Colombia: Que paren los montajes judiciales y la estigmatización contra el movimiento popular

December 24, 2021 –
De parte de Nodo50

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El 09 de diciembre de este año, varios jóvenes, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos de Bugalagrande y Andalucía Valle, fueron re-capturados/as en cumplimiento de la orden emitida por el Juez 2 penal del circuito de Tuluá, quien ordenó en segunda instancia capturar e imponer medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía 58 seccional de Tuluá.

La solicitud de medida de aseguramiento había sido estudiada de fondo en audiencias preliminares llevadas a cabo entre el 31 de julio y el 6 de agosto del año en curso; la detención en centro carcelario fue negada por la Juez de primera instancia, en razón a graves irregularidades e inconsistencias probadas por la defensa, que ponen en serias dudas la legalidad de la investigación adelantada por el ente fiscal y la inferencia razonable de autoría o participación de los/as imputadas en los hechos objeto del proceso.

Así, la detención masiva que se ejecutó el día 9 de diciembre causó desconcierto y rechazo generalizado en familiares y comunidad, no sólo por el impacto que trae consigo la privación de la libertad, sino porque la decisión de alzada es considerada arbitraria e injusta pues no analiza de fondo los argumentos expuestos en primera instancia.

Posterior a la audiencia de legalización de captura, los medios de comunicación, el congresista del Centro Democrático Cristian Garcés, y el Fiscal Francisco Barbosa anuncian una amenaza escrita en contra de la fiscal Diana Rojas, fiscal encargada de la investigación que adelanta la fiscalía 58 seccional de Tulúa. La amenaza usa un lenguaje que deja traslucir la intencionalidad de degradar, deslegitimar y estigmatizar las denuncias que se vienen realizando desde el Movimiento Popular por el montaje judicial y el acto de castigo y persecución que está desplegando el Estado contra la población de Bugalagrande y Andalucía que expresó su inconformidad en las calles a partir del 28 de abril de 2021, toda vez que hace un uso confuso y amañado del lenguaje utilizado en los comunicados de denuncia pública adelantados en el caso.

Sin duda alguna, esta amenaza busca confundir a la opinión pública y trasladar una sensación de peligrosidad a las personas judicializadas, así como a quienes seguimos y seguiremos defendiendo el derecho a protestar, disentir y reclamar condiciones de vida y existencia digna para las grandes mayorías excluidas de este país y el mundo, pronunciándonos sobre las ilegalidades al interior de procesos judiciales que se adelantan en contra del movimiento popular, líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.

El hecho constituye una muestra más del interés por crear una alteridad negativa alrededor de quienes están siendo injustamente reprimidos/as (a través de la judicialización y la cárcel), presentándolos como “enemigos” de la sociedad para que su propia comunidad les aísle y segregue. Dicho de otra forma, el propósito del pasquín es generar terror y minar la solidaridad y la lucha por la libertad de los/as detenidos/as del caso. Adicionalmente, esta amenaza pone en alto riesgo la seguridad de las personas encarceladas, quienes tendrán que enfrentar el rigor de la privación de la libertad en escenarios hostiles y violentos como las cárceles colombianas. Así que hacemos responsables al Estado por la incertidumbre y riesgo adicional que se les impone con este nuevo acto represivo en su contra.

Desde las Organizaciones populares de Colombia y el mundo, seguiremos denunciando la criminalización de la protesta social y la arbitrariedad, ilegalidad y desproporcionalidad del proceso penal que hoy cursa contra jóvenes, dirigentes populares y sindicales de Bugalagrande y Andalucía (Valle del Cauca). Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso por acompañar a las y los detenidos y sus familias.

Ante la injusticia responderemos con solidaridad

Solicitamos, a la fiscalía general de la nación, se aclaren los hechos amenazantes en contra de los y las intervinientes en el proceso señalado, se brinden garantías a familiares, detenidos y detenidas, que han sido víctimas de persecución, hostigamiento, y amenazas producto de su vinculación a los hechos materia de investigación. Toda vez que el RIESGO es inminente para todas las partes vinculadas al proceso.

A los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, y demás garantes, continuar el seguimiento a las violaciones de derechos humanos en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia, entre estas las que devienen de los procesos judiciales que se adelantan con faltas graves, a la Ley, a la Constitución y a los Tratados internacionales ratificados por Colombia.

Firman:

Asociación de Solidaridad con Colombia, KATIO

CC.OO. (Secretaría Confederal de Internacional y Cooperación)

CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África)

Colectivo de colombianos as Refugiados en Asturias

Colectivo Sur-Cacarica

Comisión Ética Internacional de la Verdad (CEIV) – Madrid

Entreiguales Valencia, España

Intersindical Valenciana

Reds – Red de solidaridad para la transformación social

SOLdePAZ Pachakuti

Rete Italia Colombiavive

Comitato Piazza Carlo Giuliani ODV

Equipo Jurídico Pueblos

Asociación NOMADESC

Universidad Intercultural de los pueblos, UIP

Mujeres y hombres de Triana

Sindicato Nacional de Trabajadores/as del Sistema Agroalimentario

Campaña Objetivo Libertad

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Colectivo Semillas memoria y dignidad

Campaña nacional contra la brutalidad policial

Proceso de comunidades Negras – PCN

Fundación GuaGua

Fundación Aribí

CONPAZCOL (Asociación comunidades construyendo paz en Colombia)

Comité Paro Cívico Buenaventura

Asoagros CNA

Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo, CEPA

Plataforma Aguante Popular, Sembrando Resistencia

Colectivo de Investigación Comuna Quilombo

Fundación de Derechos Humanos PASOS

Proceso Popular Quinua

Congreso de los Pueblos

Organización política Redsurgiendo

Organización popular La Comuna

Campaña Malegría y Libertad

Sindicato Mixto de Trabajadores/as de las Universidades Públicas Nacionales, Sintraunal, Junta Directiva Nacional y Subdirectiva Bogotá

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sintralimenticia”

Sindicato nacional de trabajadores de carga y pasajeros, SINTRACAP

Unión sindical de trabajadores del transporte en Colombia USTTC

Asociación Antonio Nariño Colectivo de derechos humanos Bugalagrande Valle del Cauca

Asociación Colectivo Regional para la Promoción Humana y Social CORPHUS

Colectivo Raices

Instituto Nacional Sindical – CEDINS

Centro de Estudios Laborales Económicos y Sociales CELES

Central Unitaria de Trabajadores CUT departamento de derechos humanos

Central Unitaria de Trabajadores CUT Subdirectiva Norte de Santander

Sintraelecol Subdirectiva Cúcuta

ASINORT

ANTHOC Cúcuta

SINTRACOPRODIS

SINTRAESPERANZA

SINTRAGASOLINA

Asociación de Madres del Catatumbo por la paz

Comité Ambientalista

Asociación de víctimas sueños de Libertad

ASPROTIC

SINTRASERVIASEO

SINTRAINCOMEP

Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del Caquetá: ANUC Caquetá

Sindesena Subdirectiva Caquetá

Sumncol Directiva Nacional y subdirectiva Caquetá

Polo Democrático Antioquia

SINTRAEMSDES

SINTRACOMERCIAL

ASOTRAGRUPAL

ASOTRALIMENTICIA

Núcleo PCOA Colombia.

PCOA Sur América

Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Mantenimiento en las Obras Públicas de los municipios de Santander, “Sintra Obras “

Sindicato de Profesionales de la Educación en Colombia-SIPRECOL

Grupo de investigación Estado y usos sociales de la ilegalidad, E-Ilusos – Universidad Nacional de Colombia

Semillero de Investigación sobre Practicas Sociales Genocidas Carmenza Landazábal– Universidad Industrial de Santander

Grupo de Investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social – Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica Nacional

Fuente: Prensarural.org