Este comunicado busca informar y reflexionar en torno a la resolución judicial sobre el despido colectivo de la plantilla de Airbnb en CPM que salió el 15 de enero 2021. Para facilitar el acceso a la información completa sobre el tema, y aunque la sentencia es pública, pero teniendo en cuenta que hay que anonimizar todos los nombres y cantidades, hemos preferido no transmitirla. Sin embargo, estará disponible en la página web del Cendoj y será la sentencia nº66/2020 del TSJC: www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

LOS HECHOS

La decisión final tomada por el Tribunal ha sido desfavorable para la plantilla y la petición de CGT de la nulidad o la improcedencia del proceso de despido. Concretamente, dos de los tres jueces inicialmente asignados al caso han interpretado la ley de manera que haya salido favorable para la empresa. 

Hace un mes aproximadamente la CGT recibió una notificación de que uno de los jueces originalmente asignados al caso había sido sustituido al mostrar discrepancia con la decisión de los dos otros jueces. Para poder emitir la sentencia final el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) requiere unanimidad en la decisión emitida. Por lo tanto, no se sabía si la sustitución jugaría en nuestro favor o contra. Finalmente, ha resultado que la opinión favorable a las demandas de CGT se ha visto en minoría en el contexto del juicio y las demás opiniones judiciales. Por lo tanto, ha sido reemplazado para que se pueda emitir una resolución final.

Sin embargo, el juez favorable a la demanda era el juez encargado de redactar la sentencia. Por lo tanto, en la sentencia (que recomendamos leer integralmente) figuran 15 páginas que argumentan el desacuerdo del magistrado con la decisión final y los fundamentos de su discrepancia. Su interpretación de la ley nos da la razón para considerar el despido como nulo o/e improcedente. Aunque la decisión haya sido desfavorable en primera instancia, este escrito será de gran apoyo y peso a la hora de recurrir la decisión e interpelar la instancia superior, El Tribunal Supremo, para que se pronuncie al respeto. 

NUESTRA LECTURA

En cuanto a nuestra opinión sobre la situación, seguimos pensando que llevar la empresa a juicio por un despido de cerca de 1000 personas de un día al otro en medio de una pandemia mundial ha sido la decisión correcta. Obviamente, perder en primera instancia no era nuestro objetivo.. Sin embargo, seguimos convencidas y convencidos sobre la legitimidad de las razones que nos llevaron a rechazar el acuerdo con la empresa: la protección del trabajo ante todo. A la luz del empeoramiento de la crisis económica y de las condiciones de la clase trabajadora frente a la pandemia, mirando atrás, hubiéramos actuado de la misma manera. 

Queda claro que ha sido un asunto muy complicado y sin precedentes a tal punto que ni el estado (a través de su poder judicial) ha sido unánime en interpretar su propia ley. Del mismo modo, la decisión hubiera podido ser favorable con un magistrado más avalando nuestras demandas,. Además, consideramos que el juicio es un mecanismo del aparato estatal que sirve justamente para pronunciarse y hacer jurisprudencia en situaciones inesperadas, inéditas y de la complejidad que fue lo que vivimos.

No olvidamos que se trataba del primer despido colectivo en el sector de telemarketing en situación de COVID-19 y la resolución crea un precedente necesario como marco jurídico para miles de trabajadores en otras empresas y situaciones similares. Comprendemos que esto  pueda no ser importante para todas las personas, las cuales legítimamente opinan que  hubiera sido más beneficioso, desde el punto de vista personal, haber firmado un acuerdo con la empresa. Sin embargo, el trabajo sindical requiere evaluar la situación en su globalidad. Esto siempre ha definido la actitud de la sección de CGT en CPM en todas sus reivindicaciones: el contrato indefinido para todxs, la seguridad en la oficina, el teletrabajo al llegar la pandemia. De manera coherente, la decisión de no firmar el acuerdo, frente al rechazo de la empresa de implementar un ERTE (medida prevista por el estado frente a la emergencia COVID-19), ha sido tomada para garantizar la posibilidad de las personas trabajadoras vulnerables a denunciar la empresa por ser despedidas contra la ley, y para llevar hasta la máxima instancia judicial un despido colectivo que, seguimos pensando, fue totalmente injusto. Con el acuerdo, hubiésemos perdido la posibilidad de obligar el Estado a pronunciarse en protección de los miles de personas trabajadoras que ven amenazadas sus puestos de trabajo bajo las mismas condiciones que nos llevaron a perder el nuestro. Queremos que quede claro que nuestra decisión no ha ido en contra de las personas trabajadoras, sino en favor del trabajo. Lamentablemente, no tuvimos éxito en primera instancia, pero el proceso reivindicativo no termina aquí. 

EL FUTURO

De manera coherente con lo previamente dicho, recurriremos la decisión del TSJC y la llevaremos al Tribunal Supremo. Aunque no tenemos un marco temporal exacto, sabemos que este proceso puede durar mucho más y posiblemente tarde un año en concluirse. Somos conscientes de que posiblemente no todo el mundo estará pendiente, pero seguiremos informandoles mediante nuestros canales de difusión y a través de los correos personales que nos proporcionaron en su momento.

¡Seguimos adelante!

English Version

COMMUNICATION ON THE COURT RULING ON THE CGT V. CPM PROCESS FOR THE COLLECTIVE DISMISSAL OF THE AIRBNB WORKFORCE 22/01/2021

This communication seeks to inform and reflect on the judicial resolution on the collective dismissal of the Airbnb workforce at CPM that came out on January 15, 2021. To facilitate access to full information on the subject, and although the judgment is public, taking into account that all names and amounts would need to be anonymized, we can not transmit it. However, it will be available on the Cendoj website (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp) as the TSJC sentence nº66/2020: 

THE FACTS

The final decision taken by the Court has been unfavorable to the workers and CGT’s request for the nullity or unfairness of the dismissal process. Specifically, two of the three judges initially assigned to the case have interpreted the law in a way that has been favorable to the company. 

Approximately one month ago the CGT received notification that one of the judges originally assigned to the case had been replaced as he disagreed with the decision of the other two judges. In order to issue the final judgment the TSJC (Superior Court of Justice of Catalonia) requires unanimity in the decision issued. Therefore, it was not known whether the substitution of the judge in the minority would play in our favor or against us. Finally, it has turned out that the opinion in favor of CGT’s claims has been in the minority. Therefore, it has been superseded so that a final ruling can be issued.

However, the judge favorable to the lawsuit was the judge in charge of writing the judgment. Therefore, the judgment (which we recommend reading in its entirety) contains 15 pages arguing the judge’s disagreement with the final decision and the grounds for his discrepancy. His interpretation of the law gives us the reason to consider the dismissal as null and/or unfair. Although the decision was unfavorable in the first instance, this brief will be of great support and weight when appealing the decision and appealing to the higher instance, the Supreme Court, for a ruling on the matter. 

OUR READING

As for our opinion on the situation, we continue to believe that taking the company to court for a dismissal of nearly 1,000 people overnight in the midst of a global pandemic was the right decision. Obviously, losing in the first instance was not our goal…. However, we remain convinced of the legitimacy of the reasons that led us to reject the agreement with the company: job protection above all. In light of the worsening economic crisis and the conditions of the working class in the face of the pandemic, looking back, we would have acted in the same way. 

It is clear that this has been a very complicated and unprecedented affair to such an extent that even the state (through its judiciary) has not been unanimous in interpreting its own law. In the same way, the decision could have been favorable with one more magistrate supporting our demands. In addition, we consider that the trial is a mechanism of the state apparatus that serves precisely to pronounce and make jurisprudence in unexpected, unprecedented situations and of the complexity that we experienced.

We do not forget that this was the first collective dismissal in the telemarketing sector in a COVID-19 situation and the resolution creates a necessary precedent as a legal framework for thousands of workers in other companies and similar situations. We understand that this may not be important for all people, who legitimately believe that it would have been more beneficial, from a personal point of view, to have signed an agreement with the company. However, union work requires assessing the situation as a whole. This has always defined the attitude of the CGT section at CPM in all its demands: the indefinite contract for all, security in the office, remote work when the pandemic arrived. Consistently, the decision not to sign the agreement, in front of the company’s refusal to implement an ERTE (a measure envisaged by the state during the COVID-19 emergency), was taken to guarantee the possibility for vulnerable workers to denounce the company for being dismissed against the law, and to take to the highest judicial instance a collective dismissal which, we still believe, was totally unfair. With the agreement, we would have lost the possibility of forcing the State to take a stand to protect the thousands of workers whose jobs are threatened under the same conditions that led us to lose ours. We want to make it clear that our decision was not against workers, but in favor of work. Unfortunately, we were unsuccessful in the first instance, but the process continues.

THE FUTURE

Consistent with what has been previously stated, we will appeal the TSJC decision and take it to the Supreme Court. Although we do not have an exact time frame, we know that this process may take much longer and may possibly take a year to conclude. We are aware that possibly not everyone will be aware, but we will continue to inform you through our communication channels and through the personal emails you provided us at the time.

We keep going!