May 12, 2021
De parte de La Haine
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Con esta contundencia se ha expresado “Riders x Derechos” en un comunicado sobre la ley aprobada este martes tras un año de negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Una pequeña regularización que se ahoga en un mar de precariedad y explotación laboral.

Tras un año de demoras y negociaciones, el Gobierno anunció la aprobación de la conocida como “Ley Rider”. Esta viene a constatar algo que ya era evidente: que las empresas de reparto a domicilio han ocultado trabajo precario de falsos autónomos bajo fórmulas de “economía colaborativa” para facturar y generar beneficios a costa de los derechos laborales.

El texto que va a ser incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que los repartidores son asalariados y por lo tanto sujetos al Estatuto de Trabajadores. Algo que ya fue anunciado el 10 de marzo por los ministerios de Trabajo y Economía, pero que ha seguido demorándose hasta hoy. Habrá que esperar tres meses más para su entrada en vigor tras su inclusión en el BOE.

Meses de retraso sobre una cuestión que los tribunales, que no se caracterizan por su agilidad ni mucho menos por ser baluartes de los derechos sindicales, ya venían constatando desde hace meses. El Tribunal Supremo se pronunció en septiembre de 2020 sobre el caso de un repartidor de Glovo, sentenciando que era un asalariado y no un autónomo.

Pero, además de las demoras, causadas porque la postura del Gobierno siempre ha sido la de tratar de conseguir un acuerdo que “armonizara” los intereses de las distintas patronales y las burocracias sindicales, la Ley es del todo insuficiente. Así lo denuncia la plataforma sindical de repartidores “Riders x Derechos” en un comunicado:

Los riders denuncian que “el acuerdo entre patronal y sindicatos que se cerró hace más de dos meses proporcionaba 3 meses para la aplicación de la ley desde su publicación en el BOE. Además de esos 3 meses extra, en los últimos meses hemos sabido que ha habido un pacto no escrito entre patronal y Ministerio de Trabajo para ceder más tiempo a las empresas, dando así casi 5 meses más de tiempo para que sigan vulnerando nuestros derechos laborales. Esto es algo inaudito y que nosotros no podemos hacer otra cosa que condenar rotundamente”.

Además, señalan el poco alcance de una ley “no protege al resto de la clase trabajadora: la regulación es específica de los riders”. El colectivo denuncia que esta medida concreta se da en un marco donde no se han derogado ni las reformas laborales, ni todo el entramado de subcontrataciones, empresas de trabajo temporal y que por lo tanto “deja las puertas abiertas a la uberización de muchísimos otros colectivos, lo cual marcará una pérdida de derechos generalizada para trabajadores y trabajadoras”.

Los riders denuncian que “Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Shargo, Stuart, etc. han visto crecer sus ejércitos de repartidores gracias a la disponibilidad prácticamente infinita de las personas que subalquilan cuentas”. Este mercado de alquiler de cuentas al que muchas personas migrantes tienen que recurrir para ganarse la vida, sirve a las empresas de mano de obra a la que pueden explotar sin responsabilidad alguna y así, al mismo tiempo, reducir las tarifas de forma abusiva.

Y, por si fuera poco, la ley además garantiza la impunidad de estas empresas que vienen amasando millones a base de evadir el cumplimiento de derechos laborales y pagos fiscales y seguros sociales. Algo que también denuncian los Riders:

“No se ha penalizado a las empresas defraudadoras, a diferencia de lo que han conseguido por la vía judicial nuestros hermanos y hermanas de Italia, donde se ha ordenado la contratación y multas millonarias para estas empresas. Hemos sido víctimas de cientos o miles de accidentes, algunos de ellos mortales. Han defraudado millones de euros necesarios para las arcas públicas, especialmente con esta crisis generada por la pandemia. Además, no se crea un observatorio fiscalizador como se habló en su momento, el cual no debería de contar con la participación de la patronal, hecho indispensable para velar por el respeto de los derechos laborales y las condiciones de trabajo dignas de trabajadores y trabajadoras”.

De esta forma, es preciso poner la ley en su contexto y ver sus limitaciones y entender que ha sido resultado de la lucha de las trabajadoras y trabajadores. Pero los riders tienen claro que la ley ha sido formulada de tal forma que sea lo menos lesiva posible para los intereses patronales, cuando “debería ir acompañada de la derogación inmediata de las reformas laborales, tal y como pide toda la clase trabajadora”. Por eso mismo, apuntan que “esta ley no es el final, ni mucho menos, es un simple punto y seguido en nuestra lucha”.

Las limitaciones de la ley “rider” muestran su poca voluntad política para enfrentar a los entramados empresariales que se aprovechan de la desregulación laboral para explotar y precarizar, mientras nos venden discursos de “economía colaborativa”, tecnología móvil y apps. Explotación laboral de toda la vida, pero con publicidad del siglo XXI.

Tampoco hay que perder de vista la estrategia de marketing de este Gobierno “progresista” con la “Ley Rider” que la vuelve a poner en titulares, justo tras las elecciones en Madrid donde PSOE y Podemos tuvieron malos resultados.

Para que la lucha contra la precariedad laboral no quede en un discurso para las cámaras de TV, hay que extender y desarrollar luchas laborales como la de Riders x Derechos, con la autoorganización en los puestos de trabajo y con total independencia política de los gobiernos de turno. Se trata de poner sobre la mesa un plan de lucha general para derogar las reformas laborales y el resto de políticas y ajustes neoliberales que este Gobierno y los siguientes nos van a tratar de imponer en el próximo período.

http://www.izquierdadiario.es/Aprobada-la-Ley-Rider-Un-paso-insuficiente-poco-que-celebrar




Fuente: Lahaine.org