Concentración de apoyo a las acusadas, en noviembre de 2021. REUTERS / LOUIZA VRADI
ATENAS (GRECIA) // “El mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”, ha definido este caso el Parlamento Europeo. Este martes comienza en Lesbos el juicio contra Sarah Mardini, Seán Binder y una veintena de personas más. Desde organizaciones como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía internacional (AI) se ha pedido la absolución de los cargos y se ha calificado el juicio como una farsa.
Una de las acusadas, Sarah Mardini, es una chica que en 2015 llegó como refugiada a Lesbos, junto con su hermana Yusra, huyendo de la guerra de Siria. Mientras cruzaban el Mediterráneo, su embarcación empezó a hundirse; y ellas, nadadoras profesionales, se tiraron al mar para arrastrar la patera hasta la costa. Una vez en Alemania, Yusra volvió a entrenar y nadó en el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados de los JJOO de Río 2016; Sarah volvió a Lesbos para trabajar en el ámbito de la ayuda humanitaria. Su historia ha sido recreada en la película Las nadadoras, dirigida por Sally El Hosaini.
En 2018 –y mientras gobernaba Syriza–, Sarah Mardini y Seán Binder, un compañero de la ONG en la que trabajaban, Emergency Response Centre International (ERCI), fueron detenidos y pasaron 106 días en prisión, hasta salir bajo fianza. En el juicio de este martes se les acusa de tráfico de personas, fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero. La fiscalía les pide 20 años de cárcel.
«Todo este procedimiento es absurdo, de lo único de lo que son responsables es de ayudar a personas que se ahogaban en el mar”, explica Carlos de las Heras, de AI España. En esa absurdidad que destaca De las Heras, es importante mencionar que en un informe del Parlamento Europeo se destaca que “los cargos penales contra ERCI como organización y sus voluntarios han sido considerados infundados”.
También HRW ha asegurado que el proceso “está plagado de fallas procesales que socavan el derecho a un proceso justo (…) Los cargos se basan en un informe de la policía griega que contiene flagrantes errores de hecho, incluidas afirmaciones de que algunos de los acusados participaron en misiones de rescate en varias fechas cuando no estaban en Grecia. El informe también cita comunicaciones entre trabajadores humanitarios que la policía vigiló en fechas fuera del marco de tiempo de su orden judicial”.
Un juicio que es una advertencia
Este juicio es una clara advertencia tanto para las organizaciones humanitarias que operan en Grecia como para las personas migrantes que quieren llegar hasta aquí. También es una práctica que podría extenderse a otras fronteras europeas, como en Italia o España.
“Con el procesamiento de Sean, Sara y los demás, y la amenaza de criminalización en contra de cualquiera que intervenga para proporcionar asistencia humanitaria, las operaciones de búsqueda y rescate en el Egeo prácticamente han cesado. Las operaciones se han detenido justo cuando las prácticas violentas de Grecia contra los migrantes en sus fronteras han aumentado; y no es casualidad”, sostiene la abogada Lorraine Lette, coordinadora del Centro Legal de Lesbos, una organización que, desde 2016, da asistencia legal gratuita a los y las migrantes que llegan por la vía marítima a Lesbos.
Fortaleza Europa
Y mientras la isla griega se consolida como banco de pruebas de las políticas antiinmigración, y a pesar de la definición del caso por parte del Parlamento Europeo, en la UE se construyen las bases de una Europa fortaleza.
Solo hace falta fijarse en las cifras destinadas a ‘controlar’ las fronteras: en noviembre de 2021, la UE anunció que destinaría, hasta 2027, 12.800 millones de euros para aumentar la capacidad de Frontex, una cifra muy superior a los 2.800 millones de euros que se destinaron para la misma tarea durante el periodo 2014-2020. Una Europa cada vez más fortaleza; cada vez menos solidaria.
Fuente: Lamarea.com
América Latina ha sido la región del mundo más afectada por el Covid-19. Fue la región con mayor mortalidad y con una recesión aguda. La conclusión es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. “No es sorprendente que la región más desigual del mundo ha sido una de las más afectadas por la pandemia”, señala el documento. El análisis se centra en 17 países que representan la mayoría de la población de la región y la mayoría de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la región vive sólo el 8.4% de la población mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos económicos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. “Ellas son producto de procesos históricos de exclusión y de las decisiones discriminatorias de política pública por parte de los gobiernos que han fallado”. Además, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada país, y han afectado particularmente a poblaciones en situación de desventaja, exacerbando las desigualdades. “La desigualdad socioeconómica de la región, así como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la región, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, además de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos históricamente marginados de manera efectiva”, señala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos indígenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendió, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni información accesible y sensible a las diferencias étnicas dentro del país, ni la expulsión de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atención social ni protección de la salud. “Las estructuras sociales desiguales y sistémicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad económica y social, no son catástrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poder”. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número estimado de personas en situación de pobreza en la región en 2021 siguió siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 16 millones con respecto a 2019. La Comisión estima que, a raíz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estaría experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habrían pasado a los estratos bajos y 3 millones habrían caído por debajo de la línea de pobreza. El 20% más rico en la región concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el más pobre sólo 5%. Ineficiencia Aunque los países analizados en la región implementaron 430 medidas de protección social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepción del Perú, el aumento de la cobertura de estos programas en la región estuvo por debajo del promedio global. “El impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los números de contagios y víctimas fatales, sino también por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos económicos y sociales, sobre todo de grupos históricamente discriminados como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas”.
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