May 4, 2021
De parte de ANRed
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Familiares y amigos de Nicolás Guerrero se reúnen alrededor de velas durante una vigilia en su honor, en Cali. Fue asesinado – como tantos otros jóvenes en todo el país – por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional de Colombia, en el marco de las protestas contra el gobierno de Iván Duque. | Foto: AFP

Desde el miércoles 28 de abril 50 municipios de Colombia salieron de forma masiva a las calles a protestar contra la tercera reforma tributaria que Iván Duque propuso como solución a la crisis desatada por la pandemia y como forma de «financiar» el gasto público. El proyecto, presentado a través del ahora renunciado Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, suponía imponer un impuesto a los ingresos de los sectores más vulnerables y capas medias, eliminar exenciones, y aumentar el IVA, bajo el argumento de recaudar cerca de 6.800 millones de dólares y reactivar la economía. La operación «Orión» fue un genocidio perpetrado por el Estado colombiano, el Ejército, la Policía y paramilitares en la Comuna 13 de Medellín, en lo que es la acción armada de mayor envergadura realizada por el Ejército en un territorio urbano. Se volvió tendencia en redes la palabra «Orión», para denunciar que el gobierno está realizando un operativo idéntico, pero a nivel nacional y masivo. Colombia representa un caso paradigmático de genocidios contra grupos políticos, pueblos indígenas y movimientos sociales a nivel mundial. Sólo en 2021, 52 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en manos de paramilitares o agentes del Estado. Por Daisy Alcaino, para ANRed.


Colombia representa un caso paradigmático de genocidios contra grupos políticos, pueblos indígenas y movimientos sociales a nivel mundial. Sólo en 2021, 52 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en manos de paramilitares o agentes del Estado. En 2019 se presentaron 1.414 denuncias de violaciones a los derechos humanos, según consigna un informe de Derechos Humanos y Violencia Política del Banco de datos de CINEP (www.nocheyniebla.org).

Los líderes sociales vienen denunciando hace años que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades, bajo el beneplácito de todos los gobiernos. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren esta explotación hace 30 años, siendo territorios disputados territorialmente por el narcotráfico, declarados ilegalmente como zonas liberadas, quedando las comunidades en manos de bandas paramilitares, sindicados como los principales responsables de estas masacres.

Los asesinados han sido personas y organizaciones con baja visibilidad, a diferencia de los años 80′ y 90′, donde los principales represaliados eran organizaciones de corte izquierdista como el Partido Comunista, la Unión Patriótica o las centrales sindicales. En los últimos años los ataques han estado dirigidos principalmente a los y las líderes sociales de las pequeñas comunidades y sociedad civil.

En el contexto del paro nacional, el accionar del Estado colombiano contra la sociedad civil quedó en evidencia, así como el carácter delictivo de sus fuerzas policias, quienes han salido a las calles a castigar a la población, cometiendo crimenes catalogados como de lesa humanidad o lisa y llanamente como terrorismo de Estado.

Usuarios en redes sociales hicieron tendencia la noche de ayer la palabra «Orión» para denunciar que el gobierno de Iván Duque está realizando un operativo identico, pero a nivel nacional y masivo. La operación «Orión» fue un genocidio perpetrado por el Estado colombiano, el Ejército, la Policía y paramilitares en la Comuna 13 de Medellín, bajo la excusa de «exterminar a las milicias urbanas». Este operativo contó con 1500 efectivos, y fue parte de once incursiones militares ordenadas por el expresidente Alvaro Uribe, que terminó con la vida de 18 civiles, cientos de heridos, desapariciones forzadas, desplazamientos y falsos positivos. La Operación Orión es la acción armada de mayor envergadura realizada por el Ejército en un territorio urbano en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se extendió hasta el mes de diciembre de 2002.

Paro nacional y protestas

Desde el miércoles 28 de abril cincuenta municipios de Colombia salieron de forma masiva a las calles a protestar por la tercera reforma tributaria que Iván Duque propuso como solución a la crisis desatada por la pandemia y como una forma de «financiar» el gasto público. El proyecto denominado «Ley de solidaridad sostenible» suponía imponer un impuesto a los ingresos de los sectores más vulnerables y capas medias, buscaba eliminar exenciones, y aumentar el IVA, entre otras ideas, bajo el argumento de recaudar cerca de 6.800 millones de dólares y reactivar la economía

El Gobierno Nacional, a través del ahora renunciado Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, radicó el proyecto de ley y de inmediato estallaron las manifestaciones. Alberto Carrasquilla fue además ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Álvaro Uribe entre los años 2003 y 2007, razón por la cual se le acusa de querer repetir la historia. Durante este primer gobierno, Carrasquilla quiso presentar ambiciosos proyectos de reforma tributaria, pero perdió el apoyo del partido de Gobierno “Centro Democrático”. Sin embargo, lo volvió a intentar en la actual administración de Duque.

En los últimos tres años de Gobierno, el citado ministro Carrasquilla, protagonizó sendas polémicas, como el escándalo de los ‘Bonos Agua’ que fueron utilizados para financiar obras de acueducto y alcantarillado en 117 municipios del país, por una cifra cercana a los $440.000 millones, o por sus declaraciones en 2008, donde afirmó que «el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto», lo cual evidenció su desconexión con la realidad del país, así como recientemente en un despacho en vivo, donde admitió no estar informado del precio de una bandeja de huevos: «depende de la calidad. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza», indicó Carrasquilla, lo que enardeció los ánimos de la población, debido a que la ley de reforma tributaria que pretendía imponer afectaba precisamente a estos productos, la cual generó oposición en todo el país.

Protestas y violaciones a los derechos humanos

Según los estatutos que rigen la legislación colombiana, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias contra funcionarios públicos, como lo es la policía nacional. Sin embargo, en el actual contexto de estallido social ha sido criticada duramente por su papel en la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos y muertes acaecidas en manos de agentes estatales. De 26 indagaciones por asesinatos, esta institución decidió relevar solo ocho de estos casos.

En la mira también se encuentra la Defensoría del Pueblo, que como sus estatutos indica que «es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho». No obstante, su máxima autoridad, el defensor del pueblo Carlos Camargo fue denunciado por haber estado en una finca del municipio de Anapoima durante el paro nacional. Anapoima es catalogado como el exclusivo refugio de los ricos del país. Camargo informó que respecto a las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos en manos de policias, «hay denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, pero estamos valorando», indicó el defensor público.

En este hilo difundido por un usuario de Twitter se denuncia que en los informes entregados por la Defensoría del Pueblo no se incluye los datos de asesinados ni los disparos policiales.

Hasta el momento, según datos oficiales, se contabilizan 18 muertos y 800 heridos a nivel nacional.

Destaca el caso del joven Santiago Andres Murillo, asesinado el 2 de mayo en el estado de Ibagué Tolima, durante las protestas. Se viralizó en las redes sociales el video de su madre gritando en la sala de espera, cuando se le informa del fallecimiento de su hijo de 19 años: «era mi único hijo, matenme a mi también», gritó la mujer en su desesperación (el video en el minuto 1:07:05).

Compartimos algunos de los rostros de los jóvenes asesinados por protestar por una Colombia libre de violencia:

  • Marcelo Agredo. 17 años. Cursaba noveno y también trabajaba. Jugaba baloncesto y fútbol. Hincha del América. Asesinado por la Policía en Cali.
  • Bryan Fernando Niño. 24 años. Tenía un hijo. Asesinado por la Policía en Madrid (Cundinamarca).
  • Andrés Rodríguez. Asesinado por la Policía en Cali.
  • Nicolás Guerrero. Artista callejero. Participaba en una velatón pacífica. 22 años. Asesinado por la Policía en Cali, en medio de una transmisión en vivo.
  • Juan David García Naranjo, Líder social del colectivo “Colombia humana”.

Situación de Derechos Humanos en Colombia: #ParoNacional


Organismos de DDHH para informarse:





Fuente: Anred.org