June 21, 2021
De parte de Nodo50
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Desde el 21 de noviembre de 2019, se inici贸 una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilizaci贸n hecha por el Comit茅 Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones ind铆genas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por m谩s de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concert贸, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociaci贸n que precedi贸 al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableci贸 unas mesas de di谩logo infructuosas por sus propias maniobras de dilaci贸n, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represi贸n fue cruenta y dej贸 muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres v铆ctimas de violencia sexual e intentos de desaparici贸n. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a ra铆z de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy dif铆ciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del pa铆s y, en particular, en las ciudades. As铆, se dio el llamado 鈥渕ovimiento de los trapos rojos鈥, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atenci贸n sobre su situaci贸n. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogot谩, la gente convoc贸 a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha 鈥搒eg煤n Indepaz, s贸lo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o m谩s personas en un mismo hecho; en Bogot谩, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal鈥; el asesinato de m谩s 900 l铆deres y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, adem谩s de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados despu茅s de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pac铆fico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educaci贸n. 

Hay una narrativa desmemoriada y ahist贸rica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales

Todo esto y mucho m谩s se sum贸 a las retr贸gradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupci贸n, de narcopol铆tica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helic贸pteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotaci贸n de la polic铆a.

En la actualidad, est谩n en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuradur铆a General de la Naci贸n, que va en contrav铆a de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrar谩n en mayo de 2022,  la ciudadan铆a expresa una baj铆sima confianza en la transparencia de la Registradur铆a Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una ret贸rica generacional de exaltaci贸n a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposici贸n, una narrativa desmemoriada y ahist贸rica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya m谩s de cinco siglos, al tiempo que echa le帽a al fuego para que las y los j贸venes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una pol铆tica racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilizaci贸n, en su gran mayor铆a cr铆menes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una pol铆tica estructural mis贸gina, homof贸bica, lesbof贸bica y transf贸bica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se present贸 en el Senado una moci贸n de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no sali贸 adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano hab铆a autorizado un bombardeo en 2020, que dej贸 un saldo de m谩s de diez ni帽os muertos. Antes, hab铆a asegurado que esos 鈥渘i帽os eran m谩quinas de guerra鈥. La realidad es que se trataba de ni帽as y ni帽os v铆ctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Parad贸jicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, instituci贸n encargada de las pol铆ticas de ni帽ez y adolescencia en el pa铆s.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, tambi茅n autoriz贸 un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que all铆 hab铆a ni帽as y ni帽os: el saldo, 18 ni帽os asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez m谩s desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva m谩s de 45 d铆as de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represi贸n y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogot谩, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la regi贸n y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el pa铆s.

Manifestaciones pac铆ficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pac铆ficas. En algunas ocasiones han acudido a v铆as de hecho como el corte de rutas, una acci贸n legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero tambi茅n ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogot谩, Pereira, Popay谩n y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectaci贸n a la infraestructura p煤blica y privada, por parte de agentes que, seg煤n se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por polic铆as vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos tambi茅n da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia com煤n cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represi贸n y comisi贸n de cr铆menes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detr谩s de esos actos estar铆an grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigaci贸n clara que confirme esa hip贸tesis. Desde all铆, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son v谩ndalos, representaci贸n que ha sido contrarrestada con sarcasmo e informaci贸n por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Seg煤n medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadan铆a apoya la continuidad de la movilizaci贸n social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto c贸mo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompa帽ados por la polic铆a, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas 鈥渘o letales鈥 que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarizaci贸n del conflicto social sin precedentes, pues im谩genes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados est谩n siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadan铆a documentando, mediante videos y audios, lo que est谩 sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco medi谩tico impuesto por unos medios de comunicaci贸n en su mayor铆a ama帽ados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz c贸mo ha sido el accionar paramilitar en nuestro pa铆s, durante d茅cadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP present贸 ante el gobierno, dadas las condiciones de salud p煤blica y pol铆ticas que vive el pa铆s, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP present贸, el 16 de mayo, otro pliego de garant铆as para poder instalar las mesas de negociaci贸n. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se lleg贸 a un preacuerdo que fue despu茅s rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de di谩logo

Dado que no existen garant铆as, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de di谩logo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garant铆as m铆nimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, despu茅s de la dilaci贸n en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este a帽o se cumplen dos a帽os de presentaci贸n del pliego de negociaci贸n de 104 puntos. El CNP adem谩s propone una campa帽a pedag贸gica y de comunicaci贸n en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social contin煤an en medio de un escalamiento de la represi贸n y de una degradaci贸n del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por v铆as de la militarizaci贸n del pa铆s y en una clara apuesta por desestabilizar a煤n m谩s la ya d茅bil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepci贸n de hecho, lo que, en t茅rminos pr谩cticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

La alcaldesa de Bogot谩 ha estigmatizado p煤blicamente las manifestaciones y ha hecho declaraciones xen贸fobas, en particular contra venezolanas y venezolanos

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los m谩s de 45 d铆as de paro: seg煤n la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial f铆sica, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificaci贸n, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la polic铆a,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los m谩s de 106 reportes de violencia de g茅nero contra personas LGBTI y mujeres a manos de la polic铆a, seg煤n cifras de la Defensor铆a del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistem谩tico de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluct煤a a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Adem谩s de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza p煤blica a las misiones m茅dicas, campa帽as de desprestigio contra la protesta, el CNP y pol铆ticos de la oposici贸n por parte del gobierno, as铆 como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en ingl茅s, pagada por la presidencia de Iv谩n Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogot谩, el segundo cargo pol铆tico m谩s importante del pa铆s, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garant铆as del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado p煤blicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto tambi茅n con declaraciones xen贸fobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropol铆ticas del gobierno nacional.

Por estos d铆as, luego de la dilaci贸n y reticencia por parte del gobierno nacional, se llev贸 a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campa帽a por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la polic铆a y la militarizaci贸n escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Adem谩s de la ca铆da o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros d铆as de movilizaci贸n, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunci贸 una reforma de la polic铆a, cuya 煤nica medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripci贸n de la polic铆a al sector defensa y asignaci贸n de la jurisdicci贸n penal militar de los casos de abuso sistem谩tico por parte de polic铆as y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participaci贸n que dan cuenta del talante de la ciudadan铆a y de la necesidad de resistir la represi贸n estatal: primeras l铆neas jur铆dicas, inform谩ticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical 鈥渆l paro suena鈥 y miles de corte art铆stico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simb贸lico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violaci贸n, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanaci贸n espiritual del territorio por parte de la Minga ind铆gena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompa帽adas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver c贸mo contin煤a la integraci贸n de agendas pol铆ticas y sociales de diversos sectores, as铆 como el liderazgo de la Minga ind铆gena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del pa铆s, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan 鈥渃ambiarlo todo鈥 para poder vivir, no s贸lo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Camila Esguerra Muelle es investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.




Fuente: Ctxt.es