January 22, 2022
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Panorámica de Bogotá. Foto Getty Images

Con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial los únicos beneficiados serán los grandes empresarios ligados al negocio de la construcción, porque se perdió la oportunidad de ordenar democráticamente el territorio en beneficio de todos sus habitantes

UAN Heidy Sánchez

El 29 de diciembre de 2021 fue decretado el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Bogotá, concluidos el 8 de diciembre los 90 días que la ley daba al Concejo para que tomara una determinación al respecto. Al no pronunciarse esta corporación, luego de que el trámite fuera saboteado sistemáticamente, la alcaldesa Claudia López definió autoritariamente expedir el Decreto 555.

A pesar de que la propuesta de la Alcaldía no surtió un proceso verdadero de concertación con la ciudadanía y del ambiguo y amañado concepto del Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital, CTPD, que no fue incorporado, el Decreto 555 se blindó jurídicamente excluyendo los aportes hechos desde el Concejo de Bogotá y el cabildo abierto realizado, conservando el mismo texto radicado como proyecto de acuerdo el 10 de septiembre, con sus evidentes faltas de sustento técnico, precariedades e incoherencias. Una completa chambonada.

Más allá de eso, la capital perdió la oportunidad de ordenar democráticamente su territorio colocando los contenidos de la norma en función y beneficio del conjunto de sus habitantes. Por el contrario, en esencia, este POT sigue representando los intereses de los grandes empresarios relacionados con el negocio de la construcción. Es decir, no garantiza el derecho a la ciudad al conjunto de los habitantes, sino que lo conserva como un privilegio para que una élite adinerada siga enriqueciéndose, principalmente, alrededor de los negocios relacionados con el cemento.

Sin participación

La legislación colombiana contempla la participación ciudadana en la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial como un asunto netamente consultivo. Su formalismo y poco desarrollo, en el caso del trámite del nuevo POT de Bogotá, fueron reforzados por la limitada noción de democracia de la alcaldesa Claudia López, quien ha manifestado en varias ocasiones que esta inicia y termina en las urnas. Según ella, haber ganado las elecciones con la mínima diferencia y bajo una abstención de casi el 50%, le da el derecho de hacer y deshacer en su mandato, viendo contrarias y amenazantes las otras formas de manifestación ciudadana.

Así, si bien la Ley 388/97 exige a la entidad territorial que tramite un POT abriendo espacios de participación ciudadana y dar concepto sobre los aportes recibidos para incorporarlos o rechazarlos, este requisito no fue cumplido en el caso del Decreto 555. Desde el principio no hubo una metodología que permitiera a los ciudadanos participar, aportar y, en diálogo con la administración, ver cómo sus propuestas eran desestimadas o incorporadas a los documentos de diagnóstico y formulación del POT.

Más allá de una propagandística cifra de supuestos aportes recibidos, la Alcaldía nunca pudo evidenciar para cada uno de ellos su contenido, la respuesta oficial emitida y cuáles, cómo y en qué parte de los documentos fueron incorporados. En consecuencia, la exigencia de ley se cumplió de manera formalista, por lo que se puede afirmar que este POT surtió un proceso de socialización, mas no de participación ni concertación con la población capitalina.

A la medida de los negocios

Coherente con el carácter antidemocrático con el que fue formulado, lo más preocupante de este POT es que sus contenidos fundamentales están dirigidos a fortalecer negocios de grandes empresarios y no a garantizar derechos para el conjunto de los pobladores. Es de esta forma como el Decreto 555 se puede calificar como un manual para demoler la ciudad en beneficio del sector inmobiliario.

Su apuesta por densificar y no expandir la ciudad prioriza tratamientos como el de Renovación Urbana, RU, beneficiando la especulación y amenazando con el desplazamiento del habitante histórico. A pesar de que se haya definido una política de “protección a moradores”, cuando la iniciativa y el control respectivamente la tienen y lo hacen el privado y el mercado, los derechos de los habitantes pasan a segundo plano, primando el lucro y el negocio.

En consecuencia, el nuevo POT estimula la compra de predios para demoler lo existente y elevar altos edificios, pues entre más grande sea el área del lote, mayor es el Índice de Construcción, IC y, por lo tanto, mayor el área total a construir, restando las correspondientes obligaciones. Hasta un IC de 7 no se requiere plan parcial, estos enormes proyectos se podrán aprobar por medio de licencia urbanística de curaduría urbana. En otras palabras, los privados desarrollan la ciudad bajo vigilancia de otro privado, y el Estado y la participación ciudadana tendrán un papel secundario.

Un negocio altamente rentable para las constructoras con obligaciones urbanísticas bajísimas que no superan el 4%. Dichas obligaciones son lo mínimo con lo que se debe cumplir pues de lo contrario no funciona el negocio, nadie compra una vivienda sin que tenga vías y servicios domiciliarios. Bajo la excusa de estas “altas” cargas, el nuevo POT borró el cobro de participación en plusvalía, en perjuicio de la ciudad y en beneficio de la renta de la tierra y la ganancia de las constructoras, pudiendo estas últimas garantizar en un proyecto un margen de utilidad del 10 al 20%.

Hiperdensificación y gentrificación

En ese sentido, el POT incluye 25 operaciones estratégicas, que son en su mayoría grandes actuaciones de RU alrededor de cinco líneas del metro imaginarias, las denominadas áreas de integración modal del transporte masivo y los clústeres de economía naranja. Esto conducirá a la hiperdensificación de la ciudad pues la edificación disparada y altísima concentrará mucha gente en el mismo espacio sin sincronía con el soporte urbano suficiente, por ejemplo, sin un sistema de transporte masivo que garantice la movilidad, lo que hará de Bogotá no la ciudad de los 30 minutos sino de las dos horas.

En estas áreas de interconexión del transporte masivo es donde igualmente se proyectan las manzanas del cuidado, ignorando para su localización los criterios de mayor concentración de mujeres (o personas) cuidadoras y labores que acarrean mayor tiempo de este trabajo no reconocido y no remunerado. Sumado, este POT reduce el enfoque de género al Sistema Distrital del Cuidado, pero, en el caso de las mujeres, no lo dimensiona y desarrolla en la escala de proximidad que es donde hoy mayoritariamente interactúan.

Por último, vale decir que este POT está dirigido para ofrecer vivienda por medio del mercado y cubrir la demanda solvente, pero generará un déficit de vivienda social de 597.909 unidades. Este contexto incentivará la migración de la demanda a la región expulsando a los habitantes pobres de la ciudad o impulsará la densificación de la ciudad de origen informal bajo sus formas y posibilidades, lo que seguramente profundizará la desigualdad y segregación socioespacial bajo la cual se ha configurado Bogotá y la región.

Del mismo modo, estimulará la ocupación ilegal de la Estructura Ecológica Principal, EEP, y del suelo de protección, por lo que se puede afirmar que es igual de perjudicial ambientalmente proponer un modelo de ciudad expansivo como lo hizo Peñalosa, a un modelo que opte por densificar de manera elitista la ciudad como el actual POT.




Fuente: Semanariovoz.com