March 18, 2022
De parte de SAS Madrid
934 puntos de vista

As铆 de claro lo deja la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS 270/2022 de 28-01-2022) recientemente conocida, y que al unificar doctrina, crea jurisprudencia para su aplicaci贸n en el futuro.

Los hechos.

En 2017 el Ayuntamiento de Pamplona decidi贸 remunicipalizar el Servicio de Asistencia Domiciliaria, que siendo de titularidad municipal, hasta entonces estaba siendo gestionado por una empresa privada. Por este motivo la plantilla fue subrogada e incorporada a la del Ayuntamiento, “como personal laboral indefinido no fijo hasta que se provea la plaza de forma reglamentaria o se proceda a su amortizaci贸n”, tal como se comunic贸 a las trabajadoras, y en aplicaci贸n de la doctrina que hasta ese momento se ven铆a empleando en estos procesos.

Pero una trabajadora recurri贸, reclamando la fijeza en su relaci贸n laboral, y un juzgado de lo social le dio la raz贸n, al considerar que 鈥渓a demandante, en virtud de sucesi贸n empresarial, ostenta la cualidad de trabajadora fija del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA鈥. Recurrida la sentencia por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra le dio la raz贸n y revoc贸 la sentencia citada. Pero un nuevo recurso de la trabajadora, en ese caso de Casaci贸n ante el Tribunal Supremo (TS), ha desencadenado la convocatoria del pleno de la Sala de lo Social del citado tribunal, que ha dictado sentencia favorable a la trabajadora, y de paso unifica doctrina.

El debate jur铆dico.

La misma sentencia del TS afirma que 鈥渟e discute si la trabajadora de una empresa privada, cuando pasa a tener como empleador al Ayuntamiento, como consecuencia de la subrogaci贸n por transmisi贸n de una unidad productiva aut贸noma, mantiene su condici贸n de fija o se integra como personal indefinido no fijo (PINF)鈥.

El origen de este debate est谩 en la posible contradicci贸n entre la legislaci贸n laboral (Art 44 del Estatuto de los Trabajadores) y la legislaci贸n que regula las condiciones de acceso al empleo p煤blico con respeto a los principios de 鈥渋gualdad, m茅rito y capacidad鈥, medio de procesos selectivos u oposiciones. Ante esta posible contradicci贸n y vac铆o legal, los tribunales hab铆an creado la figura del Personal Indefinido no Fijo (PINF), que hasta ahora hab铆a permitido la incorporaci贸n de las y los trabajadores d la empresa privada al sector p煤blico, cuando este vuelve a gestionarse directamente por quien ostenta su titularidad, pero con car谩cter de 鈥淣o Fijo鈥.

Cabe recordar que el gobierno de Rajoy (PP), hasta en dos ocasiones a trav茅s de Disposiciones Adicionales de las leyes de presupuestos en 2017 y 2018, trat贸 de dificultar a煤n m谩s la subrogaci贸n del personal de las empresas privadas cuando se revert铆a el servicio a gesti贸n p煤blica creando m谩s indefensi贸n en las y los trabajadores, que ante un futuro incierto en cuanto a su estabilidad en el empleo, prefer铆an mantener su relaci贸n laboral con la empresa privada, a煤n en condiciones precarias. Afortunadamente estas disposiciones adicionales fueron consideradas inconstitucionales, y por tanto eliminadas del ordenamiento legal.

La legislaci贸n aplicable.

La falta de regulaci贸n clara de estos procesos en la legislaci贸n espa帽ola ha sido suplida por directivas de la Uni贸n Europea y sentencias de los Tribunales Europeos, que son las que han llevado al TS a la sentencia que estamos comentando.

As铆 la sentencia afirma que 鈥渓a Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, se ocupa de la aproximaci贸n de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad鈥 con objeto de “proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos”.

A帽ade 鈥渜ue el cesionario de la actividad sea una persona jur铆dica de Derecho P煤blico no excluye la existencia de una transmisi贸n comprendida en el 谩mbito de aplicaci贸n de la norma, con independencia de que dicha persona jur铆dica sea una entidad p煤blica encargada de un servicio p煤blico. Que el nuevo empleador sea (como en el caso de Pamplona) un Ayuntamiento no impide que la Directiva se aplique a la transmisi贸n de las actividades que desarrollaba una empresa鈥.

La conclusi贸n del Tribunal Supremo.

El razonamiento principal en que se basaba la primera sentencia del juzgado de lo Social, y que el TS confirma, est谩 en el hecho de que cuando se produce una subrogaci贸n, se debe hacer con los mismos derechos de la relaci贸n laboral de origen, y si hay una relaci贸n de fijeza, no se puede reducir con una nueva relaci贸n indefinida no fija, que supone una merma clara en los derechos de la trabajadora en este caso. As铆 de claro lo deja la sentencia que aclara la diferencia de si la relaci贸n precedente es temporal o de fijeza 鈥淧ara la persona originariamente vinculada mediante un contrato temporal (la aplicaci贸n del PINF) se trata de situaci贸n favorable pues sigue prestando sus servicios y se le da la opci贸n de aspirar a hacerlo con fijeza. Sin embargo, para la trabajadora recurrente eso mismo supone un claro detrimento pues debilita su vinculaci贸n y debe afrontar un riesgo (no superar las pruebas) que antes era inexistente.鈥

Por ello la sentencia expresa textualmente que 鈥渃uando existe, como es el caso, transmisi贸n de una unidad productiva aut贸noma el ordenamiento jur铆dico prescribe la subrogaci贸n del nuevo empleador en las relaciones laborales preexistentes. No es admisible una parcelaci贸n subjetiva o la minoraci贸n de los efectos, como sucede cuando la modalidad contractual se altera en tal direcci贸n.鈥

Y contin煤a que 鈥淟as posibles dudas existentes han sido despejadas por la STJUE 13 junio 2019, no porque se trate de un supuesto igual al presente sino, porque advierte que va contra el Derecho de la UE la minoraci贸n de derechos derivada de la condici贸n p煤blica del empleador cesionario.鈥

Como la legislaci贸n europea est谩 por encima de la legislaci贸n espa帽ola en esta materia, la citada sentencia deja claro que la Constituci贸n Espa帽ola (CE) no puede invalidar esta conclusi贸n, afirmando que 鈥淟a invocaci贸n que la STSJ recurrida realiza al respeto a las estructuras constitucionales de cada pa铆s aparece expresamente rebatida por el Tribunal de Luxemburgo. Quiere ello decir que de las previsiones del art铆culo103.3 CE (acceso a la funci贸n p煤blica respetando los principios de igualdad, m茅rito y capacidad) no puede derivar un argumento que impida aplicar las consecuencias dimanantes de la Directiva.鈥

Fijaci贸n de la doctrina unificada.

鈥淎 la vista de cuanto antecede debemos unificar las dispares doctrinas enfrentadas. Lo hacemos afirmando que cuando una Administraci贸n P煤blica se subroga, por transmisi贸n de empresa, en un contrato de trabajo que ten铆a car谩cter fijo debe mantenerse esa condici贸n. Es inadecuado aplicar en este caso la categor铆a de personal indefinido no fijo, so pena de desconocer las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE.鈥

Esto significar铆a que en los procesos selectivos que convoquen las administraciones no podr谩n incluirse las plazas que est茅n ocupadas por personal subrogado fijo.

Otras consideraciones

La sentencia no cierra todas las casu铆sticas que pueden derivarse de la misma, como los casos anteriores a la misma, o los posibles procesos selectivos en curso para proveer plazas ocupadas por trabajadores Indefinidos no Fijos. No obstante, al tratarse de una interpretaci贸n de la legislaci贸n vigente por parte del TS, y no de una nueva disposici贸n legal, posiblemente pudiera aplicarse con claridad a situaciones anteriores.

S铆 entra en el posible fraude de contrataciones fijas en la empresa original cuando se prevea un proceso de reversi贸n del servicio a la administraci贸n titular del mismo. Y as铆 de expl铆cito se manifiesta, 鈥渃uando se considere (y acredite) que ha podido existir una fraudulenta incorporaci贸n como personal fijo a una empresa cuya plantilla se previera acabar铆a integr谩ndose en la Administraci贸n (lo que no es el caso), ha de quedar abierta la posibilidad de activar los resortes necesarios para privar de eficacia a esa maniobra torticera.鈥

Tambi茅n se pronuncia sobre posibles consecuencias de la nueva relaci贸n laboral en la entidad p煤blica, acotando la misma. 鈥淟a soluci贸n que hemos dado pacifica el conflicto actualmente existente. Sin embargo, conviene advertir que no estamos cerrando la posibilidad de que la din谩mica de la relaci贸n laboral reabra el debate sobre el alcance de la fijeza respetada. Porque la misma posee todo su sentido en tanto el desarrollo de las funciones permanezca adscrito o relacionado con la unidad productiva que se transmiti贸, pero pierde su fundamento y finalidad en el momento en que ya no suceda as铆.鈥 De esta manera se pone coto a que esta incorporaci贸n por subrogaci贸n pudiera convertirse en un mecanismo de acceso a la funci贸n p煤blica con efectos ilimitados. As铆 lo aclara 鈥淟a fijeza no est谩 adquirida incondicionadamente en todo el 谩mbito de la empleadora, sino funcionalmente limitada al objeto de la transmisi贸n, y sin perjuicio de que puedan acaecer vicisitudes que no nos corresponde ahora aventurar鈥.

De todo lo anterior, se plasma la seguridad jur铆dica que respalda las opciones pol铆tico/sociales en favor de la reversi贸n de la gesti贸n en aquellos Servicios P煤blicos en los cuales estuviera privatizada. As铆 mismo, permite dejar a un lado el argumento esgrimido en ocasiones por diferentes actores que intervienen en estos procesos, actores pol铆ticos, sindicales, empresariales y en ocasiones, medi谩ticos y jur铆dicos.

Enlace relacionado Municipalizarmad.blogspot.com (17/03/2021)




Fuente: Sasmadrid.org