November 20, 2021
De parte de Nodo50
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La jurisdicci贸n especial para la paz, JEP, respondi贸 el requerimiento presentado por los representantes defensores de los firmantes de paz qu茅 se encuentran bajo la jurisdicci贸n, frente a las medidas cautelares respecto de los excombatientes y sus familias, enmarcadas en la crisis evidente que evidencian los casi 300 asesinatos contra excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-ep.

La secretaria judicial de la secci贸n de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad Diana Mar铆a Vanegas, notific贸 el contenido del auto 067 del 11 de noviembre que profiri贸 la secci贸n de primera instancia de este tribunal de paz, el cual establece el tr谩mite de medidas cautelares colectivas con el fin de proteger los derechos fundamentales del grupo de mujeres y hombres comparecientes ante la justicia especial para la paz. Esta importante decisi贸n ordena al alto comisionado para la paz que en un plazo no mayor de 10 d铆as se convoque la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la pol铆tica, definido en el acuerdo final de paz, y que no ha sido habilitado por falta de voluntad pol铆tica del gobierno nacional. En este auto, de un alto tribunal del estado y por tanto representante del poder judicial, se emplaza al alto comisionado de paz para que en un t茅rmino espec铆fico de d铆as, que no puede ser m谩s de 2 meses, remita lineamientos y plan de acci贸n de la pol铆tica p煤blica y criminal con relaci贸n al desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra firmantes de paz y l铆deres. En ese sentido se deben definir medidas de protecci贸n reales y espec铆ficas, donde se gestionen los recursos econ贸micos y humanos para desarrollar el plan de seguridad en el menor tiempo y con est谩ndares de eficacia. Adem谩s la justicia especial para la paz le dirige una solicitud en connotaci贸n de orden a la unidad nacional de protecci贸n, para que garantice en coordinaci贸n con la mesa t茅cnica seguridad protecci贸n, la adopci贸n de este plan que debe ser dise帽ado inmediatamente, y que se garanticen los estudios de riesgo para establecer las recomendaciones de seguridad y protecci贸n de cada caso identificado de firmantes de paz que tengan situaciones complejas de seguridad en sus regiones.

La determinaci贸n judicial tambi茅n exige la gesti贸n administrativa Hacienda y Cr茅dito P煤blico, que posibilite los recursos necesarios para desarrollar lo que ha definido el auto del tribunal, donde debe haber garant铆as para el colectivo en reincorporaci贸n. Un elemento importante y nuevo es la articulaci贸n con el instituto de bienestar familiar para establecer medidas de protecci贸n de derechos a los hijos y a las parejas de ex combatientes que hayan sido afectados por los cr铆menes ejecutados contra esta poblaci贸n, d贸nde debe primar el derecho de las familias a la protecci贸n de su vida y la protecci贸n colectiva, como el derecho de la educaci贸n de los menores, derecho a la vida, vivienda digna y el acceso a proyectos productivos.

Este auto tambi茅n involucra a toda la institucionalidad que tiene relacionamiento con la poblaci贸n firmante de paz, es el caso de la agencia para la reincorporaci贸n y la normalizaci贸n ARN, qu茅 debe llevar adelante toda la pol铆tica p煤blica para brindar acompa帽amiento de las familias de personas en reincorporaci贸n como las acciones frente a la poblaci贸n fallecida, garantizando los seguros de vida y auxilios funerarios y todas las medidas de protecci贸n concernientes, para que las familias de los ex integrantes de las extintas FARC tengan protecci贸n integral.

Este pronunciamiento de la justicia especial para la paz es muy significativo, en medio de la terrible y dram谩tica situaci贸n que vive la poblaci贸n firmante de paz donde ya casi son 300 hombres y mujeres asesinados despu茅s de la firma del acuerdo, lo cual genera un impacto no solo en sus comunidades y colectivos sino en sus familias y donde el gobierno nacional no ha dispuesto los elementos establecidos en el acuerdo final de paz para brindar efectivas garant铆as reales de protecci贸n de la integridad y la vida de todo este colectivo. El auto de la justicia especial para la paz establece el reconocimiento al acuerdo final de paz en tanto la exigencia de qu茅 debe haber garant铆as de seguridad para los excombatientes y sus familias, lo cual obliga estado a ofrecer una pol铆tica de protecci贸n real concreta y contundente que no destruya los colectivos y los n煤cleos familiares de la poblaci贸n en reincorporaci贸n. En conclusi贸n, el gobierno colombiano debe, sin dilaciones cumplir las decisiones de la justicia e implementar el acuerdo final de paz.




Fuente: Prensarural.org