COLOMBIA El desmonte del Escuadron Movil Anti Disturbios

May 12, 2021 –
De parte de Red Antimilitarista De America Latina

818 puntos de vista

Aviso: Algunos de los datos aquí expuestos pueden variar muy pronto,
estamos en una masacre y en resistencia.

Durante años, Colombia ha vivido una profunda desigualdad y
violencia sistemática que ha regado el país con sangre inocente.
Las características particulares del conflicto armado y el accionar
del Estado, han hecho que la violación a derechos humanos sea el
pan de cada día, e incluso que estemos acostumbradas a vivir en
esas condiciones. Luego, en el 2020 llegó el Coronavirus y con
ello, tanto Colombia como el mundo, se vio envuelta no sólo en una
crisis sanitaria, sino también una crisis económica y humanitaria.

Así, la violencia estructural que ha permeado la cotidianidad de
muchas colombianas comenzó a llegar a la vivencia de personas que
tal vez la desconocían o simplemente preferían ignorarla. Las
revueltas, la militarización de las ciudades, los bloqueos, las
agresiones policiales han permitido visibilizar que el Estado y los
políticos que lo administran sólo escuchan en épocas de campaña
electoral, que sólo se preocupa por las personas y sus derechos
cuando necesitan un voto. El cansancio fue notorio, un pueblo que
desde 2019 viene gritando su inconformidad, que está cansado de no
poder acceder ni a la educación ni a un trabajo digno, pero en
especial, un pueblo cansado de que lo masacren diariamente y que es
convertido ligeramente en una cifra más para un gobierno y un
pueblo indolente. La pandemia fue la leña que prendió el fuego del
cansancio y del deseo de querer un país mejor, o por lo menos, un
país donde nuestras vidas importen.

Uno de los retos fundamentales del movimiento social colombiano es
hacerle entender a la sociedad internacional que el conflicto armado
es una tragedia histórica muy profunda, pero no es la causa de los
problemas estructurales que vive el país, sino una de las
consecuencias de la implementación de un modelo económico y
político basado en el exterminio de los sectores más empobrecidos.
Las condiciones sociales que puso al descubierto la pandemia en
América Latina, se perciben hoy en Colombia como una bomba de
tiempo alimentada por un record de 500 muertes diarias por covid-19,
un proceso de vacunación tardío y precarizado por las mafias de la
corrupción con apenas 4 millones de personas que han recibido la
dosis (10% de la población), mientras el gobierno demuestra total
desinterés en atacar el desempleo y se niega sistemáticamente a
habilitar una renta básica para las poblaciones más afectadas, en
consecuencia estamos en la lista de los 10 países con más
desigualdad en el mundo[1].

Ante esta situación y omitiendo las demandas del pueblo, el
gobierno nacional ha dejado clara su prioridad al destinar cerca de
$9.500 millones de pesos para comprar 81.000 gases lacrimógenos y
13.000 balas utilizadas por la policía del ESMAD. , además compró
23 camionetas para protección presidencial por $9.600 millones de
pesos (USD$2,546,486.43 dolares), 18 tanquetas de policía por $
12.000 millones (USD$3,183,108 milones de dolares) y 3 camionetas
para esquemas de seguridad de comandantes del Ejército, calculadas
en $ 812 millones (USD$64.6218 dólares)[2]. Una de las primeras
victorias de la movilización social en 2021 fue la renuncia del
Ministro de hacienda y el anuncio del gobierno donde se retracta de
gastar 14 billones de pesos en 14 aviones de guerra
(USD$3,714,597,190 millones de dolares . Se calcula que con ese
dinero se podrían comprar unas 300.000 vacunas salvando la vida de
aproximadamente 150.000 personas[3].

En las calles se viene reflejando la indiganción por la crisis
humanitaria que está travesando el pais, la cual fue agudizada con
la reforma tributaria presentada por Duque, a la que llamó “ley
de solidaridad sostenible”. En ese texto el gobierno propuso
recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos
US$6.300 millones), para supuestamente suplir las necesidades de la
pandemia; el problema es que por lo menos el 73% de ese recaudo,
saldría directamente del bolsillo de las clases medias y bajas de
la sociedad colombiana[4].

Dicha reforma proponía cobrar un impuesto a la renta para personas
que tengan un sueldo de más de US$663, en un país donde el salario
mínimo es de US$234. Además, se proponía aplicar el Impuesto del
Valor Agregado (IVA) sobre alimentos de la canasta básica familiar,
servicios públicos (agua, electricidad, gas), objetos electrónicos
como computadores y celulares, herramientas de trabajo para el campo
como redes para pescar o sistemas de riego, los servicios
funerarios, el servicio de internet, así como el aumento de este
impuesto sobre herramientas que sirven para recoger la energía
solar.

Gracias a las multitudinarias movilizaciones el gobierno se vio
obligado a retirar el proyecto de reforma tributaria y re
direccionar su discurso, sin embargo han quedado al descubierto sus
intenciones, más aún teniendo en cuenta que el tratamiento a la
protesta social se ha enfocado en militarización y represión
sistemática.

Según información aportada por la ONG Temblores, después de 8
días de movilización se han reportado 37 asesinatos por parte de
la policía, una cifra escalofriante si se tiene en cuenta que en
Chile, durante 150 días de movilización en el estallido de 2019
murieron alrededor de 34 personas, y en Estados Unidos hubo cerca de
30 muertes de civiles tras el asesinato de George Floyd en 60 días
de movilización[5].

Si bien estas cifras se actualizan regularmente al calor de las
protestas, Temblores ha documentado el accionar de la policía con
222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312
intervenciones violentas que omitieron los protocolos, 22 víctimas
de agresiones en los ojos, 10 víctimas de violencia sexual y por lo
menos 110 situaciones donde hubo disparos de armas de fuego en
contra de los manifestantes. A pesar de la profunda militarización,
el cerco mediático, las restricciones al acceso a internet, la
impunidad promovida por los medios masivos de comunicación y la
estigmatización a quienes permanecen en las calles, las
movilizaciones continúan y exigen la renuncia del presidente Iván
Duque, a quien popularmente se le conoce como el sub presidente
debajo del temible Alvaro Uribe Vélez.

Estos días de revuelta reafirman que el problema central no es la
reforma tributaria, sino la consolidación erosionada de un proyecto
político y económico que pretende perpetuar la guerra a toda
costa: ha desfinanciado el proceso de paz con las FARC y ha cerrado
todas las posibilidades de diálogo con el ELN, también ha renovado
su doctrina militar para el control, ya no sobre los factores de
conflicto interno, sino para el control de la población civil por
medio de la represión. Este proyecto ha generado tanto rechazo en
el pueblo pues favorece la privatización de los derechos
fundamentales y promueve las aspersiones con glifosato[7], así como
la explotación de las materias primas bajo el discurso del progreso
y la sostenibilidad.

Dentro de las numerosas necesidades del pueblo colombiano hoy
resaltamos la importancia y la urgencia de hacer efectivo el desmonte
del Escuadrón Movil Atidisturbios, que luego de 20 años de su
creación, supuestamente temporal, cuenta con 34 asesinatos de
manifestantes en campos y ciudades de Colombia. Este desmonte es
urgente para re direccionar el orden democrático secuestrado por una
mafia paramilitar en el poder.

Por eso hoy existe un llamado de solidaridad urgente, el cual está
siendo replicado por muchas personas y organizaciones en diferentes
latitudes, desafiando los discursos de guerra y temor que hoy
encuentran un correlato absolutamente opuesto en la resistencia
cultural, las apuestas de cambio y la posibilidad de construir
horizontes más acordes con la realidad del pueblo colombiano y sus
propuestas para materializar la paz desde los territorios, en
diversidad y vida digna.

Movimiento Antimilitarista de Colombia

Mayo 2021

Fuente: Ramalc.org