May 9, 2021
De parte de SAS Madrid
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El Salto Radio entrevista desde Cali, actual epicentro de las movilizaciones en Colombia, a Berenice Celeita Alay贸n, defensora de derechos humanos y directora de la Asociaci贸n para la Investigaci贸n y Acci贸n Social.

El 28 de abril organizaciones sociales, ind铆genas, campesinas y afrodescendientes de Colombia convocaron un paro en contra de la reforma tributaria que pretend铆a llevar a cabo el Gobierno. Las protestas se convirtieron en movilizaciones masivas que duran hasta el d铆a de hoy y que han conseguido ya que el presidente d茅 un paso atr谩s en la aprobaci贸n de la reforma.

La represi贸n policial y militar en Colombia ha dejado m谩s de 30 civiles asesinados por parte de las fuerzas de seguridad. Los manifestantes, despu茅s de 10 d铆as de intensas movilizaciones, contin煤an las protestas

El Gobierno ha desplegado una fuerte represi贸n policial asesinando a m谩s de 32 civiles, seg煤n organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia como la ONG Temblores, y 21 civiles, seg煤n la Defensor铆a del Pueblo. Adem谩s, la misma ONG reporta m谩s de 11 v铆ctimas de violencia sexual perpetradas por parte de la fuerza p煤blica y organizaciones sociales como la Asociaci贸n para la Investigaci贸n y Acci贸n Social (Nomadesc) denuncian m谩s de 52 desaparecidos. Todas coinciden en que la violencia policial y militar y que las violaciones de derechos humanos contra la poblaci贸n han marcado un precedente hist贸rico en las movilizaciones colombianas.

Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado el uso abusivo de la fuerza p煤blica y la situaci贸n de guerra desplegada contra los manifestantes. Amnist铆a Internacional exige al Gobierno el cese del uso de las fuerzas militares contra las protestas y una investigaci贸n independiente al respecto. Las propias organizaciones sociales tambi茅n reportan masacres contra poblaci贸n civil y el uso de fuego real contra los ciudadanos por parte de la polic铆a. Incluso, en una de las ocasiones en que la polic铆a emple贸 fuego real, se vio envuelta una misi贸n de las Naciones Unidas.

En la sombra est谩 el ex presidente 脕lvaro Uribe, quien ha justificado la violencia por parte de la polic铆a y a qui茅n acusan las organizaciones defensoras de derechos humanos de alentar cr铆menes contra la humanidad en el marco del conflicto armado colombiano.

A diferencia de otras protestas hist贸ricas en Colombia, que principalmente se han articulado en zonas campesinas y en grandes ciudades, en esta ocasi贸n se est谩n produciendo manifestaciones tambi茅n en peque帽as ciudades, en sus barrios y en zonas donde habitualmente la protesta no era masiva. Es el caso de Cali, donde se han vivido protestas sin precedentes. Adem谩s, esta ha sido una de las 谩reas donde m谩s muertos se han reportado tras el despliegue del ejercito militarizando la ciudad.

Las propias organizaciones sociales que hab铆an convocado el paro han se帽alado que no esperaban que las protestas fueran a ser tan masivas y que a ellas se sumaran otros sectores que no estaban tan articulados o que tradicionalmente no se sumaban a las manifestaciones.

En el trasfondo est谩 el hist贸rico paro del 21 de noviembre de 2019, donde ya comenzaron a sumarse otros grupos sociales del pa铆s y donde se pudo observar la indignaci贸n de la poblaci贸n con sus gobernantes, con la crisis econ贸mica y financiera y con la represi贸n estatal.

La causas principales por las que los colombianos han salido masivamente a la calle tienen que ver, por un lado, con la reforma tributaria que hab铆a sido avalada por el FMI, actualmente retirada por el presidente.

La reforma pretend铆a que hubiese mas contribuyentes para recaudar m谩s financiaci贸n para supuestos proyectos asistenciales, pero Colombia es el pa铆s m谩s desigual de toda Am茅rica Latina y el s茅ptimo a nivel mundial, lo cual iba a empeorar la situaci贸n de desigualdad econ贸mica beneficiando a las clases m谩s ricas y golpeando a la clase media, la m谩s afectada por la crisis del covid-19.

El pa铆s de por s铆 ya tiene una estructura tributaria que beneficia a los grandes terratenientes y empresarios del pa铆s, impide el desarrollo de peque帽os empresarios, campesinos y, en general, de las clases sociales m谩s pobres que subsisten entre impuestos y falta de oportunidades. Esta situaci贸n deja a la gran mayor铆a de la poblaci贸n en una grave desprotecci贸n respecto a servicios b谩sicos como la educaci贸n y la sanidad. Adem谩s, no hay que olvidar que es el cuarto pa铆s con m谩s muertos por la pandemia del covid-19 y que en 2020 las cifras oficiales de pobreza monetaria rondaban el 47% y las de pobreza extrema el 15% de la poblaci贸n.

Por otro lado est谩 el hast铆o de la sociedad con el sistem谩tico abuso policial. El principal problema es que la polic铆a en Colombia hist贸ricamente ha sido entrenada en la l贸gica del enemigo interno y de la contrainsurgencia, de esta manera el enemigo es el ciudadano que protesta, convirti茅ndose este en un supuesto objetivo insurgente a batir. Adem谩s, la polic铆a no distingue entre actos vand谩licos y protestas ciudadanas de car谩cter pac铆fico.

El Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (Esmad) ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch como el principal culpable de las violaciones de derechos humanos y abusos policiales contra la protesta en Colombia. Pero tambi茅n lo es la polic铆a nacional en su devenir diario, donde el abuso est谩 a la orden del d铆a, sobre todo en barrios donde la pobreza y la marginaci贸n son alt铆simas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en uno de sus cap铆tulos del informe anual de 2019, hace referencia expl铆cita al escuadr贸n antidisturbios, insta al Estado a que investigue independientemente los abusos cometidos por dicha polic铆a y que se revisen los protocolos de actuaci贸n de la misma.

Otra de las causas tiene que ver con la situaci贸n de seguridad del pa铆s y el escenario de supuesto postconflicto. El Gobierno de Duque gan贸 las elecciones siendo muy cr铆tico con el proceso de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano, as铆 como con el proceso de paz que en su momento se hab铆a iniciado con el ELN. Primero rompi贸 el acuerdo con esta 煤ltima guerrilla e incumpli贸 una de las clausulas por las que se se帽alaba que, si la negociaci贸n terminaba sin alcanzar un acuerdo, el Estado se compromet铆a a que los representantes de la guerrilla volvieran al pa铆s con garant铆as de no ser detenidos.

Respecto al anterior acuerdo ya firmado con las FARC-EP, que adem谩s inclu铆a reformas del pa铆s, Duque ha realizado una pol铆tica de sistem谩tico bloqueo de la implementaci贸n del proceso, boicoteando la Justica Especial para la Paz, as铆 como quit谩ndoles financiaci贸n a las propias v铆ctimas y a los puntos que tienen que ver con la sustituci贸n de los cultivos il铆citos y del desarrollo integral de zonas afectadas por el conflicto armado, principalmente campesinas.

Prueba de ello es el incremento exponencial de los cultivos il铆citos y del aumento del narcotr谩fico y de sus zonas de influencia. Es decir no solo no est谩 apoyando la implementaci贸n del acuerdo de paz sino que adem谩s, en materia de seguridad ciudadana, desde el acuerdo de paz han sido asesinados m谩s de un millar de l铆deres sociales a manos de paramilitares y grupos criminales, como reportan ONG como Indepaz.

Los colombianos y colombianas esperaban un escenario de fin del conflicto, pero la realidad dista de serlo, m谩s cuando las zonas de influencia de la extinta guerrilla han sido ocupadas por grupos de narcotraficantes, aumentando as铆 la violencia y las violaciones de derechos humanos contra la poblaci贸n.

Edici贸n sonora: 脕lvaro Lorite

Fragmentos de audio de Tribuna M茅xico

M煤sica: La vamo a tumb谩, Grupo Saboreo

Para escuchar “Entrevista a Berenice Celeita, que analiza la brutal represi贸n policial y militar desde Cali”, PINCHAR AQU脥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 08/05/2021.




Fuente: Sasmadrid.org