January 2, 2021
De parte de El Libertario
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Prensa Provea
 
Los cuerpos policiales y militares de Venezuela asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por d铆a. La mayor铆a de las v铆ctimas fueron j贸venes pobres, entre 18 y 30 a帽os de edad.

Los datos publicados son resultado de un trabajo conjunto que vienen realizando el Centro de Investigaci贸n de los Padres Jesuitas 鈥淐entro Gumilla鈥 y el Programa Venezolano de Educaci贸n Acci贸n en Derechos Humanos (Provea). Las dos organizaciones iniciaron desde el 2019 un proceso de contralor铆a social a la violencia institucional policial y militar.

Los miles de v铆ctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una pol铆tica de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisi贸n de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administraci贸n de justicia, por parte del proyecto pol铆tico oficialista. Los funcionarios act煤an con plena libertad dada la certeza de que su conducta no ser谩 investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gesti贸n p煤blica.

En los pocos casos que se investigan las instituciones act煤an con discriminaci贸n. El pasado 21 de agosto funcionarios de la Polic铆a Nacional Bolivariana adscritos al componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), asesinaron a los ciudadanos Andr茅s Eloy Nieves Zacar铆as y V铆ctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, un medio de comunicaci贸n que mantiene un perfil de apoyo al r茅gimen de Nicol谩s Maduro. Para alivio de los familiares de las v铆ctimas, el Ministerio P煤blico actu贸 r谩pido y cuatro d铆as despu茅s fueron detenidos los funcionarios presuntamente responsables del crimen. Por los hechos, se priv贸 de libertad a Jos茅 Contreras y N茅stor Olano y se orden贸 la captura de los funcionarios Andr茅s D铆az, y Jos茅 Moreno.

Dos meses antes, la madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Lim贸n en Caracas, Arqu铆medes Ram贸n Mart铆nez, Andri Narv谩ez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Y谩帽ez. Esta 煤ltima v铆ctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunci贸 lo ocurrido y exigi贸 una investigaci贸n. 48 horas despu茅s de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos. En los dos casos hay un elemento com煤n: las v铆ctimas estaban vinculadas al proyecto pol铆tico oficial. Muy distinta es la actuaci贸n cuando las v铆ctimas no tienen 鈥減adrino pol铆tico鈥. En primer lugar, se asume como cierta la versi贸n policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio P煤blico no act煤a. Son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigaci贸n para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales. Para ellas, por ahora, solo est谩 garantizada la impunidad.

Es importante destacar que, en el caso de los trabajadores de la Televisora Guacamaya y las cinco personas asesinadas en El Lim贸n, la versi贸n oficial presentada por las FAES fue que las personas hab铆an enfrentado a los funcionarios y debido a ello murieron. Esta es la versi贸n en la casi totalidad de casos en los cuales no s贸lo este componente de la Polic铆a Nacional realiza ejecuciones, sino tambi茅n cuando est谩n involucrados otros organismos policiales. En la mayor铆a de los asesinatos perpetrados por la fuerza p煤blica se presume la realizaci贸n de ejecuciones extrajudiciales.

Lo que se viene conociendo en Am茅rica Latina como falsos positivos, en los que las autoridades presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra polic铆as y militares. En la realidad, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas. Por ejecuci贸n se entiende todas aquellas actuaciones en donde el agente de seguridad en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la v铆ctima. Constituye el patr贸n que hist贸ricamente concentra el mayor n煤mero de fallecimientos por violaci贸n al derecho a la vida. Ello en s铆 mismo es un dato relevante, toda vez que supone que la acci贸n de los cuerpos de seguridad del Estado est谩 dirigida a ocasionar la muerte. Este patr贸n se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de v铆ctimas es posible identificar desde (i) quienes fallecen por problemas personales o en el 谩mbito de la vida privada que sosten铆an con funcionarios de los cuerpos de seguridad (abriendo espacio al sub patr贸n 鈥渁buso poder鈥); (ii) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistem谩ticamente para 鈥渁cabar鈥 con la vida de j贸venes bajo el paragua de la 鈥減rofilaxia social鈥, donde la versi贸n institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las v铆ctimas se trataba de peligrosos criminales.

Letalidad en ascenso con mayor participaci贸n de la FANB

La Polic铆a Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a trav茅s de su cuerpo 茅lite las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) es el cuerpo policial m谩s letal. En los primeros seis meses del a帽o, la PNB fue responsable de 417 asesinatos, lo cual representa el 25,8% del total. Muy de cerca el Cuerpo de Investigaciones Cient铆ficas Penales y Criminal铆sticas (CICPC) con 400 casos, lo que equivale al 24,83% del total. En los dos 煤ltimos a帽os en el debate p煤blico se ha opacado la responsabilidad de este organismo en las cientos de presuntas ejecuciones ocurridas en el pa铆s. El se帽alamiento se ha centrado en el FAES puesto que actuando en menos estados del pa铆s es el cuerpo de seguridad que m谩s atenta contra el derecho a la vida.

Las polic铆as estadales fueron responsables de 399 presuntas ejecuciones, equivalente a 24,77%. Llama la atenci贸n la letalidad de la polic铆a del estado Zulia responsable de 122 asesinatos, Aragua 65 y la del estado Carabobo con 54. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es responsable de 222 casos en su gran mayor铆a responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Llama la atenci贸n el significativo incremento en el n煤mero de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participaci贸n de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Al primer semestre de 2020 el n煤mero se elev贸 en 403%. Este resultado corresponde al cada vez m谩s creciente proceso de militarizaci贸n de las labores de seguridad ciudadana. Las polic铆as municipales por su parte, fueron responsables de 57 presuntas ejecuciones. Estas polic铆as, que est谩n definidas como polic铆as principalmente de car谩cter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes. Los estados en los que la poblaci贸n sufri贸 con mayor rigor la violencia institucional de polic铆as y militares fueron por orden de letalidad Zulia, Bol铆var, Aragua, Lara, Carabobo y Miranda.

En muchos de los casos familiares o vecinos desmintieron la versi贸n de enfrentamiento. Una de los casos que m谩s impact贸 a la opini贸n p煤blica en el estado Carabobo fue el asesinato de Daniel Alexander L贸pez Ram铆rez (28), un m茅dico integral comunitario, director del ambulatorio de Bucaral en el municipio Guacara, fue asesinado durante un operativo mixto realizado en la poblaci贸n de Guacara. La versi贸n oficial indic贸 que L贸pez Ram铆rez era miembro de una agrupaci贸n delictiva y habr铆a muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanizaci贸n Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes. La informaci贸n fue desmentida por los familiares de L贸pez quienes indicaron que el m茅dico se encontraba all铆 porque hab铆a sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compa帽eros. La familia de L贸pez asegur贸 que el m茅dico no se enfrent贸 a la comisi贸n policial.

El Centro Gumilla y Provea documentaron el caso de Ayendry Dianelys Moreno L贸pez, de 29 a帽os de edad, detective adscrita a la Direcci贸n de Hurtos del Cicpc. Muri贸 la noche del lunes 24 de febrero luego de que funcionarios de la Polic铆a Militar destacados en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, le dieran la voz de alto y al no acatarla, dispararon contra el veh铆culo en el que se trasladaba.

Emiley Milagros Carvajal, de 31 a帽os de edad, quien acompa帽aba a Ayendry, ofreci贸 una versi贸n distinta en una entrevista concedida a funcionarios del Cicpc. Indic贸 que fueron abordadas en la alcabala N掳 10 por funcionarios de la Polic铆a Militar, pero que estos les indicaron que no pod铆an circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares. Carvajal cont贸 que cuando procedieron a retirarse, se encontraron con otros uniformados que hac铆an guardia en la alcabala N掳 3, y estos no les permitieron el retiro, por lo que Ayendry hizo caso omiso y arranc贸 su veh铆culo. Los efectivos respondieron con disparos, uno de los cuales le impact贸 en la parte posterior del cuello caus谩ndole la muerte. Era madre de dos ni帽os.

Otro de los fallecidos en procedimientos realizados por los cuerpos de seguridad del Estado fue Isaac Mata, de 14 a帽os de edad. Seg煤n sus familiares el ni帽o se encontraba volando un papagayo en el sector de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisi贸n del CICPC lleg贸 disparando al lugar. Al escuchar las detonaciones el menor de edad empez贸 a correr, pero fue alcanzado por un proyectil. Se evidencia tambi茅n la manera inhumana como vienen actuando las polic铆as en el pa铆s en este caso donde los j贸venes Carlos Diosvedi Rodr铆guez Ort铆z y Jhon Williams Linarez Rodr铆guez, de 31 y 26 a帽os de edad fueron asesinados. Tal hecho se atribuye al Cuerpo de Investigaciones Cient铆ficas Penales y Criminal铆sticas (CICPC), asesinatos ocurridos el 29 de enero en el barrio Las Tinajitas, en Barquisimeto estado Lara.

Seg煤n las declaraciones de los familiares publicadas en el portal web de la organizaci贸n de derechos humanos Proiuris, los j贸venes, quienes eran primos, suplicaron por sus vidas, pero aun as铆 los asesinaron. No era la primera vez que esta familia pasaba por una situaci贸n as铆, pues en 2018, los efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) hab铆an asesinado al padre, a un hermano y otro primo de Jhon Williams y, en esa oportunidad, denunciaron que los hab铆an sacado de la vivienda y los mataron en otra zona. Como ya lo anotamos la mayor铆a de las personas asesinadas son menores de 30 a帽os. Ser joven, pobre y vivir en una zona popular te hace potencialmente v铆ctima de la violencia policial.

Mayo fue el mes donde policias y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en un contexto de cuarentena por coronavirus, en el que la cierculaci贸n de personas en la v铆a p煤blica ha sido mucho menor, pero los operativos violentos contra la poblaci贸n no se han detenido. Solo entre los meses de marzo a junio, en plena cuarentena, los polic铆as y militares asesinaron a 1.091 personas.

Encubriendo los abusos

En un estudio elaborado en el a帽o 2006 por la Comisi贸n Nacional para la Reforma Policial, se se帽al贸 que un indicador de la letalidad policial es la desproporci贸n entre bajas policiales-militares y de civiles. Es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no se reporten muertes en las filas de los 贸rganos de la fuerza p煤blica durante los llamados 鈥渆nfrentamientos鈥. Ello, seg煤n CONAREPOL 鈥減ermite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura鈥. Organizaciones de derechos humanos como Provea ha advertido reiteradamente que el sostenido incremento en el n煤mero de v铆ctimas de violaci贸n al derecho a la vida bajo el patr贸n de ejecuciones extrajudiciales, encuentra explicaci贸n parcial en el aumento de la actuaci贸n violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de 鈥渆ficiencia policial鈥, advertidamente o no amparados en una perspectiva de 鈥渕ano dura鈥.

Fortalecer la visi贸n militarista y las pr谩cticas de 鈥渕ano dura鈥, debilitan el concepto de seguridad ciudadana y obstruyen los necesarios consensos democr谩ticos para avanzar en la adopci贸n de pol铆ticas p煤blicas, que ayuden a superar los altos 铆ndices de violencia y criminalidad en el pa铆s. El gobierno insiste en amplificar la visi贸n del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la l贸gica belicista y la estigmatizaci贸n y criminalizaci贸n de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primac铆a de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Esta militarizaci贸n de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garant铆as personales toda vez que implica la ocupaci贸n militar del territorio nacional para la 鈥渄efensa鈥 contra un 鈥渆nemigo interno鈥 que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes pol铆ticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.

Seg煤n ha dicho la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos 鈥淟os gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las 煤ltimas d茅cadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garant铆a de los derechos humanos, dejaron como legado una situaci贸n de permanente reproducci贸n de la violencia鈥. El concepto de seguridad ciudadana, desde una visi贸n democr谩tica y respetuosa de los derechos humanos, es la superaci贸n de la visi贸n autoritaria y militarista que marc贸 la actuaci贸n de buena parte de los Estados latinoamericanos durante el siglo pasado y cuya actuaci贸n 鈥揹urante mucho tiempo- estuvo amparada por la doctrina de seguridad nacional. Continuar el camino del autoritarismo, erosionar谩 a煤n m谩s el Estado de Derecho y generar谩 m谩s violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadan铆a.

Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables meteriales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares. Al conformarse en el pa铆s una estructura institucional favorable a la impunidad adquieren cada vez mayor importancia y necesidad la actuaci贸n de mecanismos de investigaci贸n independientes que contribuyan a que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. De tal manera que la labor que vienen realizando la Misi贸n de Determinaci贸n de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el trabajo que adelanta la Corte Penal Internacional para investigar si en Venezuela se han cometido cr铆menes de lesa humanidad constituyen esperanza del logro de justicia.

[Tomado de https://provea.org/actualidad/venezuela-1-611-personas-fueron-asesinadas-por-policias-y-militares-de-enero-y-junio-de-2020.]




Fuente: Periodicoellibertario.blogspot.com