Los trabajadores de prensa Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), finalmente fueron sobreseídos en una causa que se tramitaba desde hace tres años y en la que estaban acusados de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”.

El 1° de septiembre de 2017 Medone y Mourenza, tal como lo relató La Izquierda Diario en ese mismo momento, fueron presas de una de las “cacerías” que la Policía porteña llevó adelante en el marco de las movilizaciones a Plaza de Mayo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Mientras cubrían la movilización fueron interceptados por una banda de uniformados, detenidos sin mayores explicaciones y llevados primero a la comisaría 30 y luego a la comisaría de la Comuna 15 de Chacarita. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que habían sido golpeados en lo que consideraron un claro ataque a la libertad de prensa.

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Fueron tres años de idas y vueltas, con un sobreseimiento que, un año después, fue anulado por la Cámara Federal de Casación Penal y vuelto a pedir por las defensas a cargo de la RNMA, el SipreBA y Correpi.

Finalmente el miércoles pasado, la sala III de la misma Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci, dejó en evidencia que Medone y Mourenza fueron víctimas de una maniobra criminalizadora del Estado.

De esa maniobra participaron la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sus superiores políticos del Gobierno porteño, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo entonces de Patricia Bullrich y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi (quien los procesó por delitos que no habían cometido).

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Al conocerse el fallo de la Cámara de Casación, la RNMA emitió un comunicado en el que se afirma que se llegó a esta sentencia tras tres años “de demostrar lo evidente de la inocencia de los compañeros”. Para la organización que nuclea a un conjunto de portales, radios, canales de TV y demás medios alternativos, “ahora sí la justicia entiende que el juez Martínez Di Giorgi y la jueza Capuchetti actuaron con arbitrariedad”.

En efecto, el fallo del miércoles pasado destaca muchas de las cosas que las defensas de Medone y Mourenza señalaron desde el principio. Por caso, el hecho de que la propia Policía de la Ciudad dejó asentado que detuvo a los trabajadores de prensa “dos veces, una en Plaza de Mayo, donde habrían cometido el ilícito de tirar vallas, piedras, molotov y varias cosas más y otra, dos horas después, en Avenida de Mayo y San José, donde efectivamente fueron detenidos”. Además de todo, una maniobra burda.

“Todas las imágenes y videos no sólo concuerdan con la declaración inicial de los comunicadores, sino que allí mismo se los ve realizando la cobertura que estaba siendo trasmitida en vivo por Antena Negra Tv, muy lejos de los sucesos de Plaza de Mayo, cuando fueron atacados por los policías”, dice la RNMA en su comunicado.

Desde ese espacio señalaron que, “además de probar la inocencia de nuestros compañeros, se acredita así la arbitrariedad de las detenciones y el posterior armado de causas”, algo que se “pudo desarmar, pero que, muchas veces, tienen efecto y logran el objetivo de perseguir judicialmente a lxs militantes sociales”.

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Como se recordará, la represión brutal de la Policía de la Ciudad a las movilizaciones por Santiago Maldonado (con civiles infiltrados entre la multitud y el armado inmediato de causas por graves delitos federales), fue parte del plan oficial del macrismo para intentar contrarrestar el repudio popular a su agenda represiva.

Durante esos años Bullrich y Larreta reprimieron diversas marchas y detuvieron arbitraria e ilegalmente a cientos de manifestantes, tanto por la causa de Maldonado como por otras causas. El extremo de ese plan represivo se dio en el Congreso durante las jornadas de lucha de diciembre de 2017 contra la reforma previsional.

“Las causas armadas son moneda corriente de todos los estados capitalistas y desarmarlas y visibilizarlas es una tarea más que debemos tomarnos para que cada vez les sea más difícil”, finaliza el comunicado de la RNMA.

La pregunta se impone: ¿serán procesados por el armado de esa causa los policías de la Ciudad que arremetieron contra Medone, Mourenza y 29 personas más ese 1° de septiembre de 2017 por las calles del centro porteño? ¿Y Patricia Bullrich, verdadera creadora de ese plan criminalizador en el marco de las movilizaciones masivas contra la represión de Gendarmería que se llevó la vida de Santiago Maldonado?

Las respuestas parecen obvias. Y ameritan no dejar de organizarse y pelear contra el Estado, que sigue persiguiendo a las y los que luchan y que aún mantiene impune el crimen de Santiago Maldonado a más de tres años de su desaparición forzada seguida de muerte.

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