May 13, 2021
De parte de La Haine
202 puntos de vista


Colombia es un pa铆s anti-democr谩tico e injusto, cuya 茅lite ha boicoteado el proceso de paz y permite la impunidad de los cr铆menes cometidos contra l铆deres sociales

En su cuenta de twitter, la ONG Temblores contabiliz贸, desde el 28 de abril que comenz贸 el paro nacional en Colombia hasta el 8 de mayo, 1.876 casos de violencia policial, que incluyen 963 detenciones arbitrarias, 28 personas agredidas en sus ojos, 12 v铆ctimas de violencia sexual, 47 de violencia homicida (39 de ellas de violencia policial), y 548 personas desaparecidas.

El detonante del paro fue el env铆o al Congreso de la reforma tributaria por parte del presidente Iv谩n Duque y su ex ministro de Econom铆a, Alberto Carrasquilla, a quien Duque ha postulado para presidir la Corporaci贸n Andina de Fomento (CAF). En s铆ntesis, el proyecto de Ley 鈥攜a retirado por la presi贸n popular鈥, seg煤n el portal BBC News, gravaba a la clase media con impuestos a los ingresos desde US$663, en un pa铆s cuyo salario b谩sico es US$234; la reforma propon铆a gravar con IVA, que en Colombia es del 19%, a los servicios p煤blicos (luz, agua y gas) as铆 como a servicios funerarios, artefactos electr贸nicos y otros.

No obstante, para entender la indignaci贸n de quienes se manifiestan en el paro no basta conocer la reforma tributaria: Colombia es un pa铆s socialmente injusto, cuya 茅lite gobernante ha boicoteado el proceso de paz y permite la impunidad de los cr铆menes cometidos contra centenares de l铆deres sociales.

El problema es estructural en un pa铆s inequitativo: seg煤n reporte del Banco Mundial, a 2019, el 铆ndice de Gini en Colombia es 51,3. El informe de Oxfam Radiograf铆a de la desigualdad (2017) concluye que el 1 % de los predios agr铆colas acumulan el 81 % de las tierras colombianas. El 0,1 % de los predios de m谩s de 2.000 hect谩reas ocupan el 60 % de la tierra; y el 42,7 % de los propietarios de estas fincas desconoce la forma de propiedad de sus propios predios.

De ah铆 que, el primer punto abordado en el Acuerdo Final para la terminaci贸n del conflicto y la construcci贸n de una paz estable y duradera, entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, fue el de la tierra: 芦Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral禄. En este punto se habla de la transformaci贸n estructural con equidad, igualdad y democracia. Tres palabras poderosas dada la concentraci贸n de la tierra y la historia de despojo que, seg煤n el portal Noticias ONU, ha llevado a ocho millones de personas al desplazamiento interno.

El partido gobernante boicote贸 el proceso de paz desde su comienzo. El expresidente 脕lvaro Uribe fue el principal opositor al refer茅ndum de ratificaci贸n de los acuerdos, en el que el 芦No禄 triunf贸 con una campa帽a basada en fake news. La campa帽a del 芦No禄 dijo que el Acuerdo llevar铆a a Colombia al castrochavismo y destruir铆a la instituci贸n familiar al promover la 鈥渋deolog铆a de g茅nero鈥, concepto que no se encuentra en el Acuerdo. Adem谩s, tambi茅n minti贸 al decir que el gobierno de Santos ofrec铆a un salario mensual de 1.600.000 pesos a los guerrilleros desmovilizados (550 d贸lares) y que los pensionados iban a pagar impuestos para financiar los costos de la paz.

Finalmente, el uso desmedido de la fuerza por parte de la polic铆a y los pedidos de Uribe para militarizar el pa铆s y el apoyo a polic铆a y militares para disparar contra quienes se manifiestan en las marchas, se explica por la hist贸rica violencia de las clases dominantes de Colombia. La criminalizaci贸n de la protesta social ha sido permanente en la pol铆tica de seguridad democr谩tica de Uribe. Un informe de la Jurisdicci贸n Especial para la Paz, JEP, de febrero de 2021, determin贸 que 芦las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 (per铆odo en el que gobern贸 脕lvaro Uribe) y los presentaron como 鈥渂ajas en combate鈥澛: estos cr铆menes sistem谩ticos, en los que presuntamente participaron unos 1.500 militares, es lo que se conoce como 芦falsos positivos禄 y fue calificado por la JEP como un 芦fen贸meno macrocriminal禄.

Al 芦fen贸meno macrocriminal禄 de 6.402 falsos positivos, habr铆a que sumar dos pol铆ticas de exterminio selectivo. En el pasado reciente, el asesinato sistem谩tico de los militantes de la Uni贸n Patri贸tica, UP.

Entre 1984 y 2002, la UP sufri贸 el asesinato o la desaparici贸n de al menos 4.153 militantes. En apenas 4 a帽os, sus dos candidatos presidenciales fueron asesinados [Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo, en 1990], 6 de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales. A esto habr铆a que a帽adir, que despu茅s del asesinato de Jaramillo, la UP sufri贸 el asesinato de su dirigente Manuel Cepeda Vargas, en 1994.

En el presente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci贸n y no Repetici贸n, integrado por la JEP, la Comisi贸n de la Verdad, y la Unidad de B煤squeda de Personas dadas por Desaparecidas, inform贸 que, luego de la firma de Acuerdo Final de Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2021, han sido asesinados 904 l铆deres sociales; asimismo, se registra 276 homicidios de ex combatientes de las FARC-EP.

La narrativa gubernamental que habla de la violencia como si 茅sta fuese generada por agentes externos, el castrochavismo, o la revoluci贸n molecular disipada, como ha calificado a las protestas el expresidente Uribe, pretende justificar una represi贸n policial criminal. Bajo ese liderazgo, la violencia paramilitar florece: en Cali, la Minga Ind铆gena fue atacada por gente armada, bajo la mirada contemplativa de la polic铆a y, de ese ataque, el Consejo Regional Ind铆gena del Cauca, CRIC, report贸 diez ind铆genas heridos de bala.

La noche del 5 de mayo, Lucas Villa V谩zquez, de 37 a帽os, estudiante de deporte, instructor de yoga y terapeuta, recibi贸 ocho disparos efectuados por civiles no identificados que se dieron a la fuga, en acci贸n similar a las ejecuciones sufridas por los l铆deres sociales. El 10 de mayo, los m茅dicos del Hospital Universitario San Jos茅 de Pereira declararon la muerte cerebral de Lucas Villa, un s铆mbolo de la resistencia popular contra la violencia de los se帽ores de la guerra. Horas antes del atentado criminal, 茅l hab铆a gritado: 芦Nos est谩n matando en Colombia禄.

* Escritor ecuatoriano. Autor de ‘El perpetuo exiliado’ (Premio de la Real Academia Espa帽ola, 2018). P谩gina 12




Fuente: Lahaine.org