June 30, 2021
De parte de Indymedia Argentina
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Acceso gratuito al sistema judicial para v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de la represi贸n.

En las causas penales, adem谩s de las partes obligadas (juez, fiscal, defensa), la v铆ctima o, en caso de muerte, sus familiares, tienen derecho a intervenir en el proceso para tener su propia voz a trav茅s de una acusaci贸n particular. Para poder intervenir como parte en el proceso, aun cuando organizaciones antirrepresivas o profesionales independientes provean la asistencia t茅cnica solidariamente, sin cobrar honorarios, los sistemas procesales exigen el pago de distintas cargas, tasas e impuestos que muchas veces impiden materialmente el acceso al sistema judicial.

Cada jurisdicci贸n (federal y provinciales) fija y recauda esas sumas de dinero, que se exigen por igual sin atender a la naturaleza del proceso ni a la situaci贸n patrimonial de la parte, y que son independientes de otros gastos necesarios en cualquier proceso, como vi谩ticos o gastos periciales. Los montos se actualizan una o dos veces al a帽o, sin tener para nada en cuenta las 铆nfimas variaciones de los ingresos de las personas.

Por ejemplo, la primera presentaci贸n en una causa penal en la provincia de Buenos Aires requiere previamente pagar el bono de la ley 8480 ($1.038), el jus previsional ($950), la tasa de justicia ($483) y la sobretasa ($48,30), es decir, m谩s de $2.500, monto que se duplica con otro bono y otro jus si, como es aconsejable, se presentan dos profesionales para actuar conjunta o indistintamente. En la provincia de Mendoza, para presentarse como querellante hay que pagar aportes ($2.050), tasa de justicia ($2.300) y derecho fijo ($125). Para interponer un recurso de apelaci贸n, se deben volver a pagar aportes por $2.050.

Para que se autorice la extracci贸n de fotocopias, el escaneo digital o la obtenci贸n de fotos de un expediente judicial, la ley de tasas judiciales de la provincia de Buenos Aires fija la suma de $10 por carilla, es decir, $20 por hoja. Cada 鈥渃uerpo鈥 de un expediente tiene 200 fojas (400 carillas), con lo fotocopiarlo requiere disponer de $4.000. En Mendoza, la tasa por carilla es de $5.

En el 谩mbito federal, para poder recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n es necesario hacer un dep贸sito previo de $100.000. El monto de este dep贸sito representa hist贸ricamente un valor equivalente a mil d贸lares. Cuando en febrero de 1992 debimos interponer recurso de queja ante la CSJN contra el sobreseimiento del comisario Miguel 脕ngel Esp贸sito en la causa por la detenci贸n tortura y muerte de Walter Bulacio, eran $1.000 los necesarios para acceder al m谩ximo tribunal. CORREPI realiz贸 una campa帽a solidaria de aportes para recaudar ese dinero, con apoyo de la secretar铆a de DDHH de la FUBA y medios independientes como FM La Tribu. Si no hubi茅ramos logrado reunir lo que entonces era el equivalente a mil d贸lares, la causa Bulacio hubiera quedado definitivamente cerrada entonces.

La situaci贸n es similar 鈥搃ncluso con montos superiores- en el resto del pa铆s. Estos elevados costos, que dificultan o directamente frustran el acceso al sistema judicial de las personas m谩s vulnerabilizadas, generan una situaci贸n injusta, que se potencia cuando quien cometi贸 el crimen que las afecta es el propio estado recaudador, a trav茅s de su aparato represivo.

Por eso exigimos acceso gratuito al sistema judicial para v铆ctimas y familiares de v铆ctimas de la represi贸n.

Prohibici贸n de la defensa t茅cnica institucional por hechos represivos

Como contracara del esfuerzo que deben realizar las v铆ctimas o familiares de v铆ctimas de hechos represivos para poder acceder al sistema judicial, los ejecutores de esos cr铆menes cuentan con la defensa especializada y gratuita que les proveen los ministerios de Seguridad de la Naci贸n, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Nos cruzamos por primera vez con estos abogados ministeriales en abril de 1991, en la causa Bulacio, en la que fueron los primeros defensores del comisario Miguel 脕ngel Esp贸sito. Desde entonces, los enfrentamos, en juzgados nacionales y provinciales, infinidad de veces. Defendieron a los comisarios de la PFA en la causa por la represi贸n del 20 de diciembre de 2001 y en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. En casos de gatillo f谩cil, defendieron a los polic铆as Juan Jos茅 Luquet (asesino de Marcelo B谩ez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossand贸n (asesino de 鈥淜unky鈥 M茅ndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), Javier Almir贸n (asesino de Gonzalo Crespo), a los cuatro polic铆as asesinos de Marcelo Maione M铆guez, a los polic铆as en la causa Croma帽贸n, a los asesinos de Carlitos Abreg煤 y Emanuel Ojeda, al asesino de Esteban Paniagua, a los polic铆as de la Ciudad que acribillaron a Claudio Romano, entre much铆simos otros. Tambi茅n defendieron torturadores, como los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuk, que torturaron hasta la muerte a Fito R铆os, hijo de Delia Garcilazo y otros como Carlos Fabi谩n Ch谩vez y V铆ctor Pablo Barrionuevo.

En el 谩mbito nacional, existe la Divisi贸n de Asuntos Penales de la Direcci贸n de Asuntos Jur铆dicos del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n; en la provincia de Buenos Aires, la Divisi贸n Asuntos Judiciales de la Direcci贸n Asesor铆a Letrada de Polic铆a; en CABA, la Divisi贸n Asuntos Penales de la Polic铆a de la Ciudad, y as铆 en el resto del pa铆s, con la excepci贸n de Mendoza, provincia en la que sin disimulo alguno el gobernador Cornejo cre贸 la figura del Defensor del Polic铆a a propuesta de A.MU.P.POL, el 鈥渟indicato鈥 policial mendocino.

De acuerdo a la letra de las normas que crean esas dependencias, esos cuerpos de profesionales s贸lo puede intervenir cuando se trata de 鈥渁ctos de servicio鈥. En todos los casos, antes de su intervenci贸n, hay un paso previo, que es el an谩lisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa org谩nica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a polic铆as en actividad o retirados se brinda solamente 鈥渃uando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial鈥. En la provincia de Buenos Aires, se requiere que se trate de un proceso judicial 鈥渓abrado con motivo del cumplimiento de actos o procedimientos del servicio鈥. As铆, su reiterada y sistem谩tica participaci贸n como defensores de autores de fusilamientos de gatillo f谩cil, de torturas y de otros hechos represivos implica la confesi贸n de que esos cr铆menes son, para el aparato estatal, un acto de servicio, a la vez que es una de las pruebas m谩s evidente de que la represi贸n es pol铆tica de estado.

Cuando tuvimos la oportunidad de conocer el borrador del proyecto de ley contra la violencia institucional actualmente con estado parlamentario, presentado por el oficialismo, planteamos la disposici贸n a hacer algunos aportes que nos parecen centrales. Uno de ellos tiene que ver con este punto. El art铆culo referido al tema dice textualmente: 鈥淪e proh铆be la asistencia t茅cnica institucional en delitos graves en contexto de violencia institucional.鈥 Con ese texto, seguir谩 sujeta a la autoridad ministerial la facultad de decidir a qu茅 uniformado defienden en un caso u otro, seg煤n que lo califiquen de 鈥済rave鈥 y 鈥渆n contexto de violencia institucional鈥. Exactamente lo que ya establecen las normas vigentes, con el resultado que hoy vemos. As铆 sucedi贸 en 2011 Carlos Rinc贸n, uno de los cuatro polic铆as federales acusados por el fusilamiento de Marcelo Maione M铆guez, que recibi贸 19 disparos de los 39 que impactaron en el auto en el que hu铆a de la persecuci贸n policial. Como suele suceder, Rinc贸n, estaba en libertad por el homicidio, pero cay贸 preso en La Matanza por su participaci贸n en el robo a un banco. Su defensor, el Dr. Federico Hierro, jefe de la Divisi贸n de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n,   present贸 un escrito en la causa del homicidio en el que inform贸 que se apartaba de la defensa porque 鈥渓a situaci贸n procesal del Sr. Rinc贸n es incompatible con esta Defensa Institucional鈥. O sea, no era 鈥渋ncompatible鈥 defenderlo por acribillar a un pibe de 19 a帽os, sino que hubiera aprovechado su libertad para asaltar un banco.

Por eso, exigimos la prohibici贸n de la defensa t茅cnica institucional por hechos represivos.


Fuente: http://www.correpi.org/2021/agenda-antirrepresiva-urgente-acceso-gratuito-a-la-justicia-para-las-victimas-de-represion-y-no-defensa-estatal-para-sus-victimarios/




Fuente: Argentina.indymedia.org