MONCADA
– 15/03/2021
Bastante
demorado el sistema judicial boliviano envió a la cárcel
preventiva, por cuatro meses, a la ex Senadora de Bolivia, Jeannine
Añez (y a dos de sus ex ministros), quien en noviembre del 2019,
luego de participar en el Golpe de Estado que destituyó a Evo
Morales, se auto proclamó, de manera inconstitucional, Presidenta de
Bolivia, y recibió la banda presidencial de manos de las Fuerzas
Armadas.
¿Qué
hizo Jeannine Añez durante casi un año de su gobierno de facto?
A
parte de usurpar inconstitucionalmente la función de la Primera
Magistratura del país, y participar activamente en el Golpe de
Estado, mediante un Decreto Supremo liberó de responsabilidad penal
a los militares que en el momento masacraban a indígenas y
campesinos movilizados contra el Golpe en los municipios de Sacaba
(Huayllani) y El Alto (Senkata). El saldo trágico fue: 37 indígenas
asesinados a bala, cuyas almas y familiares aún deambulan por las
calles de Bolivia clamando justicia.
Esta
acción delictiva de Añez fue con saña, premeditación y alevosía.
Al grado que, meses después, por presión internacional, tuvo que
derogar dicho Decreto que promovía y premiaba con la impunidad
masacres contra indígenas descontentos.
Durante
su oscuro y doloroso gobierno de facto, públicamente persiguió mano
militari a toda personas boliviana o no que se oponía al gobierno de
facto.
Fue
un vergonzoso y dantesco terrorismo de Estado: Ciberactivistas,
dirigentes de los movimientos sociales, representantes del MAS,
defensor@s de derechos humanos, periodistas…, fueron detenidos,
encarcelados.
El
gobierno de facto activó y financió a grupos armados paraestatales
como la JRC (Cochabamba) o la UJC (Santa Cruz) que agredieron y
humillaron a funcionarios públicos electos del período del
defenestrado gobierno anterior.
A
los gobiernos amigos del pueblo boliviano que intentaron ayudar en
esa trágica historia, la usurpadora Añez los maltrató expulsando a
sus cuerpos diplomáticos de Bolivia.
A
éste caos político militar que quebró la estabilidad del país se
sumó la pandemia del COVID19. Una desgracia humana que la usurpadora
capitalizó, no sólo para afinar el terrorismo de Estado, sino para
restaurar la industria de la corrupción pública como en la época
republicana.
Compraron
respirados mecánicos que no eran, con sobreprecios, mientras miles
de bolivianos morían buscando respiradores. Hicieron una “masacre
laboral indígena” despidiendo a trabajadores públicos para
colocar a los familiares y parientes de los actores y promotores del
Golpe en cargos públicos. Paralizaron todos los procesos de
industrialización del país, y entregaron bienes públicos a sus
allegados.
30
años de cárcel para los verdugos no devolverá la vida a las
víctimas
Los
delitos que se le imputa a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son:
terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los
delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de
lesa humanidad.
La
pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero,
esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la
usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso),
es insignificante.
Estos
delitos de lesa humanidad deberían ser castigados con cadena
perpetua para persuadir a futuros golpistas y prevenir futuras
masacres. Ojalá sea otra motivación más para que la voluntad
constituyente boliviana se reactive, y Bolivia perfeccione su
Constitución Política Plurinacional.
No
es venganza, es justicia mínima
Quienes
asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es
venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los
indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos
menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.
Por
ello, esos verdugos tiznados de sangre, asumen que las y los
sobrevivientes a sus masacres debemos callar y aceptar sus crímenes,
como aceptan y callan, con el rabo entre las piernas, los perros
castigados por sus dueños.
Venganza
fue lo que hicieron con los familiares de nuestros abuelos y abuelas
que se alzaron contra los abusos de la Colonia española y la
República Criolla. Venganza fue cuando, después de descuartizar a
Túpac Amaru/Micaela Bastidas, en Cusco, 1781, desterraron hacia el
ultramar a toda la extensa descendencia ya rendida de nuestro abuelo
Túpac Amaru.
Diego
Cristobal Túpac Amaru (hermano de Túpac Amaru II), luego de firmar
el Acuerdo de Paz, se negó abandonar Tinta (Cusco) y los verdugos,
asesorados por el Obispo Moscoso, en 1783, lo descuartizaron a él y
a toda su familia, e hicieron de la zona andina un calvario infernal…
Otro tanto hicieron con Túpac Katari, Zárate Willka… quisieron
hacer lo mismo con Evo Morales… pero no pudieron.
¡Cuántas
evidencias más necesitamos! Esos seudocriollos y misticillos
sanguinarios jamás nos aceptarán como humanos. En consecuencia,
sino es ahora, mañana, nos masacrarán nuevamente. Seguirán
humillándonos en nuestras propias tierras, protegidos con las
biblias, cruces y gargantas de sus curas y obispos criminales.
¿Qué
nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a
todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los
bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.
Los
pueblos indígenas y campesinos, esta vez, no podemos, ni debemos
esperar pasivos a que la “justicia ordinaria criolla” haga
justicia. Eso ya hemos esperado por más de cinco siglos. Debemos
actuar, ahora, si acaso mañana no queremos que nuestros hijos sigan
lamentando como, hoy, lo hacemos nosotros por las “autoderrotas”
de nuestros abuelos.
Las
y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus
ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo
que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les
corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel. Esto es
una mínima expresión de la voluntad soberana consciente de los
pueblos que buscan procesos de cambios profundos en esta Abya Yala
borracha con el aroma de sangre indígena fermentada en la impunidad.
Fuente: Arrezafe.blogspot.com