October 21, 2021
De parte de SAS Madrid
283 puntos de vista


Los familiares de los casi 6.000 mayores que murieron en las residencias madrileñas por COVID-19 en la primera ola llevan año y medio pleiteando contra los gestores de una decena de residencias y contra los propios responsables de la Comunidad de Madrid para que se depuren responsabilidades. Lo que no se conocía hasta ahora es que el gobierno regional ha evitado que esas empresas le abran un nuevo frente judicial tirando de billetero.

El conflicto se remonta a finales de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las Comunidades Autónomas para intervenir las residencias, independientemente de su titularidad. La Comunidad de Madrid decidió usarlos: trasladó a algunos de los usuarios a otros centros y, en algunos casos, incluso cambió a los gestores. Al menos quince de las empresas afectadas reclamaron después una indemnización que ahora, año y medio más tarde, están comenzando a cobrar.

Es el caso de Ballesol Mirasierra, donde las autoridades madrileñas trasladaron a 45 mayores “a la vista del rápido avance de la enfermedad y teniendo en cuenta la envergadura y evolución de crisis sanitaria”, según refleja el convenio firmado entre la empresa matriz Intercentros Ballesol S.A. y la Consejería de Sanidad para poner fin a la reclamación de la primera. Ese documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, asegura que la Comunidad de Madrid “tuvo la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente”. A cambio, ese centro recibirá casi 269.000 euros en concepto de indemnización -268.935,38 euros- por un total de “3.017 días de estancia”.

Se da la circunstancia de que Ballesol Mirasierra es una de las residencias que los familiares han llevado ante los tribunales. Ese centro sufrió un brote a finales de marzo del año pasado en el que murieron una decena de mayores.

Alejandra Rodríguez es uno de los familiares que ha presentado una querella contra la dirección del centro porque su abuela falleció el 2 de abril sin haber podido tener una comunicación. “No llegamos ni a hacer una videoconferencia en un mes. Entonces no sabemos en qué estado estaba, murió sin su familia. El problema con la residencia fue la incomunicación y que tampoco pusieron muchas medidas, no había EPIs, no había protocolos de seguridad y lo único que hicieron fue echar a los familiares”. Esta mujer no comprende cómo ahora la Consejería de Sanidad puede indemnizar a este centro. “Me parece una mala gestión por parte de la Comunidad de Madrid y un insulto a los familiares porque no solo no derivaron a hospitales, estando la clínica privada Ruber enfrente, y ahora indemnizan a las residencias. Deberían indemnizar a los familiares porque son los que han tenido una gran pérdida”.

Al menos otros catorce centros –la mayoría de ellos pertenecientes a tres grandes grupos empresariales- han pedido también una compensación y la Comunidad de Madrid les ha reconocido ese derecho, según informa un portavoz de la Consejería de Sanidad. Entre todos ellos cobrarán 1.119.791,70 euros, según una consulta realizada por esta redacción al Portal de Transparencia del gobierno regional, que considera que esos traslados “tienen naturaleza expropiatoria” y, por ende, generan derecho a indemnización. A cambio –como reza el convenio con Ballesol Mirasierra- la residencia “se da por satisfecha”. En concreto, este grupo –Ballesol- se beneficia de tres de estos convenios; Orpea, de seis; y Amavir, de otros dos.

Para calcular esas indemnizaciones se ha tomado como base un informe de la consultora KPMG, que ya se encargó de poner precio también a la colaboración de la sanidad privada durante la pandemia. El encargo se lo hicieron las propias residencias y la Comunidad de Madrid “no pagó nada a la consultora por ese informe”, según señala Sanidad. En un principio fijaba una compensación de 95,68 euros por usuario y día de estancia, pero el importe le parecía excesivo a la Consejería, que lo rebajó hasta los 89,14 euros tras excluir gastos en los que “no existe mutuo acuerdo entre las partes”, como la inversión publicitaria de los centros o los costes financieros.

Tampoco se tiene en cuenta el material enviado por las administraciones públicas, y que la Consejería de Sanidad no ha cuantificado a preguntas de esta redacción; ni tampoco otros servicios, como las reiteradas desinfecciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las instalaciones de esta y otras residencias.

Desde la patronal de las grandes residencias, AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia), su secretario general, Jesús Cubero, relata el inicio de cómo se fraguó la colaboración. “Durante lo más duro de la pandemia se pidió colaboración desde las consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales para poder llevar a residentes de centros pequeños y que tenían muchos contagios a centros más grandes que tuvieran más personal. Los centros asociados a la asociación que mejor estaban pusieron plazas a disposición porque pensaron que todos tenían que ayudar. A partir de ahí, una vez pasado lo peor de la pandemia, es cuando se ha iniciado el proceso de la compensación por las plazas expropiadas”. Cubero recuerda que estas negociaciones comenzaron antes del verano ya con cada centro negociando por separado con la Consejería de Sanidad.

RELACIÓN DE RESIDENCIAS ACOGIDAS A CONVENIOS DE INDEMNIZACIÓN

Ballesol Mirasierra

Ballesol Príncipe de Vergara

Ballesol Alcalá

Virgen de la Nueva

Sanitas Carabanchel

El Álamo

Amavir Pozuelo

Amavir Villanueva

Orpea Madrid Aravaca

Orpea Alcobendas

Orpea Madrid Sanchinarro

Orpea El Escorial

Orpea Buenavista

Orpea Santo Domingo Algete

Valdeluz Leganés

Enlace relacionado CadenaSer.com (21/10/2021).




Fuente: Sasmadrid.org