May 12, 2021
De parte de Red Antimilitarista De America Latina
818 puntos de vista

Aviso: Algunos de los datos aqu铆 expuestos pueden variar muy pronto,
estamos en una masacre y en resistencia.

Durante a帽os, Colombia ha vivido una profunda desigualdad y
violencia sistem谩tica que ha regado el pa铆s con sangre inocente.
Las caracter铆sticas particulares del conflicto armado y el accionar
del Estado, han hecho que la violaci贸n a derechos humanos sea el
pan de cada d铆a, e incluso que estemos acostumbradas a vivir en
esas condiciones. Luego, en el 2020 lleg贸 el Coronavirus y con
ello, tanto Colombia como el mundo, se vio envuelta no s贸lo en una
crisis sanitaria, sino tambi茅n una crisis econ贸mica y humanitaria.

As铆, la violencia estructural que ha permeado la cotidianidad de
muchas colombianas comenz贸 a llegar a la vivencia de personas que
tal vez la desconoc铆an o simplemente prefer铆an ignorarla. Las
revueltas, la militarizaci贸n de las ciudades, los bloqueos, las
agresiones policiales han permitido visibilizar que el Estado y los
pol铆ticos que lo administran s贸lo escuchan en 茅pocas de campa帽a
electoral, que s贸lo se preocupa por las personas y sus derechos
cuando necesitan un voto. El cansancio fue notorio, un pueblo que
desde 2019 viene gritando su inconformidad, que est谩 cansado de no
poder acceder ni a la educaci贸n ni a un trabajo digno, pero en
especial, un pueblo cansado de que lo masacren diariamente y que es
convertido ligeramente en una cifra m谩s para un gobierno y un
pueblo indolente. La pandemia fue la le帽a que prendi贸 el fuego del
cansancio y del deseo de querer un pa铆s mejor, o por lo menos, un
pa铆s donde nuestras vidas importen.

Uno de los retos fundamentales del movimiento social colombiano es
hacerle entender a la sociedad internacional que el conflicto armado
es una tragedia hist贸rica muy profunda, pero no es la causa de los
problemas estructurales que vive el pa铆s, sino una de las
consecuencias de la implementaci贸n de un modelo econ贸mico y
pol铆tico basado en el exterminio de los sectores m谩s empobrecidos.
Las condiciones sociales que puso al descubierto la pandemia en
Am茅rica Latina, se perciben hoy en Colombia como una bomba de
tiempo alimentada por un record de 500 muertes diarias por covid-19,
un proceso de vacunaci贸n tard铆o y precarizado por las mafias de la
corrupci贸n con apenas 4 millones de personas que han recibido la
dosis (10% de la poblaci贸n), mientras el gobierno demuestra total
desinter茅s en atacar el desempleo y se niega sistem谩ticamente a
habilitar una renta b谩sica para las poblaciones m谩s afectadas, en
consecuencia estamos en la lista de los 10 pa铆ses con m谩s
desigualdad en el mundo[1].

Ante esta situaci贸n y omitiendo las demandas del pueblo, el
gobierno nacional ha dejado clara su prioridad al destinar cerca de
$9.500 millones de pesos para comprar 81.000 gases lacrim贸genos y
13.000 balas utilizadas por la polic铆a del ESMAD. , adem谩s compr贸 
23 camionetas para protecci贸n presidencial por $9.600 millones de
pesos (USD$2,546,486.43 dolares), 18 tanquetas de polic铆a por $
12.000 millones (USD$3,183,108 milones de dolares) y 3 camionetas
para esquemas de seguridad de comandantes del Ej茅rcito, calculadas
en $ 812 millones (USD$64.6218 d贸lares)[2]. Una de las primeras
victorias de la movilizaci贸n social en 2021 fue la renuncia del
Ministro de hacienda y el anuncio del gobierno donde se retracta de
gastar 14 billones de pesos en 14 aviones de guerra
(USD$3,714,597,190 millones de dolares . Se calcula que con ese
dinero se podr铆an comprar unas 300.000 vacunas salvando la vida de
aproximadamente 150.000 personas[3].

En las calles se viene reflejando la indiganci贸n por la crisis
humanitaria que est谩 travesando el pais, la cual fue agudizada con
la reforma tributaria presentada por Duque, a la que llam贸 鈥渓ey
de solidaridad sostenible鈥. En ese texto el gobierno propuso
recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos
US$6.300 millones), para supuestamente suplir las necesidades de la
pandemia; el problema es que por lo menos el 73% de ese recaudo,
saldr铆a directamente del bolsillo de las clases medias y bajas de
la sociedad colombiana[4].

Dicha reforma propon铆a cobrar un impuesto a la renta para personas
que tengan un sueldo de m谩s de US$663, en un pa铆s donde el salario
m铆nimo es de US$234. Adem谩s, se propon铆a aplicar el Impuesto del
Valor Agregado (IVA) sobre alimentos de la canasta b谩sica familiar,
servicios p煤blicos (agua, electricidad, gas), objetos electr贸nicos
como computadores y celulares, herramientas de trabajo para el campo
como redes para pescar o sistemas de riego, los servicios
funerarios, el servicio de internet, as铆 como el aumento de este
impuesto sobre herramientas que sirven para recoger la energ铆a
solar.

Gracias a las multitudinarias movilizaciones el gobierno se vio
obligado a retirar el proyecto de reforma tributaria y re
direccionar su discurso, sin embargo han quedado al descubierto sus
intenciones, m谩s a煤n teniendo en cuenta que el tratamiento a la
protesta social se ha enfocado en militarizaci贸n y represi贸n
sistem谩tica.

Seg煤n informaci贸n aportada por la ONG Temblores, despu茅s de 8
d铆as de movilizaci贸n se han reportado 37 asesinatos por parte de
la polic铆a, una cifra escalofriante si se tiene en cuenta que en
Chile, durante 150 d铆as de movilizaci贸n en el estallido de 2019
murieron alrededor de 34 personas, y en Estados Unidos hubo cerca de
30 muertes de civiles tras el asesinato de George Floyd en 60 d铆as
de movilizaci贸n[5].

Si bien estas cifras se actualizan regularmente al calor de las
protestas, Temblores ha documentado el accionar de la polic铆a con
222 v铆ctimas de violencia f铆sica, 831 detenciones arbitrarias, 312
intervenciones violentas que omitieron los protocolos, 22 v铆ctimas
de agresiones en los ojos, 10 v铆ctimas de violencia sexual y por lo
menos 110 situaciones donde hubo disparos de armas de fuego en
contra de los manifestantes. A pesar de la profunda militarizaci贸n,
el cerco medi谩tico, las restricciones al acceso a internet, la
impunidad promovida por los medios masivos de comunicaci贸n y la
estigmatizaci贸n a quienes permanecen en las calles, las
movilizaciones contin煤an y exigen la renuncia del presidente Iv谩n
Duque, a quien popularmente se le conoce como el sub presidente
debajo del temible Alvaro Uribe V茅lez.

Estos d铆as de revuelta reafirman que el problema central no es la
reforma tributaria, sino la consolidaci贸n erosionada de un proyecto
pol铆tico y econ贸mico que pretende perpetuar la guerra a toda
costa: ha desfinanciado el proceso de paz con las FARC y ha cerrado
todas las posibilidades de di谩logo con el ELN, tambi茅n ha renovado
su doctrina militar para el control, ya no sobre los factores de 
conflicto interno, sino para el control de la poblaci贸n civil por
medio de la represi贸n. Este proyecto ha generado tanto rechazo en
el pueblo pues favorece la privatizaci贸n de los derechos
fundamentales y promueve las aspersiones con glifosato[7], as铆 como
la explotaci贸n de las materias primas bajo el discurso del progreso
y la sostenibilidad.

Dentro de las numerosas necesidades del pueblo colombiano hoy
resaltamos la importancia y la urgencia de hacer efectivo el desmonte
del Escuadr贸n Movil Atidisturbios, que luego de 20 a帽os de su
creaci贸n, supuestamente temporal, cuenta con 34 asesinatos de
manifestantes en campos y ciudades de Colombia. Este desmonte es
urgente para re direccionar el orden democr谩tico secuestrado por una
mafia paramilitar en el poder.

Por eso hoy existe un llamado de solidaridad urgente, el cual est谩
siendo replicado por muchas personas y organizaciones en diferentes
latitudes, desafiando los discursos de guerra y temor que hoy
encuentran un correlato absolutamente opuesto en la resistencia
cultural, las apuestas de cambio y la posibilidad de construir
horizontes m谩s acordes con la realidad del pueblo colombiano y sus
propuestas para materializar la paz desde los territorios, en
diversidad y vida digna.

Movimiento Antimilitarista de Colombia

Mayo 2021




Fuente: Ramalc.org