March 5, 2021
De parte de Rojo Y Negro
30 puntos de vista


Una familia informa de que la huelga indefinida de un solo profesor plantea un grave conflicto al alumnado al que deber铆a atender pedag贸gicamente y evaluar. Dice esta familia lo siguiente: 鈥淧ero el tiempo va en contra de los alumn@s y antes de presentar cualquier reclamaci贸n al Delegado necesitar铆amos asesoramiento para concretar qu茅 hacer teniendo en cuenta las tres cuestiones siguientes: 1) el derecho de huelga del profesor amparado por ley y que nadie cuestiona, pero que al ser indefinida provoca una situaci贸n an贸mala que choca con el derecho a la Educaci贸n del menor. 2) que la direcci贸n del Centro no puede intervenir, no puede dar contenidos ni evaluar pues tambi茅n est谩 recogido por ley y entrar铆a en el “esquirolaje”. 3) que la Administraci贸n tiene la obligaci贸n de cumplir con la Constituci贸n que ampara el derecho a la Educaci贸n del menor, pero no hace nada. Favoreciendo con esta actitud el deterioro de la Ense帽anza P煤blica (supongo que con la intenci贸n cada vez m谩s manifiesta de apostar por la concertada). 驴C贸mo podemos exigir de forma efectiva a la Administraci贸n que cumpla con su obligaci贸n si se escuda en el vac铆o legal y en la situaci贸n extraordinaria?

El primero y el tercero est谩n muy relacionados. Con respecto al 1) conviene puntualizar que el derecho de Huelga del profesorado en s铆 no choca contra el derecho a la educaci贸n del menor. Choca contra los intereses de quienes pol铆tica y partidariamente mente determinan las condiciones laborales de quienes deben ejercer la docencia y se niegan a negociarlos. Los menores y sus familias son las victimas de esos politicos que son incapaces de negociar condiciones laborales adecuadas para que la docencia ejerza sus funciones y de esta forma 鈥渆llos鈥, los politicos, garanticen el Derecho a la Educaci贸n. Y viene al caso un apunte de la sinopsis del art铆culo 27 de la Constituci贸n Espa帽ola.

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp…

鈥淰arios textos internacionales se refieren al derecho a la educaci贸n (art铆culo 26.3 de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, de 10 de noviembre de 1948; art铆culo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales, de 19 de noviembre de 1966; art铆culo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, de 19 de noviembre de 1966; y el art铆culo 2 del Protocolo Adicional 1潞, de 20 de marzo de 1952, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950)鈥 Sin embargo el art铆culo 27 CE es mucho m谩s generoso y brinda una protecci贸n mayor que la ofrecida por los documentos citados… La titularidad del derecho a la educaci贸n se extiende a todos, nacionales y extranjeros (STC 236/2007)鈥

Importa delimitar este asunto porque el personal docente no es garante del derecho a la Educaci贸n, sino quienes legalmente regulan el sistema educativo, es decir quienes ostentan democr谩ticamente los poderes p煤blicos en cada momento.

En lo que respecta al 3), distinguimos dos partes en esta formulaci贸n: La primera que enlaza con la anterior exposici贸n sit煤a la obligaci贸n de la Administraci贸n para garantizar el derecho a la educaci贸n del menor. Y si esta administraci贸n no hace nada es a ella a quien debe reclamarse que realice las acciones precisas para garantizar ese derecho. Y esta acci贸n nunca puede recortar ni cercenar el derecho a la huelga y s铆, por el contrario, obligar铆a a los politicos que regentan las administraciones p煤blicas a negociar condiciones laborales con el personal que trabaja para la Educaci贸n P煤blica. La segunda hace referencia a una declaraci贸n de intenciones, atribuyendo a la Administraci贸n p煤blica el perseguir el 鈥渄eterioro de la Ense帽anza P煤blica鈥. A la vista del deterioro sufrido por la Educaci贸n P煤blica en las 煤ltimas d茅cadas que cada cual haga su valoraci贸n.

Por 煤ltimo esta familia formula una pregunta: 驴C贸mo podemos exigir de forma efectiva a la Administraci贸n que cumpla con su obligaci贸n si se escuda en el vac铆o legal y en la situaci贸n extraordinaria? Es evidente que vac铆o legal no existe, pues el marco legal no impide la negociaci贸n de las condiciones laborales y esta negociaci贸n permitir铆a el normal desarrollo de la actividad educativa. Lo que s铆 es constatable que los politicos encargados de la administraci贸n educativa con su intransigencia pretenden, sin negociaci贸n, imponer las condiciones laborales al personal. La inacci贸n de la administraci贸n para garantizar el derecho a la educaci贸n del alumnado justifica una acci贸n judicial contra quienes la regentan, a t铆tulo personal, porque es su voluntad, s贸lo su voluntad, la que se muestra contraria a encontrar negociadamente soluci贸n al conflicto que genera la convocatoria de Huelga. La Huelga, que evidentemente tiene un alto coste personal y familiar para quien la ejerce, pretende que se negocie lo que laboralmente se reclama. Ante la negativa a negociar 驴Qu茅 camino queda? 隆Y hay tanto que negociar!

驴Qu茅 pueden hacer las familias? Pueden ejercer su derecho denunciar a las personas titulares de las administraciones p煤blicas responsables de la no negociaci贸n de las condiciones laborales del personal docente, en este caso, y pedir que de sus 鈥渂olsillos鈥 salgan indemnizaciones dinerarias por los da帽os evidentes causados a sus hijas e hijos, ya que se les niega un derecho constitucional. Tambi茅n pueden aumentar la presi贸n, para que la administraci贸n educativa negocie, extendiendo el conflicto a toda la comunidad educativa.

Rafael Fenoy Rico




Fuente: Rojoynegro.info