February 25, 2021
De parte de Arrezafe
191 puntos de vista


Correo
del Alba ★
– 24/02/2021

¿Debaten
ya los medios de comunicación de masas españoles sobre el ejercicio
de la libertad de expresión? Para un periódico, radio o televisión
esa debería ser su misión principal: defender el derecho que los
hace existir. Pero no, solo se habla de terrorismo callejero y de
democracia plena. Interesante, ¿verdad? Seguramente, si fuese un
periodista el condenado por practicar su derecho a la libertad de
expresión, la cosa cambiaría enormemente. No hay nada más
corporativista que periodistas trabajando al dictado de los
propietarios de los medios de comunicación. Ahí ya no hay ni
extrema derecha, ni derecha, ni extremo centro, que es lo único que
existe en los grandes medios de comunicación de nuestro país; irían
todos al ataque con la artillería que tienen a su disposición:
informativos, magazines, tertulias, programas de humor…

Podría
tratarse de algo causal, como dice el relato dominante, los
manifestantes en favor de la libertad de Hasél y de la libertad de
expresión se extralimitan violentamente contra la Policía y el
mobiliario urbano, lo que aprovecha el sistema para disfrazar la
causa del encarcelamiento de un músico en el ejercicio de la palabra
y de sus derechos fundamentales como individuo.

Sin
embargo, estos días también hemos podido ponerle nombre a una vieja
táctica policial: el síndrome de Sherwood, una estrategia que tiene
por objeto desacreditar la imagen pública de los manifestantes
mediante la provocación y el uso desproporcionado de la fuerza para
provocar reacciones de autodefensa. Los que llevamos muchas
manifestaciones a las espaldas sabemos de qué se trata. Sabemos
cuándo una manifestación va a acabar en batalla campal antes de que
esta se produzca, por la simple observación de la actitud de las
fuerzas del orden. Hay veces que no reaccionan a una lluvia de
piedras y otras que un insulto basta para desencadenar una serie de
cargas sin fin. En ocasiones no hay violencia simplemente porque no
hay policías. También conocemos la acción de los infiltrados
secretos. De hecho durante algún tiempo jugábamos a descubrirlos en
las manifestaciones. La prueba del algodón final era su actitud
cuando los enchufaba con mi cámara de fotos, si se cubrían la cara,
giraban la cabeza una y otra vez, no cabía ninguna duda. A veces
estos infiltrados eran pacíficos y solo buscaban información, pero
otras eran los que encabezaban los actos violentos. De todo hay y de
todo hemos vivido en primera persona. Hoy se han descubierto incluso
a conocidos ultraderechistas en primera línea de ataque en
manifestaciones netamente de izquierdas…

Sea
como fuere, el hecho es que ni políticos ni periodistas quieren
hablar del fondo de la cuestión: cómo una democracia que se dice
plena se permite detener a músicos, titiriteros, tuiteros… por el
simple hecho de expresarse en libertad. Desde luego, este no va a ser
el caso, todo lo contrario.

Lo
que ocurre con la Justicia en nuestro país, además de la
infiltración de la extrema derecha y el Opus Dei en el corazón de
la magistratura, también ha sido objeto de investigación jurídica
y se le ha puesto un nombre, la búsqueda del efecto desaliento. Este
tiene lugar cuando a través de sanciones penales desproporcionadas y
muy interpretables, se desincentiva a la población de la realización
de conductas legales relacionadas con el ejercicio de los derechos
fundamentales. Este tipo de situaciones ha sido denunciada en nuestro
país, tanto por el Consejo de Europa, como por el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos (TEDH), por constituir una limitación
subrepticia a la libertad de expresión, inadmisible en una
democracia. Es lo de siempre, tenemos derechos sobre el papel, pero
se pueden ejercer únicamente cuando al poder le interesa. Por eso,
en vez de democracia plena, tenemos una democracia formal. Yo mismo
fui condenado por llamar franquista a un cargo político de la
dictadura, ¿habrase visto tamaña estupidez?

En
Europa, que tampoco es que sea un gran ejemplo de nada, nos lo han
afeado muchas veces. Ahí tenemos esas sentencias del Procés,
invalidadas por tribunales de distintos países o por el propio TEDH
que han ridiculizado internacionalmente incluso a nuestro Tribunal
Supremo. Obviamente, no toda la culpa es de sus señorías, también
lo es de nuestro ordenamiento jurídico, que les permite desplegar
toda su saña filofascista sin ningún tipo de consecuencias.
Podríamos hablar de los delitos de rebelión, de la ley mordaza, de
los delitos contra los sentimientos religiosos, del enaltecimiento
del terrorismo, de las injurias a la corona… como ejemplos de
delitos tipificados que se usan para cercenar la libertad de
expresión del conjunto de la población y que deberían estar
borrados para siempre de nuestra legislación.

Pero,
para entender lo que está sucediendo en las calles, hay que añadir
otro ingrediente fundamental: el malestar social. Si cada vez que hay
un disturbio se monta una algarada de saqueos y violencia, eso hay
que analizarlo. Más del 40% de paro juvenil, 20 puntos por encima de
la media europea, seguro que tienen algo que ver con esa sensación
negativa. Y no se trata de algo coyuntural, todo lo contrario, es
puramente estructural, es un problema de falta de expectativas. ¿Qué
joven va a poder cotizar casi 40 años para poder cobrar una pensión
pública digna con contratos parciales y temporales y sueldos de
miseria? ¿Por qué el Rey se va de rositas después de haber robado
a manos llenas durante otros 40 años y quien lo denuncia en una
canción está preso? ¿Por qué Hasél está en la cárcel y el
militar que quería matar a más de 26 millones de españoles está
en su casita? ¿Por qué la justicia solo mira siempre para el mismo
lado?

La
necesidad de un proceso constituyente que lleve a una segunda y
verdadera transición es más acuciante que nunca. Somos el primer
país del mundo en artistas encarcelados, el segundo con más
desaparecidos en fosas comunes, también el segundo del mundo
desarrollado con peores medios de comunicación. Muchas leyes de la
dictadura perviven aún en nuestro ordenamiento y a otras solo se les
cambió el nombre. A la Iglesia se le sigue dejando robar patrimonio
público mediante normas franquistas reforzadas por una derecha que
aún se considera heredera política y biológica del pasado régimen
fascista. El coste de nuestro estado recae sobre las clases
trabajadoras mientras que los ricos no pagan impuestos. Cualquier
mínimo cambio hacia la modernidad o la justicia social, cuenta con
la resistencia de una casta política y mediática que la hace
prácticamente imposible. La Carta Magna se dejó atada y bien atada
para que, en la práctica, fuese irreformable y que las
reminiscencias fascistas nos acompañen para siempre en esto que
llaman democracia.

¡Qué
largo se me está haciendo el franquismo!




Fuente: Arrezafe.blogspot.com