December 30, 2020
De parte de Asociacion Germinal
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Una nueva masacre perpetrada en Quebrada Honda, Colombia, el d铆a despu茅s de Navidad dejaba el sangriento resultado de cinco personas asesinadas pertenecientes a una misma familia, la de la joven Rosa Amalia Mendoza, de 25 a帽os, fundadora de la asociaci贸n de vivienda agraria local ASOVISBOL y excombatiente de las FARC en proceso de reincorporaci贸n a la vida civil. Junto a ella fue asesinada su hija, que contaba pocos meses meses de vida.Horas m谩s tarde era encontrado el cad谩ver de Manuel Alfonso Villegas en el municipio de Miranda, tambi茅n excombatiente y dedicado desde el abandono de las armas al apoyo de las comunidades campesinas. Con ellos asciende a 249 la cifra de firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes de las Farc en proceso de reincorporaci贸n, que han sido asesinados en el pa铆s desde el desarme de la guerrilla en 2016. Seg煤n los datos que maneja el Indepaz (Instituto para la paz en Colombia) son un total de 1.091 personas las que fueron asesinadas en Colombia por haber realizado labores de defensa de los derechos humanos y desarrollar acciones por el bien com煤n en su territorio desde finales de 2016.

Imagen difundida por la cuenta del partido Farc de Rosa Mendoza, fundadora de la Asociaci贸n de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bol铆var (Asovisbol), asesinada junto a su hija beb茅, y de Manuel Alonso, dedicado a la formaci贸n en los Espacios Territoriales de Capacitaci贸n y Reincorporaci贸n (ETCR) en Miranda, asesinado el d铆a despu茅s.
 Imagen difundida por la cuenta del partido Farc de Rosa Mendoza, fundadora de la Asociaci贸n de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bol铆var (Asovisbol), asesinada junto a su hija beb茅, y de Manuel Alonso, dedicado a la formaci贸n en los Espacios Territoriales de Capacitaci贸n y Reincorporaci贸n (ETCR) en Miranda, asesinado el d铆a despu茅s.

Art铆culo original de El Com煤n

Se trata por tanto de un verdadero genocidio silenciado, tal como denunciaba ayer en este mismo medio nuestro compa帽ero Jaime Cedano Rold谩n, militante del PCE y superviviente del genocidio de la Uni贸n Patri贸tica en los a帽os ochenta y noventa, un genocidio consistente en el exterminio sistem谩tico de l铆deres sociales ignorado y negado por los sucesivos gobiernos de Santos y Duque.

Dirigentes del partido Farc interpelaron ayer en redes sociales al presidente Duque dado el ofensivo silencio que los mandatarios ostentan ante estas masacres, como el caso de Rodrigo Londo帽o, Timochenko, 煤ltimo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y firmante del Acuerdo de Paz junto al propio Duque, en lo que consideran un 芦intento de asfixiar el proceso de paz禄 y ante el que aseguran 芦no nos rendiremos por dura que pueda ser esta batalla禄.

Para conocer mejor el alcance de estas masacres es interesante leer el informe sobre agresiones a l铆deres sociales y defensores de los acuerdos de paz, desarrollado por el instituto Indepaz y que puede verse en este enlace.

Seg煤n este exhaustivo estudio que lleva a cabo el instituto Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y cuya metodolog铆a recoge los datos aportados por entidades oficiales como la Defensor铆a del Pueblo y la Polic铆a y Ej茅rcito Nacional, fueron asesinados desde el 24 de noviembre de 2016 -fecha de la firma definitiva del acuerdo- hasta el pasado 15 de diciembre un total de 1.091 l铆deres sociales, entendiendo por ello toda persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acci贸n por el bien com煤n reconocida en su comunidad, organizaci贸n o territorio, y en favor de los derechos humanos. Aproximadamente una media de 270 homicidios por a帽o, 292 en este 2020.

Los sectores sociales a los que pertenec铆an las v铆ctimas incluyen mayoritariamente or铆genes ind铆genas, campesinos, afrodescendientes, mineros y asociaciones de participaci贸n ciudadana o comunales. Por tanto puede deducirse que la causa de la mayor parte de homicidios tienen una motivaci贸n en los conflictos por la tierra, intereses agr铆colas o de recursos naturales. No se sostiene, por tanto, la teor铆a que el Gobierno colombiano esgrime para justificar las matanzas y que se excusa en supuestas ri帽as de narcotr谩fico o ajustes de cuentas entre presuntos disidentes de las Farc. Este tipo de sucesos no ocurre en todos los departamentos cocaleros, como se esperar铆a en todas las regiones de alta producci贸n de coca de ser cierta esa teor铆a. De hecho, en el 63% de 179 municipios con 谩reas de coca no se registraron homicidios de desmovilizados.

Sin embargo, las zonas m谩s cr铆ticas (Cauca, Antioqu铆a, Nari帽o) son territorios donde sigue la disputa por el control de la miner铆a de oro, tr谩fico de madera, apropiaci贸n de tierras y control pol铆tico de los intereses suscitados por las grandes obras de infraestructura. Las organizaciones que promueven esa violencia son redes de criminalidad a gran escala que se mueven en negocios que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad mediante el apoyo de empresas que blanquean el enriquecimiento il铆cito con la ayuda de socios en instituciones estatales. El brazo armado son agrupaciones paramilitares y sicarios sin identificar al servicio de las mafias locales.

Puede afirmarse en definitiva que las masacres se convirtieron en Colombia en 芦parte de un sistema de control de poblaciones, territorios, riqueza y poder mediante el terror criminal禄, concluye este informe. Es decir, la acumulaci贸n de capital por parte de intereses empresariales mediante el terrorismo v铆a ejecuciones a manos de sicarios de las personas que eran molestas o incomodaban el acopio de los recursos que generaban ese capital.

De todos estos datos se deduce que en Colombia el Acuerdo de Paz ha iniciado una nueva fase tras d茅cadas de conflicto armado hacia una nueva era sin armas, supuestamente, y de convivencia que no conviene a ciertos intereses econ贸micos que aprovechan la tesitura para ejercer otro tipo de conflicto, este de car谩cter mafioso, afanado en la estigmatizaci贸n de las personas reincorporadas a la vida civil. Estos intereses tienen su objetivo en el control de los recursos mineros, agr铆colas o de infraestructuras. Frente a ellos son crecientes los movimientos por la vida, la democracia, los derechos territoriales y la paz, como las marchas del paro nacional o la Minga ind铆gena, y un creciente movimiento de conciencia e indignaci贸n ante los asesinatos, pese a que, como vemos, ejercer el activismo social en Colombia supone un riesgo mortal y pese a que los medios informativos de pa铆ses como el nuestro, Espa帽a, eluden estos flagrantes cr铆menes mientas que aumentan, con la lupa de la vileza mercenaria, hasta el menor suceso que tenga lugar en la vecina Venezuela.

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Fuente: Asociaciongerminal.org