August 3, 2021
De parte de Nodo50
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‚ÄúSi un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es m√°s peligroso que el virus‚ÄĚ.

Pancarta en varias ciudades colombianas.

Algunos eventos que antecedieron e influenciaron las √ļltimas protestas

Elaboramos este art√≠culo con cierta celeridad dados lo s√ļbito de los acontecimientos acaecidos en Colombia con las protestas sociales que se han dado muy fuertemente desde el mes de abril de este a√Īo y, sobre todo, por la respuesta del gobierno empleando a las fuerzas de seguridad (polic√≠a y ej√©rcito) con extrema violencia en varias ocasiones, incluso con la participaci√≥n de varios grupos paramilitares y diversos grupos de vigilantes, aun sabiendo que las protestas, el malestar, el descontento y la c√≥lera social vienen desde mucho m√°s atr√°s debido a compromisos y promesas fallidas e incumplidas por parte del Estado[1] y sus gobiernos. La situaci√≥n pol√≠tica en Colombia ha sido siempre cr√≠tica, extrema y muy violenta en la mayor parte de su historia desde tiempos coloniales. Algunos estudiosos y analistas cr√≠ticos, tanto en medios acad√©micos, en revistas y en los medios cibern√©ticos o en papel, han comparado el fen√≥meno del ‚Äúestallido social colombiano‚ÄĚ, comentando que tiene algunas caracter√≠sticas similares y podr√≠a adquirir o desembocar en un paralelismo con lo que ha sucedido a partir del a√Īo antepasado en Chile[2].

Sin embargo, examinando los acontecimientos que se han dado, los que se puedan dar en el futuro inmediato y los que se vayan a dar a mediano y largo plazos, a trav√©s de las acciones y reacciones de la poblaci√≥n y el gobierno, se ver√° si las protestas van o no en la misma direcci√≥n de Chile[3]. Lo que parece claro de momento es que hay una necesidad imperiosa de renovar el modelo neoliberal en crisis c√≠clicas y agudas en estos √ļltimos 5 a√Īos en Latinoam√©rica y el Caribe (LAC). Debido principalmente a los problemas macroecon√≥micos de desigualdad, pobreza extrema, informalidad y crisis fiscal y de auditoria social, y los problemas meso y microecon√≥micos para muchos sectores de la poblaci√≥n que ha sufrido el impacto de las pol√≠ticas neoliberales a ultranza en los √ļltimos 30 a√Īos, las recesiones econ√≥micas peri√≥dicas o c√≠clicas de √©stas y ahora la pandemia del COVID-19. Asimismo, la oligarqu√≠a y la clase pol√≠tica alineadas han sido muy reacios a los cambios socioecon√≥micos, sociopol√≠ticos y socioculturales necesarios, incluso con gran parte de lo estipulado en el Acuerdo de Paz (AP) del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ej√©rcito del Pueblo (FARC-EP), el cual, desde que perdi√≥ la consulta popular, pr√°cticamente ha colapsado por la falta de avance y cumplimiento de sus contenidos. En los pr√≥ximos p√°rrafos, de manera resumida describimos y analizamos bas√°ndonos en lo que han escrito varios medios de comunicaci√≥n y varios medios anal√≠ticos, cr√≠ticos cibern√©ticos, para tratar de entender las causas y resultados de este nuevo-viejo conflicto en Colombia[4].

En estos d√≠as de crisis social y pol√≠tica, esta es la misma Colombia de siempre con las situaciones y los problemas arriba descritos. El statu quo no se mueve, no cambia, no se transforma; parece haber una alineaci√≥n de intereses creados entre los medios de comunicaci√≥n y los partidos pol√≠ticos tradicionales, principalmente de derecha y ultraderecha, quienes no quieren que nada avance positivamente en el pa√≠s (aunque la izquierda tambi√©n ha sido responsable, en varios momentos hist√≥ricos, del estancamiento en el progreso de los cambios necesarios). Quien proteste ha sido etiquetado y estigmatizado de ser de izquierda radical y de tratar de desestabilizar o atentar contra ‚Äúel sistema bello de una Colombia feliz y orgullosa de su posici√≥n en LAC y el mundo‚ÄĚ[5].  Mientras tanto, la mayor parte de la poblaci√≥n se ha cansado del manejo inadecuado e ineficiente de la pandemia y de la enorme crisis econ√≥mica, de quedarse sin trabajo y de empobrecerse r√°pidamente. Colombia es uno de los pa√≠ses m√°s desiguales del mundo, el segundo despu√©s de Brasil en el continente Latinoamericano, de acuerdo algunas estad√≠sticas[6]. Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo por las causas y motivos de las protestas que dan muchos colombianos(as), las mismas son recurrentes: falta de empleo y oportunidades; desigualdad, concentraci√≥n de la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia e impunidad, y corrupci√≥n generalizada[7]. Es incluso dif√≠cil para muchos colombianos(as) definir la naturaleza del conflicto que han vivido y que viven, por la complejidad de sus factores y variables tanto hist√≥ricas, estructurales, as√≠ como las coyunturales recientes y actuales; las cuales son recurrentes, c√≠clicas e insidiosas.

Con relaci√≥n a lo anterior, se citan diferentes explicaciones de acuerdo a los variados medios de informaci√≥n que han hecho entrevistas a distintos sectores de la poblaci√≥n al respecto: algunos hablan de un lucrativo negocio b√©lico que se autoperpet√ļa influenciado por el narcotr√°fico y otros grupos de inter√©s en la continuaci√≥n de los conflictos con intensidad y extensi√≥n a varios niveles; otros hablan de un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado y que tratan de quedar impunes para variar; otros hablan de una guerra de clases, de grupos de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto enquistado en todas las instituciones del Estado, liderado por la clase pol√≠tica y la clase olig√°rquica del pa√≠s alineadas e interconectadas entre s√≠. Y otros finalmente hablan de la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la pol√≠tica del Estado, debido a la falta de una (re)soluci√≥n en la cuesti√≥n agraria en el campo, a lo largo y ancho del pa√≠s y a la falta de una serie de garant√≠as para que se d√© una pluralidad y un ejercicio de la pol√≠tica, desde diferentes posiciones ideol√≥gicas menos extremas, menos polarizadas y m√°s abiertas[8].

De acuerdo con varios medios anal√≠ticos colombianos, el Acuerdo de Paz (2016) liber√≥ la protesta social; antes de √©l, salir a la calle y protestar era percibido como ‚Äúinsurgente o guerrillero‚ÄĚ; ahora es parte de la ciudadan√≠a, de la poblaci√≥n, es un ‚Äúderecho ganado‚ÄĚ por la lucha dura y la persistente protesta social de d√©cadas. Ha habido nuevos actores sociales en las movilizaciones que est√°n ocurriendo en los √ļltimos a√Īos: no son de la izquierda, no son los sindicatos; son mayormente los j√≥venes, las mujeres, las nuevas sexualidades, los pueblos ind√≠genas y los afrodescendientes[9]. El Conflicto Armado Interno de Colombia ha sido y es una guerra asim√©trica de baja y media intensidad con momentos de extrema y muy sangrienta violencia, horror y crueldad. Esta violencia se ha desarrollado en el pa√≠s desde 1960, y se ha extendido hasta la actualidad con visos de irse incrementando y ampliando muy r√°pido nuevamente.

Estos antecedentes, factores y causas directas del Conflicto Armado vienen de la etapa conocida como ‚ÄėLa Violencia‚Äô, que enfrent√≥ a los partidos Liberal y Conservador (aproximadamente entre 1928-1958)[10]. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A √©stos se le han sumado otros grupos a principios de los 70s del siglo pasado, como los carteles del narcotr√°fico y las llamadas bandas criminales (Bacrim) y los Grupos Armados Organizados (GAO), los cuales se agrandaron y extendieron en el pa√≠s desde finales de los a√Īos 80s del siglo pasado tambi√©n. En a√Īos recientes se hab√≠a presentado un descenso en la intensidad del conflicto, debido en gran parte a la desmovilizaci√≥n de los grupos paramilitares de ultraderecha, llamados las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006; y una d√©cada despu√©s, tambi√©n con la desmovilizaci√≥n de las FARC-EP en 2016, a trav√©s de un AP en cada caso hist√≥rico[11].

Asimismo, se cuenta con algunos de los √ļltimos art√≠culos retrospectivos y recientes de varios medios electr√≥nicos, como la revista Nueva Sociedad (2021), El Pa√≠s Espa√Īa (2021), Risk-Colombia (2020 y 2021), Colombia.com (2021) y CLACSO: por Colombia (2020 y 2021) entre otros[12], todos los cuales han hecho una revisi√≥n anal√≠tica y cr√≠tica de las protestas de Colombia en los √ļltimos 10 a√Īos aproximadamente. Se tiene entonces que en las elecciones de 2014 el partido de ultraderecha Centro Democr√°tico (CD), fundado por el expresidente √Ālvaro Uribe, del cual es tambi√©n miembro y fue senador el actual presidente Iv√°n Duque, obtuvo una votaci√≥n numerosa, la cual le permiti√≥ ocupar una buena cantidad de esca√Īos en el Congreso. Adem√°s, gan√≥ la primera vuelta en las elecciones presidenciales, pero perdi√≥ la segunda por un estrecho margen. Cultivando el poder alcanzado y la resonancia de sus mensajes entre un amplio sector de la opini√≥n p√ļblica, el CD lider√≥ la campa√Īa por el ‚ÄėNo‚Äô en el plebiscito que el presidente Juan Santos convoc√≥ dos a√Īos despu√©s, para que la ciudadan√≠a diera su ‚Äúopini√≥n vinculante‚ÄĚ sobre el AP con las FARC-EP[13].

Tras el triunfo del ‚ÄėNo‚Äô en el plebiscito, el gobierno y las FARC-EP tuvieron que renegociar el AP sobre la base de las propuestas de la coalici√≥n ganadora. No obstante, la √ļnica modificaci√≥n que no pudo aceptarse en las negociaciones de La Habana fue aquella cuyo mensaje ten√≠a m√°s resonancia entre el ‚ÄúUribismo‚ÄĚ[14]: la oposici√≥n a la participaci√≥n pol√≠tica de los excomandantes guerrilleros, sin que antes hubieran cumplido sus condenas en el marco de la justicia transicional, por los abusos, las ilegalidades, las violaciones y los cr√≠menes de guerra cometidos. Sin embargo, estas demandas no fructificaron y no se concretaron; el nuevo AP fue ratificado r√°pidamente por el Congreso, lo que fue aprovechado por la oposici√≥n, liderada por el ex-presidente y ahora senador √Ālvaro Uribe (vinculado a los casos de miles de asesinatos de ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ, por recompensa o alicientes que se dieron por parte del ej√©rcito, y que ahora est√°n resonando nuevamente en la justicia pol√≠tica colombiana), para generar la sensaci√≥n de que el entonces presidente Juan Santos, las FARC-EP y los partidos de la coalici√≥n de gobierno, no hab√≠an honrado a la justicia, ni a la voluntad y a las demandas del pueblo[15].

El 24 de noviembre de 2016, tras m√°s de cuatro a√Īos de intensas negociaciones, el gobierno y las FARC-EP suscribieron el Acuerdo final para terminar el conflicto y empezar la ruta hacia la ‚Äúconstrucci√≥n de una paz estable y duradera‚ÄĚ[16]. Durante ese tiempo, el ex-presidente √Ālvaro Uribe (a la derecha del espectro pol√≠tico, quien gobern√≥ Colombia entre 2002 y 2010, cambiando la constituci√≥n para poder hacerlo), se concentr√≥ en la creaci√≥n de un nuevo partido pol√≠tico: el ‚ÄúCentro Democr√°tico‚ÄĚ (CD), partido que tambi√©n pertenece a la derecha y ultraderecha terrateniente olig√°rquica del pa√≠s. El CD se organiz√≥ en una firme oposici√≥n contra las negociaciones del proceso de paz, las cuales provocaron una creciente polarizaci√≥n ciudadana a ‚Äúfavor y en contra‚ÄĚ en todo el pa√≠s[17]. Desde ese momento, y ante la cercan√≠a de la siguiente contienda electoral, la coalici√≥n de gobierno se fue erosionando y el esfuerzo legislativo que se requer√≠a para la implementaci√≥n sist√©mica del AP. El inter√©s, la atenci√≥n y el enfoque en el proceso de paz fue desvaneci√©ndose, perdiendo fuerza de parte del Estado y los distintos sectores de la sociedad civil.

Aunque buena parte de los elementos centrales del AP lograron concretarse hasta cierto punto, otros tantos quedaron sin cumplimiento o sin el debido seguimiento (monitoreo y evaluaci√≥n sistem√°tica adecuada). Entre estos √ļltimos, se destacan los que buscaban lograr una mayor participaci√≥n pol√≠tica de las organizaciones sociales, en los territorios m√°s afectados por el conflicto y aquellos que establec√≠an medidas m√°s fuertes y efectivas de seguridad para los l√≠deres sociales y los excombatientes[18]. En las elecciones presidenciales del 2018, el candidato a la Presidencia por el CD, Iv√°n Duque, quien desde el Senado hab√≠a liderado junto con √Ālvaro Uribe la campa√Īa del ‚ÄėNo‚Äô contra la aprobaci√≥n del AP, lleg√≥ a la primera vuelta presidencial con m√°s de 7 millones y medio de votos. El segundo lugar lo ocup√≥ un excombatiente de una de las guerrillas desmovilizadas en el marco de la Asamblea Constituyente de 1991, el M-19, el excongresista y exalcalde de Bogot√°, Gustavo Petro, con casi 5 millones de votos[19].

En la segunda vuelta result√≥ ganador Iv√°n Duque, con casi 10.5 millones de votos. Gustavo Petro obtuvo 8 millones aproximadamente[20]. Aunque Duque adopt√≥ un tono medianamente conciliador desde su campa√Īa y a√ļn m√°s desde su posesi√≥n ya en la presidencia, en la pr√°ctica ha asumido posiciones muy conservadoras y ha tomado medidas tendientes a minar constantemente la implementaci√≥n integral y eficaz del AP del 2016. Entre estas medidas que han resaltado, m√°s por ser muy cr√≠ticas y letales, han estado sus objeciones contra la Jurisdicci√≥n Especial para la Paz (JEP)[21] y su viraje hacia la adopci√≥n de pol√≠ticas m√°s agresivas en la lucha contra el narcotr√°fico. La sensaci√≥n y percepci√≥n prevalentes entre la opini√≥n p√ļblica es que Duque cumple un papel de presidente alineado y subordinado a las √≥rdenes de ‚Äú√Ālvaro Uribe y el Uribismo‚ÄĚ; parece ser que el expresidente, y ahora senador, tiene una enorme influencia en la asignaci√≥n y/o nombramiento de altos cargos en el gobierno[22]. En ese sentido, la bandera program√°tica de Duque es la ‚Äúeconom√≠a naranja‚ÄĚ[23], aunque bajo la superficie se puede ver el retorno a una pol√≠tica de ‚Äúla seguridad democr√°tica‚ÄĚ, la cual ha conducido a que se vuelvan a adoptar acciones que incentivan el conteo de cuerpos, como aquellas que produjeron las grandes cantidades de ejecuciones y atrocidades extrajudiciales conocidas en aquel entonces equivocadamente como ‚Äúfalsos positivos‚ÄĚ; cuando Juan Santos era el ministro de defensa y √Ālvaro Uribe era el presidente del pa√≠s[24].

A esto, se ha sumado el asesinato sistem√°tico de alrededor de 1,000 l√≠deres sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos e impulsores de procesos judiciales que buscaban restituirles sus tierras a las v√≠ctimas del desplazamiento forzado y el despojo ocurrido durante los √ļltimos 30 a√Īos[25]. Tambi√©n han sido asesinados alrededor de 100 excombatientes de las FARC, incluyendo un sonoro caso de homicidio premeditado por parte de una unidad del Ej√©rcito, y decenas de ind√≠genas y campesinos, principalmente en los departamentos de Cauca, Nari√Īo, Antioquia y C√≥rdoba[26]. Este es el contexto recurrente de la exacerbaci√≥n de las violencias hist√≥ricas, estructurales, pol√≠ticas y coyunturales, que han tenido un alto impacto en la conciencia colectiva de la naci√≥n y ha tenido distintas lecturas desde las diferentes orillas del espectro pol√≠tico en la narrativa y el an√°lisis de esta vieja-nueva violencia que se vive, se siente e impacta duramente.

Para algunos es un legado de la paz con ‚Äėimpunidad‚Äô, que dej√≥ tanto disidencias de la guerrilla como incentivos que alimentan la violencia producto del narcotr√°fico que mantiene su presencia desde finales de los a√Īos 70s del siglo pasado[27]. Para otros, es un contexto que responde a la lenta y tortuosa implementaci√≥n √≠ntegra del AP, especialmente de sus componentes de desarrollo rural integrado, que casi no se cumplen, y de la falta real de garant√≠as de seguridad para los l√≠deres pol√≠ticos y sociales en todo el pa√≠s. El debate entre estas posiciones ha exacerbado los √°nimos y la polarizaci√≥n de los diferentes sectores de la poblaci√≥n. Por todo esto, el sabotaje y ca√≠da del AP, el recrudecimiento de la violencia contra l√≠deres sociales y excombatientes, el retorno de pol√≠ticas que incentivan las violaciones de derechos humanos, los esc√°ndalos de corrupci√≥n y el intervencionismo interfronterizo solapado, intensific√°ndose constantemente con Venezuela[28], la violencia ha empezado a generalizarse y agravarse nuevamente en otro c√≠rculos siniestros de numerosos conflictos, confrontaciones y protestas que no cesan desde hace muchos a√Īos y que, al contrario, han ido en aumento en estos √ļltimos a√Īos.

En esta direcci√≥n a finales del 2019 hubo una convocatoria de paro general por los sindicatos y los movimientos sociales y reivindicativos; a √©stos se sumaron varios sectores de la poblaci√≥n, sobre todo j√≥venes, de manera espont√°nea. Originalmente, el paro ten√≠a demandas en contra de las reformas impulsadas por el gobierno y el sector privado sobre pensiones, impuestos, condiciones laborales, medio ambiente y recursos para la educaci√≥n p√ļblica (suena coincidentemente ‚Äúfamiliar‚ÄĚ). No obstante, acab√≥ siendo un paro contra una situaci√≥n que exced√≠a por mucho a esas demandas, y que se sintetiza en la violencia existente en el pa√≠s. Ante la convocatoria y la creciente popularidad del paro, el gobierno y el CD reaccionaron ‚Äúestigmatizando y criminalizando las protestas‚ÄĚ, con predicciones de que habr√≠a vandalismo y violencia[29]. Se llevaron a cabo allanamientos (presuntamente ilegales) de sedes de organizaciones de izquierda y de medios de comunicaci√≥n alternativos. As√≠ tambi√©n, se militarizaron varias ciudades y √°reas del pa√≠s.

Como una promesa autocumplida, los pocos episodios violentos que se produjeron en medio y al margen de la mayor√≠a de monumentales marchas c√≠vicas pac√≠ficas, fueron intencionalmente amplificados por algunos pol√≠ticos, los medios de comunicaci√≥n y las redes sociales afines al status quo, y se sembr√≥ tanto miedo en las ciudades de Cali y Bogot√°, que la polic√≠a no se pudo dar abasto ante la cantidad de llamadas, llenas de p√°nico y suposiciones paranoicas, pidiendo auxilio por parte de vecinos que pensaban que hordas de v√°ndalos estaban invadiendo sus barrios residenciales (las que fueron falsas alarmas al final)[30]. Esta situaci√≥n condujo a que se declarara el toque de queda en las dos ciudades mencionadas. Las primeras declaraciones del presidente Iv√°n Duque se centraron en los desmanes retadores y no en las demandas y exigencias de los cientos de miles de manifestantes que se pronunciaron. Ante eso, la ciudadan√≠a, de nuevo de manera espont√°nea, inici√≥ un cacerolazo, primero desde las ventanas y luego, desafiando el toque de queda, en las calles. Esto incit√≥ un llamado a la continuaci√≥n de las marchas y las protestas, que cont√≥ con una masiva participaci√≥n durante los d√≠as posteriores al d√≠a inicial del paro[31].  Como respuesta, el presidente Duque llam√≥ a una ‚Äúconversaci√≥n nacional improvisada y desordenada‚ÄĚ, a la que no invit√≥ a la gran diversidad de organizaciones convocantes del paro nacional, ni siquiera a algunas de las m√°s importantes.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno, como la ministra del Interior y pol√≠ticos del CD, asumieron un discurso confrontativo y de estigmatizaci√≥n de la protesta social, dentro de lo que se puede llamar ‚Äúla ret√≥rica polarizadora Uribista‚ÄĚ[32]. Seg√ļn una encuesta del momento, la mayor parte de la ciudadan√≠a apoyaba el paro, pero una parte a√ļn mayor quiso que todo volviera pronto a la normalidad. La gente sinti√≥ que las cosas iban por mal camino y sin resolverse, como ha pasado la mayor parte de veces. A principios del 2020 como punto y pre√°mbulo de referencia en lo pol√≠tico y en lo social a lo que est√° sucediendo en la actualidad, la aprobaci√≥n y aceptaci√≥n ciudadana del manejo de la crisis de ese entonces, por parte del presidente Duque estuvo muy baja, lleg√≥ en algunos momentos a tener un 21%[33].

Ha habido una serie de causas y factores concomitantes que explican esa din√°mica que viene arrastr√°ndose desde hace varias d√©cadas, con ciclos recurrentes de protesta extendida y violencia agudizada. Por un lado, como un primer ejemplo causal: la pobreza aguda, cr√≥nica y estructural, la cual era del 19.6% en el 2019. Ahora los niveles de pobreza alcanzan a m√°s de un 45% de la poblaci√≥n, lo que indica que ha aumentado muy r√°pidamente en estos dos √ļltimos a√Īos, tanto por la crisis econ√≥mica como por el impacto de la pandemia (basados en los medios de informaci√≥n en internet con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estad√≠stica -Dane-, 2019 y 2021 y otros recursos informativos)[34]. Por otro lado, como un segundo ejemplo causal: los sectores rurales han sido los m√°s rezagados, excluidos y con una alta vulnerabilidad econ√≥mica y social, lo que ha creado un clima de inestabilidad y conflictividad permanente en el interior del pa√≠s. A ello se suma la presencia de un importante repunte de narcoactividad en las √°reas rurales (2% del PBI aproximadamente), seg√ļn datos de la Unidad de Informaci√≥n y An√°lisis Financiero -UIAF-[35]; donde tambi√©n se manifiesta la presencia hist√≥rica y ahora m√°s reciente y que va en aumento de algunos ‚Äúgrupos revolucionarios armados‚ÄĚ descontentos, desafectos y/o desilusionados por el incumplimiento de los APs., quienes est√°n siendo perseguidos por el Estado con apoyo regional e internacional.

Las actuales protestas prolongadas desde abril del 2021 se deben mayormente a los siguientes factores y sus resultados: la crisis econ√≥mica mundial y nacional, al mal manejo de la pandemia y a la subida de impuestos que el Gobierno actual de Iv√°n Duque intent√≥ implementar (e intentar√° de nuevo en un futuro cercano con modificaciones en su contenido inicial), buscando cubrir el hueco fiscal que ha dejado en Colombia debido al gasto por la pandemia, con una nueva reforma tributaria que present√≥ al Congreso, la tercera de su mandato y la primera en un pa√≠s latinoamericano desde que el coronavirus trastoc√≥ las agendas pol√≠ticas y econ√≥micas de la regi√≥n[36]. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla explic√≥ en una rueda de prensa, que el proyecto legislativo propuso que el pa√≠s regresara a las ‚Äúsendas sostenibles de endeudamiento, debido al fuerte impacto fiscal que ha causado la crisis de la pandemia, que no se ha limitado al a√Īo 2020, sino que tambi√©n ha afectado al presente a√Īo‚ÄĚ[37]. El Ministerio de Hacienda calcul√≥ un d√©ficit fiscal del 7.8% del PIB para 2020, y que ha subido a m√°s del 8.6% esta mitad del presente a√Īo. De acuerdo con el diario El Pa√≠s de Espa√Īa (2021), el gobierno con su propuesta tributaria m√°s reciente se propon√≠a recaudar el equivalente al 2% del PIB, en una serie de nuevos impuestos (carga tributaria y fiscal) para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificaci√≥n crediticia internacional ante la banca y las finanzas internacionales (la banca de Wall Street, la del Club de Par√≠s, la de la UE, el BM y el FMI, entre otras)[38].

El exministro de Hacienda Carrasquilla (renunci√≥ a los dos d√≠as del rechazo y la protesta popular por la propuesta del plan de la subida de impuestos y control fiscal) coment√≥ tambi√©n lo siguiente: ‚Äúnecesitamos hacer una pol√≠tica fiscal teniendo en cuenta much√≠simas consideraciones, para revertir los incrementos importantes en el endeudamiento interno y externo del pa√≠s, eso es la primera y m√°s importante meta de la reforma fiscal a mediano y largo plazos‚ÄĚ. De acuerdo con un sondeo reciente de opini√≥n de INVAMER (2021), el 76 % de los colombianos no aprueban la gesti√≥n de Duque, especialmente sus actuaciones y acciones durante el paro nacional que se ha prolongado hasta el momento[39]. El paro nacional en Colombia ha sido uno de los temas m√°s importantes durante las √ļltimas semanas, no solo por la crisis social que ha dejado sino tambi√©n por el impacto pol√≠tico que ha representado para el Gobierno actual. Desde que se inici√≥ el pasado 28 de abril, el paro ya les ha costado el puesto a dos ministros: Alberto Carrasquilla, quien renunci√≥ a la cartera de Hacienda tras la ca√≠da de la reforma tributaria, y Claudia Blum, excanciller o ministra de Relaciones Exteriores, por las presiones internacionales contra el gobierno; adem√°s, la oposici√≥n ya va en busca de un tercer miembro del gabinete de gobierno, con la moci√≥n de censura que se desarrolla en contra de Diego Molano, ministro de Defensa del pa√≠s, la cual al final no prosper√≥[40].

La reforma que el Gobierno ha insistido en enmarcar como ‚Äúsocial‚ÄĚ y no socioecon√≥mica, llam√°ndola ‚ÄúLey de Solidaridad Sostenible‚ÄĚ, de aprobarse finalmente (lo cual no ha sucedido hasta ahora), impactar√° fuertemente los bolsillos y presupuestos de los colombianos asalariados, desde las clases medias hasta las clases bajas. A la reforma tambi√©n le aguarda un dif√≠cil tr√°nsito y aprobaci√≥n en el legislativo en un segundo intento, con las modificaciones que se le han hecho por su rechazo inicial a trav√©s de las constantes protestas y el descontento social generalizado. Aunque ha estado en su primera presentaci√≥n pol√©mica en torno a gravar con el IVA productos b√°sicos de la canasta familiar como el az√ļcar, la sal, el chocolate o el caf√©; parece que el Ejecutivo ha desistido de esa idea[41]. El texto revisado de 110 p√°ginas, en cambio, mantiene un IVA del 19% a los servicios p√ļblicos de los estratos 4, 5 y 6, lo que representa la mitad superior en el sistema colombiano registrado en la econom√≠a formal como contribuyentes. La canasta de bienes gravados pasar√≠a del 39% al 43%. Asimismo, aumentar√° o ampliar√° de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar impuesto sobre la renta, que incluir√° a las personas que ganen desde 2,5 millones pesos colombianos, equivalentes a unos 700 d√≥lares estadounidenses aproximadamente[42], de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

El presidente Duque intent√≥, y sigue intentando insistentemente, subrayar los ‚Äúcomponentes sociales de la reforma‚ÄĚ, que contemplaba tambi√©n una renta b√°sica[43] para los sectores m√°s desfavorecidos econ√≥micamente. Su iniciativa fue defendida por analistas econ√≥micos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero result√≥ inoportuna, dada una confluencia de elementos negativos socioecon√≥micos y sociopol√≠ticos en este momento. En especial en un a√Īo previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. En una encuesta reciente, el 82% de los consultados respondi√≥ que no votar√≠a por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos. Aunque la reforma fue el detonante de las protestas, como tel√≥n de fondo hay un enorme descontento social que aument√≥ en la pandemia. Colombia sufri√≥ en 2020 una ca√≠da de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerr√≥ el a√Īo en 15,9% y la pobreza monetaria escal√≥ hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estad√≠stica (DANE)[44].

En cuanto al gasto p√ļblico, la reforma propone un techo al presupuesto nacional al plantearse un incremento por debajo de la meta de inflaci√≥n de cada a√Īo hasta 2026, y le otorga durante un semestre al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el prop√≥sito de reducir gasto p√ļblico dentro del gobierno (es decir, m√°s privatizaci√≥n por etapas progresivas). Tambi√©n promete fortalecer y focalizar el gasto social para reducir la pobreza que ha aumentado considerablemente estos √ļltimos a√Īos. Propone que el programa de ‚ÄúIngreso Solidario‚ÄĚ, creado para mitigar la pandemia del COVID-19, sea una renta b√°sica permanente, que entregar√≠a el equivalente a entre USD.20 y USD.150 por hogar, dependiendo del ‚Äúnivel de pobreza‚ÄĚ[45]. Duque asegur√≥ que la reforma ‚Äúes necesaria para mantener la credibilidad, la confianza que ha existido siempre en nuestro pa√≠s, en momentos donde todo el planeta est√° compitiendo ya por recursos de endeudamiento ahora y en los pr√≥ximos a√Īos‚ÄĚ.  El presidente ha intentado destacar un componente social: ‚ÄúHablar de (reforma) tributaria no es acertado; la pandemia ha tra√≠do cuatro grandes efectos: la pobreza, el desempleo, el d√©ficit fiscal y el endeudamiento interno y externo. Se tiene que conciliar una agenda social ambiciosa para contener los efectos de la pobreza y el desempleo; y al mismo tiempo, estabilizar y balancear las finanzas p√ļblicas‚ÄĚ[46].

En Colombia ha habido un progreso limitado en reformas estructurales, en gran parte relacionado con las dificultades para construir un consenso amplio y profundo en favor de reformas necesarias en la estructura econ√≥mica del Estado, se√Īal√≥ la Organizaci√≥n para la Cooperaci√≥n y el Desarrollo Econ√≥micos (OCDE) en su reporte anual ‚ÄúCreciendo o Growing 2021‚ÄĚ, publicado hace muy pocas semanas despu√©s del inicio de las protestas. En retrospectiva para este an√°lisis, a fines de 2018, las autoridades aprobaron una reforma tributaria muy necesaria y bienvenida, pero fue anulada por la Corte Constitucional, lo que oblig√≥ al Gobierno a aprobarla nuevamente a fines de 2019[47]; este largo proceso consumi√≥ un capital pol√≠tico significativo.  La reforma -bautizada como Ley de Crecimiento Econ√≥mico- rebajaba de manera progresiva los impuestos a las grandes empresas, y termin√≥ por alimentar la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque que sacudi√≥ al pa√≠s a finales de 2019[48].

La crisis del COVID-19 podr√≠a reavivar el inter√©s para discutir m√°s reformas estructurales a corto y mediano plazos, pero con las elecciones en 2022, la ventana pol√≠tica para hacerlo es corta, advirti√≥ la OCDE, a la que Colombia pertenece desde el a√Īo pasado. La calle solo se desactiv√≥ hace dos a√Īos, con las medidas de confinamiento provocadas por una crisis sanitaria que simult√°neamente ha agravado el malestar y la disconformidad social al nivel nacional. Al hacer transferencias a hogares vulnerables gast√≥ en apoyos, pr√©stamos y garant√≠as el equivalente al 5,7% de su PIB, de acuerdo con un reporte del FMI, e increment√≥ su deuda p√ļblica interna y externa. El Gobierno necesita aumentar la recaudaci√≥n en al menos 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB ‚Äďaunque el texto se propone recaudar en torno al 2% del PIB‚Äď[49]. La cuarta econom√≠a de Am√©rica Latina sufri√≥ una ca√≠da de 6,8% de su PIB en 2020, la mayor desde que lleva registros.

De la conflictividad social a la crisis económica y a la pandemia y viceversa

Varios de los problemas hist√≥ricos, pol√≠ticos y estructurales de Colombia presentados a continuaci√≥n son similares a otros pa√≠ses de LAC, como podr√≠an ser Guatemala y El Salvador (dos pa√≠ses que tuvieron guerra civil y APs en la regi√≥n a finales del siglo pasado). Los acuerdos de paz colombianos no han proporcionado una soluci√≥n a los problemas derivados desde la colonia, contin√ļan y ahora se est√° extendiendo nuevamente con una escalada de conflictos sociales al nivel nacional que se han incrementado en estos √ļltimos 5 a√Īos a partir de la firma del √ļltimo ‚Äúgran acuerdo para el cese de hostilidades y la construcci√≥n de la paz‚ÄĚ con las FARC-EP[50]. ¬ŅA qu√© se debe esto, cu√°les son entre otras muchas causas y factores, algunos de los problemas de fondo?:

‚ÄĘ La debilidad hist√≥rica del Estado y la falta de presencia o la ausencia de sus instituciones en amplias regiones del territorio nacional. La falta de seguridad, la impunidad y la falta de justicia social, penal y el seguimiento y esclarecimiento de los casos de violencia y crimen que se comenten regularmente. Presencia en varias √°reas del pa√≠s de grupos armados irregulares, paramilitares en asociaci√≥n con los carteles, delincuenciales/criminales y del crimen organizado a diferentes niveles (guerrilleros/exguerrilleros de regreso a las armas; as√≠ tambi√©n, los grupos paramilitares y vigilantes. Todos estos grupos en muchos casos y situaciones asociados con los carteles de la droga)[51].

‚ÄĘ El problema de la posesi√≥n de la tierra, las marcadas diferencias econ√≥micas, sociales y √©tnicas relacionadas, el fracaso en los intentos de una reforma agraria moderada y escalonada basada en la compra y el acceso a tierras, la precariedad e inseguridad de la tenencia y titulaci√≥n de la tierra, el desalojo y despojo constante de √©stas y la falta de implementaci√≥n de pol√≠ticas rurales de desarrollo integral sostenibles y sustentables[52].

‚ÄĘ La polarizaci√≥n social, el control de la poblaci√≥n civil debido a su orientaci√≥n pol√≠tica, el hostigamiento, la persecuci√≥n, la represi√≥n, la desaparici√≥n y asesinato selectivo de dirigentes pol√≠ticos comunitarios principalmente en las √°reas rurales, la falta de espacios democr√°ticos y de participaci√≥n verdaderos y con poder de incidencia y cambio[53].

‚ÄĘ La formaci√≥n social y el modelo hist√≥rico socioecon√≥mico causante de una alta desigualdad y exclusi√≥n social, el racismo y la discriminaci√≥n de clase y √©tnico-cultural y la falta de acceso a servicios b√°sicos, educaci√≥n, salud y v√≠as de transporte e infraestructura. Los distintos niveles de intensidad del conflicto social, econ√≥mico, √©tnico y territorial en varias regiones del pa√≠s[54].

‚ÄĘ La aparici√≥n y crecimiento de la corrupci√≥n, el crimen organizado y narcotr√°fico introducido en todos los sectores de la sociedad y el Estado con ramificaciones, situaciones y consecuencias internacionales y regionales en LAC[55].

‚ÄĘ La excesiva exposici√≥n a la violencia estructural, hist√≥rica y pol√≠tica, econ√≥mica, social y √©tnica, a la violencia com√ļn o cotidiana en todo el territorio y su impacto intergeneracional en la poblaci√≥n. La impunidad ante el crimen organizado, las bandas juveniles o los sicariatos, el secuestro, el homicidio y la extorsi√≥n generalizada[56]

‚ÄĘ La injerencia de los Estados Unidos en la pol√≠tica interna colombiana, por razones de seguridad nacional y regional ante el avance del narcotr√°fico y la corrupci√≥n generalizada y las pol√≠ticas lesivas contra la inmigraci√≥n intensiva y acelerada en las √ļltimas dos d√©cadas[57].

A trav√©s de los √ļltimos a√Īos ha habido numerosas negociaciones en b√ļsqueda de la paz, y muchos de los actores involucrados en esa violencia han ido modificando posiciones. Por lo pronto, dos de los grupos guerrilleros hist√≥ricos m√°s grandes involucrados en esa larga contienda silenciaron sus armas: el Movimiento 19 de abril -M19-, desmovilizado en marzo de 1990, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP, desmovilizadas seg√ļn Acuerdos de Paz con el gobierno en el 2016[58]. Pero pese a ello, la violencia no se extingue -la muerte ha continuado con la de desmovilizados de las FARC-EP, lo que llev√≥ a que grupos puntuales de esta organizaci√≥n guerrillera se alzaran en armas nuevamente en el transcurso del 2019, quiz√° sin constituir una real amenaza militar, pero con hondo significado pol√≠tico, distanci√°ndose de sus c√ļpulas de direcci√≥n nacional a las que acusan de ‚Äútraidoras‚ÄĚ[59].  Se podr√≠a decir tambi√©n que el movimiento paramilitar -de ultraderecha, participante tambi√©n en la guerra interna- sumamente activo a√Īos atr√°s, agrupado en las Autodefensas Unidas de Colombia, se sum√≥ a la desmovilizaci√≥n en el a√Īo 2003[60]. E igualmente poderosos carteles del narcotr√°fico fueron diezmados por las fuerzas gubernamentales en operaciones conjuntas con la DEA, CIA y tropas especiales de EUA, a lo largo de los √ļltimos a√Īos. De todos modos, pese a esas diversas operaciones de pacificaci√≥n, de desmovilizaci√≥n de fuerzas combatientes, persecuci√≥n, extradici√≥n y condena de jefes de varios de los carteles y de grupos armados de acci√≥n violenta extrema, Colombia nunca ha vivido en paz, ni parece que fuera encamin√°ndose a √©sta. Los ciclos de violencia se repiten con frecuencia, c√≠clicamente[61].

Hay que tener presente que Colombia ha tenido la guerra civil m√°s prolongada de todo el continente, sin una soluci√≥n final y m√°s de un acuerdo de paz fallido en los √ļltimos 30 a√Īos. La guerra civil se remonta a la d√©cada del 50 del siglo pasado[62].  Las consecuencias de todo esto han sido fatales; adem√°s de las cuantiosas p√©rdidas materiales, ese prolongado conflicto ha ocasionado cerca de m√°s de un cuarto de mill√≥n de muertos, incalculables heridos, m√°s de 70,000 desaparecidos, innumerables violaciones sexuales de mujeres, ni√Īas y adolescentes y m√°s de cinco millones de desplazados y refugiados internos (primer pa√≠s en el mundo en cantidad de esos desplazamientos por causas b√©licas, seg√ļn datos del ACNUR, comparables a Sud√°n)[63], sin contar con las secuelas psicol√≥gicas y sociol√≥gicas de ese clima de violencia perpetuo, y la apolog√≠a de la misma como pr√°cticamente √ļnico modo de relacionamiento entre grupos sociales y √©tnicos diversos. En Colombia se ha estado viviendo un clima de violencia generalizada desde hace muy largas d√©cadas[64].

¬ŅPor qu√© se ha prolongado tanto este conflicto? ¬ŅQu√© hace que, mientras en otras latitudes las guerras pasan, cesan o disminuyan considerablemente, o se han encontrado salidas negociadas y se han puesto en marcha procesos de construcci√≥n de la paz, donde √©sta relativamente ha avanzado m√°s, en Colombia pareciera perpetuarse indefinidamente sin dar miras de poder entablarse negociaciones firmes y duraderas? ¬ŅQu√© elemento o acci√≥n debiera terminar de una vez con semejante problema? Evidentemente, hay poderosos intereses en juego para que todo ello se perpet√ļe por mucho m√°s tiempo[65].  El negocio de la violencia es muy redituable para ciertos grupos. Si bien ha habido numerosos intentos de pacificar el pa√≠s en estos √ļltimos a√Īos con cuantiosos compromisos contra√≠dos, luego no cumplidos, y como se sabe recientemente se firmaron importantes acuerdos entre el gobierno y el principal grupo revolucionario alzado en armas, sin embargo, la paz no termina de llegar nunca. M√°s bien es la confrontaci√≥n la que est√° escalando nuevamente[66].

El clima b√©lico en que se ha venido moviendo la sociedad colombiana durante muchos a√Īos es sumamente complejo, presenta numerosos y tan diversos componentes tales como: movimientos revolucionarios de izquierda radical por la v√≠a armada, (algunos de ellos con el tiempo se fueron asociando al narcotr√°fico, a la industria del secuestro y a mantener dominios territoriales)[67]; los carteles de la droga y la narcoactividad asociados a otras actividades ilegales como el tr√°fico humano y contrabando a gran escala, a mantener dominios territoriales, mantener influencia en la econom√≠a y la pol√≠tica regional y nacional; los grupos paramilitares (muchos de ellos con mano libre) para controlar a la poblaci√≥n y sembrar el terror en las √°reas rurales y selv√°ticas, dedicados tambi√©n a la industria del secuestro y el asesinato pol√≠tico y no pol√≠tico ‚Äúpor incentivos y recompensas‚ÄĚ[68] y tambi√©n a los dominios territoriales por razones de producci√≥n y distribuci√≥n de la droga; el Estado contrainsurgente, armado hasta los dientes, con la presencia y apoyo de las fuerzas armadas en las instituciones p√ļblicas y el desarrollo de planes de inteligencia y contrainsurgencia extranjeras, directamente comprometidas con la guerra sucia y selectiva de mediana y baja intensidad[69].

Incluso se ha escrito y hablado en los medios de an√°lisis y noticias que, durante varios per√≠odos de tiempo ha habido personal militar y de inteligencia c√≠vico-militar, equipo aerotransportado y ‚Äúcontratistas‚ÄĚ de alta tecnolog√≠a militar estadounidense, ya sea fijos o movi√©ndose en y entre varias bases militares colombianas: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bah√≠a M√°laga[70].  Estas siete bases fueron las que negociaron los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de Am√©rica para su utilizaci√≥n en territorio colombiano, aunque el Congreso colombiano no las aprob√≥ oficialmente al final. No obstante, se habla tambi√©n de acuerdos secretos que abrieron las puertas a otras operaciones, por lo que m√°s de alg√ļn analista ha comparado la situaci√≥n del pa√≠s caribe√Īo con el papel que juega Israel, aliado de la pol√≠tica de la Casa Blanca en el Medio Oriente. Es decir, hay un rol de gendarme super armado de la regi√≥n[71]. No hay que olvidar que Colombia tiene una posici√≥n estrat√©gica muy cerca del Canal de Panam√°, principal v√≠a de paso entre los dos oc√©anos en el continente y al lado de Venezuela, que atesora las reservas de petr√≥leo m√°s grandes del mundo, m√°s otros importantes recursos minerales (oro, diamantes, hierro, colt√°n, tierras raras), todo lo cual es codiciado por la geoestrategia de Washington, Europa y ahora tambi√©n algunas econom√≠as emergentes como la china y la rusa[72]. Hay una disputa de hegemon√≠a y mercados extractivos entre estos pa√≠ses en un √°rea geogr√°fica que tradicionalmente le hab√≠a pertenecido a EUA.

El enfrentamiento b√©lico se ha dado, b√°sicamente, entre el Estado, la presencia militar estadounidense, y en algunos casos los paramilitares como sus aliados, contra los movimientos revolucionarios y los carteles de la droga (de los tres grupos guerrilleros que hubo a√Īos atr√°s, ha quedado operando solamente uno, m√°s algunos elementos de otro que se rearm√≥ parcialmente, de los cuales hablamos m√°s adelante)[73]. De igual modo, el Estado colombiano, con la colaboraci√≥n del departamento de Estado norteamericano, ataca a la narcoactividad, en buena medida destruyendo sembrad√≠os en zonas rurales por medio de fumigaciones a√©reas extremadamente t√≥xicas y lesivas para el medio ambiente. Lo curioso es que esa estrategia de ‚Äúcombate al narcotr√°fico‚ÄĚ nunca termina de dar los mejores resultados, y la producci√≥n de coca√≠na no cesa, ni cesar√°. No est√° de m√°s recordar que a EUA llega una tonelada y media de drogas ilegales cada d√≠a, en buena medida coca√≠na colombiana a trav√©s de los corredores a√©reos terrestres y acu√°ticos centroamericanos, caribe√Īos y mexicanos[74]. Ese supuesto ‚Äúcombate‚ÄĚ que se da en tierra sudamericana, por lo tanto, abre suspicacias. ¬ŅRealmente se la combate con los resultados e impactos necesarios y efectivos?

El levantamiento popular iniciado a partir del 28 de abril de este a√Īo en Colombia, protagonizado por una ciudadan√≠a m√ļltiple y diversa, se enmarca en factores de larga, mediana y reciente duraci√≥n, confluencia y presencia. De un lado, hay factores coyunturales tambi√©n, como la exacerbaci√≥n de una crisis social producto de la pandemia del COVID-19, la que llev√≥ a acrecentar el deterioro considerable en todos los √°mbitos de la vida socioecon√≥mica de grandes segmentos de la poblaci√≥n, principalmente de la clases medias asalariadas y de la clases bajas asalariadas en el pa√≠s[75], sumado a un rechazo creciente y generalizado al gobierno de Duque por su torpeza e ineptitud en el manejo de la pandemia, por su cinismo en materia de protecci√≥n a l√≠deres sociales de diversos sectores pol√≠ticos, por el incumplimiento de los compromisos pactados con el variado movimiento social en las protestas, y por su desfachatez y falta de sensibilidad de acuerdo con el momento que se est√° viviendo, en el manejo de la pol√≠tica fiscal que le llev√≥ a proponer, a costa de los sectores de menores ingresos, reformas lesivas como la tributaria, la de salud y la de pensiones, que desencadenaron el estallido popular reciente[76]. Un elemento adicional que enmarca esta coyuntura es el ascenso de la lucha social a nivel latinoamericano y mundial. Entonces este levantamiento, cualificado por los resortes de la pandemia, es la continuidad del malestar y levantamiento expresado desde el 21N de 2019 en Colombia, y se constituye como el principal obst√°culo del proyecto dominante de pa√≠s[77].

El presidente Duque invoc√≥ el Art√≠culo 130 de la ley 1801 y anunci√≥ al pa√≠s la declaraci√≥n de ‚ÄúAsistencia Militar‚ÄĚ entendida como ‚Äúel instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteraci√≥n de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad p√ļblica‚ÄĚ, a trav√©s del cual el presidente de la rep√ļblica pudo disponer, de forma temporal y excepcional, de la asistencia de la fuerza militar[78].  A partir del 2 de mayo, esa decisi√≥n signific√≥ mayor disposici√≥n en las calles de fuerza p√ļblica, el Escuadr√≥n M√≥vil Antidisturbios (ESMAD) y militares (del Ej√©rcito, la Marina y la Fuerza A√©rea), usando armas letales en algunos casos, armas de guerra como helic√≥pteros artillados, estableciendo toques de queda, implementando el cierre de ciudades, disrupci√≥n de las comunicaciones, cortes de energ√≠a el√©ctrica, corte de suministros de alimentos, medicinas y combustible para las y los ciudadanos, como sucedi√≥ en Cali y otras ciudades secundarias y terciarias[79]. Toda una maquinaria letal y desestabilizadora propia de una guerra internacional que los medios oficiales silenciaron de manera c√≥mplice, siendo principalmente las redes sociales las que registraban los abusos de la Fuerza P√ļblica[80].

Entre el 2 de mayo y el 18 de mayo, las cifras como impacto de la represi√≥n se multiplicaron r√°pidamente. Varias entidades y ONGs, como la Defensor√≠a del Pueblo, Temblores, Human Rights International y la ‚ÄúCampa√Īa Defender la Libertad es un asunto de Todas‚ÄĚ, han hecho seguimiento, y seg√ļn √©sta √ļltima, el gobierno de Duque es responsable de al menos 51 homicidios, 1,330 heridos (1,040 civiles y 290 polic√≠as), 1,502 detenciones arbitrarias, 87 v√≠ctimas de violencia sexual por parte de la fuerza p√ļblica, 37 v√≠ctimas de agresi√≥n en sus ojos y m√°s de una centena de ciudadanos desaparecidos[81]. Cifras aterradoras, que develan una org√≠a patriarcal y perversa propia de las guerras de exterminio.  Las manifestaciones del pueblo colombiano y la crisis pol√≠tica y de Derechos Humanos ha dejado 51 homicidios, 611 personas heridas por accionar desproporcionado de las fuerzas policiales-militares, 89 personas defensoras de DDHH agredidas en el marco de las manifestaciones, 87 personas v√≠ctimas de violencia basada en el g√©nero, 1,502 personas detenidas, la mayor√≠a de forma arbitraria, 12 allanamientos, la mayor√≠a de forma ilegal, 900 denuncias por abuso de poder de las fuerzas militares y 89 personas desaparecidas[82].

Entonces este levantamiento, multiplicado por los resortes de la pandemia, es la continuidad del malestar y levantamiento expresado desde el 21N de 2019 en Colombia. Se ha constituido como el principal obst√°culo del proyecto dominante de pa√≠s; hace 20 a√Īos ‚Äúel Uribismo‚ÄĚ[83] se presentaba como una alternativa para muchos(as): la situaci√≥n de crisis econ√≥mico-social, de negociaci√≥n fallida con la insurgencia y el rechazo institucional que reinaba en ese tiempo dieron gran aprobaci√≥n y respaldo al proyecto uribista que prometi√≥ derrotar a la guerrilla en el campo de batalla y superar la corrupci√≥n. ‚ÄúEl uribismo‚ÄĚ supuestamente representaba ‚Äúel cambio en el manejo de la crisis de entonces‚ÄĚ; hoy, a diferencia de ayer, representa la continuidad de una crisis a√ļn m√°s profunda, que las √©lites mismas han generado.  En consecuencia, amplios sectores sociales y populares reclaman un cambio de rumbo, est√°n hastiados de lo mismo, de la corrupci√≥n, del mal gobierno y de la injusticia, las brechas de las desigualdades y el empobrecimiento extendido[84].

Dicho de otro modo, ante la incertidumbre la gente prefiere el cambio, ante la estabilidad la gente prefiere la continuidad. 20 a√Īos despu√©s de la emergencia del uribismo, el pa√≠s es otro, en el que confluye una crisis multidimensional a nivel global con una crisis interna de agotamiento del modelo econ√≥mico neoliberal y del ‚Äúproyecto pol√≠tico uribista‚ÄĚ[85]. Lo que no significa que dicho proyecto adolezca de bases sociales y econ√≥micas importantes, que una parte de la sociedad sea conservadora y con mentalidad de derecha. El triunfo del ‚ÄúNo‚ÄĚ en el plebiscito por la paz en 2016 y la elecci√≥n de Duque en 2018, no solo le dieron un nuevo aire al uribismo, sino que demostraron que manten√≠a una base significativa y un nivel de aceptaci√≥n popular, en declive, pero lo manten√≠a, am√©n del mantenimiento de poderes regionales, ilegales y la alianza con sectores de las clases dominantes y los grupos militares y paramilitares[86]

Lejos de desmovilizarse la ciudadan√≠a, el terror policial, judicial, militar y paramilitar han fortalecido la voluntad popular de lucha hasta cierto punto, aunque con unos costos alt√≠simos en vidas humanas y salud mental, desde√Īados permanentemente por el statu quo, m√°s preocupado en lo sustancial por paredes, estatuas y mercanc√≠as. Y el mantenimiento de la protesta, aun con las secuelas lesivas que puede acarrear, dice mucho del sentido de oportunidad hist√≥rica que tiene este momento la sociedad colombiana en general, principalmente los sectores m√°s desfavorecidos y vulnerables[87]. Ya no solo se trata de ir cosechando victorias para frenar el empobrecimiento y avanzar en la realizaci√≥n de derechos sociales, como efectivamente ha ocurrido con la derrota de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de hacienda que la dise√Ī√≥. A la par, este que es el levantamiento popular m√°s importante de la historia contempor√°nea, ha hecho palpable un profundo sentimiento de rechazo tanto al ESMAD como a la figura del expresidente, excongresista y expresidiario √Ālvaro Uribe y a la corriente pol√≠tica que aglutina alrededor del partido de gobierno, el Centro Democr√°tico, que no tiene ni una pizca de centro, ni una pizca de democr√°tico[88].

El ‚ÄúPlan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado‚ÄĚ[89], m√°s conocido como ‚ÄúPlan Colombia‚ÄĚ (2000), luego rebautizado ‚ÄúPlan Patriota‚ÄĚ y finalmente ‚ÄúPlan Consolidaci√≥n‚ÄĚ, destinado a combatir la narcoactividad, pero con la agenda oculta de atacar a las guerrillas revolucionarias, implic√≥ una erogaci√≥n de USD.20,000 millones por parte del erario colombiano, cobrado por las empresas que suministraron el equipo b√©lico y la capacitaci√≥n militar, todas de origen estadounidense[90]. Lo curioso es que, pese a esa monumental inversi√≥n y despliegue de fuerzas militares, supuestamente para combatir la narcoactividad, la producci√≥n de hoja de coca no baj√≥ y la fabricaci√≥n de coca√≠na y otras drogas se mantuvo, o se movi√≥ a otros pa√≠ses de LAC. Definitivamente hay ah√≠ una sumatoria de elementos complejos e interrelacionados que hacen de Colombia una mezcla explosiva y que, seg√ļn algunas estimaciones, lo colocan como el pa√≠s m√°s violento de Latinoam√©rica por su historia sociopol√≠tica y uno de los m√°s violentos del mundo, donde pareciera que nadie desea terminar la guerra (porque para ciertos sectores trae cuantiosos r√©ditos econ√≥micos y pol√≠ticos)[91].

La represi√≥n de toda disidencia pol√≠tica ha marcado a sangre y fuego la historia del pa√≠s, y hoy la sigue marcando. Esa es la naci√≥n de todo el continente americano donde m√°s l√≠deres comunitarios, pol√≠ticos de izquierda, dirigentes campesinos, periodistas que denuncian injusticias y estudiantes movilizados han muerto en estas √ļltimas d√©cadas[92]. Como bien dice Hernando Calvo Ospina: ‚ÄúDesde crematorios hasta criaderos de cocodrilos han sido creados para desaparecer a dirigentes comunitarios. No hay otro pa√≠s en el mundo donde se hayan encontrado fosas comunes con m√°s de 2000 personas cada una: ni los nazis lo lograron. Los grupos paramilitares hacen parte del r√©gimen colombiano desde hace seis d√©cadas. Perfeccionados por especialistas israel√≠es, ingleses y estadounidenses en los a√Īos ochenta del siglo pasado, fueron y siguen siendo financiados principalmente con dinero del narcotr√°fico. Ellos se encargan de hacer el ¬ętrabajo sucio¬Ľ del ej√©rcito y de ¬ęlimpiar¬Ľ las zonas campesinas de posibles opositores a las transnacionales y terratenientes y otros negocios que requieren control y extensi√≥n territoriales, que se apoderan de los inmensos recursos naturales estrat√©gicos[93]‚ÄĚ. En cualquier parte del mundo decir ‚ÄúColombia‚ÄĚ es decir violencia, conflicto, muerte, represi√≥n y drogas; a pesar de que estas caracter√≠sticas est√°n extendidas en casi toda LAC.

Al mismo tiempo, no puede dejarse de mencionar como elemento sumamente explosivo -que, en realidad, est√° en la base de toda aquella violencia-, la gran polarizaci√≥n econ√≥mico-social, la desigualdad y la exclusi√≥n que se da en el pa√≠s, la cual se extendi√≥ a√ļn m√°s desde los ‚Äė80 del pasado siglo, con las impuestas pol√≠ticas neoliberales de los organismos de Bretton Woods (FMI y BM), y particularmente desde 1991, con las reformas constitucionales que profundizaron las mismas[94]. Seg√ļn datos de Naciones Unidas, Colombia presenta una enorme disparidad en ese √°mbito -uno de los pa√≠ses m√°s desiguales del mundo- con un acaparamiento de tierras enorme en manos de una √≠nfima oligarqu√≠a terrateniente, y una gran masa de campesinos empobrecidos, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos ind√≠genas y minor√≠as √©tnicas del pa√≠s[95]. Seg√ļn el Informe de Oxfam ‚ÄúRadiograf√≠a de la Desigualdad‚ÄĚ (2020), basado en datos del Censo Nacional Agropecuario, el 1% de propietarios posee el 81% de las tierras. Mujeres solo representan un 26% de la titularidad de √©stas. De acuerdo con referido documento ‚ÄúUn mill√≥n de hogares campesinos vive en menos espacio del que usualmente tiene una vaca para pastar[96].‚ÄĚ

Esa masa campesina encontr√≥ en el cultivo de la coca -comprada por los carteles del narcotr√°fico para la elaboraci√≥n de coca√≠na, en buena medida con destino a EUA- una forma de sobrevivencia que la aleja de la pobreza extrema, pero sujet√°ndola a circuitos que le terminan al final creando m√°s problemas. Para cierta visi√≥n punitiva del combate a las drogas -que es la que impulsan las distintas administraciones de los gobiernos del pa√≠s, en consonancia con lo estipulado por el gobierno federal de EUA-, el eslab√≥n del peque√Īo productor de la materia prima es el m√°s golpeado[97]. De ah√≠ la continua quema, fumigaci√≥n de sembrad√≠os, criminalizaci√≥n y castigo por actividades ilegales, que terminan arruinando, separando y estigmatizando a esas familias campesinas, que nunca salen de pobres pese a participar en este acaudalado negocio (un campesino cobra un centavo de d√≥lar por cada gramo de hoja de coca, mientras que ese gramo procesado, ya como coca√≠na, se vende en las ciudades norteamericanas hasta por unos 200 d√≥lares)[98].

Esa hist√≥rica polarizaci√≥n econ√≥mica colombiana entre acaudalados y empobrecidos se vio acrecentada desde fines de los a√Īos ‚Äė80 del pasado siglo con la implementaci√≥n de las pol√≠ticas neoliberales que dominaron todo el panorama LAC. Todos los mandatarios colombianos, fieles a los dictados de los organismos crediticios de Bretton Woods[99] (que no son sino los operadores de la gran banca privada global, estadounidense en mayor medida), siguieron implementando a la letra las recetas de ajuste estructural, lo cual empobreci√≥ m√°s a los sectores hist√≥ricamente empobrecidos, pero tambi√©n a las clases medias asalariadas, concentrando la riqueza en una oligarqu√≠a hiper rica. En el medio de la fiebre antineoliberal que barri√≥ Latinoam√©rica hacia fines del a√Īo 2019, tambi√©n la poblaci√≥n colombiana reaccion√≥. Fue as√≠ como se asisti√≥ al despertar de espont√°neas protestas populares[100].

El presidente Iv√°n Duque est√° bajo el paraguas del expresidente √Ālvaro Uribe, ambos de la derecha dura y extrema. Duque tiene un discurso menos encendido y agresivo que Uribe (su mentor), pero sus acciones han sido en muchos momentos y circunstancias muy duras. Es un ac√©rrimo defensor de los planes neoliberales y fue tambi√©n estrecho aliado del gobierno del expresidente Donald Trump, por lo que ha sido duramente cuestionado. En realidad, el actual presidente colombiano (sin quitarle la m√°s m√≠nima responsabilidad de lo sucedido), no hizo sino continuar las pr√°cticas privatistas que vienen d√°ndose desde los 90s del siglo pasado[101], forzadas por la banca internacional, en detrimento de las grandes mayor√≠as. Duque continu√≥, igual que todos los presidentes anteriores, con las privatizaciones en el sector energ√©tico (petroqu√≠mico y minero), en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de los servicios bancario-financieros[102].

Al mismo tiempo, continuaron las pol√≠ticas de impuestos regresivos, beneficiando as√≠ a los grandes propietarios terratenientes y empresarios colombianos, y se profundiz√≥ la reducci√≥n de la inversi√≥n p√ļblica en √°reas b√°sicas (salud educaci√≥n e infraestructura). Todo ello aument√≥ la hist√≥rica pobreza urbana y profundiz√≥ la rural provocando un descontento social creciente que estall√≥ con fuerza al nivel nacional, y todav√≠a no ha parado totalmente hasta la actualidad[103]. Estall√≥ entre fines de octubre e inicios de noviembre del a√Īo 2019; m√°s de un mill√≥n de personas se movilizaron en las principales ciudades del pa√≠s (Bogot√°, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, C√ļcuta) exigiendo el fin de las medidas neoliberales. La respuesta del gobierno fue exactamente la misma, igual a la de otros pa√≠ses de la regi√≥n que estallaron al mismo tiempo (Chile, Ecuador, Honduras, Hait√≠): se organiz√≥ la vigilancia, la confrontaci√≥n y la represi√≥n sistem√°ticas para crear temor, horror, paranoia y desistimiento de manifestar, de salir a las calles. De ese modo, se registraron tres muertos, 250 heridos y cientos de arrestos por las fuerzas del ESMAD[104].

Las protestas, conocidas como ‚ÄúParo Nacional‚ÄĚ, se prolongaron hasta el inicio del 2020. Como consecuencia de esa movilizaci√≥n popular, se conform√≥ un Comit√© de Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, que est√° compuesto de una pluralidad de sectores populares, el cual entreg√≥ a fines del a√Īo 2019 una lista de demandas al gobierno del presidente Duque[105]. El pliego de peticiones incluy√≥ un amplio listado que toca puntos sobre la pol√≠tica econ√≥mica y social llevadas adelante por el gobierno, la falta de cumplimiento de acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, con los pueblos ind√≠genas y afrocolombianos en medio de las movilizaciones, la revisi√≥n de la pol√≠tica de seguridad vigente, de derechos humanos y lo concerniente a los asesinatos sistem√°ticos de lideresas y l√≠deres sociales as√≠ como de excombatientes de las FARC[106], tem√°ticas ligadas a la reforma pol√≠tica y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupci√≥n y el pedido de profundizar el di√°logo de paz con la √ļnica fuerza guerrillera ahora vigente, el Ej√©rcito de Liberaci√≥n Nacional -ELN-[107].

La protesta popular del 2019 se desarticul√≥ como consecuencia natural de las medidas sanitarias de los confinamientos[108]. Aunque no se termin√≥ completamente. El malestar y la frustraci√≥n social siguieron absolutamente presentes. La paralizaci√≥n de la econom√≠a -que para algunos economistas es una expresi√≥n de una crisis c√≠clica global del capitalismo anterior a la pandemia, y que se potenci√≥ con la misma- afect√≥ m√°s a√ļn a los ya hist√≥ricamente afectados de siempre: el pueblo trabajador (urbano o rural, asalariado, sub-asalariado, amas de casa, desocupados y sector informal)[109]. El a√Īo 2020 termin√≥ en medio de la crisis producida por el coronavirus y por la paralizaci√≥n econ√≥mica, sin que se buscara directamente por el gobierno y la derecha dominante una soluci√≥n a los problemas estructurales arrastrados desde siempre y principalmente desde 5 a√Īos atr√°s, con la firma del √ļltimo AP.  Para el a√Īo 2020, d√°ndole seguimiento a ese pedido de demandas, se ten√≠an previstas distintas manifestaciones exigiendo el cumplimiento de lo solicitado, con diversas convocatorias para el transcurso de los primeros meses del a√Īo (abril y mayo)[110]. La aparici√≥n de la pandemia de COVID-19 vino a alterar todo ello; los obligados confinamientos, que se dieron por igual en todos los pa√≠ses del mundo, enfriaron ese clima de protestas. O, en todo caso, lo aplacaron temporalmente[111]. El mar de fondo, el malestar social, la pobreza cr√≥nica y la represi√≥n furiosa continuaron. Justamente la prolongada pandemia y el manejo que de ella hizo el gobierno pusieron m√°s en evidencia las injusticias hist√≥rico-estructurales que siguen presentes en la din√°mica social colombiana.  

El sistema p√ļblico de salud, colapsado por las privatistas pol√≠ticas neoliberales de estos √ļltimos a√Īos, no estuvo a la altura de las circunstancias. Como siempre, la cadena se corta por el eslab√≥n m√°s d√©bil: fueron los sectores populares, eternamente empobrecidos y excluidos, quienes m√°s sufrieron la pandemia. Si bien la crisis sanitaria vaci√≥ temporalmente las calles de manifestantes, no termin√≥ con la exclusi√≥n y pobreza de las grandes masas populares[112]. No obstante, pese al distanciamiento social obligado y a las restricciones de movilidad, sigui√≥ habiendo organizaci√≥n y movilizaci√≥n popular. De hecho, el movimiento campesino sigui√≥ en pie de lucha, como hace d√©cadas que lo est√° haciendo. Para octubre de 2020, en plena pandemia a√ļn, 15 organizaciones ind√≠genas, campesinas y afrodescendientes buscaron reactivar la movilizaci√≥n social y el di√°logo con el gobierno[113]. Intentaron abordar cuatro temas candentes: 1) el incumplimiento de los acuerdos pactados en el 2019 entre la administraci√≥n de Iv√°n Duque y las organizaciones sociales, 2) la continuidad de la violencia pol√≠tica en el pa√≠s, con muy altas cifras de asesinatos de l√≠deres y lideresas sociales en el interior del pa√≠s, 3) el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 cuando la desmovilizaci√≥n de las FARC-EP, y 4) la b√ļsqueda de caminos para terminar con la criminalizaci√≥n de la protesta social. Una vez m√°s, el gobierno se ausent√≥ del di√°logo, mostrando para qu√© proyecto trabaja efectivamente[114].

Para paliar en parte esa crisis estructural, el 5 de abril del 2021 el gobierno del presidente Duque propuso un ‚Äúpaquetazo de impuestos‚ÄĚ, tendiente a recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales al presupuesto ordinario (alrededor de 6,300 millones de d√≥lares estadounidenses). Como siempre tambi√©n, el peso de esta reforma tributaria -presentada disfrazadamente como ‚ÄúLey de solidaridad sostenible‚ÄĚ- caer√≠a en los m√°s empobrecidos y desamparados del pa√≠s[115]. La reacci√≥n popular no se hizo esperar, la poblaci√≥n sali√≥ a manifestar, harta ya de tanto golpe, de tanta injusticia y represi√≥n. M√°s de 100,000 muertes debidas a la pandemia de COVID-19, m√°s el retraso en el proceso de vacunaci√≥n, aunada a una c√≥lera hist√≥rica que se mantiene por la miseria generalizada y la sangrienta represi√≥n de las protestas como algo ya normalizado, encendieron una vez m√°s la movilizaci√≥n popular.

Se podr√≠a decir ‚Äúespont√°nea‚ÄĚ, dado que ning√ļn grupo pol√≠tico en especial la llam√≥ o la convoc√≥; aunque la sumatoria de todos los factores apuntados anteriormente la produjeron, estos factores tienen una historia larga y tiene profundas causas[116]. Muchas ciudades, principales y secundarias, se vieron movilizadas, y una vez m√°s, como pas√≥ en el 2019 -no solo en Colombia sino en varios pa√≠ses LAC y del mundo- la gente dijo ‚Äúno‚ÄĚ al empobrecimiento creciente. Una vez m√°s tambi√©n, como parece ser ya la norma, el gobierno reprimi√≥ ferozmente. Para el caso, con polic√≠a y ej√©rcito en muchos casos simult√°neamente, utilizando tanques de guerra y armas de alto calibre con munici√≥n real y no solamente de ‚Äúgoma‚ÄĚ[117]. Los medios de comunicaci√≥n corporativos han presentado tergiversadamente la situaci√≥n. Iv√°n Duque trat√≥ a los manifestantes de ‚Äúv√°ndalos y terroristas‚ÄĚ[118]. En un acto de soberbia asesina -con asesoramiento de estrategas de Washington- el gobierno reprimi√≥ en forma brutal. Al momento de escribirse estas l√≠neas no est√° claro el n√ļmero de v√≠ctimas (las cifras son aproximadas y cambian de acuerdo con qui√©n las provee). Todo indica que son varias decenas de muertos y cientos de heridos.

El presidente Duque tuvo entonces que dar marcha atr√°s con la reforma tributaria, De todos modos, las protestas han continuado con menor intensidad en estos momentos; prosiguen en forma de bloqueos en v√≠as y carreteras en varias ciudades y puntos del pa√≠s. El representante de la OEA Luis Almagro ‚Äúministerio de colonias de Washington‚ÄĚ, no ha dicho palabra alguna sobre el asunto, como sucedi√≥ en su intervenci√≥n en Bolivia (a pesar de que algunos representantes de la organizaci√≥n se pronunciaron en contra de los abusos de la polic√≠a y el ej√©rcito en Colombia[119].  De acuerdo con el diario El Pa√≠s[120], el Gobierno con la propuesta tributaria se propon√≠a recaudar el equivalente al 2% del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificaci√≥n crediticia internacional. Duque siempre intent√≥ subrayar los ‚Äúcomponentes sociales de la reforma‚ÄĚ, que contemplaba tambi√©n ‚Äúuna renta b√°sica‚ÄĚ. Su iniciativa fue defendida por analistas econ√≥micos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero result√≥ inoportuna, chocante y ofensiva dado el momento hist√≥rico vivido por la mayor parte de la poblaci√≥n con dos crisis mayores juntas (la econ√≥mica y la sanitaria). En especial en un a√Īo previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022[121]. En una encuesta, el 82% de los consultados respondieron que no votar√≠an por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos. Aunque la reforma tributaria y fiscal fue el detonante de las protestas, como tel√≥n de fondo hay un enorme descontento social que aument√≥ con la pandemia, el encierro y la desactivaci√≥n social y econ√≥mica para la mayor√≠a. Colombia sufri√≥ en 2020 una ca√≠da de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerr√≥ el a√Īo en 15,9% y la pobreza monetaria escal√≥ hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estad√≠stica (DANE)[122].

Al mismo tiempo, el ELN ha continuado activo, y no ha aceptado los APs por considerarlos que no representaban los ‚Äúverdaderos intereses‚ÄĚ de la poblaci√≥n m√°s desfavorecida[123]. Junto a este grupo guerrillero, est√°n los grupos paramilitares, narcotraficantes, las Bandas Criminales (Bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO), disidencias de las FARC-EP, (se les agrega el t√©rmino Residuales GAOR); y, la disidencia del EPL (considerada como GAO). La mayor√≠a de estas disidencias se han armado y reactivado en zonas de influencia en el interior del pa√≠s. El conflicto ha pasado por varias etapas de recrudecimiento (la m√°s grave entre 1988 y 2012)[124], cuando los actores armados comenzaron a financiarse a trav√©s de medios il√≠citos como el narcotr√°fico, la miner√≠a ilegal, secuestros, entre otras actividades delictivas. Confluyen el accionar del Estado, guerrillas, narcotraficantes y paramilitares con las tomas e incursiones armadas, desapariciones forzadas, masacres, desplazamiento forzado masivo, terrorismo, secuestros de civiles, militares y pol√≠ticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, minas antipersona, entre muchos otros. En el conflicto ha intervenido EUA prestando apoyo log√≠stico, econ√≥mico y militar al Estado colombiano, present√°ndose hechos violentos y desplazamientos en √°reas fronterizas con Per√ļ, Ecuador, Brasil, Venezuela y Panam√°[125].

En esta misma direcci√≥n tenemos que de acuerdo con el informe “¬°Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad” (2013, ocho a√Īos atr√°s), fueron 220,000 las muertes causadas por el conflicto entre 1958 y 2012, de las cuales 177,307 eran de civiles. Los mayores responsables de estas muertes fueron estad√≠sticamente los grupos paramilitares (40%), seguidos de los grupos guerrilleros (25%) y agentes del estado (8%). Para 2020, seg√ļn el Registro √önico de v√≠ctimas, se cuentan 8,989,570 v√≠ctimas en 11,202,790 eventos o hechos victimizantes que siguen en continuo aumento[126]. Dentro de estas categor√≠as se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas, v√≠ctimas de actos terroristas, masacres, asesinatos, minas antipersona, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual. Con la firma de la paz en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP, se pens√≥ que Colombia iba por el camino de la reconstrucci√≥n de la paz y un desarrollo m√°s equitativo del pa√≠s[127]. Sin embargo, las fallas y trabas para la implementaci√≥n de los acuerdos paz, la falta de garant√≠as a los l√≠deres y miembras(os) desmovilizadas(os) de los grupos guerrilleros firmantes, el aumento de los asesinatos pol√≠ticos selectivos a dirigentes de izquierda y la carencia de seguridad por parte del Estado hacia los dirigentes pol√≠ticos y comunitarios en todo el territorio, ha creado malestar, descontento y protestas sociales muy fuertes, violentas y constantes; principalmente en la capital y en las ciudades secundarias m√°s importantes; a ello se une la situaci√≥n de recesi√≥n econ√≥mica arrastrada y ahora agudizada por la pandemia[128].

Asimismo, ha habido una proliferaci√≥n y aumento de grupos paramilitares y vigilantes con agendas de sicariato y limpieza pol√≠tica y social en estos √ļltimos tres a√Īos.  Esto ha causado la reincorporaci√≥n a la lucha armada de varios de los dirigentes de las FARC-EP, incluso varios de ellos siendo miembros del organismo legislativo, lo cual ha recrudecido la violencia estructural y pol√≠tica en el pa√≠s a partir del 2018[129]. Simult√°neamente ha habido tensiones muy fuertes y enfrentamientos en la frontera colombiano-venezolana y en la frontera colombiano-ecuatoriana entre facciones guerrilleras, ej√©rcitos de ambos pa√≠ses y otros grupos por el dominio de territorios y sus recursos. Tambi√©n ha habido, una tensi√≥n fronteriza debido a la alta inmigraci√≥n de poblaci√≥n venezolana a Colombia y otros pa√≠ses vecinos del √°rea andina en los √ļltimos cuatro a√Īos, causada por la aguda crisis econ√≥mica, social y pol√≠tica en Venezuela[130].

Los objetivos de las demandas populares en las manifestaciones han sido claros: la desmilitarización de las fuerzas de seguridad (militares y policíacas), mostrando el contenido antimilitarista de estas luchas. También lo expresa el que el conflicto base sea el de dos modelos en confrontación: el capitalismo neoliberal financiero individualista contra la solidaridad comunitaria de ayuda mutua[131]. Habitualmente en nuestra región no están confrontados porque son desigualmente complementarios, todo lo que los Estados depredadores y la élite neoliberalista no pueden depredar, amortiguar o resolver lo dejan en manos de las comunidades y su práctica de ayuda mutua. La pandemia, y antes de ella el excesivo abuso indolente de las élites neoliberales, han disminuido a los ojos de todos, la efectividad de esos Estados depredadores y de esas élites, y han mostrado toda la capacidad efectiva de la ayuda mutua comunitaria, tomando el carácter de confrontación de formas de encarar la vida, pasando de lo complementario a lo desplazante[132]. La ayuda mutua comunitaria no tiene tanta conciencia de su capacidad revolucionaria por la misma razón que tiene el capitalismo para dejarla subsistir: es una forma de vida, solo es revolucionaria para quien no la vive. A modo de consideraciones iniciales relacionadas al proceso de protesta en Colombia:

  • El sistema capitalista no puede ofrecer salida real a los grandes problemas de la humanidad. El caso de Colombia lo permite ver con claridad -manchada de sangre, con mucho sudor y copiosas l√°grimas- por generaciones- en forma interminable.
  • Las pol√≠ticas neoliberales que se impusieron en todo el mundo aumentan exponencialmente los problemas de las sociedades en vez de resolverlos, o al menos mejorarlos como el discurso ideol√≥gico lo afirma. Un sector clave como la salud es uno de los √°mbitos m√°s descarnadamente golpeado, y una crisis sanitaria como la que en la actualidad vive el mundo, lo pone al rojo vivo, evidenciando la falta de salida.
  • Las poblaciones est√°n desesperadas, hartas, col√©ricas por tanta miseria acumulada, por la cantidad de golpes recibidos, por tantos enga√Īos sufridos. La pandemia de COVID-19 en curso acent√ļa en grado superlativo todo esto y ha desnudado las diferencias, rezagos, inequidades, desigualdades y exclusiones de las sociedades LAC como la colombiana.
  • Las movilizaciones espont√°neas marcan un camino, regularmente largo y tortuoso: solo a golpes se pueden forzar cambios reales en la historia sociopol√≠tica ‚ÄėLa violencia es la partera de la historia‚Äô, Marx (1872).
  • Movilizaciones sin conducci√≥n y proyecto pol√≠tico a mediano y largo plazo no terminan de cambiar las cosas de ra√≠z. Son important√≠simas, pero se necesita inexorablemente un proyecto de transformaci√≥n socioecon√≥mica sociocultural y sociopol√≠tico racional, acorde y efectivo, que genere los cambios necesarios e impostergables.
  • ‚ÄėSocialismo o barbarie‚Äô, Rosa Luxemburgo (1900). El caso de Colombia lo muestra en forma descarnada. La barbarie capitalista est√° dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener el sistema. El socialismo, con todos los problemas que se le puedan achacar y que merecen una profunda autocr√≠tica y reflexi√≥n por algunos resultados evidentes que debieron ser diferentes y no llevarlo a la crisis en la que se encuentra.  No obstante, se tiene que el experimento boliviano con la reelecci√≥n del MAS al menos parece seguir siendo ‚Äúuna esperanza‚ÄĚ para las grandes mayor√≠as populares, los pueblos originarios, las minor√≠as √©tnicas y para ciertos sectores de la clase media en ese pa√≠s; que no encontraron en el pasado, ning√ļn beneficio real en el otro modelo que est√° en boga y en crisis tambi√©n, el neoliberal a ultranza.
  • Asimismo, un h√≠brido ideol√≥gico-pol√≠tico, entre un posible modelo de socialismo democr√°tico y de socialdemocracia, que pareciera estar tomando auge de momento, con lo que est√° acaeciendo actualmente en Chile podr√≠a ser ‚Äúotra esperanza‚ÄĚ. Pero no se sabe si el avance de la protesta y la lucha en Colombia pueda llevar a trav√©s del tiempo, a una situaci√≥n parecida a la de Bolivia o a la de Chile. No se sabe con certeza tambi√©n, que m√°s generar√° y en qu√© terminar√° en un futuro a mediano y largo plazos el proceso boliviano con el MAS y el proceso chileno con la Convenci√≥n Constituyente.  

Las protestas de este a√Īo empezaron con la posibilidad de una reforma tributaria, pero no deben ser interpretadas como nuevas, coinciden una gran mayor√≠a de especialistas. Lo que ocurre es que se retomaron aquellas de 2019 y se sumaron muchos descontentos: la corrupci√≥n, la lenta implementaci√≥n de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, los homicidios de l√≠deres campesinos e ind√≠genas y, tambi√©n, la desigualdad y el ingreso econ√≥mico de las familias. La pandemia empeor√≥ estas dos √ļltimas problem√°ticas y la pobreza subi√≥ de 36% de la poblaci√≥n en 2019 a 43% el a√Īo pasado[133]. La situaci√≥n es, a todas luces, dif√≠cil y para el Gobierno hay una arista m√°s: el apilamiento de su deuda. El presidente Iv√°n Duque buscaba aumentar la recaudaci√≥n de impuestos en, por lo menos, el equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) para que ninguna de las agencias calificadoras de deuda quite a Colombia el grado de inversi√≥n[134].

Tras el fallido intento de implementar la reforma fiscal y arancelaria, S&P (Standard and Poor, corporaci√≥n crediticia), recort√≥ la calificaci√≥n de la deuda colombiana, por lo que el peso colombiano y la bolsa cayeron y la inflaci√≥n se increment√≥ r√°pidamente. Bastar√° que otra calificadora haga lo mismo para detonar una salida de capital extranjero, ya que muchos fondos solo tienen permitido invertir en bonos que tengan dos grados de inversi√≥n[135].  En Colombia hay grandes demandas insatisfechas en el contrato social y hay grandes demandas a resolver en el contrato macroecon√≥mico estructural. Pensando no solo en este frente tan coyuntural de la pandemia, sino hacia adelante, ¬Ņc√≥mo vamos a atacar este tema de la deuda para que no siga creciendo?, cuestiona el [136].  En Colombia, hay una coyuntura similar a la chilena, en el sentido de que hay una sociedad muy desigual y las brechas se siguen ampliando, algunos hogares y sectores socioecon√≥micos son muy ricos, donde est√° muy concentrada la riqueza. Las protestas actuales desde el 2019, est√°n conformada por varios sectores de familias de clase media y familias de clase trabajadora vulnerables, ambas con una alta tasa de desempleo progresiva, o trabajando desde hace un tiempo en el sector informal [137].

Todo este coctel econ√≥mico peligroso lleg√≥ a un punto donde la gente dijo ‚Äėya no m√°s‚Äô. El PIB colombiano cay√≥ 6,8% el a√Īo pasado, producto de la pandemia y de la desaceleraci√≥n de la econom√≠a; la mitad de la poblaci√≥n econ√≥micamente activa trabaja en el sector informal[138], el Gobierno impuso largos y estrictos per√≠odos de confinamiento obligatorio, los cuales fueron monitoreados por la polic√≠a. La informalidad aument√≥, junto con la pobreza y la pobreza extrema. Muchas familias solo recibieron el ingreso ofrecido por el Gobierno como parte de un programa social que buscaba ayudar a ‚Äúlos m√°s vulnerables‚ÄĚ[139]. Para que la reforma tributaria tuviera mayor oportunidad de ser aceptada por la poblaci√≥n, se ofreci√≥ hacer estos programas permanentes, convirti√©ndolos en ‚Äúuna renta b√°sica universal sin precedentes‚ÄĚ en la regi√≥n LAC. No obstante, estas acciones pol√≠ticas y econ√≥micas no se han cumplido totalmente[140].

Colombia es el cuarto pa√≠s m√°s desigual de Latinoam√©rica y el Caribe, medido por el coeficiente de Gini y de acuerdo con datos del Banco Mundial. Se estima que a final de este a√Īo el costo de la deuda equivalga al 65% del PIB, colocando a Colombia como uno de los pa√≠ses m√°s endeudados de Am√©rica Latina[141]. ‚ÄúEl Gobierno, al momento de presentar a su reforma tributaria inicial, estaba diciendo que sin algunos ajustes la deuda iba a estar cercana al 100% del PIB en unos 10 a√Īos‚ÄĚ; se espera que la nueva propuesta que est√° cocinando el ministro de Hacienda, Jos√© Manuel Restrepo, la cual busca cobrar m√°s impuestos a las empresas con mayores ingresos, tenga cabida. ‚ÄúEs m√°s importante, para construir sociedades, atender ese descontento e indignaci√≥n social. Es preferible concentrarse en retomar la confianza del Estado que hacer una reforma para arreglar las finanzas del pa√≠s y eso ha sido lo que ha fallado estrepitosamente‚ÄĚ[142].

Tras cinco d√≠as de marchas multitudinarias en las calles, el Gobierno de Iv√°n Duque retir√≥ el 2 de mayo ‚Äúla reforma tributaria‚ÄĚ con la que buscaba equilibrar las cuentas estatales a trav√©s de aumentar la recaudaci√≥n de impuestos. Se trataba de la gran apuesta del Ejecutivo para evitar que las calificadoras de deuda bajaran el grado de inversi√≥n real y potencial a Colombia ante la banca y las compa√Ī√≠as internacionales. La propuesta no solo recibi√≥ cr√≠ticas de amplios sectores pol√≠ticos de izquierda que la consideraron un ataque a la clase media -fuertemente afectada por la pandemia- sino tambi√©n del propio partido de gobierno, Centro Democr√°tico, y de los empresarios[143]. ‚ÄúPropusimos que a nosotros nos aplazaran temporalmente los beneficios que recibimos en la reforma de 2019‚ÄĚ, dijo Bruce MacMaster, presidente de la Asociaci√≥n Nacional de Industriales (ANDI), en una suerte de contrarreforma que pidi√≥ no tocar a la clase media. ‚Äú¬°C√≥brennos a nosotros!‚Äô, dijo. Una de las peticiones m√°s repetidas en las marchas era la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla[144]. Fue el art√≠fice de la reforma tributaria y hab√≠a dicho que estar√≠a en el Gobierno hasta que √©sta saliera. Logr√≥ convencer al presidente Iv√°n Duque de presentarla al Congreso a pesar de las voces que auguraban que era el peor momento. El mandatario hab√≠a dicho p√ļblicamente que presentarla era ‚Äúest√ļpido‚ÄĚ. Meses despu√©s postul√≥ un articulado que sub√≠a el impuesto al valor agregado (IVA) y ampliaba la base de contribuyentes. Con esa reforma no solo gravar√≠an a quienes ganan el equivalente a 1.000 d√≥lares mensuales, sino a aquellos cuyo salario es de 700 d√≥lares, una clase media cada vez m√°s empobrecida[145].

La represi√≥n policial durante los primeros d√≠as de manifestaciones -y que a√ļn contin√ļa- se convirti√≥ en la llama que inici√≥ el gran incendio. Aunque la reforma tributaria ya hab√≠a sido retirada, la reacci√≥n de las fuerzas de seguridad contra manifestantes sac√≥ m√°s gente a las calles. A tres meses de iniciadas las protestas, tampoco est√° claro cu√°ntas personas est√°n desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos llegaron a hablar de 500 ciudadanos; mientras la Fiscal√≠a registraba uno solo y la Defensor√≠a del Pueblo 87. Recientemente, la Fiscal√≠a dijo que encontr√≥ a 290 ciudadanos que hab√≠an sido reportados como ‚Äúno localizados‚ÄĚ y que mantiene la b√ļsqueda activa de otras 129 personas[146]. La brutalidad policial –grabada en cientos de videos y publicada en redes sociales- caus√≥ alarma entre la comunidad internacional. La Uni√≥n Europea, Naciones Unidas y senadores norteamericanos criticaron la respuesta violenta de la Polic√≠a a las protestas que ocurrieron. Medio centenar de legisladores pidieron a la administraci√≥n de Joe Biden suspender la asistencia a la polic√≠a de Colombia. La presi√≥n ha ido escalando y la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos solicit√≥ una visita al pa√≠s. El Gobierno critic√≥ la violencia contra los polic√≠as, pero no conden√≥ la que ocurre contra los manifestantes[147].

Est√°s √ļltimas semanas se adelantan 149 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la Polic√≠a Nacional, 31 por agresiones f√≠sicas y 10 por homicidios. La ola de cr√≠ticas internacionales gener√≥ la renuncia de ministra de Relaciones exteriores, Claudia Blum. Fue reemplazada por la vicepresidenta, Marta Luc√≠a Ram√≠rez, quien viaj√≥ a Washington en una misi√≥n diplom√°tica para explicar la versi√≥n del Gobierno sobre las denuncias de violaci√≥n de los derechos humanos[148].  Las protestas han desarrollado una din√°mica en la cual las ma√Īanas y tardes son de marchas pac√≠ficas y festivas, pero las noches se convierten en el terreno del caos y la muerte. Las madrugadas fueron de miedo transmitido en vivo a trav√©s de Instagram y Twitter y las ma√Īanas se realiz√≥ un recuento de muertos, heridos y detenidos, de denuncias y de m√°s gente en las calles[149].  El Gobierno asegur√≥ que se trata de actos vand√°licos contra los cuales se debi√≥ ejercer la fuerza; los manifestantes, que son infiltrados en las protestas.

En ciudades como Cali, Jamund√≠ y Popay√°n, en el Valle del Cauca y Cauca, la violencia ha escalado. Los bloqueos en las carreteras que impiden el paso de medicamentos y alimentos han generado cr√≠ticas y desgaste de la protesta. Los empresarios ya sonaron las alarmas sobre los efectos econ√≥micos y el desempleo que est√°s acciones pod√≠an ocasionar[150]. Una encuesta de la Confederaci√≥n Colombiana de C√°maras de Comercio entre 12,979 empresarios indic√≥ que, el 90% cree que los puestos de trabajo que generan est√°n en riesgo por el paro nacional. Mientras contin√ļan las movilizaciones, el Gobierno y el Comit√© Nacional de Paro, que aglutina a las centrales obreras y sindicales, no se ponen de acuerdo. Para el Gobierno, una de las l√≠neas rojas para sentarse en una mesa de negociaci√≥n es que se levanten los bloqueos de carreteras. El Comit√© Nacional de Paro insiste en la figura de corredores humanitarios. ‚ÄúPara el Gobierno Nacional ese punto no es negociable‚ÄĚ, dijo Emilio Archila, delegado del gobierno para los di√°logos. Del otro lado, el Comit√© Nacional de Paro exige que el Ejecutivo condene abiertamente la brutalidad policial como requisito para avanzar en una negociaci√≥n[151].

En las √ļltimas semanas de junio, el gobierno y el principal frente de protestas en Colombia, completaron una nueva jornada de conversaciones, sin llegar a un acuerdo definitivo para apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos durante el mes de mayo, de manifestaciones contra el presidente Iv√°n Duque. ‚ÄúEl partido de gobierno est√° dedicado a bloquear, a impedir que se llegue a acuerdos (‚Ķ) y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones‚ÄĚ[152], reclama el Comit√© Nacional de Paro en un comunicado al t√©rmino de una nueva rueda de conversaciones.  El Comit√©, que no agrupa a todos los sectores que protestan contra el gobierno, anunci√≥ ‚Äúacercamientos para levantar‚ÄĚ los bloqueos viales que afectan especialmente al suroeste del pa√≠s. Pero, el consejero presidencial Emilio Archila contest√≥ que ‚Äúsin pedir imposibles, esos bloqueos deben desaparecer‚ÄĚ para avanzar en una eventual negociaci√≥n[153] que lleve a reducir el conflicto y las diferencias entre el gobierno y los distintos sectores sociales que est√°n protestando por cambios m√°s substanciales en el pa√≠s. Colombia sigue debati√©ndose entre democracias de fachada y protestas de problemas hist√≥rico-estructurales que vienen de su pasado colonial, y que como en otras partes de LAC, siguen aun sin aparente soluci√≥n de fondo.

A todo lo anterior hay que agregar, lo que parece un atentado con armas de alto calibre que sucedi√≥ a finales de la tercera semana de junio, el cual llevaba la intenci√≥n aparente de derribar el helic√≥ptero donde el presidente Duque y parte de su gabinete (los ministros del interior y la defensa y el gobernador del norte de Santander) iban a bordo[154], cuando se transportaban hacia la ciudad de C√ļcuta. El atentado ocurri√≥ cerca del aeropuerto de esa localidad. El mandatario expres√≥ que no iba a ‚Äúdesfallecer en su lucha contra el narcotr√°fico, el terrorismo y el crimen organizado‚ÄĚ. De acuerdo con los medios de comunicaci√≥n, en la zona conviven grupos guerrilleros, grupos paramilitares y grupos narcotraficantes.  El ataque provoc√≥ la reacci√≥n varios de los principales l√≠deres pol√≠ticos del pa√≠s y el pedido de organismos internacionales, como la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Human Rights Watch para las Am√©ricas, la Embajada de EUA en Bogot√°, entre otras, para que se realice una investigaci√≥n exhaustiva, profunda y amplia sobre lo sucedido.

Para finalizar, en la base militar de la ciudad de C√ļcuta ocurri√≥ semanas antes un atentado con coche bomba contra una brigada del ej√©rcito colombiano donde resultaron 36 soldados heridos. En esa base hay tambi√©n presencia militar estadounidense. Se culp√≥ inicialmente al ELN, pero el gobierno no descarta que haya sido otra ‚Äúorganizaci√≥n criminal‚ÄĚ detr√°s del atentado[155]. Al final, un bloque disidente de las FARC (el bloque Magdalena Medio), se atribuy√≥ este atentado a la base militar en C√ļcuta y los disparos al helic√≥ptero donde volaba Duque y algunos de sus ministros[156]. En definitiva, la violencia sigue, la bomba de tiempo sigue estallando, reventando unas veces m√°s, unas veces menos. Su onda expansiva sigue causando muertos, heridos, secuestrados y desplazados entre la poblaci√≥n colombiana; no se tiene ninguna certeza o convicci√≥n que la violencia baje, se reduzca o al menos pare temporalmente. Contin√ļa y sigue creciendo en intensidad, en amplitud y manteniendo su complejidad hist√≥rica-estructural en una democracia que parece ser formal y de fachada, como tantas otras en LAC. Solamente es una pr√°ctica, un ejercicio, un beneficio para muy pocos[157].

La ‚Äúindependencia‚ÄĚ nacional fue celebrada el 20 de julio reci√©n pasado -un acto formal, gesto vac√≠o, pues no hay ninguna independencia real-, el aniversario del bicentenario estuvo marcado por la continuaci√≥n de las protestas en varios puntos del pa√≠s[158]. Esa misma semana, el gobierno present√≥ un nuevo paquete de reformas fiscales, adem√°s de un proyecto de reforma policial. La reforma tributaria, seg√ļn el nuevo ministro de Hacienda, Jos√© Manuel Restrepo, busca recaudar alrededor de 15.2 billones de pesos al a√Īo (unos 3,900 millones de d√≥lares estadounidenses), pero ya fue cuestionado por diversos sectores pol√≠ticos, en el entendido que se trata al final de ‚Äúm√°s de lo mismo‚ÄĚ[159] y no resuelve a fondo una vez m√°s los problemas sociales y estructurales arrastrados por el pa√≠s. Mientras tanto, la administraci√≥n de Iv√°n Duque, con las manos totalmente manchadas de sangre, intenta conducir a Colombia hasta las nuevas elecciones del a√Īo 2022, donde de momento la derecha se ve desfavorecida ampliamente ante la izquierda, representada por el Senador Petro y otros pol√≠ticos; en tanto, el descontento social -siempre reprimido con violencia- no cesa con menor o mayor intensidad.

Si estas democracias formales, representativas, elegidas por voto de los electores cada cierto tiempo, no solucionan nada para las grandes mayor√≠as, ¬Ņhabr√° que pensar en otro tipo de democracias: democracias directas, poderes populares-comunitarios descentralizados. ¬ŅQuiz√°?  

– Marcelo Colussi es analista pol√≠tico e investigador social. 

РMario de León es Consultor, investigador, analista y ensayista internacional.

 


[5] Hay aparentemente una desinformaci√≥n al respecto como en la siguiente website: Win-Gallup International ubica al pa√≠s como el m√°s feliz del mundo; seg√ļn el estudio Happy Planet Index, Colombia est√° ubicada entre los 10 primeros pa√≠ses m√°s felices. Sin embargo, de acuerdo con The World Happiness Report de Naciones Unidas (2021), Colombia ocupa el puesto 52 en la felicidad sentida y expresada por sus habitantes. Disponible en: https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21.pdf

[12] A partir del 18 de abril, fecha del estallido social en Colombia, se han sucedido una serie de artículos, reportajes, videos, análisis críticos y series informativas en varios medios tradicionales, alternativos, cibernéticos e impresos al nivel nacional, regional, continental e internacional, sobre la situación en ese país. Acá utilizamos algunos de ellos mencionados arriba entre otros, en forma resumida como parte del análisis descriptivo referencial.

[31] Ver nota 31. Ibid.

[39] Toda esta situaci√≥n, ha hecho que el mismo presidente Iv√°n Duque vea aminorada su reputaci√≥n en Colombia, tal y como lo revel√≥ la √ļltima encuesta de Invamer Poll. De acuerdo con esta investigaci√≥n (2021), la desaprobaci√≥n al gobierno de Duque aument√≥ un 17 % en relaci√≥n con la encuestada realizada en febrero de este 2021. As√≠, seg√ļn los resultados de la encuestadora, para el mes de mayo el 76 % de los colombianos desaprobaron la gesti√≥n del presidente, especialmente en el marco de las manifestaciones del Paro. En febrero, el √≠ndice se ubic√≥ en un 59 %.

[45] Ver el artículo: La Reforma Tributaria de Colombia Incluye una Renta Básica (2021). Ibid.

[46] Ver el art√≠culo: ¬ŅQu√© est√° pasando en Colombia? Las Claves de un Conflicto que se Extiende por el Pa√≠s (2021). Ibid.

[59] Masacres en Colombia se Deben al Irrespeto del Gobierno a los Acuerdo de Paz (2020). Ibid.

[61] El Estado Colombiano Debe Abordar las Causas Estructurales de la Violencia (2018). Ibid.

[64] El Estado Colombiano Debe Abordar las Causas Estructurales de la Violencia (2018). Ibid.

[100] Protestas en Colombia, Estallido Social en Colombia: ¬ŅPor qu√© se han Disparado las Protestas contra el Gobierno de Iv√°n Duque? (2021). Ibid.

[112] Colombia: Una bomba de Tiempo (2021). Ibid.

[116] Por qu√© Hay Guerra en Colombia y por qu√© Ha Durado M√°s de 50 a√Īos (2016). Ibid.

[141] El Dilema de Colombia: Las Raíces Económicas del Hartazgo (2021). Ibid.

[149] Ibid. Y, Un Mes de Horror, Matanzas a Mansalva, Violaciones, Cuerpos Echados en los Ríos, y las Pu*** de los Medios Tapando los Crímenes… (2021). Ibid.

[150] Ver el video y contenido escrito: Duque Rechazó los Bloqueos de Manifestantes Durante Protestas en Colombia (Video) (2021). Disponible en: https://www.lapatilla. com/2021/05/07/duque-bloqueos-protestas-colombia/




Fuente: Alainet.org