June 4, 2021
De parte de Nodo50
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La protesta social en Colombia es sofocada por el Gobierno del presidente Iv谩n Duque, masacrando a los manifestantes con el Ej茅rcito y la polic铆a. La rebeli贸n palestina es reprimida en la franja de Gaza con todo el poder de fuego del Ej茅rcito israel铆, incluyendo ataques de la aviaci贸n y bombardeos de artiller铆a. Los proyectiles israel铆es derriban edificios enteros a la vista del mundo, con la misma impunidad con que la polic铆a colombiana y los paramilitares disuelven las marchas ciudadanas disparando a la multitud. Durante el actual Paro Nacional en Colombia ya hubo m谩s de 50 manifestantes asesinados por la fuerza p煤blica y un polic铆a muerto al reprimir un saqueo. En los 11 d铆as de bombardeos de la franja de Gaza y lanzamiento de misiles de Ham谩s hacia Israel, murieron 232 palestinos (de los cuales 67 eran ni帽os) y 12 israel铆es (2 ni帽os). En ambos casos, el desequilibrio en el balance de v铆ctimas refleja claramente la desproporci贸n de fuerzas entre un Estado militarizado y su poblaci贸n civil indefensa.

Aunque la situaci贸n de ambos pa铆ses no sea en muchos aspectos comparable, existen varias coincidencias que nos permiten indagar sobre posibles vasos comunicantes de esta tragedia humana de violencia extrema que sufren, simult谩neamente, en plena pandemia de covid-19. Antes de profundizar al respecto, conviene resaltar la singularidad de cada proceso de conformaci贸n de la identidad nacional: Colombia, con su historia jalonada de guerras civiles y con un Estado que ejerci贸 el terrorismo desde tiempos immemoriales para eliminar la disidencia y centralizar la posesi贸n de las tierras y los recursos naturales; Israel, con su militarismo exacerbado y la peculiar complejidad que se deriva de la naturaleza colonial de la ocupaci贸n de Palestina. 

En el plano de las similitudes, apuntemos en primer lugar que ambos pa铆ses, a pesar de ser formalmente democr谩ticos, practican el terrorismo de Estado cuando masacran a la  poblaci贸n civil indefensa, un crimen de lesa humanidad caracter铆stico de las formas de gobierno dictatoriales. Otra importante coincidencia es la intervenci贸n de sectores sociales que, adem谩s de vitorear la represi贸n estatal, aspiran a hacer justicia con sus propias manos; como aquellos civiles que disparan en Colombia contra los grupos de ind铆genas para expulsarlos de Cali, o los jud铆os xen贸fobos que protagonizan una vergonzosa noche de los cristales rotos contra comercios de 谩rabes israel铆es o linchamientos de taxistas palestinos.

Hay cierta semejanza en el determinante racista que tienen estas agresiones. La represi贸n en Colombia se focaliza en Cali, una de las ciudades con mayor poblaci贸n afrodescendiente de Am茅rica, capital del Valle del Cauca, y donde las comunidades ind铆genas reafirman constantemente su identidad y cultura, como es el caso de los misak. La discriminaci贸n de estas comunidades 鈥渞acializadas鈥 y empobrecidas a lo largo de d茅cadas, su desplazamiento y aniquilaci贸n por grupos armados y el abandono ancestral por parte del Estado es el caldo de cultivo que alienta las protestas, reprimidas salvajamente por el gobierno de Iv谩n Duque.

En el caso de Israel, la ofensiva devastadora va dirigida contra los palestinos de la franja de Gaza, pero tambi茅n alcanza indirectamente a los 谩rabes israel铆es, dos millones de habitantes cada vez m谩s discriminados en su propio pa铆s por no ser ciudadanos de pleno derecho. La ley de Nacionalidad, aprobada en 2018 a instancias de Benjamin Netanyahu, consagra como 煤nica lengua oficial el hebreo y da carta de naturaleza al expansionismo de los colonos jud铆os: 鈥淓l Estado ve el desarrollo del asentamiento jud铆o como un valor nacional y actuar谩 para alentar y promover su establecimiento y consolidaci贸n鈥 (art铆culo 7). Tambi茅n establece en su art铆culo 3 que Jerusal茅n es la capital del Estado de Israel. Un a帽o despu茅s de aprobada esta ley, el gobierno de Donald Trump anunci贸 que dejaba de considerar ilegales los asentamientos jud铆os en Cisjordania. Tiempo m谩s tarde, traslad贸 la embajada estadounidense a Jerusal茅n, violando as铆 resoluciones de la ONU, en un gesto que enfureci贸 a los palestinos y a todo el mundo musulm谩n.

Por otra parte, en ambos pa铆ses existen millones de desplazados por los conflictos b茅licos, y a煤n hoy contin煤an los desplazamientos de leg铆timos pobladores y la usurpaci贸n de sus tierras. En el caso de Colombia, los depredadores se valen de grupos paramilitares o del propio Ej茅rcito para extender las fronteras de sus negocios il铆citos, expulsando a los campesinos e ind铆genas. El Estado de Israel se edific贸 sobre la cat谩strofe (la Nakba) que supuso la expulsi贸n de 750.000 palestinos, y todav铆a hoy la justicia permite el derribo de viviendas palestinas para ceder el terreno a colonos jud铆os que supuestamente eran propietarios de ese suelo antes de la creaci贸n del Estado de Israel. Una justicia que no se aplica a la inversa, porque a los palestinos se les impide recuperar sus tierras.

Una importante coincidencia es la intervenci贸n de sectores sociales que, adem谩s de vitorear la represi贸n estatal, aspiran a hacer justicia con sus propias manos

No hay, probablemente, otros pa铆ses en nuestros d铆as en los que se produzca una permanente expansi贸n de las fronteras internas, como ocurre en Colombia e Israel. En ambos casos, el expansionismo de los sectores dominantes sobre las poblaciones subalternas impone formas de ocupaci贸n del territorio caracter铆sticas del siglo XIX, cuando las naciones americanas independientes, herederas del etnocentrismo europeo, pretend铆an consolidar su integridad territorial con la 鈥渃onquista del oeste鈥 norteamericano o la 鈥渃onquista del desierto鈥 en el cono sur. El desierto, tal como lo ve铆an las 茅lites blancas, era un vasto e inconmensurable territorio que deb铆a ser arrebatado a los ind铆genas para incorporarlo a las haciendas de los caudillos y militares criollos que se atrev铆an a conquistarlo. Este proceso colonizador y de expansi贸n de fronteras concluy贸 en la mayor parte de Am茅rica hace mucho tiempo, excepto en Colombia, donde hay m谩s de seis millones de campesinos desplazados, expulsados de su tierra, y cada semana se informa de nuevas incursiones de grupos armados que provocan m谩s desplazamientos.

El investigador chileno Rodrigo Karmy, que estudi贸 los fundamentos filos贸ficos de la noci贸n de 鈥減ueblo elegido鈥 y sus implicaciones pol铆ticas, considera al movimiento sionista como una 鈥減royecci贸n del colonialismo europeo鈥 en Oriente Medio. En su opini贸n, no existir铆a un conflicto religioso ni cultural entre jud铆os y musulmanes, sino como consecuencia del colonialismo impl铆cito en la expansi贸n territorial del Estado de Israel. Esta tesis no es nueva, tambi茅n la suscriben en un libro de conversaciones dos jud铆os de renombre internacional, el ling眉ista Noam Chomsky y el historiador israel铆 Ilan Papp茅, quienes asumen que el Estado de Israel practica de forma sistem谩tica la limpieza 茅tnica al despojar a los palestinos de su territorio.

Racismo, ultraderechismo y terrorismo de Estado

A pesar de estas similitudes, hay diferencias sustanciales derivadas de la historia de cada uno de estos pa铆ses. Las caracter铆sticas demogr谩ficas de Israel, cuya poblaci贸n jud铆a es minoritaria en una regi贸n geogr谩fica de mayor铆a 谩rabe y musulmana, dan lugar a un contexto espec铆fico insoslayable. Esto alimenta, desde el origen del Estado de Israel, la ideolog铆a de atraer a los jud铆os de la di谩spora como objetivo geopol铆tico prioritario. Aunque esta poblaci贸n con derecho a la nacionalidad israel铆 siempre ser谩 num茅ricamente inferior a la de sus vecinos musulmanes, su n煤mero est谩 en permanente crecimiento 鈥揷on alt铆simas tasas de natalidad entre los religiosos ultraortodoxos鈥 y las fronteras 鈥渏ud铆as鈥 avanzan d铆a a d铆a sobre tierras palestinas, en Cisjordania y Jerusal茅n, mediante la construcci贸n de nuevos asentamientos o el derribo y la reapropiaci贸n de viviendas palestinas.

En Israel hay dos poblaciones que comparten territorio pero no una misma identidad nacional. No hay lugar al cruce de identidades en una misma formulaci贸n estatal. La alternativa de crear dos Estados resulta ya un espejismo, mientras el 煤nico Estado existente devora el territorio del otro Estado supuestamente embrionario. Los palestinos de Gaza y Cisjordania son ajenos a la condici贸n de ciudadan铆a de la que gozan los ciudadanos jud铆os. Tampoco tienen derecho a la ciudadan铆a plena los 谩rabes israel铆es (palestinos) por su condici贸n de no jud铆os. Muchos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido sobre la situaci贸n de apartheid en la que viven estas comunidades musulmanas bajo las leyes del Estado de Israel. Dentro de Israel act煤a B鈥橳selem, una organizaci贸n hebrea que denuncia 鈥el avance y la perpetuaci贸n de la supremac铆a de un grupo 鈥搄ud铆os鈥 sobre otro 鈥損alestinos鈥.

En Colombia, paralelamente, las clases acomodadas llaman a la polic铆a y el ej茅rcito a masacrar manifestantes para acabar con los bloqueos vinculados al paro. En algunas ciudades, como Cali, la represi贸n estatal y  paraestatal adquiere tintes racistas. Entran en acci贸n los grupos paramilitares, que desde varias camionetas Toyota blancas alineadas en formaci贸n militar disparan contra los manifestantes ind铆genas de la Minga que llegan a la ciudad, provocando una docena de heridos. Los veh铆culos atacantes 鈥搕odos de color blanco, como la vestimenta de sus ocupantes鈥 se retiran del lugar escoltados por motos de la polic铆a. Para justificar esas operaciones paramilitares, las 茅lites cale帽as realizan falsas denuncias de ataques a sus propiedades por parte de los ind铆genas. Un caso de racismo extremo es el de una m茅dica que escribe en una red social a sus colegas: 鈥淒an ganas de que vengan las Autodefensas y acaben literalmente con unos 1.000 indios, as铆 poquitos nada m谩s para que entiendan鈥. El 25 de mayo, a pocos d铆as del primer mes de paro, un sector de la sociedad cale帽a (la gente de bien para el gobierno) sali贸 a las calles vestido de blanco y con pa帽uelos blancos, en una llamada Marcha del Silencio, para reclamar 鈥渓ibertad para trabajar鈥 y el fin de los bloqueos. Esa misma noche en Tulu谩, cerca de Cali, se produce la espectacular quema del Palacio de Justicia en una acci贸n atribuida al vandalismo, pero que en realidad fue planificada y coordinada, seg煤n afirm贸 el alcalde, y en las inmediaciones del lugar muri贸 un joven estudiante por disparos de arma de fuego. Hay denuncias de que los encapuchados que incendiaron ese edificio hist贸rico actuaron en connivencia con la polic铆a, en una operaci贸n de falsa bandera que benefici贸 a los capos del narcotr谩fico cuyos legajos desaparecieron. A medianoche, en una acci贸n de grupos paramilitares, los ocupantes de una camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo.

Colombia no discrimina jur铆dicamente por estatus de ciudadan铆a a los ind铆genas o afrodescendientes, ni a los j贸venes pobres, pero con frecuencia los extermina como desechables

A diferencia del r茅gimen de apartheid de Israel, Colombia no discrimina jur铆dicamente por estatus de ciudadan铆a a los ind铆genas o afrodescendientes, ni a los j贸venes pobres de los suburbios urbanos, pero con frecuencia los extermina como poblaci贸n desechable. Dar铆o Monsalve, arzobispo de Cali considerado 鈥渃omunista鈥 por la ultraderecha colombiana, asegura que 鈥渆n Colombia persiste una mentalidad de 鈥榣impieza social鈥 o de lo que yo he llamado 鈥榞enocidio generacional鈥 entre los m谩s pobres鈥. La sociedad bienpensante, la gente de bien, les env铆a los escuadrones de la muerte para que cometan 鈥渁sesinatos ecol贸gicos鈥 o 鈥渕uertes con sentido social鈥.

Hist贸ricamente, y en particular desde la d茅cada de 1980, el Estado colombiano ha delegado la represi贸n de la disidencia social en diversos grupos paramilitares. La etapa m谩s agresiva de estos grupos se desarroll贸 con la conformaci贸n de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por los hermanos Casta帽o, que centralizaron su accionar y sembraron el terror entre la poblaci贸n rural, participando, entre otros cr铆menes, en el genocidio pol铆tico de la izquierdista Uni贸n Patri贸tica (UP). Las AUC contaron con entrenamiento directo de oficiales de espionaje y exmilitares del ej茅rcito israel铆. El periodista Alberto Donadio revel贸, en enero de 2021, que durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) fue contratado un alto oficial de inteligencia israel铆, Rafi Eitan, pagado con fondos opacos de Ecopetrol, quien habr铆a aconsejado 鈥渆liminar鈥 a todos los miembros de la UP a trav茅s de grupos paramilitares que 茅l mismo se ofreci贸 a crear. El asesor de Barco no era una figura irrelevante, ya que en su curriculum destaca el haber dirigido la captura del mayor criminal de guerra nazi huido a Sudam茅rica, Adolf Eichmann, en Buenos Aires en 1960. Otro exmilitar y conocido mercenario israel铆, Yair Klein, tuvo un papel destacado en el entrenamiento y suministro de armas de guerra a los paramilitares colombianos en aquellos mismos a帽os. Al publicarse la investigaci贸n de Donadio, la UP solicit贸 a la Jurisdicci贸n Especial para la Paz (JEP) que citara a declarar al general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa de la 茅poca, as铆 como al empresario de seguridad israel铆 Yair Klein en condici贸n de 鈥渕ercenario en el genocidio鈥.

Esos grupos paramilitares no solo aprendieron a asesinar a opositores pol铆ticos y a enfrentar a las guerrillas de izquierda sustituyendo en esta misi贸n al Estado colombiano. Tambi茅n adquirieron la habilidad de conquistar tierras productivas para grandes terratenientes de la ganader铆a extensiva y el cultivo de la palma africana, expulsando a la poblaci贸n local por encargo de hacendados que se apropian del territorio intimidando a sus leg铆timos propietarios para ensanchar sus fincas a precios de saldo. Muchos de estos desplazamientos afectan a pueblos ind铆genas o afrodescendientes, que se ven obligados a abandonar su h谩bitat por el temor que les infunden los sicarios paramilitares. Esta forma de terror fue especialmente cruel en Urab谩 y otros municipios de Antioquia durante la segunda mitad de los a帽os noventa, bajo el gobierno de 脕lvaro Uribe.  

Esta din谩mica de desplazamiento de grandes masas de poblaci贸n rural, que afecta a varios millones de colombianos, ha continuado con mayor o menor intensidad durante las presidencias de Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque. A煤n hoy, en muchos lugares de Colombia se expulsa a los ind铆genas o se los asesina (y en particular a sus l铆deres sociales) para robarles el territorio, y as铆 extender las nuevas formas de colonizaci贸n: la frontera cocalera, ganadera, de la palma… La frontera 鈥減roductiva鈥 avanza sobre las culturas nativas y destruye la biodiversidad gracias a los desplazamientos masivos de poblaci贸n, inducidos por las masacres.

El reclutamiento de j贸venes para convertirlos en sicarios de los grupos paramilitares es incesante. A finales de abril, Norma Vera Salazar, defensora de Derechos Humanos del departamento de Magdalena, denunci贸 que en la Sierra Nevada de Santa Marta el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra estaba reclutando a menores de 15 a 17 a帽os procedentes de Venezuela, uniform谩ndolos y pag谩ndoles un sueldo por incorporarse a ese grupo criminal. Y durante el mes de mayo, en una operaci贸n que muchos consideran vinculada a la represi贸n del paro nacional, antiguos paramilitares de las AUC desmovilizados en 2005 denunciaron que fueron localizados por las Autodefensas para que volvieran a integrar sus filas. “Est谩n como locos reclutando gente鈥, declar贸 a Radio Caracol uno de ellos, que fue acosado en Risaralda 鈥揹onde viven unos 600 paramilitares desmovilizados鈥, tras haber cambiado varias veces de domicilio, y que denunci贸 a la Fiscal铆a porque 鈥渆llos son los 煤nicos que tienen esa informaci贸n鈥 para identificar a los antiguos sicarios. 

Alianzas pol铆tico-militares con Estados Unidos

A pesar de la naturaleza claramente diferenciada de cada proceso hist贸rico, existe una coincidencia fundamental entre ambos pa铆ses: tanto Colombia como Israel son los principales aliados estrat茅gicos de Estados Unidos en sus respectivos continentes y los mayores receptores regionales de ayuda militar estadounidense. Colombia cuenta con al menos siete bases militares norteamericanas en su territorio (de las 70 bases que Washington tiene desplegadas en Am茅rica Latina), sus fuerzas armadas realizan operaciones conjuntas con asesores del Comando Sur en enfrentamientos contra las guerrillas o el narcotr谩fico, y es el 煤nico pa铆s latinoamericano que tiene un acuerdo de colaboraci贸n con la OTAN. Desde el a帽o 2000 hasta 2016, Colombia recibi贸 9.500 millones de d贸lares, de un total de 20.500 millones de ayuda militar para toda Am茅rica Latina. Esta ayuda triplica la cantidad entregada al segundo receptor de la regi贸n, M茅xico (2.900 millones de d贸lares), que comparte con Colombia el car谩cter de pa铆s prioritario en la 鈥済uerra contra las drogas鈥. Durante 2020, la ayuda militar a Colombia alcanz贸 los 330 millones de d贸lares. Aunque esa cuantiosa asistencia militar oficialmente se destina a la lucha antinarc贸ticos, esta siempre sirvi贸 como pantalla para la intervenci贸n militar estadounidense en el conflicto armado colombiano.

En el caso de Israel, primer aliado estadounidense en el mundo no angl贸fono, las magnitudes de la asistencia militar son de una escala superior. La ayuda militar al estado hebreo, de unos 3.000 millones de d贸lares anuales, se increment贸 en 2016, al final del gobierno de Barak Obama, con la aprobaci贸n de un paquete de 38.000 millones de d贸lares distribuidos en los 10 a帽os sucesivos. Esta ayuda sirve para equipar al ej茅rcito israel铆 con cazas ultramodernos y se destinan 500 millones de d贸lares anuales a financiar el escudo antimisiles para blindar el espacio a茅reo de Israel.

Durante los once d铆as de bombardeos de la franja de Gaza por parte del ej茅rcito israel铆, Estados Unidos bloque贸 varias resoluciones presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar la ofensiva. No fue una sorpresa, porque la comunidad internacional est谩 acostumbrada al veto de Washington en todo lo que afecte a Israel. A lo largo de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas emiti贸 17 resoluciones contrarias a Israel, seg煤n el recuento de un organismo pr贸ximo al gobierno israel铆. Entre ellas, una resoluci贸n aprobada en diciembre, referida a la ilegalidad de explotar los recursos naturales en los territorios ocupados, tanto de los palestinos en Cisjordania como de los sirios en los Altos del Gol谩n. Varias resoluciones reclaman a Israel que se retire de los territorios que ocupa y le exigen fijar sus fronteras internacionales. Pero estas resoluciones de la Asamblea tienen solo un car谩cter simb贸lico, no son vinculantes. En el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, Estados Unidos ejerce su poder de veto para evitar que se condene el car谩cter criminal de las ofensivas del ej茅rcito israel铆.

La din谩mica de desplazamiento de grandes masas de poblaci贸n rural ha continuado con mayor o menor intensidad durante las presidencias de Uribe, Santos y Duque

Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, sin distinci贸n de partidos, han vetado hasta 45 resoluciones de condena del Consejo de Seguridad de la ONU por todo tipo de abusos y violaciones de soberan铆a cometidos por el Estado de Israel, dos tercios de los cuales se refieren al conflicto interno con el pueblo palestino. Esta situaci贸n mantiene de forma permanente el status quo, impidiendo al Consejo tomar medidas efectivas para impedir las masacres de poblaci贸n civil palestina. Los representantes de Washington ante la ONU alegan que 鈥淚srael tiene derecho a defenderse鈥, tal como acaba de hacerlo el presidente Joe Biden para justificar el veto actual.

En la cuenta de los desequilibrios de la regi贸n de Oriente Medio hay que sumar tambi茅n que las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, han permitido que Israel desarrollase capacidades de armamento nuclear en instalaciones secretas, fuera del riguroso escrutinio de las inspecciones internacionales a las que se somete a su adversario persa cada vez que a帽ade un pu帽ado de centrifugadoras a sus instalaciones de uso civil. Este poder铆o, conocido aunque no explicitado, dota a Israel de una capacidad disuasoria que no es meramente defensiva, ya que le permite atacar instalaciones militares o civiles en pa铆ses vecinos y no temer represalias. Recordemos que el ej茅rcito israel铆 ha bombardeado abiertamente centrales nucleares de Iraq, Siria e Ir谩n sin que la comunidad internacional hiciera nada por impedirlo.

Geopol铆tica, petr贸leo, drogas y armamento

Israel y Colombia constituyen dos grandes plataformas militares desde las que Estados Unidos y sus aliados controlan la temperatura social y pol铆tica de los respectivos escenarios regionales. Ambos tienen una ubicaci贸n geogr谩fica privilegiada, muy pr贸ximos a los principales pasos estrat茅gicos del comercio internacional, el canal de Suez y el canal de Panam谩. Adem谩s, ambos pa铆ses son territorio de frontera con las mayores reservas de petr贸leo del planeta. En el caso de Colombia, aparte de sus propias reservas, la vecina Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales comprobadas. En el caso de Israel, la vecindad es con los grandes productores de la OPEP, que extraen una tercera parte de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el control de la producci贸n y circulaci贸n de los recursos energ茅ticos fue una pieza central de la estrategia geopol铆tica estadounidense para el despliegue de su ej茅rcito en el exterior. Las principales multinacionales del sector, muchas de capital estadounidense, aunque tambi茅n europeo, se cuentan entre las primeras compa帽铆as del mundo por capitalizaci贸n burs谩til. Las llamadas 鈥済uerras del petr贸leo鈥, encadenadas d茅cada tras d茅cada en Oriente Medio y principalmente en el Golfo P茅rsico, no solo sirvieron para saquear los recursos de los pa铆ses productores; tambi茅n incidieron en la fijaci贸n del precio del petr贸leo, favoreciendo los intereses de esas mismas corporaciones cuando merman sus beneficios por exceso de oferta con ca铆da del precio del barril. Los bombardeos en Oriente Medio siempre alientan la especulaci贸n en los mercados de futuros petrol铆feros, ya que la cotizaci贸n remonta en raz贸n de la inestabilidad que genera la situaci贸n b茅lica.

Por otra parte, el despliegue de bases militares de Estados Unidos en Colombia se efectu贸 como una pieza clave de la lucha antinarc贸ticos de Washington en el pa铆s con la mayor extensi贸n de cultivos de coca, pero su enfoque puramente represivo fue un fracaso y un flagelo para las comunidades rurales afectadas por la fumigaci贸n a茅rea con glifosato. Despu茅s de dos d茅cadas de haber aplicado esta estrategia errada, la exportaci贸n de coca铆na no se ha reducido, m谩s bien al contrario, y Colombia sigue produciendo el 70 % de la hoja de coca que se cultiva en todo el mundo. Los carteles mexicanos se han implantado en el pa铆s y controlan, junto a los grupos paramilitares y bajo la atenta mirada de la DEA, el flujo de estupefacientes hacia los mercados occidentales de consumo.

La ubicaci贸n estrat茅gica de estos pa铆ses, colindantes con los mayores yacimientos de petr贸leo conocidos, les permite actuar como 鈥減upilos consentidos鈥 de la superpotencia occidental

El despliegue militar antinarc贸ticos encubr铆a de hecho una intervenci贸n directa de Estados Unidos en la lucha contra la guerrilla colombiana, reforzando, entre otras cosas, el entrenamiento del Ej茅rcito con t茅cnicas de guerra contra la insurgencia impartidas por oficiales estadounidenses. Pero la instalaci贸n de bases militares en Colombia tiene tambi茅n un efecto disuasorio en el caso de un potencial conflicto con Venezuela, que sufre constantes incursiones de militares y tropas irregulares colombianas a trav茅s de sus fronteras, por no hablar de la implicaci贸n directa del presidente Iv谩n Duque en los planes de Estados Unidos de derrocar a Nicol谩s Maduro y sustituirlo por el presidente ficticio Juan Guaid贸. 

La ubicaci贸n estrat茅gica de estos pa铆ses, colindantes con los mayores yacimientos de petr贸leo conocidos, les permite actuar como 鈥減upilos consentidos鈥 de la superpotencia occidental, pero tambi茅n ha facilitado que sus poblaciones pudieran convertirse en rehenes de la militarizaci贸n extrema que implica ese rol de subpotencias regionales que se les ha asignado en el tablero geopol铆tico internacional. 

Una estrategia extempor谩nea

La estrategia geopol铆tica estadounidense de fortalecer el poder铆o militar de Israel y Colombia como zonas de retaguardia en el control de las mayores reservas de combustibles f贸siles mundiales resulta hoy completamente extempor谩nea. Durante el gobierno de Donald Trump, la extracci贸n de petr贸leo no convencional a trav茅s del fracking  convirti贸 a Estados Unidos en un pa铆s autosuficiente para el consumo interno (una cuarta parte del total del planeta) y en el mayor productor mundial de petr贸leo. Este desarrollo, econ贸micamente viable en un mercado con precios elevados, se derrumb贸 completamente con la ca铆da del consumo en pandemia; el precio del petr贸leo descendi贸 hasta valores negativos y eso supuso la ruina de este modelo de extracci贸n y el cierre de infinidad de pozos.

Pocos d铆as despu茅s del cambio de gobierno en Estados Unidos, el presidente dem贸crata Joe Biden declar贸 su voluntad de combatir el cambio clim谩tico junto a la comunidad internacional, retomando una senda de la que se hab铆a desviado el presidente anterior. Biden asegur贸 en enero pasado que 鈥渓a justicia ambiental estar谩 en el centro de todo lo que hagamos鈥, y cre贸 una Oficina de Pol铆tica del Clima en la Casa Blanca, incorporando as铆 esta cuesti贸n a la agenda de seguridad nacional.

Si esta opci贸n fuera sincera y el gobierno estadounidense redujese sustancialmente el consumo de combustibles f贸siles, y en particular de hidrocarburos, cumpliendo as铆 con los acuerdos internacionales, la estrategia geopol铆tica de Estados Unidos, basada en la concentraci贸n del gasto militar en regiones con abundancia de petr贸leo, quedar铆a completamente desfasada. La imponente maquinaria b茅lica que se ha desarrollado para proteger ese recurso estrat茅gico dejar铆a de cumplir su funci贸n, ya que la antigua amenaza de una eventual escasez habr铆a desaparecido y ser铆a m谩s previsible que existiera una constante sobreoferta de esta materia prima por la necesidad de reducir su consumo a nivel global.

Sin embargo, las grandes multinacionales petroleras est谩n en el centro del sistema de poder estadounidense y las buenas intenciones del gobierno de Biden en materia ambiental vendr谩n condicionadas por su poderosa influencia. Y, m谩s a煤n, las decisiones estrat茅gicas adoptadas por el Pent谩gono, siempre reacio a desmantelar ese entramado geopol铆tico orientado a sostener una estrecha vigilancia de los mayores productores de hidrocarburos y de los flujos mundiales del mercado del petr贸leo. A esta resistencia se suma la de una industria de armamento que acapara las ventas de material militar a los pa铆ses receptores de ayuda. En efecto, la contraprestaci贸n del acuerdo de asistencia a Israel por 3.800 millones de d贸lares anuales es la obligaci贸n de este pa铆s de equiparse solo con proveedores de armas estadounidenses. Un negocio sobresaliente para la industria b茅lica, financiado con el dinero de los contribuyentes.

Por lo dem谩s, existen v铆nculos de colaboraci贸n y propiedad muy estrechos entre empresas de seguridad israel铆es y estadounidenses, y un Israel armado  hasta los dientes es el se帽uelo de la industria b茅lica para rearmar de forma permanente a las monarqu铆as petroleras del Golfo, empezando por el mayor comprador de armas del mundo (despu茅s de la India), Arabia Saud铆, con un gasto militar de 69.000 millones de d贸lares en 2017. Egipto, que recibe anualmente 1.300 millones de d贸lares de ayuda estadounidense, y el nuevo aliado 谩rabe de Israel, EUA, son los siguientes pa铆ses en la lista de importadores de armamento.

El complejo militar-industrial seguir谩 presionando a la Casa Blanca para mantener este suculento mercado cautivo. La industria de hidrocarburos, por su parte, no ceder谩 terreno f谩cilmente y buscar谩 recomponer sus alianzas para alcanzar una nueva 茅poca dorada del petr贸leo, con una vuelta al gobierno de Donald Trump o con cualquier otro candidato republicano negacionista del cambio clim谩tico. Y los lobbies de ambos sectores seguir谩n presionando en el Congreso para mantener el statu quo de la implicaci贸n militar de Washington en esos enclaves que consideran estrat茅gicos. 

Esta es la tendencia estructural de fondo, impulsada por las presiones pol铆ticas que propician la complicidad con las masacres que perpetra el Estado de Israel en Palestina, o las razzias del Estado colombiano contra su juventud pobre, negra e ind铆gena. Pero durante los 煤ltimos a帽os se produjo un cambio en la percepci贸n de la opini贸n p煤blica estadounidense que se refleja en las contradicciones y desacuerdos existentes dentro del partido Dem贸crata. Decenas de congresistas rechazaron las declaraciones del gobierno de Joe Biden de apoyo incondicional al ej茅rcito israel铆 en la ofensiva b茅lica contra la franja de Gaza. Al mismo tiempo, otro numeroso grupo de congresistas reclam贸 la suspensi贸n de cualquier ayuda directa de Estados Unidos con destino a la polic铆a colombiana. El presidente afronta importantes discrepancias internas, como la del senador Bernie Sanders, jud铆o, que en una tribuna publicada en The New York Times recuerda a sus compatriotas que 鈥渓as vidas palestinas importan鈥, o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien no duda en calificar a Israel como un 鈥淓stado de apartheid鈥 y acusa al presidente de su pa铆s de complicidad con la muerte de civiles palestinos.

En el caso espec铆fico de Colombia, la presencia militar estadounidense no es menos extempor谩nea con el fin de combatir a las guerrillas, que han quedado muy mermadas tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Tampoco tiene fundamento sostener esa asistencia militar invocando la lucha contra el narcotr谩fico. Hace algo m谩s de 20 a帽os, el ej茅rcito colombiano, asesorado por militares estadounidenses, ya fumigaba con glifosato las plantaciones de marihuana. Parad贸jicamente, hoy Estados Unidos es uno de los mayores productores de cannabis del mundo para uso recreativo y Colombia ni siquiera ha autorizado su cultivo para fines medicinales. 

驴Qui茅nes dieron la orden?

Durante las manifestaciones de protesta en Colombia resuena siempre una pregunta respecto de las masacres y la violencia policial: 鈥溌縌ui茅n dio la orden?鈥 Es una pregunta ret贸rica, ya que se presupone la respuesta: el ministro de Defensa, responsable de la polic铆a (cuya moci贸n de censura no prosper贸 en el Senado), y el presidente Iv谩n Duque como m谩ximo responsable pol铆tico, y por encima de 茅l, ejerciendo el poder en la penumbra, teledirigiendo los destinos del pa铆s, el no menos 鈥減residente鈥 脕lvaro Uribe, el m谩ximo responsable de los 6.402 鈥渇alsos positivos鈥 entre muchos otros cr铆menes de Estado. En estos d铆as, despu茅s de haber instigado a la fuerza p煤blica a usar sus armas durante el paro nacional, una etiqueta recorri贸 las redes sociales: #uribediolaorden

Tampoco hay dudas de que en Israel las 贸rdenes de atacar las dio el presidente ultraderechista Benjamin Netanyahu. Como lo ha hecho en otras ocasiones, este corrupto dirigente del Likud volvi贸 a coquetear en este ataque a Gaza con los partidos ultraortodoxos y supremacistas para mantenerse en el gobierno y as铆 evitar las causas por corrupci贸n que lo persiguen. En la actual coyuntura, sin haber conseguido hasta ahora formar gobierno y teniendo que convocar nuevas elecciones, los bombardeos contra enclaves palestinos le servir铆an en sus c谩lculos oportunistas para mejorar sus expectativas de voto.

Uribe es el m谩ximo responsable del genocidio perpetrado contra su pueblo, su principal brazo ejecutor, pero hay otra instancia desde la que tambi茅n se imparti贸 la orden. Netanyahu es el mayor criminal de guerra del Estado jud铆o contra la poblaci贸n civil indefensa de un territorio bajo su custodia, contra sus s煤bditos palestinos. Pero por encima de Uribe, por encima tambi茅n de Netanyahu, hay un sistema de poder bien aceitado y refractario a los cambios. Un sistema pol铆tico y econ贸mico que no disimula su voracidad por hacer negocios con traficantes de armamento y petr贸leo, o con narcotraficantes, y por ello muy complaciente con las atrocidades que cometen sus aliados militares estrat茅gicos contra la poblaci贸n civil dentro de sus fronteras.

Hay una diferencia cualitativa y una cuesti贸n de escala en el apoyo pol铆tico y militar de Estados Unidos a cada uno de estos dos pa铆ses. En ese sentido, la situaci贸n no es comparable. En el caso de Israel, la fidelidad de Washington es tal que el recurso al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU se da siempre por descontado ante cualquier resoluci贸n en su contra. Es improbable que esto ocurra si el pa铆s condenado por violaciones de derechos humanos fuera Colombia. Algo que s铆 es comparable, sin embargo, es que sin ese apoyo incondicional de Washington, los responsables pol铆ticos de ambos pa铆ses no podr铆an masacrar de manera impune a su propia poblaci贸n.




Fuente: Ctxt.es