May 12, 2021
De parte de Memoria Libertaria
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Info Libre/Carlos Castresana

Art铆culo de Carlos Castresana, fiscal de carrera, ante la decisi贸n del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la ley de memoria democr谩tica que est谩 pendiente de tramitarse

Para Chato Galante y Carlos Slepoy, in memoriam.

La votaci贸n de la pasada semana en el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de ley de memoria hist贸rica elaborado por el Gobierno en 2020 resulta indicativa de la divisi贸n que suscita en Espa帽a nuestro traum谩tico pasado: todos los vocales progresistas votaron a favor, mientras que los conservadores votaron un谩nimemente en contra. Y ello a pesar de que la propuesta, que pretende superar las insuficiencias manifiestas de la ley de 2007 y acoger las recomendaciones del Relator de justicia transicional y del Grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, da respuesta 煤nicamente a los aspectos menos espinosos del problema.

La nueva ley dispone la modificaci贸n de los contenidos acad茅micos relativos a la guerra y la dictadura en la ESO y el bachillerato, la apertura de los archivos p煤blicos y privados, la conmemoraci贸n peri贸dica de las v铆ctimas del franquismo, la obligaci贸n del Estado de hacerse cargo de las exhumaciones y la b煤squeda de los desaparecidos, la creaci贸n de un censo de v铆ctimas y un banco de ADN, la desaparici贸n de ciertos t铆tulos nobiliarios y distinciones, y el destino

definitivo del Valle de los Ca铆dos como un lugar de memoria democr谩tica. Todas esas medidas apuntan en la direcci贸n se帽alada por los organismos internacionales, y, sin embargo, el anteproyecto se queda a mitad de camino en lo relativo a los dos derechos fundamentales que deber铆a reconocer y garantizar: la verdad y la justicia.

Contaba W.G. Sebald que un corresponsal extranjero que visit贸 Alemania al final de la segunda guerra mundial pudo distinguir sin equivocarse, entre los viajeros de un tranv铆a que atravesaba el paisaje desolado de la ciudad de Hamburgo destruida por los bombardeos aliados, a los pasajeros alemanes de quienes no lo eran: los alemanes no miraban por las ventanillas. No quer铆an contemplar la miseria moral y material a que el nazismo hab铆a reducido su pa铆s. As铆 atravesamos los espa帽oles la transici贸n desde la dictadura a la democracia, sin mirar por la ventanilla. 脡ramos conscientes de la herencia de cuarenta a帽os de confrontaci贸n fratricida que dej谩bamos atr谩s, pero preferimos no darnos por enterados de que dej谩bamos en la cuneta 鈥搈uchas veces, literalmente鈥 a las v铆ctimas de la dictadura. En aquel momento, la mayor铆a de los espa帽oles prefirieron sacrificar el recuerdo los agravios padecidos por sus padres para preservar el futuro de sus hijos. No hay nada que reprochar a aquella generaci贸n que hab铆a levantado de las ruinas un pa铆s destruido y que se lo leg贸 en paz a la siguiente, con todas sus bondades y sus imperfecciones, en un esfuerzo extraordinario y generoso de reconciliaci贸n.

Tampoco es de extra帽ar, en ese contexto, que mostr谩semos durante las tres d茅cadas siguientes la misma insensibilidad 鈥搒eguramente condici贸n de nuestra reci茅n estrenada prosperidad鈥 frente a las v铆ctimas de ETA: ese silencio c贸mplice antes y despu茅s de la muerte de cada asesinado, que denunci贸 Tom谩s y Valiente y cuya denuncia le cost贸 la vida. Hemos rectificado, afortunadamente, y las v铆ctimas del terrorismo 鈥揺l de ETA y los dem谩s鈥 tienen plenamente reconocidos desde 2011 sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci贸n en t茅rminos que nadie discute.

Las v铆ctimas de la dictadura, que sufrieron la violencia pol铆tica en grado no menor que las del terrorismo, han tenido peor fortuna. Compensadas con algunas reparaciones materiales y morales durante la transici贸n, sus derechos a la verdad y la justicia siguen siendo asignaturas pendientes de la democracia espa帽ola. Sus pretensiones de justicia han sido rechazadas sistem谩ticamente por nuestros tribunales con los argumentos, m谩s que discutibles, de la prescripci贸n de los cr铆menes, la vigencia de la ley de Amnist铆a de 1977 y la irretroactividad de la Constituci贸n de 1978. En vano han requerido a nuestro pa铆s los organismos internacionales de derechos humanos para que rectifiquemos y reconozcamos a las v铆ctimas una tutela judicial efectiva. El cerrojo de impunidad impuesto en la transici贸n sigue plenamente vigente.

Respecto del derecho a la verdad, la nueva ley ara帽a apenas la superficie del problema, ordenando la retirada de s铆mbolos franquistas, acordando la prohibici贸n y sanci贸n de la apolog铆a de la dictadura y burocratizando la respuesta del Estado mediante la creaci贸n de un Consejo de Memoria Democr谩tica, con participaci贸n de las asociaciones memorialistas, mediante el que parece querer eludir la obligaci贸n-necesidad de establecer una instancia oficial y p煤blica que abra definitivamente las puertas y las ventanas de una sociedad que en buena medida permanece instalada en el negacionismo a ultranza. Es necesario un mecanismo que ayude a los espa帽oles a conocer y entender nuestro pasado, no solo ni principalmente respecto de las violaciones de los derechos humanos, que est谩n m谩s o menos establecidas, sino que, sobre todo, arroje luz sobre las relaciones de poder pol铆ticas, econ贸micas y religiosas forjadas al amparo de la dictadura, protegidas despu茅s por los tab煤s de la transici贸n, y que permanecen trabadas, desplegando sus efectos en el presente e hipotecando nuestro futuro.

驴Y qu茅 decir del derecho a la justicia? El anteproyecto se limita a establecer un cargo de Fiscal de Sala para la investigaci贸n de los hechos producidos durante la guerra civil y la dictadura. No le dota de infraestructura 鈥揺s un Fiscal sin Fiscal铆a鈥, no le asigna ning煤n mandato u objetivo espec铆fico, no se帽ala si sus investigaciones deber谩n respetar o no las limitaciones derivadas de la ley de amnist铆a, cuya vigencia no se cuestiona; no establece el procedimiento mediante el que tendr谩 que investigar, ni se帽ala el destino o las consecuencias esperadas de esas investigaciones, salvo por la menci贸n de que impulsar谩 los procesos de b煤squeda de los desaparecidos y participar谩 en los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria, juicios civiles que no tienen m谩s que efectos declarativos y que solo pueden sustanciarse si nadie se opone a su tramitaci贸n.

El anteproyecto es m谩s elocuente por lo que omite que por lo que dice: no asigna funci贸n alguna a los jueces. No contempla ning煤n procedimiento judicial, ni para anular las sentencias condenatorias de los tribunales de excepci贸n de la dictadura, ni para investigar los cr铆menes. El derecho de las v铆ctimas al acceso a la jurisdicci贸n y a la protecci贸n judicial, el mismo que tienen plenamente garantizado las dem谩s v铆ctimas de la violencia pol铆tica, no es contemplado m谩s que testimonialmente.

Podemos comprender las prevenciones del Gobierno, que no ha querido encomendar a los jueces una tarea de resultado incierto y que despertar谩 sin duda una gran confrontaci贸n jur铆dica, de la que la votaci贸n del Consejo Fiscal es un elocuente anuncio. Sin embargo, existen cauces para abordar el derecho a la tutela judicial de las v铆ctimas de la dictadura. Ese derecho no puede ser reconocido sino por el poder judicial, a quien la Constituci贸n encomienda esa funci贸n, y nada se adelantar谩 eludiendo la controversia.

Debe empezarse, en primer lugar, por aplicar la ley de Amnist铆a, cuya observancia ha sido alegremente obviada todos estos a帽os por los mismos que defienden tan vehementemente su plena validez y vigencia, y cuyo art铆culo 9 no contempla el otorgamiento indiscriminado de amnist铆a por y para todos, sino que por el contrario dispone que su reconocimiento corresponder谩 con exclusividad a los Jueces y Tribunales, quienes deber谩n adoptarla en cada caso de acuerdo con las leyes procesales en vigor. Ello requiere una investigaci贸n caso por caso en sede jurisdiccional penal, la cual, solo despu茅s de haberse acreditado los delitos y sus responsables, podr谩 determinar en una resoluci贸n motivada y con participaci贸n de las v铆ctimas, si concurren o no los requisitos legales para conceder amnist铆a a cada uno de los imputados. Habr谩 que tender, seguidamente, un puente de constitucionalidad 鈥搉egado hasta ahora por nuestros Tribunales Supremo y Constitucional con una persistencia digna

de mejores empe帽os鈥 entre la Constituci贸n de 1931 y la de 1978, porque nuestros derechos fundamentales no fueron establecidos durante la transici贸n, solo nos fueron restituidos. El r茅gimen franquista carec铆a de legitimidad para derogarlos, se limit贸 a violarlos.

Deber谩n reformarse tambi茅n los recursos de casaci贸n y revisi贸n para que sean nuestros tribunales de justicia quienes anulen con garant铆as de seguridad jur铆dica las sentencias de los tribunales de represi贸n pol铆tica de la dictadura.

Habr谩 que incorporar a nuestro derecho interno y nuestra jurisprudencia, finalmente, las normas convencionales y consuetudinarias y los principios generales del derecho penal internacional que est谩n en vigor cuando menos desde 1945 y que establecen las condiciones de perseguibilidad de los cr铆menes internacionales. A la luz de esas normas imperativas de derecho internacional, deber谩 revisarse la Ley de Amnist铆a, nula de pleno derecho en cuanto se oponga al reconocimiento de los derechos de las v铆ctimas.

No falta el cauce, falta la voluntad pol铆tica.

Dice Claudio Magris que existe un futuro del pasado, un devenir propio que lo transforma. La memoria hist贸rica no es un ejercicio de nostalgia ni de revanchismo, es una cuesti贸n de justicia. En tanto no abordemos en serio nuestro pasado, identificando y subsanando las causas que generaron la confrontaci贸n, haciendo frente y dando una soluci贸n justa a sus consecuencias, nuestro presente y nuestro futuro permanecer谩n cautivos de ese pasado que no pasa.

Carlos Castresana Fern谩ndez es fiscal, ahora en el Tribunal de Cuentas, despu茅s de haber pasado por el Tribunal Supremo y la Fiscal铆a Anticorrupci贸n. Ha sido tambi茅n Comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala.

https://www.infolibre.es/noticias/ideas_propias/2021/05/11/el_pasado_que_no_pasa_120372_2034.html




Fuente: Memorialibertaria.org