October 6, 2021
De parte de SAS Madrid
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El PP boicoteará la aplicación de la nueva ley de vivienda anunciada este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y el Ayuntamiento de la capital, con José Luis Martínez Almeida al frente, ya han anunciado que aprobarán medidas para dejar sin efecto todo lo que puedan de la propuesta con la que el Ejecutivo planea influir sobre las áreas urbanas que sufren las consecuencias de un incremento disparatado del precio de los alquileres.

La ciudad de Madrid no impondrá el recargo del 150% del IBI para pisos cerrados ni medidas para impedir desahucios, al menos mientras siga gobernada por la derecha. Y si la ley prevé mecanismos para obligar a los municipios a hacerlo, el ayuntamiento articulará medios para “que no repercuta a los madrileños”.

Almeida recordó que el Ayuntamiento de Madrid “ha bajado 112 millones de euros el IBI, y bajará el IBI el año que viene” y no está dispuesto a aprobar un recargo para que viviendas vacías sean ofertadas en alquiler. “Es un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes y será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe”, aseguró.

La nueva ley es “un ataque a la propiedad privada como en ningún otro momento de la democracia” producto de la decisión del PSOE de “subordinar el interés de España a seguir gobernando con Podemos”. Medidas como estas, remarcó, “ya se han visto en otros países” y son “experimentos fracasados que atentan contra derechos fundamentales”.

Esa es la línea argumental con la que el PP va a atacar en las próximas semanas el proyecto de ley, que considera una “barbaridad”

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, declaró que “cuando en un país no se respeta la propiedad privada el horizonte es muy negro”. “¿Cómo vamos a conseguir que la financiación fluya y que el mundo apueste por España? La seguridad jurídica es imprescindible para crecer y crear empleo y las últimas noticias no ayudan nada”, añadió.

En parecidos términos se pronunció el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés. “Así es difícil que se quiera invertir en España. Así es difícil seguir. El precio de la izquierda española”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al boicot del Ayuntamiento de la capital se sumó rápidamente la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso anunciando que defenderá a los propietarios —los grandes, que son los que se verán afectados por esta medida— y les “blindará” frente a un proyecto que tachan también de “intervencionista”. Si no se hace, añadió, “saldrán del país”.

“Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida”, acusó ignorando que las medidas afectan a las empresas propietarias de más de 10 viviendas. “Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada”, declaró a Europa Press la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

La Comunidad de Madrid buscará fórmulas para “blindar” a los propietarios de más de 10 viviendas dándoles “certeza y seguridad jurídica” y así atraer inversiones internacionales. Su política para bajar el precio de la vivienda pasa por favorecer la disposición de suelo en el mercado para que haya más oferta, así como la construcción de vivienda pública.

Si la aplicación de la ley depende de la Comunidad, subrayó, buscará cómo blindarse “ante estos planteamientos para defender a los ciudadanos”.

Para el conjunto de España el PP defiende únicamente una reforma de la ley con el fin de liberalizar el suelo, ofrecer todas las parcelas públicas disponibles y favorecer la construcción de nuevas viviendas.

Las reservas de Andalucía, Murcia y Galicia

Andalucía y Murcia, también con Gobiernos del PP, no anunciaron medidas de boicot, como Madrid, pero sí tomaron posición en contra de la la nueva ley. El Gobierno andaluz, a través de su consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, se manifestó “en contra del intervencionismo, de la hiperregulación” y abogó por “construir más viviendas públicas y no intervenir en el mercado” para rebajar el precio de los alquileres.

Es una estrategia, dijo, que “ya ha fracasado en otros países”, al contrario que la política andaluza, que según él ha sido capaz de poner en el mercado 3.000 viviendas más en alquiler.

El Ejecutivo de la Región de Murcia, que preside el tránsfuga Fernando López Miras (PP), se mostró preocupado por unas medidas que, en su opinión, “van en sentido contrario a la mejora del acceso a la vivienda”.

Se trata, argumentan, de una “vulneración” de la propiedad privada porque “establece que el fin de la vivienda es únicamente ‘social’, lo que va a significar que este mercado estará controlado totalmente por el Estado”. El resultado va a ser un aumento de “la inseguridad jurídica de los propietarios ya que se perseguirá a todos los que no cumplan unos estándares”, se “desincentivará el mercado” y se “contraerá la oferta de viviendas en alquiler”.

El Ejecutivo murciano asegura que ya puso en marcha un bono joven como el que acaba de anunciar Pedro Sánchez. La semana pasada anunció 6,8 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la Región a través de dos líneas de ayudas, destinadas a financiar el alquiler y la adquisición de inmuebles en municipios y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, evitó hablar del fondo de la propuesta del Gobierno pero sí criticó que el texto no se haya negociado con las comunidades. Es “sorprendente”, dijo, que el Ejecutivo acuerde la ley de vivienda sin “ponerse de acuerdo primero con las comunidades autónomas”. En todo caso, añadió, de lo que conoce del proyecto “no se desprende nada bueno para inquilinos y propietarios”.

Enlace relacionado InfoLibre.es (06/10/2021).




Fuente: Sasmadrid.org