July 11, 2021
De parte de Amor Y Rabia
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Cherie Williams, una mujer afroamericana de 35 a帽os de edad que vive en el Bronx solo quer铆a protegerse de los abusos de su novio. Para ello, llam贸 a la polic铆a. Sin embargo, pese a que las autoridades neoyorquinas exigen a la polic铆a que practique detenciones ante denuncias de violencia dom茅stica, los agentes ni siquiera salieron del coche. Cuando Williams pidi贸 su n煤mero de placa, los polic铆as la esposaron, la llevaron a un aparcamiento desierto y la golpearon, rompi茅ndole la nariz, el bazo y la mand铆bula. Despu茅s la dejaron tirada en el suelo.

鈥淢e dijeron que si me ve铆an en la calle, me matar铆an鈥, testific贸 Williams m谩s tarde.

Esto sucedi贸 en 1999, media d茅cada despu茅s de la promulgaci贸n de la Ley de violencia contra las mujeres (Violence Against Women Act, VAWA), que reforz贸 la dotaci贸n del cuerpo de polic铆a y aument贸 el papel punitivo de las sentencias en un intento de reducir la violencia dom茅stica. Muchas de las feministas que hab铆an propugnado la promulgaci贸n de la ley guardaron silencio sobre el caso de Williams y otros de un sinf铆n de otras mujeres cuya llamada a la polic铆a dio lugar a m谩s violencia. El logro legislativo de estas feministas 鈥搈uchas de ellas blancas y acomodadas鈥 apenas contribuy贸 a frenar la violencia contra mujeres menos pudientes y m谩s marginadas, como Williams.

Esta variante carcelaria del feminismo sigue siendo predominante. Aunque sus defensoras probablemente rechazar谩n el calificativo, por feminismo carcelario se entiende un planteamiento que considera que el refuerzo de la actividad policial, la persecuci贸n judicial y el encarcelamiento constituyen el arma principal para combatir la violencia contra las mujeres.

Esta opini贸n no reconoce que la polic铆a es a menudo causante de violencia y que las c谩rceles siempre son focos de violencia. El feminismo punitivo no tiene en cuenta el hecho de que la raza, la clase, la identidad de g茅nero y la condici贸n de inmigrante hacen que determinadas mujeres sean m谩s vulnerables a la violencia y que una mayor criminalizaci贸n expone a esas mismas mujeres a un riesgo mayor de sufrir la violencia del Estado.

Considerar que la actividad policial y la prisi贸n son la soluci贸n a la violencia dom茅stica justifica por un lado el aumento de los presupuestos destinados a la polic铆a y al sistema carcelario, y por otro desv铆a la atenci贸n de los recortes de los programas que permiten a las supervivientes ponerse a salvo, como las casas de acogida, las viviendas p煤blicas y la ayuda social. Por 煤ltimo, presentar a la polic铆a y las prisiones como el principal ant铆doto, disuade de buscar otras respuestas, como por ejemplo las intervenciones en la comunidad y la organizaci贸n de las mujeres a largo plazo.

驴C贸mo hemos llegado a esto? Antes, la polic铆a respond铆a a menudo a las denuncias de violencia dom茅stica emplazando al agresor a que se calmara y despu茅s se iba. En las d茅cadas de 1970 y 1980, activistas feministas interpusieron denuncias contra la polic铆a por su inacci贸n. En Nueva York, Oakland y Connecticut, los procesos judiciales dieron pie a un cambio sustancial de la respuesta de la polic铆a ante las denuncias de violencia dom茅stica, incluyendo el reducir su tendencia a no efectuar detenciones.

Como parte de la Ley de control y castigo del crimen violento (VAWA, Violent Crime Control and Law Enforcement Act), la ley penal m谩s voluminosa de la historia de EEUU, la VAWA era la prolongaci贸n de aquellas iniciativas previas. Con un presupuesto de 30.000 millones de d贸lares, la nueva ley permiti贸 financiar la contrataci贸n de 100.000 nuevos agentes de polic铆a y destin贸 9.700 millones de d贸lares a las prisiones. Cuando las feministas de la segunda hornada proclamaron que 鈥渓o personal es pol铆tico鈥, redefinieron el hogar, hasta entonces calificado de esfera privada, como objeto leg铆timo de debate pol铆tico. Sin embargo, la ley VAWA implic贸 que esta propuesta potencialmente radical hab铆a adquirido un car谩cter carcelario.

Al mismo tiempo, los pol铆ticos y muchas otras personas que hab铆an propugnado la VAWA no tuvieron en cuenta las limitaciones econ贸micas que imped铆an que numerosas mujeres pudieran liberarse de relaciones violentas. Dos a帽os m谩s tarde, Clinton firm贸 la legislaci贸n de 鈥渞eforma de la asistencia social鈥. La Ley de responsabilidad personal y oportunidad laboral y reconciliaci贸n (Personal Responsibility and Work Opportunity and Reconciliation Act) fij贸 un l铆mite de cinco a帽os para la concesi贸n de ayudas sociales, obligando a quienes las reciben a trabajar a partir del tercer a帽o al margen de cualquier otra circunstancia y vetando de por vida que mujeres convictas de delitos relacionados con las drogas que hubieran violado las normas de libertad condicional pudiesen recibir esas ayudas.

A finales de la d茅cada de 1990, el n煤mero de personas que recib铆an ayudas sociales (en su mayor铆a mujeres) hab铆a descendido un 53%, sumando en total 6,5 millones. El recorte de las ayudas sociales acab贸 con una red de seguridad que permit铆a a las supervivientes huir de relaciones abusivas.

Las feministas mayoritarias tambi茅n impulsaron con 茅xito una legislaci贸n que obligaba a la polic铆a a detener a alguien despu茅s de recibir una denuncia de violencia dom茅stica. En 2008, casi la mitad de los Estados de EE UU contaban con una normativa de detenci贸n obligatoria. Esta normativa tambi茅n ha amparado las detenciones dobles, en las que la polic铆a arresta a ambas partes porque considera que uno y otra son agresores o porque dice que no puede identificar al 鈥渁gresor primario鈥.

Las mujeres marginadas debido a su identidad, como las queer, inmigrantes, de color, transexuales o incluso las consideradas en茅rgicas o agresivas, en muchos casos no encajan en las nociones preconcebidas de v铆ctimas de abusos y por tanto son detenidas.

Y la amenaza de violencia estatal no se limita a la agresi贸n f铆sica. En 2012, Marissa Alexander, una madre negra residente en Florida, fue detenida despu茅s de disparar un tiro de advertencia para impedir que su marido continuara atac谩ndola. El marido se fue de la casa y llam贸 a la polic铆a, que la detuvo y acus贸 de agresi贸n grave, a pesar a que el hombre no hab铆a sufrido herida alguna.
Alexander aleg贸 que sus actos estaban amparados en la normativa de Florida relativa a la defensa propia si est谩s en tu casa (鈥淪tand Your Ground鈥). No obstante, a diferencia de George Zimmerman, el hombre que tres meses antes hab铆a disparado contra el joven Trayvon Martin, de 17 a帽os de edad, y lo hab铆a matado, a Alexander no le sirvi贸 de nada este alegato. Pese a la declaraci贸n de su marido, que abarca 66 p谩ginas en la que reconoc铆a que hab铆a abusado de Alexander y de las dem谩s mujeres con las que ten铆a hijos, el jurado la declar贸 culpable.

El fiscal a帽adi贸 entonces el agravante contemplado en la legislaci贸n del Estado (10-20-LIFE) que impone una sentencia de 20 a帽os de c谩rcel cuando se dispara un arma de fuego. En 2013, un tribunal de apelaci贸n anul贸 su condena. En respuesta a ello, el fiscal ha anunciado que pedir谩 una condena a 60 a帽os de c谩rcel en la repetici贸n del juicio prevista para diciembre.

Alexander no es la 煤nica superviviente de la violencia machista que ha tenido que soportar un ataque a帽adido  del sistema judicial. En el Estado de Nueva York, el 67% de las mujeres encarceladas por matar a alguien cercano a ellas hab铆an sido v铆ctimas de abusos por parte de esas personas. En el otro extremo del pa铆s, en California, un estudio sobre la poblaci贸n carcelaria revel贸 que el 93% de las mujeres que hab铆an matado a su pareja tambi茅n hab铆an sido v铆ctimas de abusos. El 67% de esas mujeres declararon que lo que hab铆an hecho era tratar de defenderse a s铆 mismas o a sus hijos.

Ning煤n organismo oficial tiene la misi贸n de recopilar datos sobre el n煤mero de supervivientes de abusos encarceladas por actuar en defensa propia; por eso no existen estad铆sticas nacionales sobre la frecuencia de esta combinaci贸n de violencia dom茅stica y criminalizaci贸n. Lo que s铆 muestran las estad铆sticas nacionales es que el n煤mero de mujeres encarceladas ha aumentado exponencialmente durante las 煤ltimas d茅cadas.

En 1970, en todo el pa铆s hab铆a un total de 5.600 mujeres en prisi贸n. En 2013 hab铆a 111.300 mujeres encerradas en prisiones estatales y federales y otras 102.400 en c谩rceles locales. (Estas cifras no incluyen a mujeres transexuales encarceladas en prisiones para hombres). La mayor铆a de ellas han sido v铆ctimas de violencia f铆sica y/o abusos sexuales antes de su detenci贸n, en muchos casos por parte de sus parejas.

Las feministas carcelarias han hablado poco de la violencia ejercida por el sistema policial y judicial y del gran n煤mero de mujeres supervivientes de abusos que est谩n entre rejas. Asimismo, muchos grupos que protestan contra el encarcelamiento masivo olvidan se帽alar la violencia contra las mujeres y en muchos casos se centran 煤nicamente en los hombres encarcelados. Pero otros, sin embargo, especialmente los formados por activistas negras, acad茅micas y militantes de movimientos sociales, han denunciado la situaci贸n.

En 2001, Critical Resistance, una organizaci贸n que propugna la abolici贸n de las c谩rceles, e INCITE! Women of Color against Violence, una red de lucha contra la violencia, emitieron una declaraci贸n en la que evaluaban los efectos de la creciente criminalizaci贸n y del muro de silencio que rodea el nexo entre la violencia de g茅nero y la violencia policial. Despu茅s de se帽alar que el recurso a la polic铆a y las c谩rceles ha debilitado las respuestas e intervenciones de las comunidades, la declaraci贸n llamaba a estas 煤ltimas a denunciar los nexos existentes, idear estrategias para combatir ambas formas de violencia y documentar sus esfuerzos para que sirvan de ejemplos a otros grupos que buscan alternativas.
Algunas personas y grupos de base han respondido a este llamamiento. En 2004, la defensora de la no violencia Mimi Kim fund贸 Creative Interventions. Reconociendo que hab铆a que probar enfoques alternativos para el problema de la violencia, el grupo cre贸 una p谩gina web para recoger y ofrecer p煤blicamente m茅todos y recursos para afrontar la violencia en la vida cotidiana. Adem谩s desarroll贸 el StoryTelling and Organizing Project, donde la gente puede compartir sus experiencias de intervenci贸n en casos de violencia machista, violencia familiar y abuso sexual.
En 2008, las  activistas por la justicia social y supervivientes de abusos Ching-In Chen, Jai Dulani y Leah Lakshmi Piepnza-Samarasinha editaron 鈥淭he Revolution Starts at Home鈥 (La revoluci贸n comienza en casa), un librito de 111 p谩ginas en que se documentan los esfuerzos de varios c铆rculos activistas por responsabilizar a los agresores. Piepnza-Samarasinha explic贸 c贸mo unas amigas de su confianza le ayudaron a elaborar estrategias para garantizar su seguridad frente a un ex marido violento y abusador que frecuentaba muchos de los mismos c铆rculos pol铆ticos y sociales que ella:

鈥淐uando apareci贸 en el lugar en que se proyectaba la pel铆cula sobre la justicia carcelaria a la que yo tambi茅n asist铆a, que ten铆a lugar en una peque帽a aula en la que habr铆amos estado sentados muy cerca, mis amigas le dijeron que no era bienvenido y le pidieron que se fuera. Cuando llam贸 a un programa especial de una radio local que hablaba de la violencia contra las mujeres, una de las locutoras le dijo que sab铆a que era un abusador y que no iba a dejarle hablar si no estaba dispuesto a reconocer su propia violencia.

Mi plan de seguridad implicaba que yo nunca deb铆a ir a un local nocturno sin que me acompa帽ara un grupo de amigas que me cubrieran las espaldas. Ellas entraban primero y comprobaban si estaba 茅l o no, y nunca se alejaban de m铆. Si 茅l aparec铆a, decid铆amos all铆 mismo qu茅 hacer鈥.

En su art铆culo 鈥淒omestic Violence: Examining the Intersections of Race, Class, and Gender鈥 (Violencia machista: estudio de los nexos entre raza, clase y g茅nero), las acad茅micas feministas Natalie Sokoloff e Ida Dupont mencionan otro planteamiento adoptado por mujeres inmigrantes y refugiadas en Halifax, Nueva Escocia (Canad谩), uno que aborda la cuesti贸n de los factores econ贸micos que impiden que muchas mujeres abandonen una relaci贸n abusiva.

Las mujeres, muchas de las cuales hab铆an sobrevivido no solo al abuso, sino tambi茅n a la tortura, la persecuci贸n pol铆tica y la pobreza, crearon un grupo de apoyo informal en un centro de acogida. Desde all铆 organizaron una cooperativa de catering que les permiti贸 ofrecer asistencia dom茅stica a quienes la necesitaran. Adem谩s, las mujeres se turnaban en el cuidado de los ni帽os y en el apoyo emocional.

Como demuestran estos ejemplos, las estrategias encaminadas a combatir la violencia machista requieren a menudo m谩s de una simple medida. Muchas veces exigen el compromiso constante de un grupo de amigas y de la comunidad para garantizar la seguridad de una persona, como en el caso de Piepnza-Samarasinha. Para quienes buscan alternativas, como las mujeres de Halifax, puede exigir no solo la adopci贸n de medidas de seguridad inmediata, sino tambi茅n una organizaci贸n estable para abordar las desigualdades subyacentes que exacerban la violencia machista.

Al centrarse exclusivamente en una respuesta criminalizadora, el feminismo carcelario no aborda esas desigualdades sociales y econ贸micas y mucho menos defiende una pol铆tica que asegure que las mujeres no dependan econ贸micamente de sus parejas violentas. El feminismo carcelario  eja de lado las m煤ltiples formas de violencia a que se enfrentan las mujeres, incluida la violencia policial y el encarcelamiento masivo. Ignora factores que exacerban el abuso, como la desigualdad econ贸mica, la falta de una vivienda segura y asequible y la ausencia de otros recursos.

El feminismo carcelario pone el acento en las peores funciones del Estado, y oscurece y debilita las mejores. Al mismo tiempo, pasa por alto los esfuerzos de las mujeres que se organizan contra la violencia y ya saben que las respuestas penales comportan m谩s amenazas para su seguridad de lo que dicen que las simples promesas.

La labor de INCITE!, Creative Interventions, StoryTelling and Organizing Project y The Revolution Starts at Home (que ha despertado tanto inter茅s que se ha plasmado en un libro) forma parte de una historia m谩s larga de mujeres de color que combaten tanto la violencia machista como la violencia estatal. Su lucha demuestra que existe una alternativa a las soluciones carcelraias, y que no debemos recurrir a la violencia estatal porque no ayuda ni mucho menos a reducir la violencia dom茅stica.



Fuente: Noticiasayr.blogspot.com