May 29, 2022
De parte de SAS Madrid
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La Comunidad ultima los pliegos de la concesi贸n del tercer intento del macroproyecto, sin que se haya resuelto la causa abierta por los presuntos delitos contra las arcas p煤blicas cometidos en el primero. 

Dice el refranero espa帽ol que a la tercera va la vencida, pero tambi茅n afirma que no hay dos sin tres. El Gobierno de Isabel D铆az Ayuso parece haberse encomendado a la primera f贸rmula para relanzar, de nuevo, el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, porque la segunda lo aboca irremediablemente al fracaso. Lo puso en marcha Esperanza Aguirre en 2004. Lo intent贸 reflotar en 2015 Ignacio Gonz谩lez. Ahora, la presidenta regional pretende que con esta nueva intentona, este proyecto, que ha dejado por el camino una sombra de sospecha, imputaciones y millones de euros de dinero p煤blico mal gestionado, est茅 operativo definitivamente para 2025.

La Comunidad de Madrid se encuentra ultimando los detalles para publicar el pliego de la concesi贸n de la obra y la explotaci贸n de este macro recinto. La Ciudad de la Justicia contar谩 con 17 edificios y un aparcamiento de casi 5.000 plazas. Su presupuesto estar谩 en torno a los 500 millones de euros y, seg煤n ha explicado el consejero de Justicia, Enrique L贸pez, “ser谩 un modelo de colaboraci贸n p煤blico-privada ajustada a la ley”. En una entrevista en Expansi贸n, ha indicado que “el adjudicatario se encargar谩 de las obras y explotaci贸n” mediante el pago “de un canon que estar谩 en torno a los 50 millones de euros durante 35 a帽os”.

Es decir, la empresa que se lleve el contrato recibir谩 unos 1.750 millones de euros de las arcas p煤blicas madrile帽as a lo largo de ese periodo. Adem谩s, dispondr谩 de los derechos de explotaci贸n de los locales comerciales que se construyan en el complejo durante el mismo tiempo y que, por tanto, no podr谩 ingresar la Comunidad. A cambio, la adjudicataria tendr谩 que hacer frente a los costes de la obra, valorados en unos 500 millones de euros.

“Queremos que la obra est茅 adjudicada a finales de 2022 o a principios del pr贸ximo a帽o, y que la construcci贸n comience esta legislatura. Lo normal es que la duraci贸n de las obras se alargue dos a帽os y, por eso, calculamos que estar谩 en funcionamiento en 2025”, ha explicado L贸pez sobre un proyecto que se present贸 el pasado mes de noviembre y que comprometer谩 a la Comunidad, gobierne quien gobierne, al menos hasta el a帽o 2060.

Todo empez贸, como tantas otras cosas en la senda neoliberal de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre. En 2004, la entonces presidenta auton贸mica dijo que “hablar del campus de la Justicia de Valdebebas es hablar del mayor y m谩s moderno complejo judicial de Europa” y dio la “enhorabuena a los madrile帽os aunque hoy todav铆a no lo vean”. “Podr谩n comprobarlo cuando funcione”, afirm贸 sobre un complejo que pretend铆a aglutinar en un mismo espacio a todas las sedes judiciales de la capital y que 18 a帽os despu茅s de aquellas declaraciones no existe. Por el camino, ha enterrado m谩s de 100 millones de euros de dinero p煤blico en contratos que investiga la Audiencia Nacional.

Una primera piedra de 1,4 millones de euros

En 2007, Aguirre puso la primera piedra del macroproyecto, en un evento que se realiz贸 a bombo y platillo y que cost贸 1,4 millones de euros. Una de las empresas que se hizo cargo de esa factura pertenec铆a a Jos茅 Luis Ulibrarri, un constructor implicado en G眉rtel que luego recibi贸 contratos que nunca llegaron a cerrarse. El empresario ha sido condenado a un a帽o y medio de c谩rcel tras confesar los delitos de fraude a las administraciones p煤blicas, falsedad documental, tr谩fico de influencias, contra la Hacienda p煤blica y por prevaricaci贸n en la trama que afecta a algunos municipios madrile帽os gobernados por el Partido Popular, lo que le ha permitido ver rebajada su pena.

En 2009, la crisis econ贸mica azotaba Espa帽a y la Comunidad dej贸 el proyecto de la Ciudad de la Justicia en punto muerto. El objetivo inicial era construir 15 edificios, pero entonces solo se hab铆a comenzado a levantar uno. En julio de 2020, el Gobierno de Ayuso aprob贸 una partida de 4,3 millones de euros para terminar de construir el conocido como ‘donut’, por su forma, un edificio de 13.500 metros cuadrados, y convertirlo en el Instituto Anat贸mico forense de Madrid. El recinto ya hab铆a sido utilizado como morgue en lo peor de la pandemia, para lo que hubo que destinar otros 40.000 euros para el acondicionamiento de las instalaciones. Era la primera vez que se le daba uso al recinto, pese a que se hab铆a destinado a 茅l millones de euros. Ya entonces el Ejecutivo madrile帽o comenz贸 a deslizar su inter茅s por recuperar el proyecto.

Esta era una idea que ya hab铆a tentado a Ignacio Gonz谩lez. El presidente madrile帽o entre 2012 y 2015 intent贸 recuperar el proyecto a su llegada y de nuevo antes de su salida de la Puerta del Sol. Primero trat贸 de adaptar el proyecto de Aguirre, que hab铆a contado con arquitectos de reconocid铆simo prestigio internacional y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster, con otros equipos m谩s baratos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid rechaz贸 la idea, al considerar que cualquier modificaci贸n del plan inicial exig铆a “una nueva tramitaci贸n”.

Despu茅s, la Comunidad inici贸 un nuevo proyecto. Para 茅l, consider贸 que “la oferta t茅cnica y econ贸mica de la UTE de Acciona y OHL” hab铆a sido “la mejor valorada” para rescatar el macro complejo. No obstante, el Ejecutivo auton贸mico se encontraba en funciones, por lo que prefiri贸 esperar antes de aprobar la adjudicaci贸n. “Tenemos competencias, pero queremos dejar las manos libres al nuevo equipo, que sea quien decida si lo adjudica o no”, se帽alaron entonces.

La previsi贸n en aquel momento era plantear un canon de 45 millones de euros durante 30 a帽os. Cinco millones menos al a帽o durante cinco a帽os menos que lo anunciado ahora por el consejero de Justicia. La sucesora de Gonz谩lez fue su compa帽era de partido Cristina Cifuentes, que decidi贸 suspender la adjudicaci贸n que hab铆a dejado encarrilada el anterior Ejecutivo. Durante su mandato, la C谩mara de Cuentas ya ten铆a puesto el foco en el proyecto de Aguirre. Desde 2016, los grupos de la oposici贸n hab铆an ido trasladando a este organismo documentaci贸n sobre las irregularidades en las adjudicaciones que hab铆an dejado un agujero de 100 millones de euros en las arcas p煤blicas. En 2018 la propia Cifuentes envi贸 a la Fiscal铆a un informe sobre las irregularidades elaborado por la Abogac铆a de la Comunidad de Madrid, un mes despu茅s de que lo hicieran el resto de grupos y tras negarse a acompa帽arles.

Un Informe de Fiscalizaci贸n de la C谩mara de Cuentas motiv贸 una investigaci贸n por parte de la Audiencia Nacional, que est谩 pendiente de juicio. La Fiscal铆a Anticorrupci贸n solicita para el consejero de Justicia de Aguirre, Alfredo Prada, que era tambi茅n presidente y consejero delegado de CJM, la empresa p煤blica que se cre贸 para la gesti贸n del proyecto, ocho a帽os de c谩rcel y trece de inhabilitaci贸n absoluta y para otros cinco altos cargos y asesores de aquel Gobierno seis a帽os de prisi贸n y diez de inhabilitaci贸n por supuestos delitos de prevaricaci贸n, malversaci贸n de caudales p煤blicos y fraude a la Administraci贸n P煤blica. Entre ellos se encuentra tambi茅n Andr茅s G贸mez Gordo, el director del 谩rea de Seguridad y un hombre muy vinculado al Partido Popular. Hab铆a trabajado para Mar铆a Dolores de Cospedal durante su presidencia en Castilla-La Mancha y fue imputado en Kitchen por su presunta participaci贸n en el caso del espionaje a B谩rcenas.

Contratos por 330 millones sin “documentaci贸n justificativa”

El ministerio fiscal considera que entre 2005 y 2008 se adjudicaron contratos por valor de m谩s de 330 millones de euros en los que “se ha acreditado, en general, la ausencia de documentaci贸n justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad econ贸mico-organizativa de la sociedad o de rendici贸n de las cuentas”. Adem谩s, indica en un escrito que “los acusados concertaron contrataciones de CJM con deliberada, generalizada y reiterada elusi贸n de los requisitos normativos y principios elementales de contrataci贸n” que provoc贸 “una selecci贸n del adjudicataria al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”.

Por su parte, la C谩mara de Cuentas emiti贸 un informe en destacada “la ausencia de certeza” de que se “haya producido da帽o a los caudales p煤blicos” porque “con car谩cter general” los pagos que efectu贸 la Comunidad de Madrid corresponden a prestaciones que s铆 llegaron a ejecutarse, con independencia del “grado de formalidad” de los mismos.

Antes de estos pronunciamientos, el consejero de Justicia de Cifuentes, 脕ngel Garrido, admiti贸 que el dinero invertido en el proyecto de Aguirre no hab铆a servido “para absolutamente nada” y trat贸 de marcar distancias con el de Ignacio Gonz谩lez. Ante el bloqueo de este segundo intento, las empresas que hab铆an sido se帽aladas como adjudicatarias llevaron a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por no ratificar la adjudicaci贸n de las obras. El Tribunal Superior de Justicia madrile帽o emiti贸 una sentencia en 2017 en la que no les daba la raz贸n.

Desde el equipo de Cifuentes se felicitaron por una sentencia que pon铆a fin a un proyecto que “no solo no respond铆a a las necesidades reales de la Justicia madrile帽a, sino que adem谩s estaba viciado y bajo sospecha desde su inicio“. La decisi贸n judicial ahorraba a la Comunidad un gasto previsto de 1.750 millones de euros. Con todo, no renunciaban a “realizar en un futuro un proyecto sensato”. La decisi贸n del Tribunal Superior de Justicia fue recurrida ante el Supremo, lo que alarg贸 la resoluci贸n de este conflicto tres a帽os m谩s.

En marzo de 2020, el Alto Tribunal ratific贸 aquella sentencia y dej贸 las manos libres a la Comunidad de Madrid, ya bajo la tutela de Isabel D铆az Ayuso, para plantear el tercer intento del macroproyecto que llevaban casi dos d茅cadas intentando levantar los sucesivos presidentes conservadores de la regi贸n. En septiembre de 2019, la presidenta ya hab铆a avanzado que era “prioritario” concentrar los edificios destinados a justicia en una sola sede. “En cuanto se produzca la decisi贸n, acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas”, advirti贸 Enrique L贸pez despu茅s.

Dicho y hecho. En cuanto se conoci贸 la decisi贸n del Supremo, Ayuso admiti贸 que la sentencia “despeja el camino para los planes” de la Comunidad de Madrid para la concentraci贸n de sedes judiciales y se puso manos a la obra para lanzar el tercer intento. En diciembre de ese mismo a帽o, su Consejo de Gobierno autoriz贸 que se sacase a concurso p煤blico el contrato para la elaboraci贸n del estudio de viabilidad del nuevo proyecto, por otros casi 250.000 euros, que estuvo listo en noviembre de 2021.

“La mayor infraestructura judicial del sur de Europa”

Con el resultado de este informe, que se amoldaba a los deseos del Ejecutivo en cuanto al modelo de concesi贸n, la Comunidad comenz贸 a trabajar en los pliegos de la adjudicaci贸n que est谩 ultimando en estos momentos para concentrar los 356 贸rganos jurisdiccionales que actualmente se encuentran repartidos en 28 sedes en un mismo complejo de 17 inmuebles. La Comunidad estima que con su plan se ahorrar谩n 20 millones de euros al a帽o en la gesti贸n y el mantenimiento de los edificios, en gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministros o archivo, entre otros.

La cuenta que hace el Ejecutivo madrile帽o se basa en que actualmente se invierte en la administraci贸n de Justicia 72 millones de euros, en los mismos conceptos por los que comenzar谩n a pagar 50 millones una vez que est茅 construida y comience a operar el complejo de Valdebebas. Sin embargo, son cifras que hay que coger con pinzas, porque en ese c谩lculo no tienen en cuenta lo que la Comunidad dejar谩 de ingresar por la explotaci贸n de los locales de uso terciario, de la que disfrutar谩 la empresa adjudicataria durante 35 a帽os.

“La mayor infraestructura judicial del sur de Europa”, dice la Comunidad, contar谩 con m谩s de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad, un 65% m谩s que la estructura actual y casi el doble que la proyectada por Aguirre. El consejero de Justicia ha adelantado el deseo del Ejecutivo de que la obra est茅 adjudicada a finales de 2022 o a principios del pr贸ximo a帽o y que la construcci贸n comience antes de las elecciones de 2023. Es decir, la primera piedra se pondr谩 unas semana antes de acudir a las urnas, quiz谩s sin tanta pompa como se hizo en 2007. Quiz谩s tambi茅n, por esas fechas, se se帽ale el juicio contra el consejero de Esperanza Aguirre y sus otros cinco altos cargos y asesores por prevaricaci贸n, malversaci贸n y fraude a la Administraci贸n a cuenta de un proyecto infructuoso que ahora se quiere reeditar.

Enlace relacionado ElDiario.es 28/05/2022.




Fuente: Sasmadrid.org