COLOMBIA: necropolítica y militarización del Estado

June 1, 2021 –
De parte de Arrezafe

87 puntos de vista

La inmoralidad del Estado
colombiano

Marcos Roitman
Rosenmann – LA
HAINE.org – 01/06/2021

El narcorégimen de
Colombia se entrega por completo a la estrategia contrainsurgente
diseñada por EEUU para la región

Mientras asesinan a
dirigentes sindicales, defensores de los DDHH, líderes campesinos y
de pueblos originarios, el Estado colombiano se entrega por completo
a la estrategia contrainsurgente diseñada por EEUU para la región.

No hay tregua. Ni los
acuerdos de paz han sido respetados ni las comisiones de seguimientos
han podido desarrollar su labor. Las amenazas y la impunidad con la
cual actúan los grupos paramilitares, amén de la violencia
implementada por las fuerzas armadas y la policía, han dejado un
reguero de muerte. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz), tan sólo en 2021 han sido asesinados 66
líderes sociales, defensores de los DDHH y firmantes del acuerdo de
paz. Y en el marco del Paro Nacional, desde el 28 de abril al 23 de
mayo, se cuentan 61 víctimas mortales. Según la misma institución,
se han perpetrado 40 masacres con 149 víctimas entre niños, hombres
y mujeres. El objetivo: desarticular, descabezar los movimientos
sociales y las organizaciones populares.

Bajo el manto de la
seguridad democrática, se niegan derechos políticos, suspenden las
garantías del habeas corpus y se generalizan las detenciones
ilegales. Los falsos positivos, aquello que se suponía formaba parte
del pasado, emerge con mayor intensidad. No es únicamente Iván
Duque o su mentor Álvaro Uribe quienes definen las estrategias y
apoyan las acciones genocidas. Ellos son hombres de paja, sus
decisiones no les pertenecen. Colombia ha renunciado a ejercer la
soberanía sobre su territorio, sea en los aspectos de seguridad,
justicia o relaciones internacionales. Las líneas maestras las
diseña el Pentágono, la Casa Blanca, las trasnacionales, las
agencias de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la
Central de Inteligencia (CIA) el embajador de EEUU y el lobby
armamentista.

En las recientes dos
décadas, 107 mil 573 militares colombianos han sido entrenados en
territorio estadunidense. Sus fuerzas armadas hablan el lenguaje de
la muerte y la guerra sucia.

Dependientes tecnológica
e ideológicamente del imperialismo del país del norte, juegan,
además, un rol activo en la política desestabilizadora en
Venezuela. Baste recordar el fiasco del llamado concierto Venezuela
aid live, celebrado en febrero de 2019, con el fin de apoyar el paso
de camiones con supuesta ayuda humanitaria desde Cúcuta, bajo la
mirada del grupo de Lima, la presencia de Juan Guaidó, los
presidentes de Chile, Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Abdó e
Iván Duque, que cumplía las órdenes de Elliot Abrams y Mike
Pompeo.

En este panorama, el
presidente de turno se ve relegado a ser una figura de segundo orden.
Su rol se reduce a impedir que tenga éxito cualquier proceso
democrático y participativo que altere su papel como gendarme en la
región. Washington tiene en Colombia su colonia más preciada.
Aunque formalmente no existen instalaciones militares de su
propiedad, la presencia de contratistas y enclaves con personal
estadunidense se realiza mediante la utilización de bases aéreas:
Palanquero, Apiay y Malambo, los fuertes Tres Esquinas y Tolemaica,
entre otras y las navales de Cartagena y Bahía Málaga, todo, eso
sí, bajo un acuerdo de cooperación etiquetado como lucha contra los
cárteles de la droga y el narcotráfico.

En Colombia, no hablamos
de militarismo, sino de necropolítica y militarización del Estado.
Las fuerzas armadas han incrementado sus tropas 100 por ciento en lo
que va de siglo XXI, situándose por encima de los 480 mil efectivos,
con un gasto militar equivalente a 16 por ciento del total del
presupuesto, sólo por detrás de EEUU para todo el continente.

Asimismo, en 2020 la
ayuda militar de Washington alcanzó la cifra de 244,4 millones de
dólares. Colombia se ha convertido en un país en el que la
represión se ejerce bajo la fórmula de violencia extrema, siendo el
terrorismo de Estado la manera que tiene el poder para frenar los
movimientos populares, y las luchas democráticas. Nunca en América
Latina hubo un Estado sin control judicial ni límites políticos
para acometer la represión de sus clases populares, la juventud, los
pueblos originarios, si no fuese bajo la fórmula de un golpe de
Estado. Pero Colombia realiza dicho genocidio amparándose en una
fachada democrática.

En Brasil, Chile,
Argentina, Uruguay o Paraguay, las políticas de exterminio y el
asesinato político se llevaron a cabo bajo la doctrina de la
seguridad nacional, con dictaduras y al margen del estado de derecho.
En el punto más álgido de la guerra fría, lograron una
coordinación regional gracias al apoyo del entonces secretario de
Estado estadounidense, Henry Kissinger. Así se gestó la Operación
cóndor.

Sus acciones, detención
ilegal, tortura y la desaparición forzada se llevaron a cabo de
forma clandestina. Pero en Colombia no hace falta una dictadura
formal, lo es de hecho. Bajo una Constitución dizque democrática se
avalan, permiten, defienden y fomentan el asesinato político,
criminalizando la protesta social, negando a su pueblo el derecho de
vivir en paz.

La tragedia de ver cómo
en Colombia su juventud, sus mejores hijos e hijas son acribillados,
torturados y violadas, deja al descubierto el desprecio por la vida
de los otros, los valores democráticos y la indignidad de una élite
que ha decidido vender su país a cambio de unas migajas.

Sólo merecen el
desprecio. La dignidad está donde siempre: en la gente de los
pueblos y ciudades de Colombia que salen a las calles y luchan por
recuperar su independencia y soberanía, secuestradas por una
plutocracia al servicio de fuerzas extranjeras.