January 7, 2021
De parte de SAS Madrid
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Arag贸n, Castilla y Le贸n, Galicia, Murcia, Bizkaia y Gipuzkoa evitan dar esa informaci贸n solicitada a trav茅s de Transparencia. Asturias no aporta los datos de las primeras semanas de pandemia.

– Otras seis comunidades y 脕lava facilitaron la informaci贸n despu茅s de que una resoluci贸n de Transparencia les instase a hacerlo.

– En Navarra decidir谩 la Justicia ya que una residencia present贸 un recurso contencioso contra la decisi贸n del Gobierno de hacer p煤blicos los datos.

– Las 煤nicas comunidades que cumplieron la solicitud en plazo y sin poner problemas fueron Andaluc铆a, Catalunya, Illes Balears y Madrid.

La transparencia es una asignatura pendiente en muchas Administraciones y ni siquiera un tema de m谩ximo inter茅s para los ciudadanos, como las muertes en residencias de mayores durante la pandemia, logra que todas informen con claridad sobre lo ocurrido. Los Gobiernos de Arag贸n, Castilla y Le贸n, Galicia, Murcia, Bizkaia y Gipuzkoa siguen ocultando en qu茅 centros se produjeron fallecidos durante la primera ola. Asturias no facilita los datos de las primeras semanas de pandemia. En alg煤n caso, como Castilla y Le贸n, la negativa se apoya en el argumento de que no quiere 鈥減erjudicar los intereses econ贸micos鈥 de las empresas que gestionan las residencias.

Un periodista de infoLibre present贸, en las primeras semanas de mayo, una solicitud id茅ntica en los portales de Transparencia de las 16 comunidades aut贸nomas, los tres Gobiernos forales vascos y las ciudades de Ceuta y Melilla, que son las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En aquel momento ya se hab铆a superado ampliamente la cifra de 15.000 muertes en los geri谩tricos, en las apenas ocho semanas transcurridas desde el primer fallecimiento a comienzos de marzo. Una hecatombe humana, que al final de la primera ola en junio se elevar铆a hasta las 20.268 v铆ctimas. En la solicitud se ped铆a conocer el n煤mero de fallecidos durante los meses de marzo y abril, desglosado por residencias, y tambi茅n saber cu谩ntos decesos se hab铆an producido en el hospital y cu谩ntos en el propio geri谩trico. Comunidades como Madrid y Catalunya hab铆an aprobado Protocolos que imped铆an derivaciones hospitalarias de residentes, aunque su contenido se desconoc铆a en aquel momento. infoLibre public贸 el 5 de junio las cuatro versiones del Protocolo del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso que prohib铆a trasladar al hospital a mayores que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, circunstancia en la que se encuentran muchas de las personas que viven en los geri谩tricos.

La Ley de Transparencia establece que las Administraciones deben responder en el plazo m谩ximo de un mes, que se puede ampliar por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la informaci贸n que se solicita as铆 lo hagan necesario. Adem谩s, debido al estado de alarma, los plazos de resoluci贸n estuvieron suspendidos hasta junio. En todo caso, 煤nicamente cuatro Gobiernos auton贸micos facilitaron la informaci贸n solicitada en el tiempo legalmente establecido y de forma completa: Andaluc铆a, Catalunya, Illes Balears y Madrid.

Cuando la Administraci贸n no responde 鈥揺l denominado silencio administrativo鈥 o el solicitante de la informaci贸n entiende que no lo ha hecho de forma adecuada, se puede presentar un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) o ante el 贸rgano equivalente en aquellas comunidades que tienen uno propio. Dicho recurso se present贸 en todos los casos. Y ello llev贸 a que otras siete Administraciones aportaran la informaci贸n. Los Gobiernos auton贸micos de Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Extremadura y la Diputaci贸n de 脕lava hab铆an aplicado inicialmente el silencio administrativo, pero facilitaron los datos en cuanto tuvieron conocimiento del recurso ante Transparencia o cuando este 贸rgano les inst贸 a resolver la solicitud. Castilla-La Mancha y La Rioja solo lo hicieron despu茅s de que Transparencia dictase una resoluci贸n expresa inst谩ndoles a aportar la informaci贸n.

Una vez que finaliza la v铆a administrativa, las partes s贸lo pueden acudir a la Justicia. Eso es precisamente lo que ocurri贸 en Navarra. El Gobierno foral resolvi贸 entregar los datos, pero una empresa se opuso a ello 鈥Residencia Beloso Alto SL鈥 y present贸 un recurso contencioso para impedirlo. As铆 que ser谩 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra quien resuelva el conflicto y determine si se puede hacer p煤blica la informaci贸n o no.

Quedan cinco comunidades y dos Diputaciones forales 鈥揺n las residencias de Ceuta y Melilla no hubo fallecidos durante la primera ola鈥 que siguen sin facilitar los datos desglosados por centros. A continuaci贸n se repasan los argumentos utilizados por esos Gobiernos para mantener oculta la informaci贸n y la situaci贸n en que se encuentra cada procedimiento.

EL FRENTE DEL ‘NO’

La Administraci贸n que ha defendido con mayor beligerancia que los datos deben permanecer ocultos es, sin duda, la Junta de Castilla y Le贸n. El 3 de junio, en una primera resoluci贸n, la Consejer铆a de Familia ofreci贸 los datos desglosados de los 15 centros propiedad del Gobierno auton贸mico y de gesti贸n p煤blica, pero rechaz贸 facilitar la informaci贸n de los 684 restantes de gesti贸n privada. El argumento que utiliz贸 es que pod铆a 鈥減erjudicar los intereses econ贸micos鈥 de las empresas de residencias.

Ante el recurso presentado, el Comisionado de Transparencia de Castilla y Le贸n resolvi贸 que la decisi贸n del Gobierno de Alfonso Fern谩ndez Ma帽ueco (PP) adolec铆a 鈥渄e vicios formales y materiales que la invalidan鈥. Y recrimin贸 a la Junta por no tener en cuenta 鈥渆l inter茅s p煤blico鈥 de la divulgaci贸n de los datos que se solicitaban. La Junta acept贸 que exist铆an vicios formales 鈥揺n vez de dar un simple tr谩mite de audiencia a las empresas les pidi贸 su consentimiento expreso para divulgar los datos鈥, retrotrajo el procedimiento y volvi贸 a dictar otra orden con fecha 1 de diciembre y de contenido pr谩cticamente id茅ntico. De los 684 geri谩tricos de gesti贸n privada, mantuvo oculta la informaci贸n de 678 y facilit贸 datos parciales de los seis que fueron intervenidos por la Administraci贸n auton贸mica.

A su declarada intenci贸n de proteger los intereses econ贸micos de las empresas privadas, la Consejer铆a de Familia a帽adi贸 un nuevo argumento: en algunos centros, simplemente con facilitar el n煤mero de v铆ctimas, se podr铆a 鈥渋dentificar鈥 a una persona f铆sica concreta y ello supondr铆a hacer p煤blicos 鈥渄atos de car谩cter personal鈥. En su extensa orden de 45 p谩ginas, donde se realiza incluso un an谩lisis de art铆culos publicados en infoLibre sobre fallecidos en residencias, la Junta de Ma帽ueco llega a sostener que la demanda de la informaci贸n solicitada por este peri贸dico 鈥渆s muy escasa y ni genera un inter茅s general, ni es demandada de manera significativa por los familiares de las personas afectadas鈥.

Hay que se帽alar que, durante el procedimiento, el Gobierno de Castilla y Le贸n se mostr贸 dividido. La Consejer铆a de Familia, con Mar铆a Isabel Blanco Llamas (PP) al frente, mostr贸 siempre su oposici贸n a facilitar los datos. En cambio, la Consejer铆a de Transparencia, cuyo titular es el tambi茅n vicepresidente de la Junta Francisco Igea (Cs), emiti贸 de oficio otro informe en el que se discrepa de la decisi贸n de mantenerlos ocultos. El departamento de Igea s铆 considera que la informaci贸n tiene 鈥渞elevancia p煤blica e inter茅s general para los ciudadanos鈥, de forma que entiende que debe prevalecer el derecho a la informaci贸n. Pero la 煤ltima palabra la ten铆a Familia, que se mantuvo en el “no”.

La 煤nica v铆a en este momento para intentar obtener la informaci贸n es presentar un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n. El plazo para ello termina el 31 de enero.

La Xunta de Galicia, que preside Alberto N煤帽ez Feij贸o (PP), adopt贸 una decisi贸n similar a Castilla y Le贸n: facilit贸 la informaci贸n de las 30 residencias de titularidad auton贸mica, pero mantuvo ocultos los datos de los dem谩s centros residenciales. Lo hizo bas谩ndose en un informe de la Abogac铆a del Estado de 31 de julio, que cita, pero del que no expone ni un solo entrecomillado. Eso s铆, la Xunta concluye que 鈥渟er铆a necesario contar con el consentimiento expreso de los titulares de los centros鈥 para ofrecer la informaci贸n porque contiene datos de car谩cter personal.

Contra esta resoluci贸n de la Xunta se present贸 reclamaci贸n ante la Valedora do Pobo, Mar铆a Dolores Fern谩ndez Gali帽o, quien resolvi贸 el 30 de diciembre. Tambi茅n la Xunta sigui贸 el tr谩mite err贸neo 鈥揺ntender que se necesita el consentimiento de las empresas en vez de un simple audiencia鈥, as铆 que la Valedora insta al Gobierno gallego a seguir el procedimiento correcto. Para argumentar su posici贸n, necesita en realidad manifestarse sobre el fondo del asunto: la solicitud del n煤mero de fallecidos 鈥渘o permite la identificaci贸n de las personas a las que afecta la informaci贸n solicitada, de forma que no es exigible que se preste consentimiento expreso para conceder el acceso a la informaci贸n y, por tanto, no se justifica la denegaci贸n鈥 de los datos por parte de la Xunta. Y si hubiera alg煤n caso concreto en que esa identificaci贸n fuera posible, 鈥減or lo reducido del n煤mero de residentes en alg煤n centro o por cualquier otra circunstancia鈥, el Gobierno gallego 鈥減odr谩 proporcionar la informaci贸n con las matizaciones que considere necesarias鈥. El Gobierno de Feij贸o tiene un plazo de dos meses para cumplir con la resoluci贸n o recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En Arag贸n, el Gobierno de Javier Lamb谩n (PSOE) dict贸 una orden en la que facilitaba los datos globales de fallecidos en las residencias de la comunidad, pero no aportaba los datos desglosados por centros. Ni p煤blicos, ni privados. La resoluci贸n, notificada el 31 de julio, no explica en ning煤n momento por qu茅 se mantienen ocultos esos datos. La reclamaci贸n presentada ante el Consejo de Transparencia de Arag贸n a煤n est谩 pendiente de resoluci贸n.

En Murcia, el Ejecutivo de Fernando L贸pez Miras (PP) aleg贸 falta de medios personales para no ofrecer los datos desglosados por geri谩tricos. 鈥淭al y como ha sido formulada, la petici贸n del interesado es inasumible por el Servicio de Epidemiolog铆a, ya que precisar铆a del empleo de los escasos medios personales del mismo en la elaboraci贸n de documentaci贸n ad hoc, a costa de la plena dedicaci贸n a las tareas de control que le competen en el marco de la gesti贸n de la pandemia de covid-19鈥, se indica en la orden, en la que en todo caso se afirma expresamente que 鈥渘o se aprecia la concurrencia鈥 de ninguno de los l铆mites de acceso a la informaci贸n p煤blica previstos en la Ley de Transparencia. En otras palabras: admite que existe el derecho a acceder a la informaci贸n, pero alega que no tiene medios para hacerlo efectivo.

Una explicaci贸n sorprendente en el caso de Murcia si se tiene en cuenta que, a trav茅s de prensa, la Consejer铆a de Sanidad facilit贸 a los periodistas en su d铆a esos datos desglosados por centro. Al igual que en Arag贸n, est谩 pendiente de resoluci贸n la reclamaci贸n presentada a principios de noviembre ante el Consejo de la Transparencia de la Regi贸n de Murcia.

Tambi茅n llamativa es la posici贸n del Principado de Asturias, que preside Adri谩n Barb贸n (PSOE). Su gobierno public贸 en una web todos los datos, desglosados por geri谩tricos, a partir del 9 de abril. Pero se niega a facilitar la misma informaci贸n de las cinco semanas anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que resolvi贸 el 23 de noviembre sobre la reclamaci贸n presentada, destaca que el Principado en ning煤n momento explica por qu茅 no aporta los datos del periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril. Ante esa falta de explicaciones, el CTBG valora dos hip贸tesis: que la informaci贸n no exista o que exija una acci贸n de reelaboraci贸n. 鈥淩esulta dif铆cil para este Consejo pensar que existe un vac铆o de informaci贸n de algo menos de mes y medio, en el cual no se recopilaban los datos solicitados, cuando adem谩s se trata de las fechas en las que la pandemia tuvo mayor impacto y cuando otras Administraciones s铆 disponen de ellos鈥, se indica en la resoluci贸n del CTBG. En cuanto a la hip贸tesis de la necesidad de reelaborar la informaci贸n, dicho 贸rgano sostiene que 鈥no resulta posible aceptarla en la medida en que no ha sido invocada鈥 por el Gobierno asturiano. Por tanto, el CTBG insta al Principado a facilitar los datos.

La prensa regional inform贸 en su momento de que la publicaci贸n de los datos se inici贸 9 de abril porque ese d铆a un informe de sus servicios jur铆dicos aval贸 su difusi贸n.

La resoluci贸n del CTBG fue firmada el 23 de noviembre por su presidente, Jos茅 Luis Rodr铆guez, as铆 que el Gobierno de Barb贸n est谩 a煤n en plazo de cumplir con la resoluci贸n o acudir a los tribunales.

La Diputaci贸n Foral de Bizkaia, que dirige Unai Rementeria (PNV), s贸lo aport贸 datos globales de fallecidos en la resoluci贸n que dict贸 el 16 de junio. Lo argument贸 con un par de frases: 鈥淧ara preservar el derecho a la intimidad tanto de las personas usuarias como de sus familias, as铆 como para no estigmatizar a las residencias, se aportan datos de la red, anonimizados鈥.

La Comisi贸n de Reclamaciones, ante la impugnaci贸n presentada, sostuvo que ninguno de los dos argumentos pod铆an acogerse. 鈥淎 juicio de esta Comisi贸n, la denegaci贸n de los datos solicitados no puede ampararse en el derecho a la intimidad o en la protecci贸n de datos de car谩cter personal, por cuanto en la solicitud de informaci贸n de forma expresa se se帽alaba que no se ped铆a las identidades de las persona, u otros datos que permitieran identificarlas, sino 煤nicamente el n煤mero de contagios y de fallecidos鈥, indica en su escrito de 25 de septiembre. Y a帽ade: 鈥淭ampoco entendemos que el riesgo de que se estigmatice a las residencias puede servir como base a la denegaci贸n, sin perjuicio de lo que seguidamente se dir谩鈥. Y lo que se dice es que, igual que en Castilla y Le贸n y en Galicia, tampoco en Bizkaia se cumpli贸 con el tr谩mite de audiencia a las residencias. Por ello, la Comisi贸n de Reclamaciones insta a la Diputaci贸n Foral a cumplir con ese tr谩mite y resolver posteriormente la solicitud.

La Diputaci贸n no ha hecho nada: ni consta que haya dado tr谩mite de audiencia a las empresas, ni ha dictado una nueva resoluci贸n, ni ha recurrido a los tribunales en los dos meses que ten铆a de plazo. De forma que la solicitud de informaci贸n permanece en un limbo. La 煤nica posibilidad para exigir que la Administraci贸n cumpla lo que ella misma ha decidido 鈥揳 trav茅s de la Comisi贸n de Reclamaciones鈥 es acudir a los tribunales y presentar un recurso contencioso.

Una situaci贸n similar se produce en la Diputaci贸n de Gipuzkoa, que dirige Markel Olano (PNV). Dicho 贸rgano, en una comunicaci贸n informal el 29 de julio, asegur贸 que hab铆a elaborado en su p谩gina web 鈥渦na secci贸n especial por la covid-19 que incluye la m谩s amplia informaci贸n sobre la gesti贸n que se ha hecho, as铆 como toda la informaci贸n actualizada sobre la evoluci贸n del virus en Gipuzkoa鈥. Pero resulta que esa 鈥渟ecci贸n especial鈥 no inclu铆a ninguno de los datos solicitados. Tras la consiguiente reclamaci贸n, la Diputaci贸n Foral dict贸 una orden ya formal 鈥揺l 7 de septiembre鈥 en la que entend铆a que la petici贸n de datos realizada exig铆a una 鈥渁cci贸n previa de reelaboraci贸n鈥, lo que es uno de los l铆mites que la ley contempla para no facilitar los datos.

El 19 de octubre, la Comisi贸n de Reclamaciones inst贸 a la Diputaci贸n a 鈥減roporcionar, en el plazo m谩ximo de 20 d铆as, al reclamante la informaci贸n objeto de la solicitud鈥. Han pasado casi tres meses y el Gobierno de Markel Olano no ha hecho nada. De nuevo, los tribunales parecen la 煤nica v铆a para que se cumpla con una resoluci贸n de Transparencia dictada por la propia Administraci贸n.

Enlace relacionado InfoLibre.es 07/01/2021.




Fuente: Sasmadrid.org