Introducción

Han
aumento los enfrentamientos mortales, masacres y otras atrocidades
horrendas en México durante los meses de enero y febrero a medida
que las disputas territoriales y sectoriales entre varios de los
cárteles se han intensificado. La escalada más reciente en los
acontecimientos violentos ha dejado en claro una vez más la
vulnerabilidad e incapacidad de muchas de las entidades estatales a
hacer frente a lasos fuentes del crimen organizado y la violencia
relacionada con él. Mientras tanto, en medio de la devastación
provocada por la violencia en curso y la perturbación social y
económica causada por la pandemia, el país se prepara para las
cruciales elecciones que se celebrarán en junio.

Muchos
de los enfrentamientos mortales y otros incidentes que han ocurrido
son el resultado de una intensificación en las guerras territoriales
de larga data entre cárteles rivales y otros grupos armados ilegales
en varias regiones y ciudades del norte mientras en cuanto están
buscando expandir su influencia y control sobre territorios y
sectores estratégicos.

Entre
los carteles más involucrados en las disputas a lo largo de enero y
febrero se encuentran el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva
Generación, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo. También
han estado involucrados en intensos enfrentamientos intermitentes con
las fuerzas de seguridad pública y en enfrentamientos, emboscadas y
enfrentamientos más frecuentes pero menos intensos en muchas partes
del país.

Otros
incidentes violentos instigados por los cárteles y otros grupos
criminales han tenido el objetivo de eliminar rivales políticas, o
están relacionados con sus esfuerzos constantes para forjar o
imponer lealtades políticas y alianzas tácticas en el período
previo a las elecciones nacionales en junio próximo (para la Cámara
Nacional de Diputados – la cámara baja del Congreso Nacional – y
para los gobernadores de 15 estados, así como para muchas asambleas
estatales y locales, y alcaldes de la mayoría de los municipios del
país).

En
cuanto a los múltiples enfrentamientos que se están produciendo
entre cárteles y otros grupos del crimen organizado y las fuerzas de
seguridad, también han sido varios casos de alto perfil que
involucran la revelación de colaboraciones profundamente arraigadas
entre ciertas autoridades estatales y grupos armados ilegales, más
notablemente en el estado de Tamaulipas luego de la masacre de 19
inmigrantes en enero.

Mientras
tanto, en el sur del país, las comunidades agrícolas e indígenas
continúan siendo asediadas por grupos paramilitares fuertemente
armadas. Si bien muchos de los grupos armados ilegales parecen
pertenecer a cárteles que operan en la región, los informes de
muchas de las comunidades afectadas sugieren que, al menos en algunos
casos, las acciones de los grupos armados ilegales también están
sirviendo (ya sea directa o indirectamente) a los intereses de los
proponentes y beneficiarios de los numerosos megaproyectos para la
explotación de recursos naturales y la construcción de
infraestructura que están siendo impuestos por intereses y actores
externos en toda la región.

El
aumento más reciente en las disputas territoriales y la violencia
desenfrenada, y los esfuerzos correspondientes del gobierno nacional
para reducir la capacidad e influencia de los cárteles e identificar
y desmantelar sus estructuras, personal y actividades (así como las
diversas formas de colaboración que se han formado con ciertas
instituciones y funcionarios tanto del Estado como del mercado) –
reiteran la importancia de reevaluar y fortalecer continuamente los
procesos de reforma institucional y las estrategias integrales para
combatir los grupos del crimen organizado de todo tipo, siempre
teniendo en cuenta la multitud de factores sociales y circunstancias
que han contribuido a la explosión de violencia y corrupción junto
con el drástico deterioro de las condiciones de vida que han
agobiado al país durante las últimas dos décadas.

Disputas
territoriales y enfrentamientos armados entre los cárteles

En
cuanto a los enfrentamientos en curso entre los cárteles y otros
grupos armados ilegales, varios factores subyacentes han tenido un
fuerte impacto en los acontecimientos recientes, tanto en términos
de las localidades más afectados como de los beligerantes
involucrados y sus objetivos. La rivalidad entre el Cartel de Sinaloa
y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue siendo uno de los
factores más determinantes que impulsa el curso de muchas de las
disputas territoriales a lo largo del país, manifestándose en una
gran cantidad de regiones y contextos diferentes de acuerdo con el
entorno y la alineación de fuerzas locales y regionales (incluyendo
la presencia y fuerza relativa de los carteles y otros grupos armados
ilegales en cada área, la importancia estratégica del territorio y
su lugar en el despliegue geográfico de las fuerzas de cada grupo y
sus objetivos estratégicos y operativos).

Los
acontecimientos en cada área también se ven afectados por la
capacidad de las instituciones del Estado, las organizaciones de la
sociedad civil y las comunidades para resistir y enfrentar las
incursiones de los grupos armados ilegales y sus colaboradores o, por
el contrario, la medida en que instituciones y sectores sociales
clave han sido debilitados, infiltrados o están colaborando
activamente con los cárteles.

Según
los informes y el análisis más recientes, las disputas mortales
entre el Cartel de Sinaloa y el CJNG para controlar los territorios
estratégicos y los corredores de transporte a lo largo de la
frontera de los EEUU y en las regiones adyacentes están pasando por
un período de escalada, con cada grupo haciendo un esfuerzo total
para eliminar o apoderarse de y absorber los demás cárteles y
grupos criminales en las áreas relevantes. LINK1,
LINK2

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/the-cjng-winter-offensive-interview.html

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/zacatecas-mexico-cartel-jalisco-nueva.html

Al
mismo tiempo, se han producido una serie de enfrentamientos y
atrocidades en las regiones adyacentes, las cuales son de gran
importancia estratégica como corredores de transporte hacia el norte
(particularmente Nuevo León y Tamaulipas), en este caso
principalmente involucrando enfrentamientos entre los otros dos
cárteles que tienen una presencia significativa en la región, el
Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel del Golfo (CDG).

Parece
que los últimos esfuerzos de los dos cárteles dominantes para
imponer su autoridad de una vez por todas sobre sus rivales menos
poderosos (no obstante diferencias sustanciales en el equilibrio de
fuerzas prevaleciente y en la potencia de fuego en localidades
específicas) han sido facilitados por los numerosos éxitos
operativos de las autoridades estatales en los últimos seis meses,
con la captura o ejecución extrajudicial de los líderes y otros
miembros de alto rango en las estructuras de varios cárteles más
pequeños, debilitando su liderazgo y cohesión y dejándolos cada
vez más vulnerables en términos de las constantes guerras y
enfrentamientos territoriales multidimensionales.

En
este contexto, ha habido numerosos reportes de alianzas (o
traiciones) locales y regionales entre los dos grupos dominantes y
otros cárteles y sus múltiples facciones y redes en regiones y
localidades específicas como Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez.
(Ver, por ejemplo, AQUÍ y AQUÍ)

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/tijuana-is-new-cartel-battlefield-and.html

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/zacatecas-deaths-and-disappearances.html

La
guerra informática y psicológica entre los diversos grupos y
facciones también ha experimentado una escalada correspondiente, con
cada facción tratando de superar a la otra en términos de la
perpetración de atrocidades horribles con el fin de quebrar la
voluntad de sus rivales, y echando afirmaciones triunfalistas sobre
la inminente erradicación de las fuerzas de sus enemigos.

En
este contexto, se han difundido numerosos videos e imágenes
(principalmente a través de las redes sociales) de víctimas
mutiladas, presentadas como personas pertenecientes a una u otra
facción, y parece que el CJNG ha sido objeto de varias derrotas
tácticas importantes al respecto, imágenes de las cuales han sido
difundidos ampliamente a través de campañas de propaganda
concertadas. Estos han sido acompañados por repetidas afirmaciones
por parte de sus rivales de que el cartel ha extendido sus fuerzas
demasiado y ya no puede armar y proteger a sus miembros, asociados y
colaboradores. Solo el tiempo mostrará si este es el caso o no.

Si
bien el CJNG ha sido uno de los blancos principales de las
investigaciones y operativos de combate de las fuerzas de seguridad
mexicanas durante el último año, luego de una serie de emboscadas y
ataques que el cártel había llevado a cabo contra altos
funcionarios del Estado, también es el cártel que ha sido más
afectado por los esfuerzos de los investigadores y autoridades
financieros mexicanos durante los últimos dos años para identificar
y neutralizar los fondos y las cuentas bancarias de los cárteles. No
obstante, todavía parece algo improbable que los recursos y la
capacidad del grupo para obtener armas y otros suministros necesarios
para defender sus territorios y miembros podrían haberse visto
afectados tan gravemente como están afirmando sus rivales. Además,
también existen otros fuentes contradictorios que afirman que el
CJNG ha lanzado una ‘ofensiva de invierno’ en algunas regiones
clave que ha tenido un cierto grado de éxito en el desplazamiento o
eliminación de grupos rivales a pesar de algunos reveses
localizados.

En
cualquier caso, si el CJNG ha logrado antagonizar a sus rivales
suficientemente, existe la posibilidad de que dejarán de lado sus
diferencias entere si temporalmente para formar un frente común con
el propósito de aniquilar al cartel, lo que junto con el énfasis
puesto en la lucha contra el cartel por parte del gobierno mexicano y
las fuerzas de seguridad si constituiría una amenaza existencial
para el CJNG.

Los
dramáticos eventos en el estado norteño de Tamaulipas a principios
de este año, entre ellos la masacre de 19 inmigrantes en enero y la
posterior revelación de varias redes de colaboración entre el CDN y
ciertos funcionarios estatales y miembros de las fuerzas de seguridad
pública (discutidos con más detalle abajo), también han traído
todo el peso de la ley (y la ira del gobierno nacional) encima de la
CDN y sus redes de colaboradores y es probable que los esfuerzos
reforzados puedan debilitar en gran medida, si no erradicar, al
cartel como tal. Otro factor que probablemente contribuyó a la
determinación del gobierno nacional de acabar con el cartel es el
intento de algunos de los miembros del grupo de derribar un
helicóptero militar a principios de este mes.

Aún
así, si bien los incidentes recientes en Tamaulipas y sus
alrededores han sido particularmente dramáticos y traumáticos, no
es probable que en sí mismos los incidentes constituyan un punto de
inflexión en el largo plazo, ya que lo que queda de los recursos, el
personal y las estructuras y células fragmentadas de la CDN serán
rápidamente absorbido o tomado por los otros cárteles de la región
y se producirá un nuevo ‘(des)equilibrio’ producto de si uno de
los cárteles restantes logre derrotar o dominar a los demás, o si
se los combatientes se encuentren en un nuevo estancamiento en la
guerra de desgaste entre los grupos armados ilegales.

A
menos que los esfuerzos consolidados de las autoridades para
erradicar el CDN se puedan prolongar y diversificar para garantizar
que los demás grupos criminales no se muevan para llenar el vacío
temporal dejado por la posible derrota del CDN, y se pueda
proporcionar un espacio de recuperación para que la región tenga
una base sólida para reconstruir y consolidar las instituciones
estatales degradadas en la región y sanar a las comunidades y
sectores sociales tan conmocionados y traumatizados.

Enfrentamientos
entre los cárteles y las fuerzas de seguridad

Como
mencionado anteriormente, algunos miembros del CDN (Cartel del
Noreste) intentaron derribar un helicóptero militar en el estado de
Nuevo León a principios de febrero después de que el helicóptero
localizó y se acercó a uno de sus campamentos paramilitares. Según
informes de los medios, el intento falló y la tripulación del
helicóptero solicitó refuerzos terrestres que llegaron rápidamente
y mataron al menos a cinco de los pistoleros del grupo armado ilegal,
capturando a unos cuatro más. (FUENTE)

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/cdn-tries-to-shoot-down-military.html

Previamente,
en noviembre del año pasado presuntos miembros del CDN asesinaron a
un jefe de la policía municipal y a dos de sus asesores en la misma
región (en el estado de Nuevo León, colindante con el estado de
Tamaulipas hacia el norte del país), la cual está ubicada en un
corredor de transporte estratégico que actualmente es objeto de un
feroz conflicto y frecuentes enfrentamientos armados entre grupos
afiliados a la CDN y el Cártel del Golfo (CDG).

Han
sido varios otros enfrentamientos y emboscadas contra las fuerzas de
seguridad pública en distintas regiones durante las últimas
semanas. (FUENTE)

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http://www.borderlandbeat.com/2021/02/orizaba-veracruz-cjng-ambush-police-ssp.html

Tamaulipas:
el nuevo foco de atención nacional e internacional

La
masacre cometida el 22 de enero de este año en Camargo (en el estado
de Tamaulipas), cuando 19 personas – en su mayoría inmigrantes de
Guatemala – fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados dentro de dos
vehículos, llamó la atención a las múltiples acusaciones de una
extensa y prolongada colaboración entre algunos funcionarios del
estado y al menos uno de los cárteles con presencia en la región
(el CDN).

Tan
pronto como la identidad de la mayoría de las víctimas de la
masacre fue determinado, el gobierno guatemalteco exigió que ‘todo
el peso de la ley’ sea aplicado contra los responsables.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala
anunció que las autoridades guatemaltecas trabajan diariamente con
sus homólogos mexicanos y también agradeció los esfuerzos de las
autoridades mexicanas y su activa cooperación y apoyo en la
investigación del caso.

El
gobierno mexicano también está muy determinado a identificar y
neutralizar a los perpetradores, y las autoridades ya han detenido a
doce miembros de la Policía Estatal de Tamaulipas por su presunta
participación en el crimen. Más recientemente (el 24 de febrero),
el Fiscal General de la Nación anunció que está preparando un
expediente que será enviado al Congreso Nacional buscando la
destitución del gobernador de Tamaulipas de su cargo por una serie
de delitos que incluye él de colaborar con grupos del crimen
organizado en la región.

En
reiteradas ocasiones y llegando de una diversidad de fuentes, varios
funcionarios de la Policía Estatal de Tamaulipas y su unidad de
asalto (el Grupo de Operaciones Especiales, GOPES) han sido acusados
​​de colaborar activamente con cárteles y otras facciones
criminales en la elaboración de una campaña de terror que se está
llevando a cabo contra los residentes locales y otros civiles en
Tamaulipas, la cual incluye múltiples denuncias relacionadas con la
detención y el secuestro de residentes por parte de agentes de la
policía que luego han entregado las víctimas a miembros del cártel
para ser interrogadas, torturadas y asesinados, ya sea en busca de
pagos de rescate o con el fin de sembrar el terror entre las
comunidades y blindar su control territorial, y también para
disuadir la denuncia de abusos de autoridad y reclamos de que se
lleven a cabo investigaciones sobre los vínculos entre las fuerzas
de seguridad y otros funcionarios públicos con los grupos armados
ilegales que operan en la región.

Después
de la masacre de los inmigrantes centroamericanos en enero,
familiares de varias personas de la región que presuntamente han
sido secuestrados y desaparecidos por la Policía del Estado de
Tamaulipas viajaron a la Ciudad de México para denunciar los delitos
y exigir que las autoridades responsables den prioridad a la serie de
casos relacionada con ellos. Según informes de la prensa, la
Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) recibió 91
denuncias por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el
transcurso de 2019, y aunque las cifras para 2020 no han sido
anunciadas oficialmente, es probable que se encuentren en un rango
similar.

Uno
de esos hechos que ha sido reportado en los medios de comunicación
ocurrió en enero, cuando agentes de la policía estatal detuvieron a
cuatro personas en el municipio de Mier luego de que el vehículo en
el que viajaban fuera interceptado por la policía. Las víctimas
fueron trasladadas a una instalación policial en el municipio
adyacente de Miguel Alemán y luego fueron entregadas a presuntos
miembros del Cártel del Golfo (CDG). Citando informes de los medios
locales, Borderland Beat informó:

“El
caso conmocionó a la comunidad de Ciudad Mier y provocó múltiples
protestas…

El
secuestro en cuestión ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando
miembros de la Policía Estatal de Tamaulipas montaron un operativo
en el municipio de Mier y detuvieron a cuatro personas: Luis Alberto
Herrera Avalos, Jaime Santacruz, Mario Alexis García Bocanegra y
Brian Eduardo García Bocanegra.

Todos
ellos fueron llevados a la oficina de policía de tránsito en Miguel
Alemán, a unos 20 minutos en automóvil del lugar donde fueron
arrestados. En el momento en que los cuatro se encontraban bajo
custodia policial, sus familias comenzaron a recibir llamadas
amenazadoras pidiéndoles que pagaran un rescate…

Posteriormente,
una de las víctimas dijo que el jefe de la policía de tránsito,
Monico Garza, se reunió con presuntos miembros del cártel dentro
del cuartel general de la policía.

“[Luego]
el oficial salió del edificio y en menos de dos minutos entró un
hombre que llevaba un AK-47…”

Las
dos víctimas del secuestro que sobrevivieron explicaron que el
hombre que llegó para llevarlos de la instalación de policía
pareció confundido. Aparentemente, le dijeron que había dos
secuestrados, no cuatro. El hombre salió del edificio por una puerta
secundaria. Luego dos de las víctimas, los hermanos Bocanegra,
fueron liberadas…

Mientras
los hermanos Bocanegra pudieron volver a ver a su familia, los
familiares de Luis Alberto y Jaime recibieron videos donde sus seres
queridos estaban siendo torturados [y desde entonces han
desaparecido]…” (FUENTE)

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/tamaulipas-police-had-multiple.html

En
otro caso, un ex oficial de la policía de Tamaulipas fue encarcelado
por las autoridades federales y está siendo investigado a causa de
denuncias de que había proporcionado información confidencial sobre
actividades policiales a miembros del Cártel del Noreste (CDN) y que
además reclutó a varios de sus colegas con el mismo propósito.
También está acusado de colaborar en el asesinato de varios otros
policías estatales que se negaron a cooperar con la CDN, o que eran
sospechados de colaborar con el rival principal del cártel en la
región (el Cártel del Golfo, CDG).

Como
señalado anteriormente, los fiscales federales han anunciado que 12
policías de la Policía Estatal de Tamaulipas han sido arrestados
por haber colaborado con el Cártel del Noreste en la masacre de 19
inmigrantes, específicamente de haber proporcionado testimonios
falsos y de alterar evidencias alrededor del lugar donde el crimen
ocurrió con la intención de entorpecer la investigación, entre
otros indicios de connivencia entre la policía y los miembros del
cártel en los meses anteriores. Todos los agentes detenidos han sido
acusados ​​de homicidio y de abuso de autoridad, entre otros
delitos.

Tres
de los 12 agentes de policía arrestados habían recibido
capacitación en un programa de la Oficina de Asuntos Internacionales
de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) de los Estados Unidos
entre 2016 y 2017. Entre3 otras cosas, el programa consistió en la
enseñanza de ‘habilidades básicas de supervisores’ y ‘derechos
humanos’. (FUENTE)

**
http://www.borderlandbeat.com/2021/02/3-of-12-tamaulipas-police-officers.html

La
importancia estratégica de los procesos de recuperación
institucional

Las
autoridades mexicanas han tenido numerosos éxitos en términos de la
persecución de casos de corrupción de alto perfil y además han
llevado a cabo múltiples arrestos (o ejecuciones extrajudiciales) de
comandantes de alto y medio nivel de varios de los principales
cárteles que operan a lo largo del país durante el último año. No
obstante, para que las reformas institucionales y las estrategias
operativas para combatir el crimen y la corrupción tengan un impacto
a largo plazo y obstaculicen que las prácticas corruptas y los
abusos de poder de todo tipo continúan eludiendo detección, un
aspecto de suma importancia es el de expandir la autoridad
institucional y aumentar sustancialmente la capacidad operativa de
todos los mecanismos y agencias de control y contabilidad que existen
en todos los niveles del sistema de gobierno.

En
particular, todos los componentes de los sistemas nacionales de
derechos humanos y anticorrupción deben ser fuertemente apoyados y
reforzados, sin olvidar a los demás mecanismos de control y
contabilidad tales como la Fiscalía, la Contraloría, y las
superintendencias correspondientes encargados de asegurar la
legalidad y el debido proceso en el funcionamiento de los mercados y
registros financieros y corporativos de todo tipo. Las estructuras
organizativas y los objetivos y estrategias operativos de todas estas
entidades deben ser revisados y consolidados como componentes
integrales de las funciones de supervisión y control que ejercen la
Presidencia y el Congreso Nacional (y las entidades ejecutivas y
legislativas correspondientes en los estados y municipios).

Como
se señaló en un informe anterior (disponible en inglés en el sitio
de South Front), si bien el alto grado de centralización de la toma
de decisiones y la rendición de cuentas que ha sido favorecido por
el gobierno nacional durante los últimos dos años facilita el
control operativo y la rápida toma de decisiones en el contexto de
un entorno peligroso y cambiante, y también puede dificultar la
infiltración o subversión del sistema por parte de elementos
corruptos u hostiles, ese estilo de manejo suela conlleva una
variedad de inconvenientes y desventajas inherentes. Uno de ellos es
que una consecuencia de la centralización de la mayoría de las
principales funciones y poderes de mando, control y contabilidad es
que las estructuras estatales y los funcionarios trabajando en ellas
están más alejados de y por lo tanto son menos accesibles con
respecto a las personas a las cuales el sistema debe proteger, servir
y pertenecer.

**
(FUENTE)
https://southfront.org/political-conditions-in-mexico-the-fight-against-the-cartels-and-their-security-implications/

Otra
desventaja del enfoque centralizado que ha sido favorecido por el
gobierno nacional y los legisladores en las esferas de seguridad y
anticorrupción es que corre el riesgo de marginalizar, debilitar y,
en última instancia, hacer que los demás mecanismos de contabilidad
claves, tanto a nivel nacional como en los estados y municipios, sean
en gran medida irrelevantes.

Muchas
de las agencias afectadas por la centralización de poderes claves
son encargadas con funciones y actividades que son igualmente
cruciales para combatir las diversas formas de colaboración entre
los grupos del crimen organizado y funcionarios estatales colocados a
lo largo del aparato estatal. así como las instituciones
correspondientes del funcionamiento de los mercados y el sector
privado, desde las fuerzas de seguridad hasta tareas que parecen ser
sin trascendencia pero que son igualmente imprescindibles en la lucha
contra el crimen organizado, tales como el mantenimiento de los
registros de la propiedad de la tierra y la administración de otros
documentos oficiales, el sector financiero y otros registros y
sectores del mercado (por ejemplo la bolsa de valores).

Hace
falta que la revisación de estos aspectos alcance hasta los
terratenientes y las empresas involucradas en los megaproyectos de
infraestructura, explotación de recursos naturales y agro-negocios,
así como de las élites locales y regionales tradicionales o de
reciente aparición (que pueden estar inclinadas a colaborar con
grupos armados ilegales y otras redes del crimen organizado, ya sea
de forma voluntaria o por coacción).

Las
estructuras y jerarquías centralizadas también han tendido a
obstaculizar o excluir la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y de los sectores sociales más marginalizados y
afectados por decisiones y actividades específicas, impidiendo que
estos sectores contribuyan a los esfuerzos oficiales con su amplio
conocimiento profesional y experiencia práctica en temas
relacionados con la lucha contra el crimen organizado y sus efectos
nocivos que afectan a toda la sociedad.

En
cuanto a la organización, el despliegue y los operativos de las
fuerzas de seguridad, un aspecto que merece un análisis profundo y
un debate público es la creación de policías comunitarios y, dada
la escala y la potencia de fuego de los grupos armados ilegales que
se encuentran en muchas zonas, una milicia comunitaria bien armada,
que funcionen con el apoyo de fuerzas de reacción rápida
pertenecientes a las fuerzas de seguridad convencionales para que
puedan solicitar apoyo inmediato en caso de enfrentamientos de gran
escala.

Claro
que este es un asunto extremadamente delicado que requeriría de una
planificación, ejecución y supervisión muy cuidadosa, pero también
es un asunto de primordial importancia. En muchos países de
Centroamérica y Suramérica se han creado milicias o formaciones
paramilitares, a menudo con consecuencias devastadoras para las
comunidades locales, ya que generalmente tales formaciones han
operado en nombre de poderosos terratenientes y una variedad de otras
élites económicas y políticas y han sido sujetos al mando, control
y supervisión de ellas, en lugar de ser el resultado de una
auténtica toma de decisiones, participación y supervisión basada
en las comunidades donde operan. El programa ‘Convivir’ en
Colombia de la década de 1990, que se convirtió en la plataforma
para la proliferación de muchos grupos paramilitares depredadores y
despiadados, es un ejemplo de ello.

Numerosas
comunidades indígenas remotas en México (principalmente en el sur
del país) ya han tomado el paso de crear milicias armadas para poder
defenderse, al menos hasta cierto punto, contra las incursiones
frecuentes de los cárteles y otros grupos armados ilegales que las
merodean. Sin embargo, estas iniciativas están encontrando una
fuerte resistencia por parte de las autoridades convencionales, y las
fuerzas de seguridad que las comunidades han establecido tienen una
gran desventaja con respeto a las fuerzas de los grupos armados
ilegales tanto en términos de la disponibilidad de efectivos como en
la cantidad y potencia de su armamento.

En
cuanto a los procesos de recuperación y consolidación institucional
actuales y futuros, como han demostrado tan enfáticamente los
recientes acontecimientos en Tamaulipas, donde una multitud de
policías estatales y ahora la Gobernación por fin están siendo
investigados luego de años de denuncias fútiles, la red de
Comisiones de Derechos Humanos que existe en todo el país es un
componente fundamental de los arreglos institucionales que se están
desarrollando para enfrentar todas las formas de corrupción, abusos
del poder del Estado y otras actividades delictivas.

Sin
embargo, en un momento en que los presupuestos de las jurisdicciones
estatales y municipales se están reduciendo sustancialmente, las
Comisiones de Derechos Humanos carecen de los recursos necesarios
para cumplir con sus responsabilidades y tampoco están recibiendo el
apoyo y la cooperación suficientes de las entidades de control y
contabilidad que han sido priorizados por el gobierno y el congreso
nacional, y que están mucho mejor equipados y dotados para llevar a
cabo la campaña contra la corrupción y el crimen organizado. Lo
mismo ocurre en al caso de otras agencias y funcionarios de control y
contabilidad, particularmente a nivel estatal y municipal, pero
también en algunos casos a nivel nacional.

Más
específicamente en esta instancia, a menos que la Comisión de
Derechos Humanos de Tamaulipas reciba el apoyo inmediata e
incondicional de las demás autoridades y funcionarios del Estado de
todos los niveles, los funcionarios de la Comisión seguirán
chocando con la imposibilidad de avanzar en sus numerosas
investigaciones pendientes; además, sus miembros quedarán expuestos
a la obstrucción, el chantaje y la extorsión por parte de
funcionarios corruptos y cómplices (o simplemente ansiosos y
temerosos), y enfrentarán el riesgo adicional de actos de represalia
horrendos por parte de los grupos armados ilegales y las redes del
crimen organizado que están aterrorizando a la región.

Muchas
otras agencias de control y contabilidad tienen roles que son
igualmente vitales y complementarios en la lucha contra el crimen
organizado (tales como las oficinas del fiscal en los estados, los
registros de propiedades inmobiliarias y los registros corporativos,
notarios, la bolsa de valores y las cajas de intercambio, etc.), que
en muchos casos también reciben apoyo e información cruciales por
parte de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones
profesionales – los cuales a menudo cuentan con relaciones más
elaboradas y duraderas con las comunidades locales y otros sectores
sociales vulnerables y desfavorecidos.

El
informe de South Front (mencionado anteriormente) incluye un análisis
del sistema anticorrupción nacional que ha sido elaborado durante
los últimos cinco años. La red de comités de participación
ciudadana y demás organizaciones de la sociedad civil que
constituyen el núcleo del sistema para impedir y combatir la
corrupción enfrentan los mismos desafíos estructurales y operativos
que sus contrapartes en la red de Comisiones de Derechos Humanos; una
grave escasez de capacidad profesional y tecnológica y de recursos
operativos, agravada por una situación crónica de negligencia y
descuido por parte de sucesivos gobiernos y legislaturas estatales y
federales. El fracaso de las medidas anticorrupción en el estado
sureño de Oaxaca para producir resultados tangibles hasta ahora es
otro ejemplo de ello. (FUENTE)

**
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/17/sistema-anticorrupcion-de-oaxaca-aun-no-desarticula-redes-de-intereses-y-saqueo/

Es
imprescindible reforzar el estatus y la capacidad tanto de las
Comisiones de Derechos Humanos como de los Comités de Participación
Ciudadana y sus estructuras relacionadas en el Sistema Anticorrupción
Nacional (así como de las organizaciones de la sociedad civil que
operan en campos relacionados) si los esfuerzos para reducir – y si
posible erradicar – las formas más severas de abuso de poder,
corrupción, crimen organizado y violencia endémica en todo el país
van a poder salir exitoso y tener efecto a largo plazo.

Los
proponentes, los participantes, los patrocinadores financieros y los
beneficiarios principales de los múltiples proyectos de desarrollo y
de explotación de recursos naturales también merecen atención en
este sentido, sobre todo cuando están ubicados en las zonas más
infestadas por los grupos armados ilegales que están aterrorizando
las comunidades locales que, según ellos, constituyen obstáculos
para la gestión de proyectos y el control territorial, la
acumulación de riqueza y otras manifestaciones de ‘desarrollo
económico’ y ‘progreso’.

Si
va a existir la menor posibilidad de una resolución relativamente
armoniosa y constructiva a las numerosas disputas y conflictos
sociales y ambientales vigentes en el país, todos estos
megaproyectos deben estar sujetos a estudios y evaluación
comprensiva de sus impactos ambientales y sociales, desde el inicio
del proyecto hasta la terminación y rehabilitación de las áreas
afectadas. Esto debe incluir un análisis detallado de los costos y
beneficios (incorporando parámetros económicos, sociales y
ambientales) que tenga en cuenta al menos los siguientes escenarios:
(1) si actores externos (el gobierno nacional y las corporaciones)
elaboren el proyecto a pesar de la fuerte oposición y objeciones de
muchas de las comunidades afectadas, (2) si el proyecto avanza con el
consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas, (3)
una serie de parámetros alternativos para el proyecto, diseñados
para reducir los impactos sociales y ambientales adversos, y (4)
posibles caminos alternativos para el desarrollo de la región,
basados en las perspectivas y necesidades de las mismas comunidades
de la zona.

En
este sentido, hace falta prestar atención a la elaboración de una
investigación profunda de todos los grupos armados ilegales y otras
redes del crimen organizado que actúan en la región afectada o que
estén preparándose para apropiar los flujos financieros y otros
recursos generados por los proyectos (incluidos – quizás sobre todo
– sus contrapartes de ‘cuello blanco’ asociadas con los proyectos
más grandes en los principales centros urbanos y financieros, los
cuales envuelven y ocultan sus prácticas depredadoras y la
acumulación masiva de riqueza a través de reclamos dudosos pero
impenetrables de ‘secretos comerciales’ y ‘el interés
nacional’).

Este
aspecto del ‘desarrollo nacional’ – la imposición de
megaproyectos por encima de los intereses y el bienestar de las
comunidades más afectadas por ellos – ha sido una de las
debilidades principales de los gobiernos progresistas del ‘socialismo
para el siglo XXI’ en América Latina desde el surgimiento del
primero de ellos en Venezuela a fines de la década de 1990 con la
elección de Hugo Chávez a la presidencia (con la posible excepción
de Bolivia, donde los pueblos indígenas constituyen la mayoría de
la población).

Bajo
una fuerte presión tanto para modernizar y expandir los proyectos de
desarrollo industrial, agrícola y de infraestructura como para
mejorar rápidamente las condiciones de vida de un gran número de
personas que viven en la pobreza, todos los gobiernos de tinta
progresista han permanecido atrapados en un paradigma del siglo XX en
términos del énfasis puesto en la ejecución acelerada de proyectos
de extracción de recursos naturales que tienen consecuencias
devastadoras para la mayoría de los miembros de las comunidades que
viven en áreas afectadas por los proyectos y son terriblemente
destructivos para el medio ambiente, pero que generan grandes flujos
de ingresos para el presupuesto nacional (y hacen una contribución
mucho más modesta a la generación de empleo) a corto plazo.

La
historia reciente de Ecuador demuestra claramente este fenómeno y
las adversas consecuencias que ha tenido con respecto a la
(in)capacidad de la mayoría de los partidos progresistas para unirse
con otros sectores de la sociedad en la búsqueda de objetivos y
valores compartidos: durante sus aproximadamente diez años en el
poder el gobierno de Rafael Correa tuvo mucho éxito en sacar a la
mayoría de la población de la pobreza y a la vez mejorar la
capacidad industrial, el desarrollo económico y la infraestructura
nacional. Sin embargo, se basó en gran medida en megaproyectos
relacionados con la explotación de recursos naturales para respaldar
y financiar su ambiciosa estrategia de desarrollo sin priorizar
medidas para reducir los impactos ambientales y sociales adversos, y
además recurrió a medidas represivas para imponer los proyectos a
las comunidades que viven en las áreas más afectadas por los
proyectos.

Esta
represión provocó un resentimiento generalizado y desconfianza
dentro de los movimientos indígenas bien organizados y bastante
poderosos – los cuales son capaces de determinar alrededor del 20% de
los votos en las elecciones nacionales, y han convocado en numerosas
ocasiones movilizaciones masivas, huelgas y bloqueos que han
paralizado el país (más recientemente en octubre de 2019). La
resolución de esta ruptura entre los movimientos indígenas de
Ecuador y el partido político y el candidato presidencial (Andrés
Arauz y UNES) que aspiran a ser el sucesor legítimo del gobierno de
Rafael Correa en las elecciones, tan polarizadas y ferozmente
controvertidas, que se celebrarán en abril, tendrá un impacto
importante no solo para esa fecha sino también para el rumbo
económico y social del país a largo plazo.

En
este sentido, hay (al menos) tres polos principales alrededor de los
cuales convergen las principales fuerzas sociales y políticas que,
en términos extremadamente simplificados y homogeneizados, pueden
reducirse aproximadamente así; (a) las fuerzas y facciones del
socialismo progresista (y de la liberación nacional contra la
hegemonía estadounidense), (b) las fuerzas del neoliberalismo
tradicional (y conformidad absoluta con ‘el consenso de
Washington’), (c) el ambientalismo indígena y desarrollo
comunitario (aunque el candidato presidencial del movimiento indígena
en la primera ronda celebrada el 7 de febrero, Yaku Pérez, tenía
una plataforma política distintamente ambigua en términos de los
principios de base para el desarrollo económico nacional y en
términos geopolíticos, que parecía favorecer el consenso de
Washington y el capital financiero internacional).

Con
respeto a las reformas institucionales en México, otra posible
desventaja de una estrategia altamente centralizada y jerárquica en
términos de las funciones de mando, control y contabilidad es que si
un intento de infiltración tenga éxito, es probable que causará
mucho más daño en una estructura de mando centralizada, lo que
podría llevar a un uso adverso de todos los componentes del sistema
debajo de la entidad afectada, a la vez que va distorsionando la
información filtrada ‘hacia arriba’ al centro de control, con el
resultado de que las decisiones tomadas por los ‘superiores’ de
la agencia infiltrada puedan basarse en información falsa o
manipulada.

Tales
actos de infiltración o colaboración pueden tomar una multitud de
formas, desde actos de infiltración a largo plazo cuidadosamente
planeados y altamente estructurados y organizados (aunque ejecutados
de manera encubierta a través de una variedad de acuerdos secretos
paralelos e informales) hasta transacciones espontáneas y
oportunistas, ya sea elaborado con el pleno consentimiento de todas
las partes involucradas o bajo condiciones de extrema presión y
coacción.

También
es probable que sería mucho más difícil detectar y contrarrestar
tal infiltración en estas circunstancias, ya que tanto las funciones
y actividades de cada componente, así como la estructura general de
contabilidad y rendición de cuentas, tienden a ser mucho menos
transparentes, y gran parte de la información es conocida solo por
un número muy limitado de funcionarios y agentes ‘autorizados’.
En este contexto, una infiltración exitosa de uno o más de los
componentes ‘ápice’ del sistema inevitablemente tendrá
consecuencias catastróficas.

En
términos conceptuales, un sistema centralizado y jerárquica
(‘hierarchical system’) está compuesta de estructuras de
superiores e inferiores, ordenados en una cadena de mando de arriba
hacia abajo en el cual el cumplimento de las ordenes es la prioridad.
Esto contrasta con un sistema compuesto de una red integrada
(‘network system’) en el cual cada componente del sistema sirve
para complementar, apoyar y monitorear a los demás de una manera en
que los componentes se refuerzan y se vigilan mutuamente, en lugar de
simplemente servir como cintas de transmisión para el cumplimiento
de las órdenes emitidas por ‘oficiales superiores’.

Una
ilustración esquemática simplificada de estos dos tipos de sistema
sería la siguiente.

En
el caso del modelo jerárquico centralizado, la Oficina de la
Presidencia y el Congreso Nacional están en la cúspide. Aunque las
dos entidades supremas pueden ser consideradas como iguales en
algunos aspectos, la primera tiene la responsabilidad principal para
las funciones de mando, control y gestión operativa, mientras que la
segunda tiene la responsabilidad principal para las funciones de
supervisión y rendición de cuentas.

En
el caso del modelo de una red integrada, todos los componentes
importantes tienen algún grado de interacción y coordinación con
todos los demás componentes en la medida en que sus funciones y
responsabilidades tengan un impacto recíproco o actividades y
objetivos operativos comunes o relacionados. Aunque dicha interacción
y coordinación de actividades también se produce en un sistema
jerárquico, por lo general es cuantitativa y cualitativamente mucho
menor y, por lo general, está limitada por los arreglos jerárquicos
predominantes. Si bien el diagrama se ha simplificado mucho por
razones prácticas, en funcionamiento incluiría flujos de
información bidireccionales entre cada uno de los componentes según
se requiera, y la Oficina de la Presidencia y el Congreso Nacional se
ubicarían en el centro.

Conclusión

Como
nota final, a menos que y hasta que algunos de los directores y altos
ejecutivos (así como auditores ‘independientes’ y funcionarios
reguladores) de los principales bancos que han lavado tantos miles de
millones de dólares de dinero de los cárteles (tales como HSBC y
Wells Fargo – entre muchos otros) son condenados a una pena de cárcel
seria – y la confiscación de sus bienes personales – quedará muy
claro para todo el mundo que la gran cantidad de recursos y los miles
de millones de dólares gastados (y decenas de miles de vidas
perdidas) durante la ‘guerra contra las drogas’ es una enorme
tragedia y una farsa total, condenando a unos cuantos chivos
expiatorios convenientes y a muchos empleados de bajo nivel a pasar
toda o la mayor parte de su vida tras las rejas, con algunos
allanamientos y arrestos de alto perfil (o extrajudiciales
ejecuciones) cada de vez en cuando para alimentar las campañas de
propaganda y relaciones públicas (que también sirven para eliminar
la competencia u otros posibles alborotadores en algunos casos).
Mientras tanto, se criminaliza y victimiza a vastas partes y sectores
enteros de la sociedad, en beneficio de unas pocas personas en el
sector financiero, las industrias de armas, la industria
penitenciaria, y sus colaboradores políticos y burocráticos
parasíticos.