January 27, 2022
De parte de Trochando Sin Fronteras
290 puntos de vista

Quienes han tenido la suerte de compartir con las y los l铆deres sociales de la regio虂n araucana, seguramente habra虂n percibido la alegri虂a y fortaleza que irradian los proyectos alternativos en los que se concreta su programa poli虂tico para una nueva sociedad. Es alentador encontrar empresas que a partir de la organizacio虂n comunitaria logren dar respuestas efectivas a las necesidades sociales y que adema虂s funcionen bien, tal como alli虂 sucede con los servicios de agua y recoleccio虂n de basuras. A ello se suman iniciativas populares como las cadenas alimentarias tendientes a satisfacer las necesidades de la poblacio虂n, a ampliar las capacidades productivas y a generar empleo con cobertura social universal, estable, y bien remunerado, asi虂 como los proyectos para acrecentar los bienes de consumo colectivo y mejorar la atencio虂n social en todas las a虂reas ba虂sicas a la vida humana como salud, educacio虂n o vivienda.

En medio de un capitalismo en el que menos del 2 % de la poblacio虂n concentra el 98 % de los ingresos, cobran un significado esperanzador estas iniciativas porque esta虂n orientadas a crear una sociedad donde quienes se esfuerzan produciendo se beneficien de los resultados de sus trabajos y adema虂s decidan colectivamente que虂 hacer y co虂mo hacerlo. Desafortunadamente, esto disgusta a los duen虄os del capital en todas sus formas, incluidas las multinacionales petroleras, los narcos, el gobierno y sus militares, quienes, por medio de la estigmatizacio虂n, la persecucio虂n, la judicializacio虂n politizada e injusta, los asesinatos y las bombas intentan apagar esa alternativa de vida. Es a partir de estos elementos poli虂ticos y morales que se puede abordar de mejor manera la reflexio虂n sobre el recrudecimiento de la guerra contra el movimiento social en el departamento de Arauca.

Se trata de una guerra contra el movimiento social, lo confirma el mismo 鈥渇rente 28 de las disidencias de las FARC鈥 en un comunicado del di虂a 23 de enero donde nuevamente amenaza de muerte a la dirigencia social, tras el intento de masacrarlos mediante la colocacio虂n de un carro bomba la noche del 19 de enero. Sin e虂xito, trata de camuflar su intencio虂n de destruir al movimiento social bajo una supuesta guerra sin cuartel contra el ELN. En esta arremetida no hay que perder de vista el papel que puede jugar la a虂lgida carrera electoral a la presidencia, que por dema虂s pareciera tenerla bastante perdida el re虂gimen uribista, ni desestimar las artiman虄as en que se desenvuelve la pugna geopoli虂tica del capitalismo mundial, en particular en esa conveniente y utilitaria relacio虂n EEUU-Colombia-Venezuela-Rusia.

En principio resulta importante evitar la sistema虂tica reduccio虂n del recrudecimiento de esa guerra a la mera pugna por una disputa de redes de narcotra虂fico entre estas disidencias de las FARC y el ELN. Valga recordar que uno de los propo虂sitos del actual gobierno uribista fue demoler los acuerdos de paz con las FARC, y a la vez negar por completo el cara虂cter poli虂tico de todos los actores armados reducie虂ndolos a simples grupos delincuenciales organizados, homologando las guerrillas poli虂ticas a meros carteles y bandas criminales. Junto con ello, profundizo虂 su labor de estigmatizar a las organizaciones sociales asocia虂ndolas a las insurgencias armadas, con el fin de aislarlas y afectarlas.

Los movimientos sociales araucanos han denunciado desde inicios de an虄o las violaciones a los derechos humanos en esa regio虂n, y han insistido una y otra vez en su demanda de que la poblacio虂n civil no sea involucrada en la guerra entre esas facciones. A la vez, las organizaciones sociales han denunciado el actuar de tipo paramilitar del llamado 鈥frente 28 de las disidencias de las FARC鈥.

Se debe recordar que el paramilitarismo en Colombia es el arma que sostienen terratenientes, ganaderos y grandes capitalistas en varias regiones del pai虂s para supuestamente enfrentar a las guerrillas. Estas estructuras mercenarias articuladas, armadas y entrenadas, por altos dirigentes poli虂ticos, empresarios y mandos del eje虂rcito, -tal como lo han reconocido ante la JEP muchos de ellos- impusieron la ley de tierra arrasada que reproduci虂a el discurso del eje虂rcito de 鈥quitarle el agua al pez鈥, y erigieron como su objetivo militar central a sindicalistas, li虂deres campesinos, acciones comunales, cooperativas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales.

Esta misma pra虂ctica es la que viene utilizando el supuesto frente de las disidencias de las FARC, que esta虂 dirigido por oportunistas, prestos a trabajar para la mafia de la droga y la ultraderecha, hecho denunciado en el art铆culo 鈥desertores, embaucadores y falsos disidentes鈥 publicado el 21 de enero en el portal Las dos orillas.




Fuente: Trochandosinfronteras.info