August 23, 2021
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> El ministerio público da traslado el relato del último informe reservado del «Instituto armado» sobre los CDR.

> Refríe el original con la rocambolesca tesis de un «instituto armado».

De un atestado de la Guardia Civil al escrito con el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita procesar a los miembros de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019, en el marco de la Operación Judas, por pertenencia a una Organización «terrorista» y, «tenencia y fabricación de explosivos». Así podríamos resumir el trabajo en tándem entre las fuerzas de seguridad y la justica españolas, en épocas de Lawfare. La tercera pata, la mediática, en esta guerra judicial, tomó posiciones ayer martes con la publicación en medios corporativos de filtraciones del escrito en la fase final de la instrucción.

El escrito de incoación del sumario ordinario a los 9 procesados revela, que los fiscales de antiterrorismo han comprado absolutamente todo el relato vertido en el último atestado de la Guardia Civil, entregado al juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En concreto, un «informe atestado de recopilados» y de carácter «reservado» de 103 páginas, con fecha 20 de mayo y firmado por la capitana de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya. Así, el ministerio público refríe el original con la rocambolesca tesis de un «instituto armado», con el que relaciona a la CUP y sus formaciones principales -Endavant OSAN y Pueblo Libre- con la creación de los CDR y los supuestos Equipos de Respuesta Táctica, con el Tsunami e, incluso, con Batman, el CNI catalán o Terra Lliure.

En el escrito, el fiscal sostiene que se ha «acreditado» que pretendían atentar contra «objetivos previamente seleccionados» y que tenían como finalidad «lograr la independencia mediante la violencia en su máxima expresión, forzando la separación de Catalunya del resto de España». El relato de la fiscalía enfatiza en sus primeros párrafos la historia de los CDR y su relación con la formación anticapitalista. 

«Los Comités de Defensa de la República (CDR) tienen su origen en los denominados Comités de Defensa del Referéndum que se crean a mediados de 2017, con origen en el entorno de CUP (ENDAVANT-OSAN) e incluso se pueden vincular a la propuesta anterior, de Poble Lliure, de creación de Grupos de Defensa de la República Catalana (GDRC)», escriben los acusadores públicos, calcando el atestado íntegro de los analistas del cuerpo policial.

En esta línea, interpretan que los CDR sufrieron el «sentimiento de frustración» al ver que «no se implementaba el mandato del 1-O de constituir una República independiente del Estado español». En este marco, los CDR, y siempre según la Fiscalía, se profesionalizaron y crearon los llamados Equipos de Respuesta Táctica (ERT) -un nombre que por cierto, aparece por primera vez en los atestados de la Operación Judas-. Asimismo consideran que la existencia más allá del 1-O de los CDR «supone la adopción de la idea original de Poble Lliure». La fiscalía describe los ERT como un «grupo clandestino de individuos de la máxima confianza que se muestran totalmente entregados a la causa, a quien le habrían sido encargadas las acciones más sensibles» .

A partir de aquí, la fiscalía inicia una narración llena de calificaciones como «activismo radical», «atentado» o «explosivos» así como «organización terrorista». Incluso, los fiscales hacen un apunte destacado que los 9 procesados utilizaban materiales que podría servir para hacer cloratita para remarcar que era utilizado por Terra Lliure en los atentados de 1988 y 1992. En esta línea, la fiscalía entiende como acciones «violentas» el «derrame de aceite en la C55», «cortes de carretera» o el «levantamiento de barreras de peaje». El escrito también pormenoriza las supuestas compras para presuntamente fabricar material explosivo, o precursores de explosivos como termita o amonal en un hipotético «laboratorio clandestino». El ministerio público también subraya las medidas de seguridad de las comunicaciones que, a juicio de los investigadores, tenían los nueve procesados. 

Ahora bien, la fiscalía no tiene ningún problema en citar la «Baticueva» -el famoso nombre del escondite de Batman- que aparece en un grupo de Signal llamado «Gaarpata» que utilizaban para comunicarse entre ellos. La Baticueva, para los investigadores y la fiscalía, era el lugar donde habrían fabricado «artefactos explosivos e incendiarios». Pero, sin concretar cuáles y si los han encontrado.

En la narración del sumario, los fiscales también envuelven los arrestados el 23S con el Tsunami Democràtic -que también tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por terrorismo-. Concretamente, acusan a cinco de ellos de «participar en varias reuniones sobre los preparativos que la plataforma Tsunami Democràtic llevó a cabo para futuras acciones que desarrolló en el aeropuerto y el corte de las autopistas que finalmente, se ejecutaron tras la sentencia de la causa especial 20907/2017 del año 2019 «. Ahora bien, fiscalía se limita a decir que estos encuentros son «incontables» pero no concreta ninguno en su escrito.

Por otra parte, el ministerio público también compra la explicación de la Guardia Civil de que los encausados «asumen el encargo del CNI catalán para aportar la logística necesaria para cometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament». Incluso, computan un presupuesto de 6.000 euros -la policía- para ejecutar los planes que ideó esta misteriosa entidad llamada «CNI catalán». El resto del escrito incluye búsquedas en Google de supuestos objetivos para cometer acciones -Parlament, cuarteles, conselleria de Interior, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia o Torres de Alta tensión- sin anotación concreta, tweets de cuentas de Twitter contra la Audiencia Nacional, documentos abiertos de la red, geolocalizaciones de móviles que sólo acreditan reuniones y participaciones en protestas populares o concentraciones ante la delegación del gobierno, o la ocupación del Prat. 

Sorprendentemente, encuentros celebrados después de ser detenidos. Un puñado de indicios interpretados por los agentes de información de la Guardia Civil y calcados por el Ministerio Público.

Con información de: El Món

REDCOM




Fuente: Kaosenlared.net