July 6, 2022
De parte de Indymedia Argentina
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Este martes 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 12 domicilios de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el conurbano bonaerense y el comedor “Primero los Niños”, en el barrio porteño de Saavedra. “Se trata de una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado. Es parte de una acción coordinada a nivel nacional, en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras”, denuncia el movimiento. “Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a movimientos sociales en distintas provincias”, coincidió la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El allanamiento sintoniza con las causas iniciadas contra dirigentes del Polo Obrero y el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron este miércoles 6 el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE en el marco de un clima creciente de estigmatización mediática y criminalización de los movimientos sociales a nivel nacional, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Así lo denunció la Corriente Clasista y Combativa (CCC) este martes 5 de julio: “denunciamos que por la mañana fueron allanadas cinco viviendas de compañeras y compañeros dirigentes de nuestra organización y un comedor popular del barrio de Saavedra en la CABA. Los allanamientos ordenados por el juzgado federal 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, son a raíz de una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado. Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras”, denunció la organización social, que integra la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Frente de Todos (FdT), refiriéndose a los, en principio, cinco allanamientos sufridos por la mañana, pero que con el correr de las horas se fueron multiplicando hasta llegar a un total de 12 viviendas allanadas.

En la misma línea, la organización agrega: “el uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue ‘cajoneado’ por la justicia macrista. Este ataque se da en momentos que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista, que a través de los sectores de la justicia y los medios de información buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional”, remarcaron.

Y suman: “con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social, que estuvimos en la primera línea en la lucha contra la pandemia garantizando miles de comedores populares en todo el país, que peleamos por Tierra Techo y Trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, seguiremos peleando la unidad de los movimientos sociales y de todo el campo popular”, finaliza el comunicado de la CCC.

“Los allanamientos tienen intencionalidad política”

En tanto, Juan Carlos Alderete diputado nacional por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en el Frente de Todos (FdT) y dirigente de la CCC, repudió “enérgicamente esta persecución judicial” en sus redes sociales.

Si bien al comienzo del martes los allanamientos de vivienda de dirigentes fueron cinco, con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse, hasta llegar a 12 viviendas allanadas, según confirmó Alderete al medio Canal Abierto. “Algunos jueces, aprovechando el momento político reactivaron estas causas. Están avanzando contra las organizaciones. Vamos a analizar cómo respondemos a esto que es una provocación enorme”.

El diputado del PTP también explicó detalles de la causa iniciada durante el macrismo contra dirigentes de la CCC: “en el año 2019 algunos compañeros se fueron de la organización y presentaron una denuncia. Los proyectos, en esos años, para hacer cursos de capacitación tenías que alquilar un local, tener mesas, sillas, mínimamente una computadora. Lógicamente, entre los compañeros tenían que hacer una colecta y que cada uno colabore para solventar ese proyecto y poder cumplir los requerimientos. A partir de eso, algunos compañeros y compañeras que se fueron presentaron una denuncia de que les sacábamos plata”.

“Los allanamientos tienen intencionalidad política, hay un malestar tremendo. En estos momentos continúan los procedimientos y los compañeros casi se llegan a enfrentar en La Matanza con la Policía Federal, defendiendo a las compañeras que son muy queridas en el lugar. Nosotros estamos calmando las aguas porque lo que se quiere es que se desmadre la situación social”, remarcó Alderete, quien también informó que en los operativos se les solicitó a los dirigentes sociales las planillas de altas y bajas en los programas sociales, algo que sólo maneja el Ministerio de Desarrollo, dado que las organizaciones únicamente toman lista de la asistencia.

Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de la que la CCC es parte, repudió también los allanamientos y coincidió con la organización: “esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a los movimientos sociales en distintas provincias del país. Con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social y estuvimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, seguiremos peleando en unidad por Tierra, Techo y Trabajo”.
Una escalada de estigmatización, criminalización, y allanamientos y causas cuyo puntapié dio Cristina Fernández

El allanamiento de viviendas y un comedor de la CCC no es un hecho aislado y sintoniza con otros hechos de persecución y avanzada criminalizadora contra los movimientos sociales en todo el país, en el marco de un clima de creciente de estigmatización mediática y deslegitimación hacia las organizaciones sociales por su rol organizador y por el manejo de los planes sociales, desatado tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la interna dentro del FdT que mantiene con el presidente Alberto Fernández, y en medio de una agudización de la crisis socio-económica, la inflación y la pérdida del valor del peso.

Como muestra de esta avanzada podemos encontrar a Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, quien denunció al legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano y al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenaza” y “extorsión”.

También hoy, miércoles 6 de julio, el día comenzó con el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE.


Fuente: https://www.anred.org/2022/07/06/allanan-un-comedor-popular-y-viviendas-de-integrantes-de-la-ccc-es-parte-de-una-accion-coordinada-a-nivel-nacional/




Fuente: Argentina.indymedia.org