July 19, 2021
De parte de Indymedia Argentina
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La polic铆a desarm贸 algunas precarias viviendas pero volvieron a entrar. Seg煤n abogadas especializadas en el tema, se deber铆a haber suspendido el desalojo en aplicaci贸n de la protecci贸n dispuesta por la Ley Nacional de Emergencia Territorial Ind铆gena, 26.160.

17 de julio de 2021

M谩s de 100 familias de las comunidades guaran铆es Lapacho y Tierra Nueva de Salvador Mazza fueron intimadas el 1 de julio pasado a desalojar un terreno que figura a nombre de la particular Mar铆a Julia Gialias. La orden fue emitida por el juez de Garant铆as de Tartagal, Nelso Aramayo, y, seg煤n los papeles que les mostraron de manera parcial, se hizo por pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Caz贸n.

鈥淵o no actu茅 para desalojar ning煤n terreno, sino un corte de ruta鈥, dijo el fiscal al ser consultado por Salta/12. Sin embargo, el 煤nico papel que los polic铆as mostraron, doblado, a las cacicas de las comunidades, Matilde Ca帽arima y Alejandra Salas, indica que fue Caz贸n quien pidi贸 el desalojo, y dispone que la medida deb铆a ser dirigida por 茅l, 鈥渁 los fines de que las garant铆as y derechos de quienes resulten sindicados como usurpadores no resulten vulnerados ni menoscabados (鈥), autoriz谩ndose el uso de la fuerza p煤blica solo en la estricta medida de lo necesario y siempre previa notificaci贸n verbal del contenido de esta autorizaci贸n鈥.

鈥淣o se entiende c贸mo en tan poco tiempo el juez autoriz贸 el desalojo鈥, dijo la abogada Mar铆a Fernanda Ferroni Alcaraz, que fue convocada por el vocal del Pueblo Guaran铆 en el Instituto Provincial de Pueblos Ind铆genas de Salta (IPPIS), Enrique Arello, para actuar en la causa. La letrada se帽al贸 que ni siquiera se dio intervenci贸n a la Asesor铆a de Menores e Incapaces para actuar, dada la presencia de unos 100 ni帽os, ni帽as y adolescentes menores de 18 a帽os.

La abogada dijo que quiso acceder al expediente pero le fue imposible hacerlo debido al inicio de la feria judicial, el 12 de julio.

Salas, mburuvicha de la comunidad Lapacho, cont贸 que vive en esas tierras desde siempre y que su comunidad (a diferencia de Tierra Nueva), cuenta con personer铆a jur铆dica. 鈥淟o que pasa es que antes est谩bamos monte adentro que era puro yuyo y monte鈥, dijo la referente a este medio. Ante el aumento de las familias empezaron a abrir las calles desde el a帽o pasado. 鈥淐uando comenzamos a hacer esto es que empezaron a aparecer los supuestos due帽os y apoderados鈥, afirm贸.

De su relato surge que el viernes pasado, que fue feriado, la Polic铆a fue hasta la comunidad y los intim贸 a retirar sus cosas porque el desalojo iba a concretarse. 鈥淣osotros sacamos las pocas cosas que ten铆amos porque dec铆an que 铆bamos a tener problemas y las 铆bamos a perder鈥, sostuvo Salas. Pero la otra comunidad decidi贸 resistir, por lo que quienes hab铆an salido resolvieron reingresar al territorio.

El accionar policial (seg煤n surge de las manifestaciones de las referentes y las im谩genes que enviaron), consisti贸 en desarmar las casillas, algunas de ellas realizadas con tarimas de madera.

鈥淟a due帽a tuvo ayuda de la Municipalidad porque es parienta del intendente鈥, dijo por su parte Ca帽arima, al referirse a Gialias. Salas, por su parte, adujo que se vio a familiares del jefe comunal Rub茅n M茅ndez cuando acontec铆a el desalojo del viernes pasado.

Ayer, el terreno de casi siete hect谩reas era custodiado por la Polic铆a y hab铆an llegado camiones cargados de arena. En las im谩genes se ve adem谩s que se hab铆a realizado una fina zanja que seg煤n indicaron las cacicas, ten铆a como fin ser el soporte de una malla de alambre que pretend铆a tender la denunciante. Si el terreno se alambrara, 鈥渘os vamos a quedar adentro鈥, dijo Ca帽arima.

Derechos vulnerados en pandemia

La directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretar铆a de Agricultura Familiar, Campesina e Ind铆gena (SAFCI), Mar铆a Jos茅 Castillo, entendi贸 que en principio la orden de desalojo no estar铆a ajustada a derecho. Por un lado, porque las comunidades originarias est谩n amparadas por la Ley 26.160, a煤n vigente, que suspende los desalojos. 鈥淣o importa si tienen o no personer铆a jur铆dica鈥, explic贸 la funcionaria, que es tambi茅n abogada.

La consulta se realiz贸 teniendo en cuenta que hace un mes se lanz贸 la Mesa de Concertaci贸n por la Tierra y la Emergencia Habitacional, en la que se ponderaba la necesidad de acceder a instancias de mediaci贸n como una de las herramientas ante situaciones como las que se presentaron en Salvador Mazza. Castillo a帽adi贸 que en el contexto de pandemia, adem谩s, surge de otros antecedentes que se debe tener una amplitud de criterio para proteger las garant铆as y derechos de las personas a expulsar de su lugar ante el peligro que representa un desalojo en este contexto sanitario.

En la Direcci贸n General de Inmuebles de la provincia, el catastro en que se encuentra en conflicto, N掳 4368, est谩 a nombre de Eugenia Soursos, no de la persona que hizo la denuncia que puso en movimiento el mecanismo de desalojo.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/355434-buscan-desalojar-a-dos-comunidades-guaranies-en-salvador-maz




Fuente: Argentina.indymedia.org