March 1, 2021
De parte de La Haine
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El Defensor del Pueblo recoge en un informe que en 2019 hab铆a 17 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en prisi贸n por malos tratos, agresiones o amenazas.

Hubo un d铆a en el que E.L.G. temi贸 por su vida. Ocurri贸 en enero de 2013 en C贸rdoba y acab贸 en el Comit茅 Contra la Tortura de Naciones Unidas, que casi siete a帽os despu茅s conden贸 a Espa帽a por los “tratos crueles, inhumanos o degradantes” sufridos por esta cordobesa tras ser detenida por la Polic铆a Nacional. Su caso forma parte del listado siempre inconcluso de denuncias de torturas contra funcionarios policiales. 

De acuerdo a las cifras ofrecidas en las estad铆sticas anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2019 se registraron 448 condenas por el delito de tortura, aplicable 鈥搒eg煤n el art铆culo 174 del C贸digo Penal鈥 a “la autoridad o funcionario p煤blico” que, “abusando de su cargo”, provocase a otra persona “sufrimientos f铆sicos o mentales” que “atenten contra su integridad moral”. Las penas van de uno a seis a帽os de prisi贸n, adem谩s de ocho a 12 a帽os de inhabilitaci贸n absoluta.

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El 煤ltimo informe del Mecanismo Nacional de Prevenci贸n de la Tortura a cargo del Defensor del Pueblo se帽ala que en 2019 hab铆a diez funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en prisi贸n 鈥搉ueve en c谩rceles del Estado y uno en Catalunya鈥 por torturas o malos tratos, mientras que se contabilizaban otros cuatro por “agresi贸n con lesiones” y tres por “amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etc茅tera”. 

“A pesar de la posici贸n oficial y machacona de que en el Estado espa帽ol la tortura no existe o es anecd贸tica, los datos muestran todo lo contrario“, sostiene por su parte Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentaci贸n contra la Tortura. Precisamente, este activista destaca que “los colectivos de derechos humanos siguen recibiendo denuncias y alegaciones por agresiones a personas detenidas mientras se encuentran en dependencias policiales”. 

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Del Cura destac贸 que “la mayor铆a de las denuncias por agresiones policiales se refieren a actos cometidos en la calle, durante una identificaci贸n policial, en el momento de la detenci贸n 鈥搃ncluso sin que posteriormente la persona agredida sea detenida鈥 o durante su traslado a comisar铆a o cuartel”. En ese contexto, fuentes del Ministerio del Interior se帽alaron a P煤blico que no hay cifras disponibles sobre el n煤mero de agentes del Cuerpo Nacional de Polic铆a y de la Guardia Civil que recibieron condenas por torturas. 

Las denuncias sobre este tipo de casos superan las fronteras de Espa帽a y llegan hasta Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conden贸 a Espa帽a en 11 ocasiones por no investigar debidamente ese tipo de denuncias. La 煤ltima sentencia se hizo p煤blica en enero pasado: entonces se supo que Espa帽a tendr谩 que indemnizar con 20.000 euros a I帽igo Gonz谩lez Etayo, un joven vasco que denunci贸 torturas tras ser detenido en una redada de la Guardia Civil en 2011. 

“No se investiga suficientemente por parte de los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la administraci贸n no hace lo necesario para controlarlo y los procedimientos judiciales no est谩n sirviendo para depurar responsabilidades”, resume Valent铆n Aguilar, coordinador general de la Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Andaluc铆a (APDHA), una entidad que realiza seguimientos de este tipo de casos. 

“Falta de voluntad”

En la base de datos del Congreso existen algunas respuestas recientes de Interior sobre este asunto, aunque con cifras a veces contradictorias. En una respuesta en mayo de 2020 al senador de Comprom铆s Carles Mulet, el Gobierno enumeraba 118 expedientes “por denuncias de supuestas torturas en el 谩mbito del Cuerpo Nacional de Polic铆a” entre el 1 de enero de 2009 y el 22 de mayo del a帽o pasado. 

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Cuatro meses despu茅s, Interior remiti贸 una respuesta escrita al diputado de EH Bildu Jon I帽arritu, que tambi茅n hab铆a preguntado por ese tema. La cifra de expedientes abiertos desde 2009 por “supuestas torturas” se redujo entonces considerablemente: en ese documento solo se contabilizan 22 casos, o lo que es lo mismo, 96 menos que en la respuesta dada a Mulet.

Del Cura considera que esas contradicciones “son una muestra de la falta de voluntad pol铆tica para poner fin a esta situaci贸n“. “Esa confusi贸n y esa falta de datos fiables permiten mantener la ilusi贸n de que en Espa帽a la tortura y los malos tratos son cosas del pasado, a tiempo que potencia la impunidad de estas actuaciones: si no se reconoce que hay un problema, nunca se intentar谩 solucionarlo o erradicarlo”, remarc贸. 

Denuncias en las c谩rceles

En la respuesta dada a I帽arritu, Interior recog铆a tambi茅n el “n煤mero de procedimientos abiertos por malos tratos por parte de la Secretar铆a General de Instituciones Penitenciarias” entre 2015 y 2019. La suma de los datos all铆 reflejados arroja un total de 504 casos en ese periodo. Destaca la prisi贸n de Castell贸n II, con 43 procedimientos, seguida de la c谩rcel madrile帽a de Estremera con 41 y la andaluza Puerto III con 39.

En el caso de Catalunya, que cuenta con la competencia de Prisiones transferida, el Mecanismo Nacional de Prevenci贸n de la Tortura del Defensor del Pueblo se帽ala en su 煤ltimo informe que entre 2018 y 2019 se recibieron 58 quejas por torturas o malos tratos. El centro penitenciario Brians II registr贸 en ese periodo 24 quejas, mientras que en Brians I hubo otras 18.

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Fuente: Lahaine.org