December 15, 2020
De parte de La Haine
105 puntos de vista

Promover la sustituci贸n de cultivos de uso il铆cito y el desarrollo rural en el Bajo Cauca antioque帽o se convirti贸 en una sentencia de muerte. Los dirigentes de Juntas de Acci贸n Comunal y de organizaciones campesinas son el blanco en medio de una prolongada guerra entre grupos sucesores del paramilitarismo.

Los habitantes de los municipios de C谩ceres, Caucasia, El Bagre, Nech铆, Taraz谩 y Zaragoza, que conforman esa regi贸n antioque帽a que limita con el sur del departamento de C贸rdoba y el sur de Bol铆var, vieron en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc la posibilidad de que se saldaran las deudas hist贸ricas que padecen en materia de desarrollo y de derechos humanos.

Por esa raz贸n le apostaron sin vacilaciones a la implementaci贸n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al Plan Nacional Integral de Sustituci贸n (PNIS) pactados en La Habana, Cuba. Sin embargo, cuatro a帽os despu茅s de firmarse el pacto que le puso fin a una guerra que desangr贸 al pa铆s por m谩s de 50 a帽os, los resultados no son los deseados y, por si fuera poco, se desat贸 una ola de violencia contra quienes se atrevieron a impulsar las pol铆ticas del denominado posconflicto.

De ese modo se entiende que la mayor铆a de l铆deres sociales asesinados en esa regi贸n entre 2016 y 2019, que oscilan entre 26 y 46, seg煤n la fuente que se consulte, pertenezcan a los sectores comunales y campesinos.

La mayor cantidad de asesinatos se concentra en los municipios de Taraz谩 y C谩ceres, que son los 煤nicos municipios en donde inici贸 el proceso voluntario de sustituci贸n de cultivos de coca en aplicaci贸n del PNIS.

Un dirigente social de la regi贸n, que habl贸 con este portal a cambio de que no se mencionara su nombre ni el de la organizaci贸n a la que pertenece, no duda en se帽alar que apostarle a esa pol铆tica los puso en la mira de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de 鈥楲os Caparrapos鈥 a partir de 2017.

鈥淓l 80 por ciento de los asesinatos de l铆deres sociales en Taraz谩, C谩ceres y Caucasia est谩 relacionado con el PNIS鈥, explica un investigador del Instituto Popular de Capacitaci贸n (IPC), que durante a帽os ha documentado en terreno la situaci贸n del Bajo Cauca, quien tambi茅n pidi贸 mantener en reserva su identidad.

El perfil de esos l铆deres es muy caracter铆stico: representa a una base de cultivadores coca organizada, que articula procesos comunitarios con la Asociaci贸n de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); y la Asociaci贸n Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Algunos tambi茅n hacen parte el Movimiento Pol铆tico y Social Marcha Patri贸tica.

Para el investigador del IPC, con la dejaci贸n de armas de las Farc y la implementaci贸n del PNIS, los campesinos quedaron entre la espada y la pared por los incumplimientos del gobierno nacional y el accionar de nuevos grupos armados que se oponen a perder esa fuente de lucro. 鈥淎h铆 es donde creemos que est谩 el principal detonante de la violencia para municipios como Taraz谩 y C谩ceres. 驴Por qu茅 raz贸n? Porque la zona PNIS es la m谩s afectada por el homicidio de l铆deres sociales鈥, sostiene.

Y prosigue: 鈥淟os grupos armados de la regi贸n les empiezan a hacer campa帽as de desprestigio social; acomod谩ndoles que los incumplimientos del gobierno se deben a la inocencia y debilidad de estos l铆deres. Otros grupos, como 鈥楲os Caparrapos鈥, les han pedido las bases de datos de las personas que reciben los subsidios del PNIS para extorsionarlos y les han exigido que recojan la extorsi贸n de toda la vereda. Eso les ha generado que los estigmaticen y los se帽alen como parte del grupo armado鈥.

Dicha situaci贸n fue denunciada por la Coccam en septiembre de 2018, cuando alert贸 que 鈥楲os Caparrapos鈥 le estaban cobrando 200 mil pesos del subsidio bimensual de dos millones de pesos que recibieron quienes erradicaron sus matas de coca. De acuerdo con las cifras oficiales de la 茅poca, en C谩ceres estaban registradas 1.600 familias y en Taraz谩 2.800; por lo tanto, ese grupo que surgi贸 tras la desmovilizaci贸n del Bloque Central Bol铆var de las Auc, se habr铆a apoderado de por lo menos 880 millones de pesos provenientes del proceso de paz. (Leer m谩s en: Frontera entre Antioquia y C贸rdoba, una l铆nea borrada por la guerra)

O铆dos sordos

Pero no s贸lo las organizaciones que trabajan en la regi贸n advirtieron sobre los riesgos que trajo consigo la sustituci贸n de la coca. En cuatro de los cinco informes que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensor铆a del Pueblo emiti贸 entre 2016 y 2019, se encendieron las alarmas al respecto.

La primera fue la Alerta Temprana 009-18, del 22 de enero de 2018, para el municipio de C谩ceres, advirtiendo que los intereses de los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia en la regi贸n, ponen 鈥渆n riesgo a campesinos y en especial a l铆deres que promueven la sustituci贸n voluntaria de cultivos il铆citos en el marco de la implementaci贸n de los Acuerdos de Paz, ya que esta actividad podr铆a ser contraria a los intereses econ贸micos de estas estructuras armadas鈥.

Dos meses despu茅s expidi贸 la Alerta Temprana 028-18 dedicada a Taraz谩, ya no advirtiendo riesgos, sino lamentando el asesinato de dos promotores de la sustituci贸n de cultivos de uso il铆cito. En ese documento tambi茅n se recogieron los se帽alamientos que los grupos armados hicieron contra los promotores del PNIS, a quienes acusaron de los incumplimientos en su ejecuci贸n.

Y record贸 que 鈥渆l d铆a 15 de febrero de 2018, varios l铆deres de la COCCAM expresaron su preocupaci贸n en materia de seguridad, ya que los campesinos cultivadores de la hoja de coca est谩n presionados por los grupos armados ilegales, los cuales les impiden sustituir cultivos, se oponen a la erradicaci贸n forzada con acompa帽amiento de la Fuerza P煤blica y se帽alan el incumplimiento del Gobierno Nacional en el cronograma de pagos acordados por la sustituci贸n voluntaria鈥.

Asimismo, la Defensor铆a del Pueblo advirti贸 que los integrantes de Coccam, Asocbac, Anzorc, Asocomunal y Marcha Patri贸tica, se encontraban en un mayor nivel de riesgo. Y no s贸lo ellos, pues los funcionarios del gobierno nacional y de la Alcald铆a de Taraz谩 que adelantaban gestiones de registro del PNIS, fueron expulsados del corregimiento El Doce por parte de grupos armados ilegales.

El 4 de abril, en su Alerta 031-18, el SAT volvi贸 a lamentar el asesinato otro l铆der comunitario que promov铆a la sustituci贸n de cultivos de coca: el 25 de marzo fue asesinado V铆ctor Alfonso Zabala Oviedo, presidente de la Junta de Acci贸n Comunal de la vereda El Rizo. Hombres armados con fusiles lo sacaron por la fuerza de su casa y posteriormente su cuerpo apareci贸 con varios impactos de bala.

El 17 de abril de 2019 fue emitida una nueva Alerta Temprana para Taraz谩, la 020-19. En esta ocasi贸n el SAT advirti贸 la situaci贸n de familias cocaleras del corregimiento de La Caucana vinculadas al PNIS que fueron v铆ctimas de desplazamiento forzado. Adem谩s, lament贸 que durante 2018 鈥渇ueron asesinados cinco dignatarios de Juntas de Acci贸n Comunal, promotores de este programa en el territorio, situaci贸n que produjo varias situaciones de desplazamiento鈥.

Al cruzar las advertencias que emiti贸 la Defensor铆a del Pueblo con los posteriores asesinatos de l铆deres sociales en el Bajo Cauca, se concluye que, debe haberse tomado los correctivos necesarios, se hubiera podido salvar la vida 22 de 25 de ellos.

Este portal consult贸 a la Fiscal铆a General de la Naci贸n por los avances en materia de judicializaci贸n de esos asesinatos y refiri贸 que en cinco se logr贸 sentencia condenatoria. La mayor铆a est谩n en fases iniciales de investigaci贸n o no se refiri贸 respuesta.

En este rinc贸n de Antioquia la aplicaci贸n de pol铆ticas y programas acordados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para cerrar las brechas del campo se ha dado en medio de fuertes disputas entre grupos armados ilegales. Su principal protagonista es la confrontaci贸n que desde hace a帽os libran antiguos aliados de grupos sucesores del paramilitarismo. (Leer m谩s en: La guerra 鈥榝ratricida鈥 que tiene en vilo a una regi贸n)

Daniel Pardo, investigador de la Fundaci贸n Ideas para la Paz y autor del informe 驴En qu茅 va la implementaci贸n del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y Nordeste antioque帽o?, plantea que despu茅s de la desmovilizaci贸n de las Farc, 鈥渆l Estado no logr贸 copar de manera efectiva y oportuna esos vac铆os de regulaci贸n; fueron llenados por los actores armados preexistentes y unos emergentes. En el Bajo Cauca est谩n el Clan del Golfo, Los Caparrapos, el Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc鈥.

En materia de desarrollo rural, esa investigaci贸n, realizada en medio del proyecto del Capitolio al Territorio, rese帽a que se han realizado 72 obras de peque帽a infraestructura: 55 de ellas son de infraestructura social o comunitaria, ocho son para el mejoramiento de servicios p煤blicos, y nueve son de infraestructura vial.

De ese modo, resalta que 鈥渟e han generado expectativas entre la poblaci贸n debido al car谩cter participativo que tuvo la elaboraci贸n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), as铆 como por la ejecuci贸n de algunos proyectos y la presencia institucional que lleg贸 al territorio鈥.

Por otro lado, las comunidades lamentan los incumplimientos y cambios de reglas de juego en el PNIS. Si bien arranc贸 en Taraz谩 y C谩ceres, habitantes de la regi贸n cuestionan la lentitud en su ejecuci贸n. (Leer m谩s en: Las necesidades apremiantes de la Antioquia del posconflicto)

鈥淵a llevamos tres a帽os y no se ha avanzado con todos. Faltan pocas familias para que se les termine de pagar los subsidios bimensuales que se dar铆an en el primer a帽o de ejecuci贸n del Programa. Supuestamente, se dio asistencia t茅cnica a 1.600 familias y se va a empezar a 791; en proyectos de ciclo largo hay uno con Fedecacao para 262 familias. Hasta ah铆 va, despu茅s de tres a帽os. Algunos est谩n desmoralizados y otros resembrando porque no tienen con qu茅 sobrevivir鈥, cuenta el l铆der local que pidi贸 la reserva de su identidad.

Tambi茅n lamenta que por la contingencia ambiental producida por las fallas en la construcci贸n de la central hidroel茅ctrica de Hidroituango, que comenz贸 el 28 de abril de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendiera el trabajo de campo en El Bagre, Ituango, Nech铆 y Valdivia; y que su sucesor, Iv谩n Duque (2018-2022), no le diera continuidad alegando que s贸lo cumplir铆a los convenios que estaban formalizados (Taraz谩 y C谩ceres) y que recibi贸 desfinanciado al PNIS.

Adem谩s, cuestiona el retraso de los PDET, pues su puesta en marcha se ten铆a que dar a la par con el PNIS para que los campesinos contaran con v铆as y puntos de acopios para comercializar los productos de sus proyectos productivos.

V铆as de comunicaci贸n en mal estado. Puerto L贸pez, El Bagre. Foto Bibiana Ram铆rez

Otro investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, quien tambi茅n pidi贸 no difundir su identidad por razones de seguridad, destaca que los campesinos del Bajo Cauca le apostaron al PNIS porque es el 煤nico proyecto de desarrollo alternativo que ha arribado a esa regi贸n.

鈥淓n un territorio donde el Estado no est谩 y se lo entrega a grupos particulares, lo 煤nico que queda en esas veredas son los presidentes de las Juntas de Acci贸n Comunal. El asesinato de estos l铆deres muchas veces es una afectaci贸n directa contra lo 煤nico que queda organizativamente en t茅rminos sociales y estatales en esos territorios鈥, lamenta.

Y alerta que si bien los asesinatos se han concentrado en Taraz谩 y C谩ceres porque es donde opera a marchas forzadas el PNIS, en Zaragoza, Nech铆 y El Bagre existe un fuerte control territorial por parte de los grupos armados ilegales, que han impuesto su 鈥楲ey del Silencio鈥.

鈥淪i bien no hay tantos muertos, pasan muchas cosas todos los d铆as. Suceden cosas que no salen a la luz p煤blica porque hay formas de terror que se han instalado muy bien y como protocolo de autocuidado las comunidades no las evidencian鈥, refiere el investigador del IPC.

Como ejemplo pone de presente la situaci贸n de El Bagre: 鈥淪e han dado enfrentamientos en el casco urbano con el Ej茅rcito. En los otros municipios suceden cosas y que los l铆deres no se vean tan afectados en t茅rminos de homicidios, no es un buen indicador, porque hay amenazas, desplazamientos y confinamientos鈥.

Mientas contin煤a la guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y 鈥楲os Caparrapos鈥, los habitantes del Bajo Cauca antioque帽o esperan que se les garanticen condiciones de seguridad, se acaten las recomendaciones de la Defensor铆a del Pueblo y se cumplan los pactos firmados en materia de sustituci贸n de cultivos de coca y reforma rural.

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Nota del editor: este portal contact贸 a la Alta Consejer铆a para la Estabilizaci贸n, encargada de la implementaci贸n del PNIS y de los PDET, para conocer los avances sus resultados, pero hasta el momento no recibi贸 respuesta alguna. Estamos prestos a publicarlas cuando las suministren.
Verdad Abierta




Fuente: Lahaine.org