March 16, 2021
De parte de Indymedia Argentina
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Tres miembros de la Teko谩 (comunidad) mbya guaran铆 鈥淧ai Antonio Mart铆nez鈥 de la localidad de Fracr谩n, San Vicente, Misiones, se encuentran presos por disposici贸n del juez Gerardo Casco desde el pasado 23 de febrero. Se trata del mburuvich谩 (cacique) Catalino Mart铆nez, y de los 鈥渃abos鈥 Bonifacio Olivera y  Alejandro Escobar, detenidos bajo la grav铆sima car谩tula de supuestas torturas, vejaciones y malos tratos contra cinco integrantes de su comunidad.

El caso genera tensi贸n tanto en la comunidad afectada como en otras pertenecientes Pueblo Mbya, donde consideran que la situaci贸n tiene su origen en el desconocimiento de sus pautas socioculturales y el derecho que tienen a vivir de acuerdo a ellas, as铆 como ven en la prisi贸n de Mart铆nez, Olivera y Escobar un atropello a las autoridades comunitarias.

La Teko谩 mbya guaran铆 鈥淧ai Antonio Mart铆nez鈥 est谩 emplazada en poco m谩s de 500 hect谩reas de territorio comunitario en la localidad de Fracr谩n, Municipio de San Vicente, Misiones. Se trata de una comunidad antigua y populosa, integrada por unas 100 familias y m谩s de 500 habitantes. Como todas las comunidades mbya existentes en el territorio misionero, Pai Antonio Mart铆nez se enfrenta al desmonte, a carencias estructurales, a la pobreza extrema.

A pesar de las dificultades, entre las cuales cuentan de manera cada vez m谩s incisiva diversas formas de intervencionismo estatal y de la cultura juru谩 (blanca), la comunidad intenta preservar sus pautas culturales, sus  formas organizativas y su sistema de autoridad, que incluye sus formas de resoluci贸n de conflictos. Estas pautas obedecen a una amplia y antigua cosmovisi贸n sobre las formas de vivir que se resumen en el nombre de Teko Por茫, el Buen Vivir.

Un problema interno

Seg煤n el relato de miembros de la comunidad Pai Antonio Mart铆nez y otras aldeas mbya, la situaci贸n por la cual hasta el d铆a de hoy se encuentran detenidos Catalino Mart铆nez, Bonifacio Olivera y Alejandro Escobar se inici贸 en la aplicaci贸n de las formas propias de autoridad y justicia mbya ante un conflicto al que definen como un 鈥減roblema interno鈥.

Catalino Mart铆nez, mburuvich谩 de la comunidad Pa铆 Antonio Mart铆nez, primero arriba a la derecha

Varios miembros de la aldea fueron acusados de ejercer la brujer铆a para hacer mal a otros integrantes. Lo que empez贸 como un rumor empez贸 a tomar cuerpo ante el relato de una adolescente, quien afirm贸 haber sido reclutada por dos hombres para 鈥渉acer mal鈥 contra otras personas. Su testimonio implic贸 en estas actividades a otras cuatro personas, tres hombres y una mujer.

Ante esas revelaciones, el mburuvich谩 Catalino Mart铆nez decidi贸 realizar una reuni贸n para decidir qu茅 medidas tomar, a la  que fueron convocados tanto las y los integrantes de su comunidad como de otras aldeas, entre ellos un opygu谩, autoridad religiosa, de una comunidad del Valle del Cu帽a Pir煤.

鈥淗ab铆a personas que hac铆an mal y nosotros no sab铆amos que estaban dentro de la comunidad. Eso al cacique le lleg贸. Entonces para corregir llam贸 a varias comunidades para hablar sobre ese tema鈥鈥 resumi贸 Paulo Duarte, segundo mburuvich谩 de Teko谩 Pai Antonio Mart铆nez.

La reuni贸n convocada por Catalino Mart铆nez comenz贸 el  viernes 19 y finaliz贸 el  domingo 21 de febrero. Las deliberaciones duraron varias horas durante esos d铆as, se realizaron con la presencia de las personas acusadas, quienes fueron obligadas a permanecer durante ese tiempo en el lugar de la reuni贸n. 鈥淟as familias iban a descansar a sus casas y despu茅s volv铆an para seguir鈥, dijo Duarte al respecto.

鈥淧ara nosotros en nuestra comunidad, en nuestro sistema, en nuestra cultura, fue una correcci贸n nada m谩s. El cacique fue a corregir a la persona para que no haga mal a otra persona, que mal no se hace a otra persona. Yo s茅 que hasta ah铆 es el  deber que tenemos como cacique de hablar, educar, poner las cosas en su lugar.鈥 鈥 explic贸 Paulo Duarte, quien puntualiz贸 que 鈥Es una correcci贸n en nuestra cultura, nuestra costumbre. No es tortura. En ning煤n momento se les maltrat贸 ni nada, porque nosotros somos as铆. Empez贸 el viernes y el domingo ya termin贸.鈥

Duarte se帽al贸 tambi茅n que tras la culminaci贸n del acto  desde la comunidad consideraban que el problema se hab铆a resuelto de modo favorable, que las personas acusadas fueron liberadas y regresaron a sus actividades.

鈥淔ue muy importante ac谩 en la comunidad porque se termin贸 todo bien, porque la 煤ltima palabra que dio fue nuestro cacique ac谩 y despu茅s entreg贸 a un gu铆a espiritual para que determine todo, para que pueda dejar cada cosa en su lugar. Fueron muy buenas las palabras que  dio el sacerdote que vino de una aldea del Valle del Cu帽a Pir煤.鈥 鈥  evalu贸.

Sin embargo, el d铆a martes 23 de febrero la teko谩 sufri贸 la irrupci贸n de una nutrida comitiva policial que lleg贸 hasta el lugar para detener al mburuvich谩 Catalino Mart铆nez y a los cabos Bonifacio Olivera y Alejandro Escobar, quienes fueron denunciados por el ex mburuvich谩 Ricardo Ariel Saya, supuestamente por haber torturado y sometido a vejaciones a las cinco personas a las que se hab铆a acusado de brujer铆a.

Adem谩s de detener a las autoridades de la comunidad, la polic铆a secuestr贸 gran cantidad de elementos rituales a los que consider贸 como elementos probatorios y  catalog贸 como 鈥渋nstrumentos de tortura鈥.

Bonifacio Olivera, ch贸ndaro (guardia) de la comunidad Pa铆 Antonio Mart铆nez. Es una de las autoridades que se encuentra en prisi贸n.

Respecto a los hechos denunciados, varios testigos se帽alaron que el denunciante Ricardo Ariel Saya no estuvo presente durante los d铆as que se realiz贸 la reuni贸n y desmienten los malos tratos hacia las personas a las que se acusaba de ejercer la brujer铆a, solamente admiten que se las detuvo y se les  oblig贸 a estar presentes durante las deliberaciones. Adem谩s, afirmaron que Bonifacio Olivera, uno de los detenidos, no estuvo presente durante esa semana en la aldea, por lo que no asisti贸 a la reuni贸n.

Dos formas de justicia:

El d铆a 9 de marzo, al cumplirse dos semanas de la aprehensi贸n de las autoridades de Pa铆 Antonio Mart铆nez, una veintena de mburuvichas y l铆deres religiosos de distintas comunidades mbya presentaron una nota al juez Gerardo Casco para solicitar una audiencia en la cual se escuchara su versi贸n de los hechos, para aclarar lo que consideran una denuncia falsa. La nota fue presentada por los referentes luego de intentar infructuosamente ser recibidos por el juez, a quien deseaban explicar que el acto denunciado se trata de la aplicaci贸n de sus propias formas de justicia y regulaci贸n de la vida comunitaria.

Paulo Duarte expres贸 la preocupaci贸n que atraviesa a su comunidad y el deseo de que la situaci贸n tenga una pronta resoluci贸n, tal como desde  ellos dieron una salida al problema que se plante贸 ante las acusaciones de brujer铆a.

En base a las concepciones de sus propias formas de justicia, Duarte apel贸 a una resoluci贸n  pronta de la situaci贸n , algo que no se condice con los procedimientos y tiempos de la justicia estatal.

No es lo 煤nico que las diferencia: la intenci贸n de castigar que prima en la justicia estatal sorprende e incomoda a las y los miembros del pueblo mbya, que se帽alan que su justicia tiene otras formas y busca v铆as de resoluci贸n de conflictos.

鈥淟a justicia nuestra no es solamente castigar sino tambi茅n buscar una soluci贸n, porque muchas veces castigar tambi茅n no es bueno, sino buscar una mirada, una v铆a que pueda servir a la persona. Eso es lo que se busca en la justicia mbya.鈥鈥  explic贸 Mario Borjas, ex mburuvich谩 de la Teko谩 Ka麓a Kupe de Ruiz de Montoya, quien reivindica la aplicaci贸n de formas propias y tradicionales de justicia en las comunidades.

鈥淟a justicia mbya tiene otra forma de conversaci贸n, otra forma de tiempo para poder solucionar y sabemos solucionar los problemas. Es que se metieron mucho los blancos, los juru谩 y por ah铆 se ven铆an cayendo las organizaciones propias.鈥 鈥 afirm贸 Borjas, quien ve en el encarcelamiento de las autoridades de Pai Antonio Mart铆nez una forma de discriminaci贸n y de desconocimiento por parte de las autoridades blancas.

No reconocimiento y discriminaci贸n:

鈥淣osotros como Pueblos Ind铆genas tenemos nuestras maneras de pensar, de tiempo, nuestras maneras de instituci贸n y hay muchas cosas que todav铆a las autoridades blancas no est谩n conociendo, que no saben cu谩l es la realidad de nuestra cultura. Esto es una discriminaci贸n total de parte de la autoridad de San Vicente, del juez que act煤a sin consultar bien a la comunidad, sin escuchar a la comunidad.鈥 鈥 caracteriz贸 Borjas, quien record贸 que la preexistencia 茅tnica y cultural de los Pueblos Ind铆genas est谩 reconocida por la Constituci贸n Nacional y que el convenio 169 de la OIT, suscripto por Argentina,  protege a sus instituciones, su cultura y su derecho a la autodeterminaci贸n.

Incursi贸n policial en la comunidad para detener a sus autoridades.

A pesar de la vigencia de tal legislaci贸n, el juez Casco omiti贸 hasta ahora considerar el rol de autoridades que ejerc铆an Catalino Mart铆nez como mburuvich谩 y los 鈥渃abos鈥 o 鈥済uardias鈥  Alejandro Escobar y Narciso Ben铆tez, quien permanece en libertad pero en calidad de imputado , mientras mantiene en prisi贸n a Olivera, quien ni siquiera estuvo en el lugar y momento de los hechos.

A ra铆z de esa omisi贸n, sus conductas aparecen enmarcadas en la causa judicial como simples conductas delictivas cometidas en forma concertada y no se inscriben en el marco sociocultural de los imputados.

La falta de aplicaci贸n de la perspectiva ind铆gena en la causa judicial se revela no solamente en apresamiento de las autoridades de Pa铆 Antonio Mart铆nez y la renuencia expresa del juez a recibir a los mburuvich谩s y gu铆as espirituales, sino en el curso mismo que se dio a la denuncia sin haber recurrido a int茅rpretes interculturales que oficien tanto en la traducci贸n idiom谩tica como fundamentalmente en la interpretaci贸n de las pautas socioculturales que rigen las conductas denunciadas. Hoy, Mart铆nez y Escobar est谩n en prisi贸n por haber ejercido formas propias de su autoridad  de acuerdo a normas tradicionales y ancestrales, en tanto que la prisi贸n de Olivera es m谩s arbitraria a煤n.

Tanto la autoridades comunitarias de gran cantidad de teko谩s, gu铆as espirituales y otros referentes mbya esperan junto a la defensa de los imputados la posibilidad de ser escuchados y que el juez Gerardo Casco adopte en la instrucci贸n judicial una perspectiva acorde a los derechos proclamados  constitucionalmente de respeto a las normas e instituciones que son parte de la reconocida preexistencia 茅tnica y cultural de los pueblos originarios de Argentina.




Fuente: Argentina.indymedia.org