December 4, 2020
De parte de SAS Madrid
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Hay ocasiones en las que las cifras repetidas de forma permanente terminan por desdibujar las miles de historias personales ocultas tras ellas. Relatos de dolor, de sufrimiento, de desesperaci贸n. Lo sabe bien Elena Valera, que tuvo que ver c贸mo a su padre se le escapaba la vida en una residencia de la Comunidad de Madrid sin que nadie hiciera nada por evitarlo. De sus palabras, en ocasiones entrecortadas, se desprende un sentimiento de rabia e impotencia.

Ha sido el peor a帽o de su vida. 鈥淣o le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo cuatro d铆as muri茅ndose. Habl茅 con el m茅dico desesperada para que le derivaran, pero me dijo que les hab铆an prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, que solo pod铆an ponerle ox铆geno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara. Fue horrible porque vivo a 300 metros de la residencia y cada vez que me asomaba al balc贸n era horrible saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no pod铆a cogerle la mano, despedirme de 茅l鈥︹, cuenta la mujer. Su caso es solo uno m谩s detr谩s del tsunami de n煤meros en los que se ha convertido la actual crisis sanitaria.

El testimonio de Valera forma parte del trabajo de campo que durante meses ha realizado Amnist铆a Internacional y que se ha terminado plasmando en el informe Abandonadas a su suerte: la desprotecci贸n y discriminaci贸n de las personas mayores en residencias durante la pandemia. El estudio se centra en dos comunidades concretas: Madrid y Catalu帽a. Y llega a una conclusi贸n contundente. 鈥淓n las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminaci贸n de las personas mayores. Adem谩s, las decisiones de las autoridades han impactado tambi茅n en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna鈥, asevera el presidente de la organizaci贸n, Esteban Beltr谩n. Algo que, dicen, podr铆a volver a suceder en las diferentes oleadas que est茅n por venir. Por eso, ponen deberes a las autoridades. Desde revisar los protocolos de derivaci贸n de residentes a los hospitales hasta dotar a los centros de los recursos humanos suficientes o impulsar una investigaci贸n independiente para saber en qu茅 medida 鈥渆l acceso de las personas mayores de residencias鈥 a los servicios sanitarios 鈥渆staba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia鈥.

El informe de Amnist铆a Internacional vincula el drama en las residencias a 鈥渓as medidas de austeridad e infrafinanciaci贸n鈥 de la sanidad en Espa帽a. Un desmantelamiento que se tradujo, en suelo madrile帽o y catal谩n, en una nefasta atenci贸n a las personas mayores en los geri谩tricos durante la primera ola de la pandemia. El ejemplo m谩s sangrante fue el freno a la 鈥渄erivaci贸n hospitalaria de manera generalizada鈥 entre la poblaci贸n residente. 鈥淟a denegaci贸n, sin una valoraci贸n individualizada, vulner贸 manifiestamente el derecho a la no discriminaci贸n de las personas mayores鈥, recoge el informe. En este sentido, la organizaci贸n pone sobre la mesa el Protocolo del Servicio de Emergencias M茅dicas de Catalu帽a en el que se recomendaba no ingresar en la UCI 鈥渁 determinados pacientes de m谩s de 80 a帽os con coronavirus鈥 bajo el 鈥渃riterio de futilidad鈥. All铆, en una residencia catalana, Vicente Arberola, de 89 a帽os, falleci贸 sin pisar el hospital. Trinidad Sastre, de 88 a帽os y con discapacidad f铆sica, s铆 que lo hizo tras la insistencia de su hija Marisol. Pero para cuando eso ocurri贸, ya era demasiado tarde.

El traslado de pacientes enfermos desde las residencias a los hospitales fue muy dif铆cil o casi imposible en Catalu帽a durante ciertas semanas de marzo y abril. Lo denunciaron en su d铆a ante la Fiscal铆a familiares de residentes. Y lo confirmaron los datos de la Generalitat que infoLibre public贸 hace cinco meses: 2.797 mayores murieron esos meses en un geri谩trico catal谩n sin ser derivados a un hospital, una cifra que equivale al 72% del total de residentes fallecidos en dicho periodo.

En Madrid sucedi贸 tres cuartos de lo mismo. El 18 de marzo, la Consejer铆a de Sanidad aprob贸 un Protocolo que prohib铆a trasladar al hospital a mayores de los geri谩tricos que tuvieran un mayor nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Un documento, desvelado por este diario, que firm贸 el entonces director de Coordinaci贸n Socio-sanitaria, Carlos Mur, y que se envi贸 por correo a los gerentes y directores m茅dicos de los hospitales de Madrid y a los altos cargos del Gobierno de Ayuso que deb铆an garantizar su aplicaci贸n. En los d铆as siguientes, se aprobaron otras tres versiones de ese escrito que tambi茅n establec铆an, con mayor o menor crudeza en el lenguaje, criterios de exclusi贸n para trasladar a determinados enfermos. Unos protocolos contra los que carg贸 abiertamente el entonces consejero de Pol铆ticas Sociales, Alberto Reyero. Guerra abierta de la que tuvo constancia, precisamente, Amnist铆a Internacional. El 12 de abril, la organizaci贸n recibi贸 una carta del propio Reyero en la que denunciaba que la Consejer铆a de Sanidad no estaba implicada en evitar el drama que se estaba produciendo en las residencias.

Los datos publicados en su d铆a por este diario pusieron de manifiesto, justamente, que durante las cuatro semanas m谩s cr铆ticas de la pandemia 鈥揹el 9 de marzo al 5 de abril鈥 las derivaciones hospitalarias desde las residencias no solo no aumentaron de forma significativa, sino que se desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Un frenazo que se produjo, con especial intensidad, entre el 16 y el 29 de marzo. Los tres d铆as con menos traslados fueron, concretamente, el 20, 21 y 22 de marzo, justo despu茅s de la aprobaci贸n del Protocolo. Es m谩s, el d铆a 20 fue cuando se envi贸 a los hospitales la segunda versi贸n de dicho documento, que conten铆a la redacci贸n m谩s dura al hablar directamente de 鈥渃riterios de exclusi贸n de derivaci贸n hospitalaria鈥. Esos tres d铆as hubo 42, 40 y 35 traslados, respectivamente, en toda la Comunidad. En enero y febrero la media diaria fue de 120. Cifras a las que hace referencia Amnist铆a Internacional en su informe, en el que denuncia la falta de transparencia de las administraciones p煤blicas en relaci贸n con la informaci贸n relativa al zarpazo de la pandemia en estos centros.

Investigaci贸n independiente

El estudio, adem谩s, pone de manifiesto la desprotecci贸n de los profesionales: 鈥淒urante el pico de la pandemia, el personal de las residencias no cont贸 con la protecci贸n adecuada ni el acceso oportuno a los test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recib铆an de las diferentes instituciones, coloc谩ndolas en una situaci贸n de vulnerabilidad鈥. De nuevo, lo hace a trav茅s de varios testimonios de trabajadores de estos centros. 鈥淧ed铆amos mascarillas, pero nos dec铆an que asustaban a los abuelos鈥, cuenta M贸nica, una auxiliar en una residencia p煤blica de Madrid. Lo mismo pasaba en Catalu帽a. Natalia, una auxiliar en otro centro p煤blico de esa comunidad, hace referencia a mascarillas 鈥渄e papel de fumar鈥, que 鈥渁 la m铆nima que se mojaban se romp铆an鈥. Las profesionales recuerdan equipos de protecci贸n hechos con bolsas de basura, ausencia de test, falta de formaci贸n para hacer frente a la pandemia y un agujero de personal alarmante. El director de una residencia p煤blica catalana, por ejemplo, asegura que en los d铆as cr铆ticos 鈥渆l 60% del personal padeci贸 covid y estuvo de baja鈥.

Adem谩s del derecho a la salud, a la vida y a la no discriminaci贸n, la organizaci贸n considera que tambi茅n se viol贸 el derecho a la vida privada y familiar de los m谩s mayores. Lo dicen, principalmente, por el f茅rreo encierro que se aplic贸 a los residentes. 鈥淣o deben imponerse restricciones generales en la vida privada y familiar de las personas residentes que no sean apropiadas a sus circunstancias espec铆ficas basadas en evaluaciones de riesgo individualizadas鈥, apuntan en el informe. Se congelaron las visitas. Se cancelaron las actividades normales. Y esto, recoge la organizaci贸n, contribuy贸 鈥渁 la soledad de las personas residentes, a su r谩pido deterioro y a la falta de transparencia sobre lo que estaba sucediendo鈥. Las llamadas telef贸nicas o videollamadas se convirtieron en la 煤nica forma de comunicaci贸n. Sin embargo, la mayor铆a de las familias con las que habl贸 Amnist铆a Internacional denunciaron que estas comunicaciones remotas eran, en la mayor铆a de los casos, 鈥渓imitadas e insatisfactorias鈥.

Adem谩s de construir un amplio relato en base a testigos directos de lo que sucedi贸 en los geri谩tricos, la organizaci贸n pone deberes al Estado para que lo que se ha vivido los mayores en estos centros no se vuelva a repetir nunca m谩s. Al Parlamento, que impulse una ley que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de los residentes. Al Ejecutivo catal谩n y madrile帽o, que revisen y modifiquen los protocolos de derivaci贸n hospitalario para que no constituyan ninguna discriminaci贸n en el acceso a la atenci贸n sanitaria. Y al Gobierno central, que impulse una 鈥渋nvestigaci贸n independiente鈥 para saber en qu茅 medida 鈥渆l acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios m茅dicos generales y atenci贸n hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia鈥. Un estudio que, entre otras cuestiones, ponga de manifiesto si se respetaron los derechos y la seguridad del personal cuidador y 鈥渆l grado鈥 en que las comunidades y el Estado 鈥渃umplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atenci贸n en las residencias y los derechos de las personas mayores鈥.

Enlace relacionado InfoLibre .es (03/12/2020).




Fuente: Sasmadrid.org