January 19, 2022
De parte de Nodo50
220 puntos de vista


En menos de un mes, se aprob贸 el proyecto de ley de seguridad ciudadana de iniciativa gubernamental. Radicado en el Senado el 22 de noviembre y en la C谩mara al d铆a siguiente, fue debatido de manera conjunta por las comisiones primera de Senado y C谩mara, gracias al mensaje de urgencia del gobierno, quien convoc贸 a sesiones extraordinarias para discutirlo. El 20 de diciembre la C谩mara lo aprob贸 y al d铆a siguiente hizo lo propio el Senado. Por 煤ltimo, el 22 de diciembre se llev贸 a cabo la conciliaci贸n del mismo sin mayores discusiones, a pesar de que restringe los derechos y libertades fundamentales.

Un total de 22 art铆culos de los 68 del proyecto fueron conciliados sobre modificaciones al C贸digo Penal, a la Seguridad y Convivencia, a las normas de extinci贸n de dominio y regulaci贸n del porte de armas, incluyendo las de menor letalidad. Me referir茅 a algunos de ellos.

驴Cu谩les son los puntos cuestionados que generan debate?

Los 鈥渢raslados por protecci贸n鈥, arti虂culos 40 y 41. Aunque se exigen requisitos y garant铆as, la realidad puede ser otra, ya que en vez de restringir el uso de la figura, le otorga m谩s capacidades subjetivas a las autoridades para realizar el traslado sin que medie ning煤n tipo de conversaci贸n o negociaci贸n con la persona trasladada. La 鈥渄iscrecionalidad del polic铆a鈥 es amplia, por ejemplo, para determinar si alguien est谩 deambulando bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva o de alcohol, caso en el cual lo pueda llevar sin agotar los recursos previos. Es un 鈥渃heque en blanco鈥 que se presta a煤n m谩s para el abuso, la arbitrariedad y la violaci贸n de los derechos humanos, problema que ya se evidenci贸 claramente durante las protestas entre abril y julio de este a帽o.

El 鈥渁umento de penas en atentados contra la fuerza p煤blica鈥, arti虂culos 9, 11 y 19. En primer lugar, la experiencia y los estudios demuestran que no se disminuye la tasa de criminalidad, ni las acciones violentas o punibles, al establecer penas m谩s altas y menos beneficios para contrarrestar el delito. M谩s bien, el delincuente a lo que le teme es a la efectividad, es decir, a la verdadera posibilidad de ir a la c谩rcel. Segundo, se incrementan las penas cuando las agresiones o el homicidio sean en contra de un miembro de la fuerza publica, con lo cual se 鈥渟obreprotege a los policias鈥 al agravar los delitos en su contra, desestimando las denuncias por sus abusos, e incrementando desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes.

La 鈥渋nstigaci贸n a delinquir鈥, arti虂culo 15. 脡l que pu虂blica y directamente incite, financie o promueva a otro u otros a la comisio虂n de un determinado delito o ge虂nero de delitos, incluyendo los delitos de hurto calificado o agravado, da帽o en bien ajeno simple o agravado y otros, se har谩 merecedor a una pena de prisi贸n 4 a 6 a帽os. La interpretaci贸n de esta provisi贸n permite la subjetividad, con consecuencias negativas previsibles para el ejercicio del derecho a la libertad de expresi贸n.

El 鈥渆mpleo de m谩scaras鈥 o elementos similares, arti虂culos 16 y 7. Las penas para la instigaci贸n a delinquir se aumentan de la mitad a las dos terceras si la conducta se realiza cuando se emplean m谩scaras o similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten. 驴Y los tapabocas para el COVID, qu茅?

La 鈥渋ntimidaci贸n con diferentes tipos de armas鈥, arti虂culos 1, 7, 10, 16, 17, 18, 21, 25 y 26. Quienes intimiden o amenacen, no s贸lo con arma de fuego que ya est谩 regulado, pero con armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas; y 鈥渁rma blanca鈥 incurrir谩n en prisi贸n de 4 a 6 a帽os, siempre que la conducta no est茅 sancionada con una pena mayor. Uno puede estar de acuerdo con que es mejor no tirar piedras sin pensar que quien lo hace merece estar encarcelado por varios a帽os.

La 鈥渋nvasi贸n de tierras鈥, arti虂culos 12, 22 y 23. Se aumentan las penas en varias circunstancias, entre ellas cuando alguien invada un terreno o una edificaci贸n ajena para obtener un provecho il铆cito para s铆 o para otro. Y si uno busca escapar de violencia cruzando propiedad privada, 驴qu茅 pasa?

La 鈥減ropiedad privada鈥 y defensa de los ciudadanos ante los ataques violentos, arti虂culos 3, 23, 50 y 60. Hay ausencia de la responsabilidad penal en ciertas situaciones, como cuando haya necesidad de 鈥渄efender un derecho propio o ajeno contra injusta agresi贸n鈥. Es decir, defender el lugar de residencia o el carro cuando otra persona los invada de manera violenta. Esto f谩cilmente se transforma en justificaci贸n para acciones dudosas de quienes afirman estar en peligro.

La 鈥渓eg铆tima defensa privilegiada鈥, arti虂culo 3 y 22. No habra虂 lugar a responsabilidad penal cuando actu虂e con el consentimiento va虂lidamente emitido por parte del titular del bien juri虂dico, en los casos en que se puede disponer del mismo. Se ampli贸 el tipo penal al presumir que hubo leg铆tima defensa cuando alguien repele con violencia a quien invade su habitaci贸n o dependencias inmediatas y que ahora se aplicar谩 en otros casos, como veh铆culos ocupados. Esto estimula la violencia privada contra manifestantes. Junto con las anteriores provisiones, abre la puerta a煤n m谩s a las acciones tipo 鈥渁uto-defensa鈥 en la que Colombia tiene mucha experiencia muy dolorosa, con las cooperativas de seguridad privada, CONVIVIR, las autodendensas y el paramilitarismo que vimos en las marchas.

Las 鈥渃omunidades ind铆genas鈥, arti虂culo 4. En los casos donde hay reincidencia en delitos que son amparados por la justicia ind铆gena, la figura de inimputabilidad queda a un lado porque las nuevas acciones no se entender谩n amparadas conforme con las causales de ausencia de responsabilidad. Sugiere que se busca socavar el derecho ind铆gena.

En conclusi贸n se ampli贸 el cat谩logo de delitos y se aumentaron las penas sin desarrollar las contravenciones. En particular, tipificar como delito 鈥渆l porte de arma blanca鈥 implica inhabilidades de por vida a la persona, como el derecho a ser elegidos para cargos de elecci贸n popular.

Se aprob贸 esta legislaci贸n a pesar de los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, elaborado por el ex Defensor del Pueblo Carlos Negret sobre las violencias en Bogot谩 el 9 y 10 de septiembre de 2020, y el de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el paro nacional iniciado el 28 de abril de este a帽o. Ambos coinciden con lo se帽alado por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos en su informe de julio de este a帽o sobre el paro nacional.

Los tres informes plantean propuestas para garantizar la protesta, armonizar su ejercicio con los derechos de terceros y evitar esos abusos policiales, que son inaceptables en un Estado de derecho y deslegitiman a la propia instituci贸n policial. En vez de aprovechar esas recomendaciones, el Gobierno Duque present贸 y logr贸 hacer aprobar, en menos de un mes y sin debate democr谩tico, una desastrosa ley de seguridad ciudadana que amplia las conductas penales y aumenta las penas, despreciando las contravenciones. Se hizo despu茅s de no haber actuado de forma seria ni con urgencia para responder a las condiciones sociales que provocaron las protestas. Se trata de una respuesta puramente represiva con camuflaje de ley. 隆Qu茅 verg眉enza!




Fuente: Prensarural.org