestro 鈥, CartoCr铆tica. Investigaci贸n, mapas y datos para la sociedad civil, Centro de Derechos Humanos, Miguel Agust铆n Pro Ju谩rez, Centro de Estudios Ecum茅nicos AC, Colectiva Ley Minera #Cambi茅moslaYa, Coalici贸n de Organizaciones, Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C., Consejo Regional Totonaco, Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, Coordinaci贸n de Organizaciones Campesinas e Ind铆genas de la Huasteca Potosina (COCIHP). Cultura Ecol贸gica, Equis Justicia para las Mujeres, Enlace Comunicaci贸n y Capacitaci贸n A.C..
Espacio de Coordinaci贸n de Organizaciones Civiles sobre Derechos Econ贸micos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Fundar, Centro de An谩lisis e Investigaci贸n A.C., GESOC, A.C., Grupo Territorio, G茅nero y Extractivismo, Indignaci贸n. Promoci贸n y Defensa de Derechos Humanos A.C, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, Oxfam M茅xico, Proyecto sobre Organizaci贸n, Desarrollo, Educaci贸n e Investigaci贸n (PODER), R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales,
Red de Mujeres Artesanas, Cocineras tradicionales y Productoras del campo. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT), Serapaz. Servicio y Asesor铆a para la Paz A.C., Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a, Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij




Fuente: Tierrayterritorio.wordpress.com