Arauca: ¡Escenario de guerra contra los movimientos sociales!

January 27, 2022 –
De parte de Trochando Sin Fronteras

290 puntos de vista

Quienes han tenido la suerte de compartir con las y los líderes sociales de la región araucana, seguramente habrán percibido la alegría y fortaleza que irradian los proyectos alternativos en los que se concreta su programa político para una nueva sociedad. Es alentador encontrar empresas que a partir de la organización comunitaria logren dar respuestas efectivas a las necesidades sociales y que además funcionen bien, tal como allí sucede con los servicios de agua y recolección de basuras. A ello se suman iniciativas populares como las cadenas alimentarias tendientes a satisfacer las necesidades de la población, a ampliar las capacidades productivas y a generar empleo con cobertura social universal, estable, y bien remunerado, así como los proyectos para acrecentar los bienes de consumo colectivo y mejorar la atención social en todas las áreas básicas a la vida humana como salud, educación o vivienda.

En medio de un capitalismo en el que menos del 2 % de la población concentra el 98 % de los ingresos, cobran un significado esperanzador estas iniciativas porque están orientadas a crear una sociedad donde quienes se esfuerzan produciendo se beneficien de los resultados de sus trabajos y además decidan colectivamente qué hacer y cómo hacerlo. Desafortunadamente, esto disgusta a los dueños del capital en todas sus formas, incluidas las multinacionales petroleras, los narcos, el gobierno y sus militares, quienes, por medio de la estigmatización, la persecución, la judicialización politizada e injusta, los asesinatos y las bombas intentan apagar esa alternativa de vida. Es a partir de estos elementos políticos y morales que se puede abordar de mejor manera la reflexión sobre el recrudecimiento de la guerra contra el movimiento social en el departamento de Arauca.

Se trata de una guerra contra el movimiento social, lo confirma el mismo “frente 28 de las disidencias de las FARC” en un comunicado del día 23 de enero donde nuevamente amenaza de muerte a la dirigencia social, tras el intento de masacrarlos mediante la colocación de un carro bomba la noche del 19 de enero. Sin éxito, trata de camuflar su intención de destruir al movimiento social bajo una supuesta guerra sin cuartel contra el ELN. En esta arremetida no hay que perder de vista el papel que puede jugar la álgida carrera electoral a la presidencia, que por demás pareciera tenerla bastante perdida el régimen uribista, ni desestimar las artimañas en que se desenvuelve la pugna geopolítica del capitalismo mundial, en particular en esa conveniente y utilitaria relación EEUU-Colombia-Venezuela-Rusia.

En principio resulta importante evitar la sistemática reducción del recrudecimiento de esa guerra a la mera pugna por una disputa de redes de narcotráfico entre estas disidencias de las FARC y el ELN. Valga recordar que uno de los propósitos del actual gobierno uribista fue demoler los acuerdos de paz con las FARC, y a la vez negar por completo el carácter político de todos los actores armados reduciéndolos a simples grupos delincuenciales organizados, homologando las guerrillas políticas a meros carteles y bandas criminales. Junto con ello, profundizó su labor de estigmatizar a las organizaciones sociales asociándolas a las insurgencias armadas, con el fin de aislarlas y afectarlas.

Los movimientos sociales araucanos han denunciado desde inicios de año las violaciones a los derechos humanos en esa región, y han insistido una y otra vez en su demanda de que la población civil no sea involucrada en la guerra entre esas facciones. A la vez, las organizaciones sociales han denunciado el actuar de tipo paramilitar del llamado “frente 28 de las disidencias de las FARC”.

Se debe recordar que el paramilitarismo en Colombia es el arma que sostienen terratenientes, ganaderos y grandes capitalistas en varias regiones del país para supuestamente enfrentar a las guerrillas. Estas estructuras mercenarias articuladas, armadas y entrenadas, por altos dirigentes políticos, empresarios y mandos del ejército, -tal como lo han reconocido ante la JEP muchos de ellos- impusieron la ley de tierra arrasada que reproducía el discurso del ejército de “quitarle el agua al pez”, y erigieron como su objetivo militar central a sindicalistas, líderes campesinos, acciones comunales, cooperativas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales.

Esta misma práctica es la que viene utilizando el supuesto frente de las disidencias de las FARC, que está dirigido por oportunistas, prestos a trabajar para la mafia de la droga y la ultraderecha, hecho denunciado en el artículo “desertores, embaucadores y falsos disidentes” publicado el 21 de enero en el portal Las dos orillas.

Fuente: Trochandosinfronteras.info