May 6, 2022
De parte de SAS Madrid
167 puntos de vista

Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por cuatro tipos de mascarillas importadas por la mercantil gallega Sibucu 360 SL desde China se publicaron tanto en el sistema de alerta r谩pida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Uni贸n Europea como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, todas las comunidades compart铆an las irregularidades detectadas en las mascarillas. 

Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotaci贸n de material sanitario contra la covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: Galicia y Madrid. Tanto el gobierno de Alberto N煤帽ez Feij贸o como el de Isabel D铆az Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esafirma, que hasta entonces no se hab铆a dedicado a la comercializaci贸n de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feij贸o: Jos茅 Ram贸n Garc铆a Gonz谩lez. 

En concreto, la Xunta volvi贸 a contratar con esa empresa en junio de 2021, despu茅s de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quir煤rgico y 300.000 de tipo FFP2- por un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribuci贸n entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete 谩reas sanitarias de Galicia.

La Comunidad de Madrid, por su parte, invirti贸 medio mill贸n de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisici贸n a Sibucu de mascarillas quir煤rgicas para el Hospital de La Paz. 

Adem谩s, la Consejer铆a de Sanidad madrile帽a contrat贸 con esta empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ram贸n y Cajal, sin que en el Portal de la contrataci贸n de la Comunidad de Madrid conste m谩s informaci贸n sobre los productos adquiridos a la sociedad, con sede en  A Coru帽a.

La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, seg煤n Sibucu] parece que no ha pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gesti贸n Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.

Seg煤n informaci贸n aportada por la propia mercantil, tambi茅n fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputaci贸n Foral de Araba. Pero no todas las administraciones p煤blicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias. 

S铆 lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, m谩s de un a帽o despu茅s de que informara a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Sa煤de (Sergas) volvi贸 a comprar a esa misma empresa.

La oferta m谩s baja

En la resoluci贸n de la adjudicaci贸n, la Direcci贸n Xeral de Recursos Econ贸micos del Sergas informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con doce empresas, en noviembre de ese a帽o, les solicit贸 una minoraci贸n de precio en las FFP3 “por razones de inter茅s p煤blico”.

A esa llamada respondieron ocho compa帽铆as, entre ellas Sibucu, que fue la que ofert贸 el precio m谩s barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta m谩s cara.

La normativa espa帽ola sobre contrataci贸n p煤blica establece restricciones para contratar con empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como ‘ofertas temerarias’.

En concreto, la Ley de Contratos del Sector P煤blico establece en su art铆culo 149 que si el “贸rgano de contrataci贸n presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en t茅rminos que la hacen anormalmente baja”, deber谩 exlduirla mediante el procedimiento pertinente y que se rechazar谩n las ofertas temerarias si “vulneran la normativa sobre subcontrataci贸n o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”. 

Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros la unidad. En febrero del a帽o pasado, cuando las medidas de protecci贸n a煤n eran preceptivas y la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compr贸 a Sibucu a menos de medio euro “por ser dicha mascarilla id贸nea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud”. 

A pesar de que aquel contrato no se adjudic贸 por el procedimiento de emergencia, en el expediente s贸lo aparece la resoluci贸n, que menciona una memoria justificativa del Servicio de Aprovisionamiento de la Subdirecci贸n Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho p煤blica. 

Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones t茅cnicas y administrativas del contrato, ni su formalizaci贸n, ni si en el estudio de las ofertas se consider贸 que el hecho de que Sibucu ofertara mascarillas un 15% m谩s baratas que el resto podr铆a estar relacionado con su calidad. M谩s a煤n cuando la Xunta sab铆a desde hace un a帽o que esa misma empresa hab铆a importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE. 

Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administraci贸n de Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu s铆 fue descartada por presunci贸n de temeridad, ya que aunque supon铆a una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, “en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid”, consta en la resoluci贸n.

Tampoco alude a una “fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley de Contratos del Sector P煤blico”, consta en la resoluci贸n del 18 de septiembre de 2020, a la que ha podido acceder P煤blico.

Sello ilegal

Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que proced铆a de una  empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el n煤mero de ning煤n organismo certificador. 

La explicaci贸n de la empresa ofrecida a este diario es que sufri贸 un “fraude” por parte del laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe laboratorio acreditador. 

Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, que tambi茅n compr贸 mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid.

En dichos expedientes deber铆an constar los certificados de los test en un laboratorio del pa铆s de origen, es decir China. Seg煤n Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afect贸 a la calidad del producto. Tambi茅n indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna administraci贸n p煤blica, sino s贸lo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta pruebas de ello. 

Un conocido empresario

El 茅xito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones p煤blicas arranc贸 en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario Jos茅 Ram贸n Garc铆a Gonz谩lez era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminaci贸n, que est谩 administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff  y su socio inversor entonces, Garc铆a Gonz谩lez, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad. 

Jos茅 Ram贸n Garc铆a Gonz谩lez fue condenado hace cuatro a帽os a nueve meses de c谩rcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente est谩 a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual por el que la Fiscal铆a le reclama un a帽o de c谩rcel y 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, adem谩s de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o particip贸.

Con 31 a帽os, Garc铆a Gonz谩lez inici贸 su trayectoria con Blusens Global Corporation, una empresa tecnol贸gica que fund贸 con un amigo y que lleg贸 a ser la que m谩s reproductores mp3 vend铆a en Espa帽a en la 茅poca del bum de esos aparatos.

Lleg贸 a estar  cuarenta pa铆ses y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, due帽o hasta ese mismo a帽o de la constructora Fadesa. Por esa 茅poca, la Blusens patrocinaba programas de televisi贸n y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro de Santiago, tras uno de cuyos 茅xitos se fotografi贸 con Feij贸o en la sede de la Xunta.

El crac financiero afect贸 enormemente a la firma, cuya facturaci贸n fue cayendo en picado. En el 2012 un juzgado de Santiago la conden贸 a dejar de fabricar varios productos de su cat谩logo al entender que violaban la propiedad intelectual de Telev茅s, otra compa帽铆a competidora de Santiago. Jove sali贸 del capital de la compa帽铆a en 2013, y Blusens sigui贸 cayendo hasta que otro juez orden贸 su liquidaci贸n en 2015. Dos a帽os m谩s tarde, su fundador fue condenado por fraude fiscal y estafa.

P煤blico ha tratado sin 茅xito de contactar con 茅l. El m贸vil de contacto que aparece en la web de Visualiza Businnes, el holding que construy贸 tras la liquidaci贸n de Blusens, corresponde a una persona que dice no tener nada que ver con 茅l.

Diego Mata, portavoz de Sibucu, asegur贸 a P煤blico el pasado martes que Garc铆a Gonz谩lez ya no tiene nada que ver con la compa帽铆a, pero lo cierto es que, seg煤n el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff,  la empresa de la que Gonz谩lez Garc铆a aparec铆a como socio inversor cuando hizo p煤blico al principio de la pandemia que a trav茅s de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.

El portavoz de Sibucu tambi茅n afirm贸 que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relaci贸n ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versi贸n, ellos s贸lo accedieron a poner a su disposici贸n su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.

Lo cierto es que P煤blico tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu s铆 se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmac茅uticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quir煤rgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vend铆a a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.

En Andaluc铆a, el cat谩logo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compa帽铆a en la que 茅sta ya se autodefine como un consultora especializada en “certificaci贸n de productos” y “gesti贸n de suministros sanitarios”.

Enlace relacionado Publico.es (05/05/2022).




Fuente: Sasmadrid.org