Artículo publicado originalmente por CorporateEurope.org

3 enero 2021

Pia Eberhardt, Fabian Flues y Cecilia Olivet

La tercera semana de diciembre, miembros
del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) celebrarán su conferencia anual,
en la que evaluarán los intentos en curso para reformar el polémico acuerdo. En
medio de la creciente preocupación de que el TCE obstaculiza la acción urgente
por el clima, las empresas que lucran con el acuerdo, la Secretaría del TCE y
otros actores están difundiendo propaganda y promoviendo falsedades, como que
el tratado atrae inversiones limpias y que “modernizarlo” resolvería sus
defectos. Nuestra guía para derribar estos y otros mitos te permitirá ver más
allá de la retórica y entender el mundo de la energía sucia, la estafa y los
abusos corporativos que promueve el TCE.

Lee la guía completa para derribar los mitos sobre el TCE aquí (por ahora solo en inglés)

Los Gobiernos deben adoptar medidas de inmediato para combatir la
crisis climática. Ante todo, tienen que abandonar el carbón, el petróleo y el
gas y transitar a un futuro de energía renovable. Para prevenir el cambio
climático descontrolado, es necesario mantener en el suelo la
gran mayoría de las reservas de combustibles fósiles.

Sin embargo, los Gobiernos que eliminen progresivamente el carbón,
pongan fin a la producción de gas o impidan la construcción de nuevos
oleoductos para dejar los combustibles fósiles en el suelo podrían sufrir
demandas multimillonarias por daños y perjuicios en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)El
TCE permite a inversores extranjeros del sector de la energía demandar a
Gobiernos por adoptar medidas que podrían afectar sus ganancias en forma
negativa, incluidas políticas con respecto al clima. La compañía de petróleo y
gas Rockhopper ha demandado a Italia porque el país
prohibió la perforación de petróleo en alta mar. La empresa de
carbón finlandesa-alemana Fortum/Uniper está amenazando con demandar a los Países
Bajos por eliminar progresivamenteel carbón.Los
juicios tienen lugar fuera de los tribunales ordinarios, en tribunales
arbitrales poco transparentes, presididos por tres abogados privados.

Governments have already been forced to pay out
enormous sums. Pending ECT claims total around US$28 billion. The actual
figure could be more than twice that amount since pay-out information is
publicly available in only 24 out of 51 cases. But US$28 billion is a staggering sum
– equivalent to the que se calculan que
se necesitaría para que África se adapte al cambio climático.

La oposición al TCE está aumentando rápidamente. En octubre de 2020,
el Parlamento Europeo votó para poner
fin a la protección del TCE a las inversiones en combustibles fósiles. En
noviembre, 280 parlamentarios instaron a la
Comisión Europea y a los miembros de la Unión Europea (UE) a “explorar vías
para retirarse” del tratado. En diciembre, más de 200 líderes y científicos del
clima se sumaron a este llamado y describieron al TCE como “un gran
obstáculo” para la transición hacia la energía limpia. En el Consejo de la UE,
Estados miembros como Francia, España y Luxemburgo también han planteado entre
bastidores la opción de retirarse si el TCE no se ajusta al Acuerdo de París
sobre el clima. Bélgica incluso solicitó el dictamen del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea acerca de si el TCE se ajusta a la legislación
de la UE.

Sin embargo, intereses poderosos quieren impedir que los países se
retiren del TCE e incluso quieren ampliarlo a nuevos Estados signatarios, y
dirán lo que sea para lograrlo. A continuación, presentamos algunos de sus
mitos para que puedas descifrar fácilmente cómo se manipula el discurso en
torno al TCE.

Mito 1 : El TCE atrae inversión extranjera,
incluso en el sector de la energía limpia

Quienes defienden
el TCE afirman que el tratado atrae la inversión extranjera. Sostienen que al
permitir que inversores extranjeros demanden a Estados fuera de tribunales
nacionales “parciales”, el TCE hace que el Estado sea un destino más seguro y
atractivo para la inversión. Según el Secretario General de
la Secretaría del TCE –que no es solamente un órgano administrativo, sino que
es además una fuerza impulsora del creciente apoyo al tratado– el TCE puede
“desempeñar un papel fundamental” en cuanto a la “gran inversión en fuentes de
energía renovable” que exigen el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

La realidad es que: No hay pruebas claras de que el TCE atraiga inversiones, mucho menos en energía renovable.

No hay pruebas claras de que acuerdos como el TCE atraigan inversión.
En 2018, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó
en un examen de
estudios disponibles sobre el tema que “se han generado muy pocas pruebas
sólidas en la actualidad”. Un reciente meta análisis de
74 estudios concluyó que el efecto de los acuerdos de inversión en el aumento
de la inversión extranjera “es tan mínimo que se considera nulo”.

Además, la
existencia de tratados de inversión como el TCE no es uno de los 167 criterios
que Bloomberg New Energy Finance utiliza
para evaluar si un país resulta atractivo para invertir en energía limpia. Por
el contrario, países como Brasil y la India, que nunca ratificaron este tipo de
tratados o recientemente se retiraron de ellos, son algunos de los principales
destinos de los inversores en energía renovable. Los objetivos de energía
limpia y los incentivos impositivos son algunos de los factores que realmente
atraen a inversores en energía renovable a estos mercados.

“Aún no hay pruebas suficientes de que el TCE tenga un impacto positivo en los flujos de inversión de cualquier sector, incluido el sector de la energía renovable”.
Kyla Tienhaara (Queen’s University) & Christian Downie (Universidad Nacional de Australia)

Mito 2 : Mediante la protección de las
inversiones en energías renovables, el TCE ayuda a combatir el cambio climático

Ante la oposición pública al TCE, su Secretaría, abogados de empresas
y grupos de presión del sector de los combustibles fósiles han planteado una
defensa enérgica, alegando que el tratado ayuda a combatir el cambio climático.
Dado que un 60% e las
demandas entabladas por inversores en energía renovable en el marco del TCE
están relacionadas con una disminución del apoyo a la energía limpia, los
abogados de estas empresas sostienen que el TCE obliga a los países a cumplir
sus promesas de adoptar medidas en relación con el clima. Como afirma un asesor de la
gigante de gas y petróleo rusa Gazprom y ex funcionario de la Secretaría del
TCE: “[El] TCE protege en primer lugar a las fuentes de energía renovable…de
que los países anfitriones empeoren el clima de inversión en forma unilateral”.

La realidad es que: El TCE protege
las inversiones en energía existentes, que en su mayoría son inversiones en
combustibles fósiles. Al permitir que contaminadores demanden a Gobiernos por
combatir el cambio climático, el TCE obstaculiza la adopción de medidas que son
urgentemente necesarias.

Si bien la mayoría de las demandas
recientes entabladas en virtud del TCE están relacionadas con fuentes de
energía renovable, como la energía solar o eólica, esto no significa que el TCE
sea un instrumento para combatir el cambio climático. Todo lo contrario.

El TCE protege las inversiones en energía existentes, en su mayoría en
combustibles fósiles. Incluso entre 2013 y 2018, un período en que el
financiamiento en energías renovables fue inusualmente elevado, estas solamente
constituyeron el 20% de las inversiones abarcadas por el TCE. Por otra parte,
la inversión en carbón, petróleo y gas representó el 56% (véase este análisis de
un ex funcionario de la Secretaría del TCE). Esto refleja las tendencias mundiales según
las cuales, en 2019, tan solo un 18% de la inversión en energía se destinó a
energías renovables, mientras que un 52% correspondió a los combustibles
fósiles, la escalofriante cifra de US$976 000 millones (el porcentaje restante
se destinó a redes eléctricas, energías nuclear y eficiencia energética).
Además de eso, los Gobiernos apoyan los combustibles fósiles mediante enormes
subsidios, que se calculan en
US$5,2 billones anuales y US$289 000 millones en la UE.

“El TCE es una amenaza grave al objetivo de neutralidad climática de Europa y, en términos más generales, a la aplicación del Acuerdo de París”.
― Carta abierta de más de 280 parlamentarios de toda la UE

Según algunos
analistas mediáticos, al proteger el statu quo, el TCE funciona como “guardián
de la industria de los combustibles fósiles”. Para cumplir sus compromisos
con el clima, los Gobiernos tendrán que cerrar minas de carbón y centrales
eléctricas, abandonar la explotación de gas y petróleo, desmantelar nueva infraestructura
para combustibles fósiles y poner fin a los subsidios. Pero una vez que
comiencen a adoptar estas medidas seriamente, las inversiones en energía sucia
perderán valor en forma drástica. Los inversores podrán entonces recurrir al
TCE y exigir una indemnización generosa, como lo hizo Fortum/Uniper cuando
amenazó con demandar al Gobierno de los Países Bajos por mil millones de euros
por haber adoptado medidas para eliminar progresivamente el carbón. Se ha
calculado que el costo de este tipo de demandas podría ascender, como mínimo, a
1,3 billones de euros de aquí a 2050, lo que constituye un gran incentivo
financiero para que los Gobiernos posterguen o socaven la adopción de medidas
urgentes para mantener a los combustibles fósiles en el suelo.

Mito 3: El TCE es un recurso utilizado
principalmente por pequeñas y medianas empresas (PYMEs)

La Secretaría del TCE sostiene que
“la mayoría de las controversias relacionadas con inversiones en virtud del Tratado
son entabladas por pequeñas y medianas empresas (alrededor del 60%)”. Según
sus estadísticas a
octubre de 2020, 261 PYMEs habían entablado demandas en virtud del TCE,
mientras que tan solo 7 demandas habían sido presentadas por grandes empresas.

La realidad es que: El TCE es un
instrumento que favorece a las grandes empresas y los defensores del tratado
manipulan las cifras para ocultar ese hecho.

Las estadísticas de la Secretaría del TCE se basan en una definición
incorrecta que considera PYME a empresas que no forman parte de las 250 empresas de energía más grandes del mundo,
ni de las 100 principales multinacionales financieras. Ello ha
implicado que grandes empresas que han demandado a Gobiernos en virtud del TCE
fueron clasificadas como PYME, entre ellas la gigante de energía sueca
Vattenfall (que cuenta con 20 000 empleados y tiene un beneficio
anual de casi 1 500 millones de euros)Por su parte, la Comisión
Europea define a las
PYMEs como empresas con menos de 250 empleados y un volumen de facturación
anual inferior a €50 millones.

Además, muchas empresas, que la Secretaría clasifica como PYMEs
probablemente son propiedad de grandes empresas y personas ricas. Por ejemplo,
las empresas “neerlandesas” Charanne e Isolux Infrastructure demandaron a
España en virtud del TCE, pero se trata de sociedades pantalla propiedad de los
empresarios españoles Luis Delso y José Gomis. Estos empresarios son de las
personas más ricas de España, y están siendo investigados for
alleged corruption. Letterbox companies
(firms with few if any employees set up to shift profits and avoid paying
taxes) have filed 10 of the 11 cases where
‘Netherlands-based’ investors sued Spain over the country’s cuts to renewable
energy subsidies.

“Más allá de la opinión que se tenga sobre la solución de controversias entre inversores y Estados, este no es un sistema frecuentemente utilizado por empresas realmente pequeñas para obtener justicia”.
 Periodista Luke Eric Peterson, especialista en demandas de inversores en virtud de tratados como el TCE

Hay otra categoría
de usuarios del TCE en las estadísticas: sociedades de cartera (holdings) y
fondos de inversión. Estos constituyen más de una cuarta parte de los
demandantes en virtud del TCE y a menudo gestionan grandes sumas de dinero o
son parte de grandes empresas. Un ejemplo es
el fondo de inversión RREEF, que pertenece a DWS, one of the world’s biggest asset managers. RREEF belongs to German
financial giant Deutsche Bank and manages over US$700 billion investments
globally. RREEF also sued Spain over the country’s renewable rollback (notably,
while investing in coal and gas, too). In 85 per cent of the
47 ECT suits against Spain, the claimant was a financial investor such as
RREEF. On the other hand, the 60,000 Spanish families, genuine SMEs and
municipalities, which were also badly affected by Spain’s cuts to renewable
subsidies, were hung out to dry. They had no right to file ECT suits as only
foreign investors have access to this parallel justice system.

Mito 4: El TCE es la única forma de proteger
a los inversores de energía en el extranjero

Según los defensores del TCE, los inversores extranjeros no tienen
muchas posibilidades de obtener justicia cuando se los trata de manera injusta
en los Estados anfitriones debido a que no todos los países garantizan que “sus
tribunales nacionales apliquen el Estado de derecho de manera imparcial e
independiente”, escribe EFILAun grupo de
presión de los bufetes de abogados que recaudan millones en honorarios por las
demandas de sus clientes en el marco del TCE y de tratados similares. Por otra
parte, el arbitraje en el marco del TCE, asegura la “independencia de los
inversores del posible sesgo a favor del Estado en los tribunales ordinarios”.
(Andrei V. Belyiex
funcionario de la Secretaría del TCE).

La realidad es que: Los inversores
tienen múltiples opciones para protegerse en el extranjero, pero el TCE es la
más atractiva porque les puede servir como una forma fácil de obtener dinero.

En realidad, los inversores ya pueden acceder a protecciones jurídicas
y financieras cuando se instalan en el extranjero: pueden asegurarse contra
riesgos políticos, como la expropiación, a través de un seguro privado,
garantías del Banco Mundial o un seguro ofrecido por los Gobiernos de origen.
También pueden negociar contratos para proyectos específicos con el Estado
anfitrión para determinar cómo y dónde resolverán posibles controversias. Los
inversores extranjeros además tienen derecho a reclamar el pago de daños y
perjuicios por infracciones ante tribunales nacionales o internacionales, al
igual que cualquier persona.

La empresa de energía sueca
Vattenfall demandó al Gobierno alemán ante el tribunal de mayor instancia del
país por estar desconforme con la decisión de Alemania de dejar de utilizar
energía nuclear. El tribunal concluyó que la medida era constitucional,
pero dictaminó que
Vattenfall y otras empresas tenían derecho a reclamar una indemnización
financiera limitada por algunas acciones del Gobierno al respecto. A pesar de
haber tenido acceso a la justicia, Vattenfall continuó su juicio paralelo
por €6 000 millones en
virtud del TCE, contando con que podría obtener una suma mayor.

Un motivo por el cual el TCE es mucho más lucrativo para los
inversores que los tribunales ordinarios es que sus tribunales pueden dictar
laudos en concepto de daños y perjuicios por pérdidas a futuro. En la mayoría
de los tribunales, las pérdidas a futuro no son objeto de indemnización. Otro
motivo es el método de estafa utilizado para calcular los pagos de
indemnización“extremadamente exagerados” en los arbitrajes de inversión, como
afirmó el destacado abogado de inversiones George Kahale.

Un ejemplo
ilustrativo de una gran ganancia imprevista en el marco del TCE es la demanda
presentada contra Rusia por accionistas de la ex empresa petrolera Yukos. Si
bien el tribunal del TCE dictaminó que
Rusia debía pagar una indemnización por la exorbitante suma de US$50 000
millones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocado por los inversores
en el mismo asunto, ordenó el pago de tan
solo €1 900 millones en daños y perjuicios, menos del 5% de la suma otorgada
por el TCE.

Mito 5: La modernización del TCE resolverá sus defectos

En medio de la creciente oposición al TCE, en 2018 se inició un
proceso para “modernizarlo”. Quienes defienden el tratado y lucran con él
afirman que las negociaciones harán que las demandas de inversores en virtud
del TCE sean “mucho más difíciles” (bufete de abogados Winston
& Strawn) y “brindarán a los Estados el alcance necesario para
adoptar medidas para implementar la transición energética” (secretario de
Estado del Ministerio de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, pág. 39). En
resumen: la modernización resolverá los defectos del TCE y lo transformará en
“el tratado de inversión más ecológico que existe” (Blog de Kluwer Arbitration).

La realidad es que: La modernización no mitigará los efectos negativos del TCE en el clima. El proceso logrará, como mucho, un cambio de imagen.

Hay fuertes indicios de que la
modernización no mitigará los efectos negativos del TCE en el clima:

En primer lugar, quizá nunca se concrete una versión revisada del TCE.
Los cambios al acuerdo deben aprobarse por unanimidad. Sin embargo, países
signatarios del TCE como Japón han
afirmado que no quieren realizar enmiendas a ninguno de los temas que se están
negociando. Un informe interno
de la Comisión Europea de 2017 ya consideró que “no es realista” pensar que se
realizará una enmienda al TCE. Sin embargo, para que el TCE se juste al Acuerdo
de París y para evitar el peligro de sus disposiciones relativas a la
protección de inversiones, se necesita una revisión total del tratado.

“No es probable que las partes contratantes lleguen a un acuerdo para adaptar el Tratado al Acuerdo de París sobre el Clima”.
Masami Nakata, ex asistente del Secretario General del TCE, sobre la modernización del Tratado

En segundo lugar, la propuesta que se está negociando no cumple la
promesa de un TCE favorable al clima. Ningún Estado signatario ha propuesto
eliminar su peligroso mecanismo de arbitraje en materia de inversiones. Ningún
Estado ha propuesto una exención clara para adoptar medidas para combatir el
cambio climático (“excepción sobre el clima” en terminología jurídica). Y
ningún miembro del TCE quiere excluir la protección de los combustibles fósiles
de una versión modernizada del tratado en el corto plazo. Una propuesta de la
Comisión Europea de octubre de 2020 protegería las inversiones actuales en
combustibles fósiles durante diez años más y muchos proyectos de gas hasta
2040. Eso otorga a los contaminadores 20 años para impedir una transición hacia
la energía limpia mediante demandas costosas.

En tercer lugar, el
lenguaje florido sobre el “derecho a regular” de los Estados no impedirá
demandas en virtud del TCE contra la adopción de medidas favorables al clima.
La cuestión fundamental en el marco del TCE no es si los Estados tienen derecho a regular. Lo tienen. Los
tribunales del TCE lo han confirmado. La cuestión fundamental es si, al
regular, los Estados infringen los privilegios del inversor en virtud del TCE.
Dicho de otro modo: los Estados pueden regular como lo deseen, pero en algún
momento se les puede exigir que paguen miles de millones si un tribunal decide
que una regulación es “injusta” para un inversor. Reivindicar el derecho a
regular en el marco del TCE, como planea hacerlo la UE, mientras se mantienen
intactos los privilegios de los inversores, no protegerá a las políticas
públicas de demandas costosas que podrían favorecer a los inversores. Esto
significa además que continúa existiendo un riesgo de congelamiento de las
regulaciones, es decir que para tranquilizar a las empresas y evitar demandas,
los Gobiernos regulen menos, incluso en el contexto de la emergencia climática.

Mito 6: Los países del Sur global se beneficiarían de adherirse al TCE

La Secretaría del Tratado sobre la Carta de la Energía lleva
realizando grandes esfuerzos desde 2012 para ampliar el alcance geográfico del
acuerdo a países en África, Oriente Medio, Asia y América Latina. Al adherirse
al TCE, muchos países esperan atraer inversiones para erradicar la pobreza
energética entre sus poblaciones, que a menudo carecen de acceso a la
electricidad para satisfacer necesidades básicas como cocinar. Este anhelo es
alimentado por la Secretaría, que en reiteradas ocasiones ha afirmado “the
Treaty’s potential… to attract foreign investments to the energy sector” and to
“eradicate energy poverty“el
potencial del Tratado…para atraer inversiones extranjeras al sector de la
energía” y para “erradicar la pobreza energética“. Un documento promocional
sobre África y el TCE incluso sugiere: “Puede que la clave para liberar el
potencial de inversión de África con miras a garantizar el acceso universal a
la energía y superar la pobreza energética sea el Tratado sobre la Carta de la
Energía”.

La realidad es que: Hay pocas pruebas
de que el TCE ofrece beneficios y sus riesgos son considerables, especialmente
para los países de bajos ingresos.

Los países que desean aumentar la inversión en energía probablemente
no se beneficiarán de adherirse al TCE (véase el mito 1). Del mismo modo, no
hay pruebas de que ser parte en el TCE disminuya la pobreza energética. Sin
embargo, sus desventajas son claras y especialmente graves para los países de
bajos ingresos:

Los países que se adhieren al TCE corren el riesgo de recibir una ola
de demandas costosas de inversores. A nivel mundial, el TCE ya es el tratado
más utilizado para los arbitrajes en materia de inversión y las empresas de los
Estados miembros del Tratado son las principales usuarias del sistema. El
60% 61 de las 1061 demandas de
inversores a Estados de las que se tiene conocimiento a nivel
mundial (633) fueron entabladas por empresas cuyo Estado de origen es miembro
del TCE, la gran mayoría son miembros de la UE.

“El TCE antepone…los intereses de los inversores extranjeros a los intereses sociales y económicos del Estado anfitrión y de las partes interesadas nacionales, que no tienen derechos dentro de ese sistema”.
Yamina Saheb, experta de energía y ex funcionaria de la Secretaría del TCE

Habida cuenta de que las empresas procuran obtener indemnizaciones no solo por el dinero invertido, sino también por pérdidas futuras previstas, los Estados pueden verse obligados a pagar enormes sumas de dinero por concepto de daños y perjuicios, a menos que ganen una demanda en el marco del TCE. Muchos Gobiernos ya han sido condenados a pagar o han accedido a pagar más de US$52 000 millones por concepto de daños, procedentes de fondos públicos, una cifra que supera la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la energía a todas aquellas personas del mundo que carecen de él.

El TCE también puede limitar la
capacidad de los Gobiernos de luchar contra la pobreza energética y regular
inversiones para que contribuyan al desarrollo nacional. Varios países de
Europa Occidental ya han sido demandados en
virtud del Tratado por intentar limitar las ganancias de las empresas de
energía y reducir los precios de la electricidad para los consumidores. En el
marco del TCE, las grandes empresas de energía también pueden demandar a
Gobiernos si estos deciden gravar los beneficios extraordinarios, obligar a las
empresas a contratar personal local, transferir tecnología, procesar las
materias primas antes de exportarlas o incluso proteger los recursos naturales.
Por consiguiente, cada vez resulta más difícil para los Estados reducir los
costos sociales y ambientales de las inversiones extranjeras en energía, y
aumentar sus beneficios para la comunidad local.

Cabe destacar que,
al adherirse al tratado, los países se vuelven vulnerables a demandas en virtud
del TCE durante al menos 26 años, incluso si Gobiernos elegidos posteriormente
deciden retirarse de él. Si bien un país puede retirarse del TCE dentro de los
cinco años desde la fecha de adhesión, y la retirada entra en vigor un año
después, el país puede seguir siendo objeto de demandas durante 20 años más con
respecto a inversiones efectuadas con anterioridad (véase la próxima sección).

Mito 7: Retirarse del TCE no protege a los
Gobiernos contra demandas costosas

Quienes defienden el TCE afirman que “no tiene sentido que los Estados
signatarios abandonen el tratado para evitar el pago de indemnizaciones,” (Andrei V. Belyiex
funcionario de la Secretaría del TCE). Debido a la cláusula de extinción del
TCE, que permite a inversores demandar a un país hasta 20 años después de que
se haya retirado del tratado, los defensores del tratado sostienen que reformar
el TCE es la única forma de regularlo. Como afirmó Carlos Pettinato, uno de los
negociadores de la Comisión Europea en el proceso de modernización del TCE,
durante un debate (minuto
23): “Incluso si nos retiráramos hoy porque no nos gusta [el TCE], de
conformidad con las reglas vigentes, estamos atrapados con inversores durante
20 años… No queremos eso. Queremos cambiarlo, queremos reformarlo”.

La realidad es que: Retirarse del
TCE, como lo hizo Italia, reduce significativamente el riesgo de los países de
ser objeto de demandas y evita nuevos proyectos de combustibles fósiles indisociables
del carbono.

Sin perjuicio de la cláusula de extinción del TCE, abandonar el
tratado reduce significativamente el riesgo de un país de ser objeto de
demandas debido a que la disposición solo se aplica a inversiones antes de la retirada, mientras que las que tienen lugar después no están protegidas por el tratado. Esta es una consideración
importante en un momento en que la mayoría de las nuevas inversiones en energía
siguen siendo en combustibles fósiles, no en energías renovables. Cuanto antes
se retiren los países del tratado, menos inversiones nuevas habrá en energía
sucia reguladas por el TCE que no puedan disociarse de él.

“Si los Gobiernos quieren dar una imagen de liderazgo en relación con el cambio climático, deben alejarse de acuerdos de inversión que les aten las manos y sigan protegiendo los combustibles fósiles a expensas de los contribuyentes”. Retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía es un primer paso fundamental en ese sentido”.
Carta abierta de más de 200 líderes y científicos del clima

Retirarse del TCE no es difícil. Al cabo de cinco años de adhesión al
TCE, un país puede retirarse de él en cualquier momento simplemente al
notificarlo por escrito. Este es el caso de casi todos los más de 50 miembros
del tratado, entre ellos la UE y sus Estados miembros. Estos países podrían
retirarse del TCE inmediatamente y podrían ser parte de una tendencia mundial:
según datos de la ONU,
2019 fue el segundo año en que se cancelaron más tratados de inversión
perjudiciales y anticuados de los que se concluyeron. Italia ya ha adoptado esa
medida con respecto al TCE al retirarse en 2016.

Si varios países se
retiran al mismo tiempo, pueden debilitar aún más la cláusula de extinción. Los
países que se retiran podrían adoptar un acuerdo que excluya las demandas en su
grupo, antes de abandonar el TCE en forma conjunta. Una declaración de este
tipo dificultaría que inversores de esos países demanden a otros del mismo
grupo. Es una medida razonable. Los Estados miembros de la UE ya alcanzaron
un acuerdo in May
2020 on some 130 bilateral investment treaties they had signed amongst each
other. If EU member states took a similar step with
regards to the ECT, the majority of the cases under the treaty –
currently, 66 per cent of all cases are from EU investors against EU member states – would no longer
be possible in the future.

Retirarse antes de que sea demasiado tarde

Dos grupos políticos del Parlamento Europeo ya han exigido que la UE
se retire del TCE (véase y En noviembre de 2020, más de 250
parlamentarios de toda la UE y de diferentes partidos políticos instaron a los
Estados miembros del bloque a que “exploraran vías para retirarse conjuntamente
del TCE” si las disposiciones que protegen a los combustibles fósiles y el
mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados del TCE no se
eliminan de las negociaciones para modernizar el tratado.

Como es probable que estas negociaciones fracasen debido al desacuerdo
generalizado entre los Estados miembros y probablemente no generen resultados
que cambien los problemas de fondo del TCE, los países deberían considerar
retirarse pronto del tratado. Debido a la urgencia de combatir el cambio
climático y acelerar la transición energética, no hay tiempo que perder.

Si deseas saber más sobre los defensores del TCE y entender mejor su
forma de manipular el discurso a favor del tratado, puedes leer el documento
para derribar mitos sobre el TCE destinado a ciudadanas y ciudadanos
interesados, activistas, periodistas y responsables de políticas. Check our in-depth myth-buster
on the ECT for concerned citizens, activists,
journalists and policymakers.

SOBRE LOS AUTORES

Fabian Flues, Pia Eberhardt y Cecilia Olivet

Publicado por

PowerShift,
Corporate Europe Observatory (CEO) and the Transnational Institute (TNI)

Co-publicado por

11.11.11, Acción Ecológica, AITEC, ATTAC Austria,
ATTAC France, Both ENDS, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),
Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión España, Center for Energy,
Ecology, and Development (CEED), Chile Sustentable, CNCD, Ecologistas en
Acción, Entraide et Fraternité, Focus on the Global South, Forum Umwelt &
Entwicklung, Friends of the Earth Europe, Handel Anders! Coalitie, Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Plataforma TROCA, Platform “América
Latina mejor sin TLCs”, Public Services International, SEATINI, Seattle to
Brussels network, SOMO, Umanotera, War on Want.

Ilustraciones por

Maria Chevalier

Downloads in English: Busting the myths around the Energy Charter Treaty.pdf